La justicia penal militar, el nuevo marco jurídico para la paz y el aparente malestar en los cuarteles están sacando a flote tensiones no resueltas entre las fuerzas armadas, las tres ramas del poder y los civiles en Colombia. Una mirada histórica para entender el presente.
Armando Borrero *
¿Quién vigilará a los vigilantes?
¿Quis custodiet ipsos custodes?La pregunta clásica de Juvenal ha rondado a la humanidad durante siglos, tanto en su contexto original (el de la fidelidad conyugal) como en el político: si la guerra es la política misma, las fuerzas armadas son un instrumento del Estado, no los amos del Estado. Pero a lo largo de los tiempos se ha visto que la fuerza armada:
- puede convertir el instrumento en un elemento autónomo y soberano dentro de una sociedad –que fue el estadio del pretorianismo,
- o puede ser un instrumento de un grupo oligárquico o de un tirano autocrático –el estadio de cesarismo, o finalmente
- puede llegar al imperativo total de la necesidad militar cuando se vive de manera permanente en pie de guerra –el estadio más ominoso del Estado-guarnición, cuando la guerra se convirtió en la primera y más noble de las actividades sociales.
Pero a lo largo de la Edad Moderna, la construcción institucional de la defensa ha implicado tejer una red de control para asegurar el predominio de la dirección civil de los ejércitos. En el intento se han ensayado muchas fórmulas:
- la reducción de los ejércitos a mínimos en tiempos de paz;
- el alejamiento de las guarniciones de los centros de poder;
- el control ideológico y partidario;
- un conjunto de restricciones a la participación militar en el debate político: lo polemial (dominio de la contienda) totalmente separado de lo agonal (dominio del debate).
En el fondo, sin embargo, sigue campeando la conexión indisoluble entre lo militar y lo político.
En América Latina y en Colombia
El Estado moderno ha encontrado en el concepto y en la práctica de la democracia su mayor fuente de legitimación. Las sociedades democráticas de hoy son extraordinariamente complejas y esto, en cierta forma, ha contribuido a encontrar nichos institucionales claros para los militares, mediante un proceso de intensa institucionalización.
 El proceso de paz de 1982 develó brutalmente la separación entre fuerzas militares y sociedad Foto: Lasillavacia.com |
Pero no es una experiencia universal, porque la construcción de Estado es desigual entre países en función de los niveles de desarrollo y de las tradiciones históricas. Para América Latina ha supuesto una historia larga y desgarradora: heredera de tradiciones pretorianas nacidas en la Europa continental, débil como sociedad y como Estado, ha debido soportar durante dos siglos el sambenito de la intervención militar y del gobierno impuesto por la fuerza de las armas.
Colombia, por razones históricas especiales, no ha tenido la misma cuota de intervención militar que otros Estados de la región, pero ha conocido etapas de fuerte autonomía militar y presencia de las fuerzas armadas en muchas decisiones políticas, sobre todo en las relacionadas con el mantenimiento del orden público en el último medio siglo.
Las tensiones actuales
Las relaciones civiles–militares se entienden hoy en dos sentidos: uno, la relación de las organizaciones militares con el resto de la institucionalidad estatal; otro, la relación de los militares con la sociedad en su conjunto.
Ambos sentidos son problemáticos en la Colombia de hoy. Se asiste a un período de transición entre las relaciones nacidas de las convulsiones de mediados del siglo veinte, con las etapas sucesivas de intervención militar en los años cincuenta, la autonomía relativa durante el Frente Nacional y la inmersión de las fuerzas armadas en las doctrinas de la contrainsurgencia propias de la guerra fría, a un período de presiones típicas de la globalización en una sociedad más urbana, más compleja, más comunicada y con masas que demandan más participación, todo en medio de debates intensos sobre el papel y la agenda del Estado contemporáneo.
Las tensiones de la transición se revelan en la relación con el resto de la institucionalidad estatal en varios campos:
- Con la rama de la justicia esta relación ha sido particularmente crítica. El Estado no ha encontrado la forma de resolver el problema de los contenidos y de los límites entre la justicia militar y la justicia ordinaria.
- En el campo de lo legislativo, el Congreso no ha logrado asumir su papel real de control civil de las fuerzas armadas.
- En el ejecutivo, el ordenamiento constitucional y legal colombiano tiene las herramientas más fuertes de control civil, pero la construcción de un ministerio moderno para administrar la defensa es una tarea inconclusa que todavía no da garantías de equilibrio entre la dirección civil de los asuntos militares y el fuerte corporativismo militar o espíritu de cuerpo (por lo demás típico de toda institución militar en el mundo), estimulado en Colombia por el conflicto interno.
Las necesidades de seguridad han reforzado la separación frente a la sociedad.
Una separación peligrosa
Unas relaciones civiles militares sanas, requieren de espacios de encuentro entre militares y élites civiles expertas en los asuntos de la defensa y de la seguridad. En la tradición colombiana se ha dado una escisión muy fuerte entre militares y civiles. Se extremó en el pasado el apartamiento institucional, que en ciertos niveles puede considerarse normal, dado lo absorbente que puede resultar la organización militar respecto de sus miembros.
A comienzos del Frente Nacional se estableció un límite claro entre funciones políticas y militares, se les dejó a cargo del orden público y se les otorgaron privilegios de autonomía en el manejo interno de las fuerzas. El apartamiento reforzado por un compromiso cada vez mayor en operaciones de contrainsurgencia, los alejó más aún de otros sectores sociales, con el reforzamiento consecuente de prejuicios frente a la sociedad.
 Unas relaciones civiles militares sanas, requieren de espacios de encuentro entre militares y élites civiles expertas en los asuntos de la defensa y de la seguridad. Foto: Ejército. |
También en el pasado, las élites civiles se alejaron de lo militar. Era un reino ajeno. La percepción sólo cambió cuando la violencia tocó los ámbitos urbanos y a las propias élites políticas y sociales. Pero durante mucho tiempo el conflicto interno y el papel de los militares fueron percibidos como ajenos a las preocupaciones centrales del Estado y de la sociedad.
El proceso de paz de 1982 develó brutalmente esa separación, cuando el Estado pareció escindido entre los que combatían y los que arbitraban. Se echó de menos la existencia de sectores civiles expertos en defensa y en seguridad e integrados con los militares en la administración del sector.
Los retos del momento
En el presente, las relaciones civiles militares, si bien han mejorado, se resienten de viejas herencias culturales y organizacionales. Las dificultades mayores, frente al resto del Estado y frente a la sociedad, se pueden caracterizar de la siguiente manera:
1. En el campo del poder ejecutivo, la tarea principal es culminar la construcción de un ministerio moderno con fuerte presencia de civiles bien formados en las materias de la defensa y la seguridad. No sólo garantizarían la ejecución de las directrices políticas emanadas del gobierno, sino, como ha sido notorio en el mundo, serían una fuente de innovaciones.
La rigidez de las estructuras militares y la ausencia de debate democrático en el interior de los cuerpos militares, hacen que en todo el mundo sea bien conocida la resistencia militar a los cambios.
 El Estado no ha encontrado la forma de resolver el problema de los contenidos y de los límites entre la justicia militar y la justicia ordinaria. Foto: Presidencia. |
Se hace necesaria también, la formación política de los mandos, no para deliberar en la arena pública, sino para comprender su papel en la estructura del Estado y compenetrarse mejor con los sectores civiles de gobierno y sociedad.
La ausencia de civiles se hace notoria por la costumbre creciente en las Fuerzas Militares de integrar militares retirados que se improvisan en toda suerte de funciones típicas de los civiles (legalmente son civiles pero con el cordón umbilical intacto) como las administrativas, las académicas y de asesoría, lo cual bloquea mucho la posibilidad de un mejor contacto civil-militar.
2. En cuanto al poder legislativo, el Congreso colombiano nunca ha ejercido de manera adecuada su función de control político. Las comisiones segundas de Senado y Cámara se ocupan de casos notorios o escandalosos pero no realizan una labor sistemática de debate y vigilancia sobre asuntos tales como presupuesto, políticas de defensa y políticas militares del Estado, asuntos internos de las fuerzas, presupuestos, armamentos y equipos, personal y todos aquellos aspectos del problema que son normales en los parlamentos del mundo.
3. Frente al poder judicial, se hace evidente una crisis mayúscula. El Estado, a lo largo de gobiernos sucesivos no ha podido lograr un balance claro entre jurisdicciones. La justicia militar hizo crisis, los escándalos que más han impactado a la opinión pública —como los “falsos positivos”— la descalifican y las políticas erráticas de los gobiernos para desarrollar el mandato constitucional de una justicia penal militar, han enredado el asunto más allá de lo esperable en un país que pide a grito diseños institucionales adecuados a la situación de violencia que se ha vivido por tanto tiempo.
No sobra decir que toda la justicia del país está en crisis por ineficiencia y corrupción: resulta impensable que el desorden existente no se refleje en todos los órdenes de la vida nacional. En lo militar es especialmente grave, porque la indefinición se puede traducir en parálisis y descontrol.
4. Frente a la sociedad, se siente el alejamiento que produce la inmersión en el conflicto. Se potencian las miradas unilaterales de la sociedad, el desconocimiento de la realidad política y la nostalgia de autoritarismos pasados o vecinos.
Hay cambios en marcha, sería injusto negarlo, pero todavía se siente torpeza en los diagnósticos y en las ejecutorias. Pesa mucho, todavía, el pensamiento de la guerra fría y los adoctrinamientos ideológicos que marcaron toda una época de la educación militar.
Las percepciones de corte moral tienden a imponerse sobre las ciencias sociales y la formación política sigue como en los tiempos anteriores a la caída del muro de Berlín. Mucho hay por hacer, pero no se puede subestimar el peso de la confrontación interna que es la verdadera “vaca muerta” atravesada en el camino de la transformación y la modernización.
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