Los acuerdos de la Habana y las amenazas nuevas

En estos días de agitación electoral se ha levantado nuevamente el fantasma de los acuerdos de paz negociados entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC. En las negociaciones se había puesto en evidencia lo que todos los colombianos intuíamos de manera clarísima: la inutilidad del conflicto interno colombiano y la comprobación de que ni siquiera pudo contribuir, en alguna medida, a la democratización de la sociedad.

En 2016 quedó acordada la paz entre el Estado y las FARC. Si uno repasa los anuarios de los procesos de paz que se negociaron o estaban en proceso de negociación en el mundo por esas calendas, se llega a pensar que lo peor de los nuestros fue la extensión del documento final que los plasmó. Más de 300 páginas para hacer claridad sobre la cultura colombiana de la minucia. Por lo demás, en todos los acuerdos se negocian las condiciones de la justicia. Es de Perogrullo, pero en el Centro Democrático no se han enterado.

El juego de las candidaturas desveló de nuevo la saña con la cual se ha estigmatizado el acuerdo de paz de 2016. Es comprensible que la mayoría de los colombianos vean con desvío a los jefes guerrilleros de una organización que se criminalizó en grado alto. Pero también esa mayoría pone en la balanza el beneficio de la paz contra el otro plato, el de la cárcel para los jefes guerrilleros: es el momento de la ética de la responsabilidad puesta por encima de la ética de los principios.

Hoy, una candidata, y candidata en ascenso, vuelve a la cantinela del 2018, la de deslegitimar los acuerdos de La Habana. Desde luego, los acuerdos son controvertibles. Lo adecuado es ventilarlos, discutirlos y mejorarlos, pero no destruirlos. La paz vale mucho para cualquier pueblo. Quienes apelan a las armas desde su particular visión para corregir injusticias, ignoran que la peor injusticia que se le puede imponer a un pueblo es la guerra. 

El punto es este: si no se corrigen las fallas, lo mejor es seguir adelante con lo que hay. Un debate constante es el de la JEP, pero sus defectos son los mismos de toda la justicia en Colombia: morosidad, inoportunidad, burocratización, despilfarros, etc. En el otro lado, los arrepentimientos y perdones satisfacen en algo el corazón de las víctimas. Por lo menos, la restauración de estimas y sentimientos tiene efectos de sanación y de pacificación.

Los esfuerzos para pacificar el país son la materia de discusión urgente e importante. Los acuerdos de La Habana han cumplido su recorrido y evaluar sus aportes es provechoso para lo que viene. Pero el futuro requiere objetivos y procedimientos nuevos. La guerrilla ha cambiado de cara y caminado, y hoy los grupos armados representan una amenaza diferente. Hoy el Crimen Organizado Transnacional ejerce una violencia que no es revolucionaria, que es desideologizada y que no tiene fronteras. El objetivo no es la revolución sino la captura de rentas extraordinarias.

El ejemplo de la transformación del ELN es muy valioso para entender lo que se nos viene encima. En el siglo pasado, Colombia trató de evitar que su conflicto se internacionalizara. Fue posible, pero ya en los años noventa se podía ver como el narcotráfico inducía procesos nuevos. Las fronteras de Venezuela y Ecuador daban señales claras del curso que tomaban los actores armados. Las guerrillas tomaron primero el control de los cultivos y enseguida su comercialización. Después tomaron los procesos iniciales de química sencilla y las cadenas de suministro de los precursores necesarios para la base de coca. Pronto coparon la refinación y el camino continuó hasta la tenencia de rutas propias para la exportación.

Hoy el ELN es una organización internacional, más venezolana que colombiana. Sus conexiones toman el curso de las organizaciones típicamente delincuenciales del Crimen Organizado. Cada vez está menos presente en debates ideológicos, prefiere la infiltración del Estado en las regiones antes que su captura por la fuerza y se mueve con propiedad entre papeles de actor económico y de actor político armado que cumple funciones de control en el país vecino.

En otros escenarios geográficos de Colombia, se constata la presencia de organizaciones criminales mexicanas muy poderosas y su proyección a las vecindades suramericanas. El Crimen Organizado Transnacional ejerce dominaciones paralelas al Estado, adquiere legitimidad por la vía de la satisfacción de necesidades y para esto, la informalidad laboral, altísima en Colombia, le suministra un campo abonado para crecer.

En estos días circula el último libro de Hernando Gómez Buendía y tomo de éste su aseveración de que, en Colombia, lo urgente impide abordar lo importante. Las campañas electorales deberían pensar en el futuro y dejar que los acuerdos del 2016 cumplan su tarea final, así muchos las consideren insuficientes. La geopolítica tradicional debe ser repensada y el multilateralismo, tan vapuleado hoy, debe volver con más fuerza para enfrentar las amenazas que hoy se ciernen sobre América Latina.