El desorden político y administrativo afecta la defensa y seguridad en Colombia, debilitando al Estado frente a los GAO y el crimen transnacional. Urge reforzar la capacidad estatal para garantizar la seguridad.

Armando Borrero Mansilla*

En medio del desorden creciente en lo político y en lo administrativo, el sector de defensa y seguridad luce como uno de los peor gestionados. Los problemas se acumulan y en tres campos fundamentales el país luce como un monstruo tricéfalo mal dibujado: primero la defensa convencional de territorio, soberanía e independencia. Segundo, la seguridad interior expresada en control del orden público y control territorial en manos del Estado. Tercero, la seguridad ciudadana.

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Defensa convencional y Seguridad Interior

La primera cabeza fue tratada en una de mis columnas fijas, “La seguridad nacional refundida”, de junio 25, y en resumen se planteaban los problemas del rezago nacional en materia de equipo para la defensa, la disminución del pie de fuerza para asegurar el territorio y el estímulo latente para los factores de amenaza que surge cuando la defensa se debilita. En este artículo se pondrá el acento en la grave desorientación del gobierno para enfrentar a los Grupos Armados Organizados (GAO) y para conducir las negociaciones de paz en curso.

Cuando un Estado negocia con un oponente armado, es obvio que debe mantener la fuerza o incrementarla para no presentarse ante la parte contraria como un interlocutor sin capacidad para sostener sus intereses y sus «líneas rojas». Debilitarse a la vista del enemigo es un error de manual. 

El enfoque del gobierno respecto del conflicto introduce una confusión que explica la indiferencia ante la preservación del poder estatal: esperar que un gobierno con preocupaciones sociales y económicas pueda, por ese solo hecho, reducir la distancia con el oponente, acotar la enemistad o incluso eliminarla y, de esta manera, lograr acuerdos prontos y definitivos.

La realidad de los grupos armados

El enfoque es ingenuo. Ni la pobreza y la desprotección explican las insurrecciones armadas, ni los grupos insurrectos son hoy los adalides de proyectos revolucionarios, ni son los guerrilleros románticos que con lágrimas oían la segunda Declaración de la Habana, imbuidos de aquel mandato que rezaba “el deber de todo revolucionario es hacer la revolución”. 

El mundo dejó atrás esa visión hace mucho tiempo, no por oposición a valores, sino por los cambios en las estructuras de relacionamiento social, en lo laboral y en lo tecnológico, en la educación, en las estructuras familiares, en las formas de control social y en las formas de poblamiento.

Los grupos armados de hoy han entrado en la acumulación de rentas extraordinarias ilegales. Esto no es una consideración puramente moral. Es más bien la constatación del predominio de la “hibridación” en las guerras de la contemporaneidad. Los grupos que comenzaron su carrera de las armas como adalides de los pobres y desprotegidos, hoy están ligados a un factor de mucho peso en la globalización: se trata del crimen organizado transnacional (COT), en este mundo de acrónimos y siglas que enloquecen al lector, creador y potenciador de nuevas legitimidades paralelas a la legitimidad política de los Estados nacionales. 

Es una legitimidad que se funda en la satisfacción de necesidades y por eso, los grupos de delincuencia transnacional medran en la informalidad laboral y en la precariedad de los ingresos.

Los grupos armados que surgieron como insurgencias campesinas o como producto de idealismo político en la coyuntura de la revolución cubana, ya no existen. Todos están permeados, de alguna manera, por la delincuencia organizada transnacional, que en el caso colombiano se expresa en el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y el tráfico de inmigrantes. El que menos contacto pueda tener, necesita del COT como proveedor, por lo menos.

Confusión gubernamental y consecuencias

A estas consideraciones se suma la confusión gubernamental que todavía ve los GAO como las guerrillas de ayer. Al plantear la Paz Total con “enfoque territorial, cae en una visión aparentemente “progresista”, pero que en el fondo es sumamente reaccionaria (soy consciente de que nadie la ve así, pero me embarco en la polémica) la de creer que la violencia se origina en las carencias y en el abandono estatal de las comunidades marginadas situadas en lo que tan graciosamente llaman hoy “los territorios”.

Con este enfoque, el gobierno cae en la trampa del ELN: negociar con la sociedad, y en este caso es negociar con las comunidades que menos posibilidades tienen de hacer y decidir en la materia. El mundo de hoy ha cambiado precisamente, por la urbanización velocísima de la humanidad entrada en un siglo de vértigo que va desde la primera guerra mundial, hasta nuestros días de confusión.

¿De qué se trata? Se juega dentro del asalto a la modernidad que significa el intento de disminuir y deslegitimar el Estado nacional moderno. Están de moda la posmodernidad, la nueva era, las energías, la subestimación de la democracia representativa y su sustitución por formas de anarquía que se disfrazan de reivindicación popular. El activismo, antes que la racionalidad científica y la buena o mala onda, reemplaza la moral cívica. El Estado nacional como marco regulador de la vida de las sociedades es una construcción histórica formidable en el proceso de moralización de las sociedades.

Negociar con comunidades marginales no es la tarea de una negociación de paz. A la sociedad la representa el Estado y como detentador de la fuerza, es el que puede decidir entre la guerra o la paz. Con esta directriz, se deja a un lado la necesidad de dotar al Estado de capacidades disuasivas para sostener sus límites en materia de concesiones. 

El voluntarismo y el idealismo que caracterizan enfoques como el mencionado, redundan en indiferenciación de las fronteras entre Estado y subversor. Aparentemente se acota la enemistad, pero la realidad es lo contrario: lo negociable se confunde y los procesos corren más peligro de fractura.

Amenazas y realidades

De lo señalado se deduce que la mayor amenaza para la defensa y la seguridad nacional son las organizaciones criminales internacionales. Los grupos armados asociados a las cadenas internacionales de tráficos ilegales son de tres tipos, a saber:

1 Grupos armados controlados directamente por las organizaciones internacionales o; 

2 Antiguas guerrillas que controlan la explotación de estupefacientes y la minería ilegal, pero dependen de las cadenas del COT para la comercialización en el mundo; 

3 Grupos delincuenciales nacionales que se vinculan con las redes del COT para efectos de actividades de contrabando y comercio ilegal de mercancías que generalmente no son ilegales, pero cuya introducción si lo es. 

Otro campo de asociación es el control de migraciones masivas que tienen a Colombia como lugar clave de reunión y lanzamiento de contingentes con destino a Norte América.

La asociación GAOs – COT es la amenaza más urgente que se debe tratar. La lucha contra el COT es casi toda indirecta, en la cual el Estado se centra en los GAOs que abastecen las redes internacionales. Alguna presencia del COT es local, por ejemplo, la de carteles mexicanos intermediarios de la comercialización de cocaína que envían contactos, adiestradores y supervisores a Colombia, pero el esfuerzo mayor es contra las estructuras armadas locales. 

Las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, en medio de las conversaciones de paz y por su causa, han visto reducidas sus operaciones. Aquí se ven las consecuencias de pactar ceses de fuego con fuerzas que no tienen asentamientos fijos y que pueden moverse en territorios donde operan otros GAOs. El costo, en términos de control de áreas y capacidad preventiva es para el Estado. 

Los GAOs tienen la ventaja para el control de áreas y de poblaciones: tienen libertad de movimientos y pueden adelantar sus acciones de finanzas, aprovisionamiento y control de pobladores sin limitaciones. 

Los problemas mencionados al principio, los de equipo y movilidad, también inciden en esta situación. Hay limitaciones logísticas por la ausencia de capacidades aerotransportadas, el caso de los helicópteros, y limitaciones de apoyo aero-táctico para las operaciones terrestres. Las limitaciones normativas, también inciden, como en el caso de los bombardeos a campamentos. Hace falta más apoyo para inteligencia técnica y hay recortes en otras capacidades, además de la mencionada al principio del pie de fuerza.

Un aspecto muy complejo de tratar es el de la cesión de áreas del control territorial y de población a grupos locales identificados con criterios étnicos o de homogeneidad cultural. El Estado debe ser muy cuidadoso en la cesión de capacidades de coacción y de justicia. 

Más allá de funciones de colaboración en tareas del escalón más próximo a las comunidades en seguridad ciudadana y en información, el Estado se expone a la debilidad y a la pérdida de legitimidad. El papel de las guardias indígenas, cimarronas y similares no puede llegar al campo de lo paralegal.

Seguridad ciudadana

Finalmente está el campo de la seguridad ciudadana. El deterioro viene de tiempo atrás, pero el agravamiento de los indicadores y el ahondamiento de las percepciones negativas de la ciudadanía, revelan un estado de miedo generalizado en las ciudades y en sectores rurales donde se asientan actividades ilegales o hay presencia de GAOs. 

Al aumento de la inseguridad se suma el deterioro de la justicia, que ha convertido la represión del delito en irrisión. Un delito preocupa de manera especial por su impacto en otras áreas (impacta la economía y afecta el empleo) es la extorsión generalizada en campos y ciudades. Además de la afectación económica y el aumento de la violencia, tiene el efecto perturbador de estimular las autodefensas y propiciar la justicia privada. 

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