Las consecuencias políticas y jurídicas del acuerdo de justicia transicional
Compartir:
Una primera y necesaria mirada de conjunto sobre las implicaciones y los retos políticos, jurídicos y de implementación que dejan el acuerdo sobre justicia y la inminencia del final del proceso de La Habana.
Andrés Dávila L. *
El acuerdo
Poco menos de tres años después de comenzar formalmente las negociaciones de paz entre el gobierno y las FARC, este miércoles 23 de septiembre se anunció el acuerdo sobre justicia transicional, el tema más difícil de la agenda que había sido convenida entre las partes.
En una sobria y relativamente breve ceremonia, los representantes de los países garantes dieron lectura a los puntos acordados. Al final, y a instancias del presidente anfitrión Raúl Castro, se dio un apretón de manos entre el presidente Santos y Timoleón Jiménez (Rodrigo Londoño), alias “Timochenko”, quienes se habían reunido privadamente para dar el visto bueno a la versión final del acuerdo.
Además se anunció que a más tardar el 23 de marzo de 2016 deberá estar firmada la paz, y que dos meses después comenzaría la dejación de armas. Tanto en el plano nacional como en el internacional, el momento político no podía ser más propicio, como si se hubiera dado una especie de alineación de los astros en favor del proceso.
Y como era de esperarse, los anuncios han comenzado a producir todo tipo de reacciones. Pero antes que referirse a ellas, vale la pena mostrar las principales características y consecuencias del acuerdo, que me propongo examinar desde tres ángulos: el político, el jurídico y el del proceso de poner en marcha o “implementar” los acuerdos.
Lo político
Después de muchos meses de aparente estancamiento, logró darse un nuevo paso en la agenda de La Habana. Políticamente, además, este fue un salto adelante que parece poner a la vista el final del proceso y la firma del acuerdo definitivo.
Una asamblea constituyente, pues en algún punto resultará inevitable volver a fijar el conjunto de reglas que rigen nuestro sistema político.
Si bien la mayoría de los analistas daba por hecho que los diálogos ya habían pasado el punto de no retorno, el acuerdo sobre justicia transicional vino a ratificar esta creencia. Con toda seguridad -y pese a los muchos retos que quedan para completar la agenda antes de los seis meses proyectados- hoy puede darse por cierto que ya no hay posibilidad de revertir el proceso de La Habana.
Aunque existe la oposición abierta de sectores políticos, de altos funcionarios estatales y de fuerzas sociales contrarias a la paz negociada, el respaldo internacional servirá de contrapeso y contención ante ellos.
En términos históricos, y aunque falta el paso último para que las FARC acepten las reglas del régimen político colombiano -o al menos para que dejen de rechazarlas abiertamente- hay que decir que nunca antes esta guerrilla había dejado de lado posiciones y convicciones que en la práctica le impedían transigir.
La situación anterior, unida a la propuesta de reforma constitucional para agilizar la discusión y aprobación de los proyectos derivados del Acuerdo Final, confirma el carácter transicional de la situación política colombiana.
En efecto, según la ciencia política, los momentos de transición se caracterizan porque las reglas son cada vez más inciertas y porque hay que esperar el avance de los procesos legislativos para ir decantando el nuevo régimen. La paradoja radica en que la transición política de Colombia comenzó a gestarse al aprobar la reelección presidencial en 2004, y desde entonces se ha venido extendiendo y profundizado. En sana lógica habría entonces que decir que nadie sabe para quién trabaja.
 El Procurador General, Alejandro Ordóñez. Foto: Procuraduría General de la Nación |
En este orden de ideas, aunque no es todavía parte de la agenda oficial, es indudable la cercanía de una situación donde tendría lugar una asamblea constituyente, pues en algún punto resultará inevitable volver a fijar el conjunto de reglas que rigen nuestro sistema político. El acuerdo de esta semana reafirma que solo una flexibilización importante, un mecanismo realmente excepcional, permitiría dar cabida a los alcances e implicaciones de lo pactado en La Habana.
El gobierno y el Congreso también se encuentran en estado de transición. Todo indica que la coalición mayoritaria estará en condiciones de sacar adelante las reformas necesarias y de arropar al gobierno en su decisión de firmar el acuerdo.
Pero hay, no obstante, silencios elocuentes, y un reto institucional enorme: el de la Fuerza Pública. El acuerdo sobre justicia transicional replantea y redefine lo que muchos militares consideraban como “no negociables”, y por lo tanto es claro que hay que evitar reacciones en su contra, por fuera de la ley y por debajo de la mesa, como sucedió en procesos anteriores.
La oposición abierta a la paz, que encabezan el senador Uribe, el Centro Democrático y el procurador Ordoñez, se encuentra hoy ante el reto de revisar y ajustar sus argumentos. Aunque una buena parte de la población siga apoyándolos, es evidente que el avance de la negociación y la materialización de los acuerdos los van dejando a un lado.
Las elecciones regionales, más que las encuestas, serán un indicador de con qué tanto se cuenta para aclimatar la paz en el país. No obstante, es innegable que hay cierta apatía e indiferencia, cuando no un rechazo abierto a los acuerdos de La Habana.
Los seis meses establecidos para firmar el acuerdo, con la promesa de iniciar la dejación de armas sesenta días después, constituyen un reto en varios sentidos, pero habría que recordar que en ese mismo lapso fue redactada la Constitución de 1991.
También cabe preguntarse por las negociaciones con el ELN. La ventana de oportunidad está abierta, pero puede cerrarse.
Finalmente, el texto acordado es denso y complejo, de manera que vendrá un proceso desafiante para precisar sus alcances y concretar los mecanismos e instancias para llevarlo a la práctica.
Lo jurídico
El acuerdo tiene a su haber muchos elementos de creatividad institucional y de búsqueda de soluciones que, satisfaciendo estándares internacionales, recogen los explicables requerimientos tanto de las FARC como del Estado colombiano.
De lado y lado se dan pasos que implican renunciar a inamovibles para hacer posible la salida negociada. La reforma constitucional en ciernes debe propiciar el espacio excepcional necesario para redactar el paquete de normas que organice y permita el cumplimiento del Acuerdo Final.
Quedan, sin embargo, dos incógnitas abiertas:
- Si la Corte Constitucional declarará o no exequibles las reformas que concreten o desarrollen el acuerdo. El antecedente de la Ley de Justicia y Paz es una voz de tranquilidad en este sentido, pero también puede prender ciertas alarmas. La historia de esta ley que permitió la desmovilización, desarme y reinserción de los paramilitares, también dejó enseñanzas sobre los espacios de adaptación o acomodación de la legalidad y de los procesos.
- Si alguna instancia internacional recogerá los llamados de atención profundos y severos de actores tan disímiles como Human Rights Watch, el procurador y el Centro Democrático.
Lo acordado implica un remezón importante en la estructura de la justicia en Colombia, así tenga un carácter excepcional, especial y temporal. De nuevo, el antecedente cercano de Justicia y Paz juega a favor, incluso por las debilidades y cuellos de botella que enfrentó ese proceso.
La situación de fragilidad o hasta de crisis que vive la justicia podría resultar en un punto a favor, pero también podría significar la inexistencia de un poder establecido con capacidad para acoger y delimitar los cambios que se sigan del Acuerdo. No hay que olvidar que también se está poniendo en marcha la reforma de equilibrio de poderes -y que no hay muchas señales positivas al respecto-.
Lo acordado implica un remezón importante en la estructura de la justicia en Colombia, así tenga un carácter excepcional, especial y temporal.
Sin duda, el procurador y el fiscal tienen mucho que aportar, así sea desde la contradicción. Empero su protagonismo y su excesiva politización los ubican en un lugar marginal. Sus voces no acarrean la respetabilidad necesaria para sumarse creíblemente al proceso.
La creación de una jurisdicción totalmente nueva para la paz, aplicable a todos los responsables, constituye una apuesta de alcances insospechados, que va a requerir de todos los aprestamientos de la ingeniería constitucional e institucional para llegar a buen puerto.
La implementación
 El Presidente Juan Manuel Santos acompañado del Presidente cubano Raúl Castro y de Timoleón Jiménez. Foto: Presidencia de la República |
El reto de poner en marcha lo acordado es todavía mayor.
La sola cuestión de quiénes y cómo se nombrarán los magistrados de ese nuevo tribunal, tanto los nacionales como los extranjeros, da una primera idea de cuan complejo es el asunto.
Los negociadores de lado y lado tendrán mucho que aportar, pero al final de cuentas será el presidente Santos, con sus facultades extraordinarias, quien tenga el papel protagónico. Su gestión desde 2010 da tantos elementos para sentir tranquilidad como para preocuparse, pues ha tenidos tantos aciertos como errores en sus nombramientos y en sus decisiones hasta ahora. Preocupa además un rasgo distintivo de su gestión: es mucho más fuerte para diseñar y aprobar las reformas que para llevarlas a cabo.
Como se puede ver, el panorama es esperanzador y parece que hay motivos para celebrar lo logrado. Pero la magnitud de los desafíos por venir es inmensa.
El relativo escepticismo de la población colombiana, que se ha manifestado en las encuestas sobre el acuerdo de justicia transicional, puede ser un buen referente de advertencia. Un exceso de triunfalismo, con todo lo que falta, puede ser absolutamente contraproducente.
* Politólogo de la Universidad de los Andes, maestro y doctor en Ciencias Sociales de la FLACSO, México, profesor asociado y director del Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana.
Acerca del autor
Andrés Dávila
*Politólogo, maestro y doctor en ciencias sociales de la FLACSO, México, profesor titular de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana.
0 comentarios
Escrito por:
Andrés Dávila
*Politólogo, maestro y doctor en ciencias sociales de la FLACSO, México, profesor titular de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana.
