
La defensa nacional. La calentura no está en la fusilería
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En los últimos días se han acumulado noticias poco propicias sobre las condiciones en que se mueve el sector de defensa y seguridad nacional. A las malas noticias sobre la seguridad interna y sobre las alternativas de la cacareada “paz total”, que sumadas a las condiciones externas de las mal llevadas relaciones internacionales, se suman los incidentes relativos al mantenimiento de los helicópteros Mi-17, las dificultades fiscales del país y el anuncio de desarrollos armamentísticos, que lejos de ser recibidos con optimismo por la superación tecnológica que pudieran significar para la industria militar, producen más aprensiones que seguridades, dada la costumbre invetereda de este gobierno, de hacer mal casi todo lo que puede hacerse bien.
Bastante publicidad ha recibido el deterioro del equipo de helicópteros que ha permitido darle profundidad, apoyo y continuidad a las operaciones de combate, en un pasado reciente. Unas gotas de optimismo se dieron con la firma de un contrato para rescatar parte del parque de helicópteros. Pero de nuevo vino el “fato” que preside todo lo que toca el Ejecutivo nacional: el incumplimiento saltó a las primeras de cambio, cuando más se necesita el equipo. Vuelven a la memoria las afugias del Estado en los años noventa del siglo pasado, cuando las FARC crecían como el maíz y las fuerzas del Estado estaban estancadas y sin medios de movilidad y apoyo de combate. De la memoria se debe aprender.
En esos días críticos, en un ataque simultáneo a dos posiciones claves del Ejército y de la Policía Nacional, sólo se pudo echar mano de cuatro helicópteros que por causa del mal tiempo, tampoco fueron de utilidad. Recuerdos similares llenarían páginas enteras. El Ejército, por causa de un embargo del país fabricante, no contaba con repuestos para el mantenimiento del parque de fusiles existente, En ese momento, se tomaron decisiones que hoy siguen presentes por los efectos que produjeron. El contrato para la adquisición de nueva fusilería, la fabricación local de la misma y más adelante la llegada de los camiones del aire que son los Mi-17, dieron un respiro. Más adelante el Plan Colombia dibujaría una historia nueva.
Hoy reina la confusión sobre lo que vale la seguridad y lo que significa el papel del Estado en la materia. Se atiende al desarme del Estado y no al de las fuerzas que operan por la libre, en la disputa por el control del territorio y de la sociedad. No se tiene en cuenta el viraje de la historia que convirtió grupos de finalidad política en organizaciones de crimen organizado transnacional. La posibilidad de copar el territorio se aleja por la disminución del pié de fuerza, por la estampida de cuadros veteranos, entrenados y curtidos, y por las carencias de medios.
En medio de este cuadro desolador, aparece una noticia que en otras circunstancias sería recibida sin aprensiones, pero hoy hace pensar en la sacada de un conejo del sombrero del mago. Se trata del anuncio relativo a la fabricación de un fusil de asalto nacional. ¿Cuales son las aprensiones y los por qué de las mismas?
En primer lugar, las experiencias poco satisfactorias de INDUMIL en los intentos de fabricar armas menos complejas que un fusil de asalto. En segundo lugar, las carencias de capacidades tecnológicas y de materias primas para fabricar los cerrojos y los cañones. En el proceso del Galil, los cañones se importaban y en el fusil nuevo sería lo mismo, a menos que se hicieran inversiones de largo plazo (quizás poco rentables para el mercado nacional) Es de suponer que para fabricar los prototipos del fusil, se ha echado mano de las existencias de cañones del Galil. De otra manera, se tendrían que importar de otras marcas, pero el problema sería el mismo.
La fabricación de armas modernas no se puede adelantar con políticas aventureras. Es un proceso largo y va más allá de las capacidades de INDUMIL. Implica a la industria en general, a la academia, a las políticas y acciones de desarrollo científico-tecnológico, y a las capacidades para realizar operaciones de ingeniería inversa. Sería ideal alcanzar la autonomía en la materia, pero el camino no admite saltos, ni improvisaciones. Además es de temer que el mercado no justifique el intento. En el momento se dispone de fusilería abundante para un par de décadas y el asunto da espera. La calentura no está en la fusilería sino en un replanteamiento de la política de seguridad.
El país está sentado sobre un volcán político activo. Las necesidades estriban en la orientación adecuada para sustentar una visión correcta de las acciones conducentes al diseño de un sector de seguridad eficaz en lo judicial, en lo policial, en lo militar, en lo educativo y en lo científico-tecnológico. No se puede resolver lo que se viene encima con recetas de facilismo y símbolos altisonantes.
Acerca del autor
Armando Borrero
Cofundador de Razón Pública.
Sociólogo, Especialista en Derecho Constitucional, Magíster en Defensa y Seguridad Nacional. Se ha desempeñado como Consejero Presidencial para la Defensa y Seguridad Nacional. Profesor de la Universidad Nacional de Colombia.
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