Tal vez nunca sabremos la verdad, pero a fuerza de indicios y conjeturas se han asumido posiciones viscerales — en vez de examinar la responsabilidad política de todos los protagonistas.
Armando Borrero *
La aplanadora
Estaba ya escrita esta nota, cuando leí en El Tiempo del pasado domingo 3 de marzo la columna de María Isabel Rueda sobre la defensa del Estado colombiano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y específicamente, sobre la “aplanadora” que le ha caído encima a Rafael Nieto Loaiza por las tesis reiteradas — porque no son nuevas — sobre los presuntos desaparecidos durante la recuperación del Palacio de Justicia en los nefastos hechos de noviembre de 1985 o en la fase posterior.
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La columna de Rueda me exime de repetir sus argumentos y me dirige a las dificultades del debate, cuando las visiones ideológicas de los sucesos son tan arraigadas y es tan difícil en nuestro medio aceptar que existen dudas razonables.
La verdad no se conoce
Asusta, pero no sorprende, la incapacidad colombiana para debatir seria y objetivamente. Tal vez la herencia de una cultura católica–mediterránea nos predispone al dogmatismo y al “astigmatismo” acrítico. Las partes enfrentadas se casan con una verdad y niegan — y hasta satanizan — las posiciones diferentes.
Conocidas las tesis del defensor, se alzó un coro de voces escandalizadas porque no se reconocían la existencia de los desaparecidos — afirmada por la parte demandante — ni la responsabilidad del Estado, en el sentido de que las presuntas desapariciones, si se dieron, hayan sido un acto del Estado y no de funcionarios que actuaron de manera arbitraria. Un ejemplo de estas voces fue la de Daniel Samper, en su columna habitual, quien asume como verdad establecida la existencia de desaparecidos.
Y la verdad, la única clara, es: los colombianos todavía no sabemos toda la verdad de los sucesos acaecidos en esas dos noches de espanto y de confusión.
Indicios, no certezas
No admitir la existencia de desapariciones tampoco es una buena noticia para nadie. Si se mira con objetividad, esta es una verdad de Perogrullo, porque la alternativa no excluye atrocidades: la alternativa es la muerte de aquellas personas en el propio Palacio de Justicia.
El que la suerte de esos compatriotas se diera por la voluntad de uno de los bandos, o por el fuego cruzado, confuso y difícil de dirigir hacia el adversario o por causa del incendio desatado, no resta gravedad a la actuación desacertada de todos los participantes.
Lo prudente es admitir que hay zonas de densa oscuridad. Pero debe decirse, eso sí, que las tesis del abogado Nieto Loaiza no son desacertadas. De hecho hay más — y son más serios — los indicios que llevan a pensar en la no existencia de esos desaparecidos y que apuntan a errores de las autoridades encargadas de las pesquisas iniciales, a las fallas en las labores de policía judicial y a los descuidos en la disposición de los cadáveres encontrados.
El caso Urán
Vienen a la memoria casos sin explicación precisa, como el del magistrado auxiliar Urán. Se afirma que salió vivo de Palacio, pero el video base de la afirmación no es concluyente y además, queda otra duda: si Urán fue asesinado fuera del Palacio, ¿cómo se pudo devolver el cadáver en los minutos inmediatamente siguientes al fin de los combates, frente al conjunto de periodistas, autoridades, agentes de potencias extranjeras, miembros de organizaciones del sistema internacional, colados que nunca faltan y, en fin, la multitud instalada en todos los accesos de la edificación?
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Pues lo único cierto es que el levantamiento del cadáver se hizo en el sitio de los acontecimientos. La aparición de su billetera y de sus documentos en una unidad militar puede sembrar sospechas justificadas, pero no prueba que su muerte ocurriera por fuera del Palacio. Nadie sin datos concretos y contundentes, puede afirmar una u otra posibilidad.
Errores acumulados
Nunca se ha podido establecer con claridad la identidad de muchos restos por su disposición apresurada en el cementerio y por la inadecuada investigación en el caso de los confiados a la Universidad Nacional.
Otras dudas surgen de hechos tales como el de personas que — si hubieran sido conducidas efectivamente a la Casa del Florero — podrían haber aclarado fácilmente su condición y los motivos para estar presentes en el edificio, como en el caso de una sobrina de una magistrada rescatada en las primeras horas de la recuperación y de quien luego no se encontró rastro alguno.
Desde luego no puede descartarse un error estúpido, pero lo cierto es que no existen evidencias. La magnitud del incendio puede explicar muchas de las ausencias de esos rastros.
Juicio de responsabilidades
La tragedia del Palacio llama a una reflexión profunda sobre las responsabilidades por los hechos y por la irresponsabilidad de todos los protagonistas:
- Irresponsable fue el M-19 por aventurero y desmesurado. Incapaces sus dirigentes de medir consecuencias y de ver sus limitaciones, se hundieron en su mar de indefiniciones, en su confusión moral y en su debilidad política.
- La dirigencia estatal, a su vez, falló a la hora de orientar a las fuerzas armadas y de prescribir cursos de acción distintos de la sola arremetida irracional.
- La fuerzas armadas se enfrentaron sin estar preparadas a una situación sui generis y sin los medios adecuados. Los agentes del Estado actuaron como si el asunto fuera de honor y no de racionalidad política. Se magnificó la amenaza y se perdió la cabeza. Se indigestaron con la razón de Estado. Y sin cabeza no hubo cuerpo. La reacción fue emocional y atropellada.
Lecciones y memoria
Parecer sabio resulta muy fácil al analizar los hechos en retrospectiva. Pero en la historia inmediata a la Colombia de 1985 había elementos para pensar en soluciones diferentes:
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Años atrás, el M-19 había dado prueba de irresponsabilidad al confundir publicidad y espectacularidad con acción política. Cuán diferente la actuación del dúo Turbay – Camacho Leyva: independientemente de los juicios que se hagan sobre ese gobierno, nadie puede negar el tino y la prudencia para manejar el caso de la embajada de la República Dominicana.
Pero las lecciones de la historia no son el fuerte de la cultura nacional.
La defensa del Estado colombiano contiene todos los argumentos posibles, dadas las precariedades de la investigación. No se puede satanizar al abogado o al gobierno, ni santificar a priori a los demandantes. La defensa sólo puede hacerse con lo que hay.
Y tampoco la Corte de marras es una corte celestial, libre de prejuicios y de visiones ideologizadas. Lo sensato es hurgar en el pasado y establecer responsabilidades. Esconder el polvo por debajo de la alfombra nunca ha sido una buena política. La memoria no cambiará la realidad de lo sucedido, pero apaciguará los espíritus. La justicia tiene una deuda con la verdad y con la tranquilidad de todos.
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