Evadir la responsabilidad institucional hace daño a las Fuerzas Armadas: hay que entender por qué el crimen penetró en las organizaciones que debían reprimirlo.
Armando Borrero Mansilla*
“No puede ser que el Estado, las Fuerzas Militares, la Policía y el resto de colombianos… sean responsables de la violencia”.
El pasado viernes 1.º de julio, el ministro de Defensa dio un discurso en celebración del 57.º aniversario del Ministerio de Defensa (antes Ministerio de Guerra).
Pidió no responsabilizar a la Fuerza Pública como institución por los delitos de sus miembros durante el conflicto interno; insistió en que se entiendan como responsabilidades penales individuales, porque nunca las respaldó una política institucional.
No la hubo, por supuesto: no podía haberla; pero, si el señor ministro cree que esta posición favorece a la Fuerza Pública, está equivocado.
“Manzanas podridas” o falla institucional
No asumir la responsabilidad institucional causa más daño a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional: les dificulta la introspección necesaria para entender por qué pudo penetrar el crimen en las organizaciones encargadas de reprimirlo.
Si se tratara de unos cuantos delitos cometidos por unas “manzanas podridas” (como acostumbran a llamar a quienes se desvían de las normas), se entendería que son extraordinarios e inesperados.
¿Cómo no va a ser responsabilidad institucional una conducta que destruye la confianza pública en unas instituciones que deben ser transparentes?
Pero, ante algo tan monstruoso como la práctica de los “falsos positivos” (e incluso el eufemismo espanta), la Institución tiene que plantearse si las causas son prácticas institucionales y graves fallas de procedimiento.
Conformarse con lo penal individual es no profundizar: ¿por qué se extendió esa práctica nefanda entre las fuerzas?, ¿por qué no se detuvo a tiempo? Lo mejor para las Fuerzas Armadas es la verdad; necesitan ganarse el respeto de todos y ganar, también, la satisfacción de saberse capaces de hacerlo. La experiencia muestra que el “tapen, tapen” solamente empeora las cosas.
Muchos miembros de las fuerzas tienen dudas. Mi larga cercanía a las instituciones militares y policiales me permite escuchar ese clamor y dimensionar su perplejidad.
¿Cómo no puede ser responsabilidad institucional lo relacionado con la selección de personal, con todo el sistema de educación militar y policial, con el régimen interno de las organizaciones, con los sistemas de control de las operaciones, con los estímulos evaluados para motivar a los combatientes
¿Cómo no va a ser responsabilidad institucional lo relacionado con el apego a la verticalidad y la sacralización de las líneas de mando?
¿Cómo no puede ser responsabilidad institucional el honor y la ética militar y policial?
¿Cómo no va a ser responsabilidad institucional una conducta que destruye la confianza pública en unas instituciones que deben ser transparentes?
Las Fuerzas Armadas no deben (ni quieren) ser motivo de división
Es bueno afrontar el desafío institucionalmente para evitar una causa más de división en la sociedad. Si se relega al plano penal individual, continuará el enfrentamiento entre los sectores que ven una evasión de responsabilidades y un ocultamiento culpable.
Del otro lado estarán los sectores que solo sienten gratitud por los sacrificios de los militares y policías en la defensa de las instituciones democráticas. Para las instituciones militar y policial, es mejor evitar ser otra causa de contienda y división.
Ahora bien, hay muchas piedras en el camino de la autocrítica. El primer obstáculo es la politización intensa de las Fuerzas Armadas. Es una politización explicable cuando se ha tenido que combatir enemigos internos por 74 años (la primera violencia no puede dejarse de lado) y si se considera que los conflictos civiles tienden a perdurar: dejan huellas duraderas.
Pero lo que explica no justifica. Hay antídotos para superar el desgarramiento social y la degradación moral que producen las guerras civiles.
Puede leer: Las cinco dudas de los militares con respecto a la JEP
No deben ser partidistas, pero hay que reconocer su carácter político.
La politización de los militares colombianos es una versión maniquea de la Guerra Fría, que se mantiene viva por el conflicto interno; el enemigo tampoco ayuda. El mundo social y político se entiende según dos polos. No se distinguen matices: quien no está conmigo, está contra mí. Es también una politización que, con el anticomunismo —su expresión—, oculta una grave tendencia antiliberal.
La vida institucional favorece un corporativismo de solidaridades internas. Sumada al actuar colectivo típico de lo militar, condiciona visiones críticas del individualismo liberal. Maximalismo moral y apego a las teorías conspirativas no son fenómenos ajenos al cuadro presentado.
Parece contradictorio, pero se da una especie de visión de espejo frente al antiliberalismo típico de las guerrillas.
En escritos, cátedra y debate, he criticado el concepto de apoliticidad de las Fuerzas Armadas: una organización que concentra la fuerza del Estado es intensamente política por naturaleza. Lo que puede exigirse a las Fuerzas Armadas es apartidismo institucional. La institución cumple un papel político, pero no entra en el debate político.
Vale decir: sí a la política, no al oficio de la política. Un establecimiento militar ejerce funciones políticas: participa en la toma de decisiones públicas, es consejero de gobernantes, avala el uso de la fuerza si es necesario e influye en la política del Estado todo el tiempo; lo hace así sea de modo latente, por su sola presencia y por el potencial de poder que acumule.
Además del papel político práctico, las Fuerzas Armadas tienden a asimilar ideologías compatibles con la visión de sociedad que les impone su vida cotidiana: disciplina, jerarquía y verticalidad, previsibilidad y ritualización de toda interacción. Además, es una vida social atada muy fuertemente a la institución, lo que lleva a cierto grado de apartamiento, reforzado en Colombia por necesidades de seguridad.
Su politización se orienta, entonces, a sacralizar el orden acríticamente y a estigmatizar lo que se asocie—o que supongan asociado— con el enemigo en armas, así sea una suposición meramente ideológica.
Relación entre Fuerzas Armadas y sociedad civil, parte del tejido social por reparar
He comenzado estas reflexiones con el caso de los “falsos positivos”: es un buen ejemplo para ilustrar las dificultades para la interacción entre militares y civiles en un momento de politización intensa.
Parece contradictorio manifestar que el oficio militar es político y criticar la politización; pero, bien mirado, se trata de dos planos diferentes: la politización es un problema cuando, más allá de las creencias individuales, la institución se identifica con un proyecto político y con los sectores de la sociedad que lo promueven. Es esto último lo que debe evitarse.
Las guerras internas producen encuentros anómalos entre el Estado y la sociedad que debe regir. Hacer la guerra dentro de la sociedad propia lesiona el tejido social.
En el ejemplo que he seguido, lleva a recibir apoyos que pueden darse de buena fe pero que perjudican la relación de la Institución con la sociedad, con la política y con el orden institucional, tanto estatal como de la sociedad civil.
Las Fuerzas Armadas colombianas tienen la obligación de responder como institución por prácticas negativas de gran relevancia social y política. Hacerle frente al problema es comenzar a resolverlo.
Si la paz se logra consolidar, sucederá lo esperado de las guerras fratricidas: es decir, aquello de que la paz no nace cuando cesa el fuego. La experiencia de los procesos de paz en el mundo enseña que se necesita mucho trabajo de adaptación a condiciones nuevas de relación entre las Fuerzas Armadas y la sociedad.
Las guerras internas producen encuentros anómalos entre el Estado y la sociedad que debe regir. Hacer la guerra dentro de la sociedad propia lesiona el tejido social. Hay suficiente experiencia internacional en el último periodo de la historia como para engañarnos.
La labor de los militares durante la paz
El futuro inmediato está signado por la decisión electoral del pasado 19 de junio. La politización de los militares se percibe como una dificultad para entrar en una etapa inédita. Pero el mundo ya tiene muchos ejemplos de transiciones en las que los antiguos adversarios se vieron como coautores comprometidos con una etapa nueva.
De su estudio se aprende mucho: en la historia reciente de Colombia, contamos con la pedagogía institucionalista de Alfonso López Michelsen. Según él, la República tenía una fórmula para la supervivencia de sus instituciones: el binomio Corte Suprema de Justicia-Fuerzas Armadas. Hoy diremos Corte Constitucional-Fuerzas Armadas.
Fue López el mismo presidente que, ante la Escuela Militar de Cadetes del Ejército, expresó “la creencia de que Colombia no necesita ya que sus gobiernos tengan un ejército de confianza, sino que basta con tener confianza en el Ejército”.
El ambiente postelectoral hace pensar que la sociedad se cansó de los extremos en política y que se cansó también del conflicto armado sin fin. Haber saboteado la legitimidad de los Acuerdos de Paz —error histórico costosísimo— fue uno de los factores evidentes de la caída de la derecha.
Para terminar, en la etapa que comienza, la institución militar debe ser la mejor preparada para entender el valor de la paz: en su trasiego por todos los territorios del país, tiene a la vista la debilidad del Estado, que no ha sido capaz de pacificar la sociedad.
Lograrlo es fortalecerse. El mundo está muy revuelto, y para afrontarlo es bueno ser fuertes, en todos los sentidos que pueda tener la expresión.
