Medófilo Medina, autor en Razón Pública
Foto: Radio Nacional de Colombia - Cuando los dirigentes del Comité Nacional convocaron el Paro para el 28 de abril de 2021 no podían imaginar que se desencadenaría un estallido social.

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Medofilo Medina

El Paro Nacional que comenzó el 28 de abril es la más grande protesta social y política que haya vivido Colombia. Un balance prospectivo.

Medófilo Medina*

Lo inesperado

Cuando los integrantes del Comité Nacional convocaron el Paro para el 28 de abril de 2021 no podían imaginar que se desencadenaría un estallido social.

La revista Semana había informado: “Las organizaciones sindicales convocaron para el próximo 28 de abril un paro nacional durante 24 horas. De acuerdo con estas organizaciones, entre las que se encuentran la CUT, la CGT y la CTC, así como los educadores y las confederaciones de pensionados, la movilización se realizará en oposición a la reforma tributaria, laboral y pensional, que aseguran, el gobierno prepara a lo largo de este año”.

El 28 A representa la más grande protesta social y política que haya vivido Colombia. La duración es un indicador de entrada. El cubrimiento geográfico, es otro. En el primer día tuvieron lugar movilizaciones en 600 ciudades y municipios del país que más adelante alcanzarían el 75% de los municipios.

El protagonismo de los jóvenes, que no agota la personalidad social de la movilización, constituye su característica más saliente. Se ha dicho que son los ni-ni. Ni estudian, ni trabajan. Tal afirmación, en principio cierta, desdibuja el hecho del nivel educativo y técnico que posee una parte considerable de esos jóvenes pero que no tienen un empleo formal, regular.

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La guerra a la ciudad

La represión brutal del Estado a la protesta y sus resultados escandalosos también entran en los elementos que caracterizan al conjunto del movimiento por la persistente capacidad de resistencia que mostró. La respuesta del gobierno, de su partido el Centro Democrático, de la maquinaria armada, reflejaron de un lado el propósito de la extrema derecha colombiana de proyectar indefinidamente las coordenadas del conflicto interno. Del otro, el Paro y el estallido social muestran que la paz va, y que a la gente ya no la detiene la idea de que tras cualquier movimiento están las FARC. Para muchos jóvenes la represión desencadenada implica una experiencia nueva y directa.

La personalidad social y política del estallido social

A la expresión estallido social por su asociación con lo repentino, inesperado, se tiende a colocarla en ecuación con la noción de lo espontáneo. El protagonismo de los jóvenes se imbricó estrechamente con las comunidades. Si se mira los numerosos puntos de resistencia de Cali, la mayoría están enclavados en el corazón de los barrios, al menos cinco de ellos corresponden al extenso y densamente poblado Distrito de Agua Blanca. En Bogotá el punto de resistencia el Portal de la Américas está inscrito en la localidad de Ciudad Kennedy con barrios populares circundantes: Britalia, Nueva Britalia, Margaritas, El Rosario, Villa Andrea, Dindalito. Los vecinos conforman conjuntos políticamente diversos, algunos de ellos provienen de trayectorias sindicales y políticas variadas, compartidas ahora con las vanguardias juveniles.

La creación de un orden

En una definición pionera de multitud el filósofo Baruch Spinoza señala: “Multitud: multiplicidad de singularidades que se disponen en un orden determinado”. La gente del estallido social no entró en un orden, lo creó.

El estudio de la experiencia de la Primera Línea (PL) ayuda a entender la anterior afirmación. PL en sí misma es un mecanismo complejo de protección y organización. La PL se abre en cinco:

  • L1: protege a los manifestantes y a las otras líneas.
  • L2: Línea de choque, los jóvenes lanzan piedras, explosivos caseros, relanzan cilindros lacrimógenos.
  • L3: construyen barricadas y hacen maniobras de distracción con punteros laser para cubrir los ataques de la policía y el Ejército.
  • L4: integrada por médicos y enfermeras.
  • L5: sus integrantes suministran máscaras antigás (pañuelos empapados en vinagre, bolsas de Leche, solución de agua con bicarbonato).

Forma parte de este paquete organizativo la Primera Fila de Madres. Algunas de las madres por edad forman parte del conjunto de los jóvenes.

La Primera Línea ha inspirado formas asociativas: La Primera Línea Jurídica con 4000 miembros ha operado por redes, ha movilizado a abogados en defensa de los jóvenes judicializados. Con un mensaje simbólico ha operado la Línea Ecuménica integrada por sacerdotes.

El 28 A ha implicado diversidad de formas de protesta: marchas, concentraciones, actividades culturales de música y danza, de artes plásticas. En estos campos se han generado agrupamientos de sectores que tomaron el Paro Nacional como una especie de Razón Social a la cual integran contenidos varios y específicos de protesta.

El escepticismo

Se han manifestado voces escépticas con respecto al movimiento del 28 A, entre quienes están en principio en favor de la protesta social.

El pasado 29 de junio un comentarista en El Espectador señalaba que del Paro Nacional en Bogotá quedaban solo pálidos vestigios en el Portal Américas, en el Portal Suba, en el 20 de Julio y en Usme. Con pretendida perspicacia señalaba que desde el comienzo habían operado factores en la movilización que permitían adelantar tal evolución cuando se habría albergado la indeseable composición de lo amorfo, atomizado y descentralizado. Colombia habría sido sacudida durante dos meses por un cataclismo que se habría agotado en sí mismo sin dejar rastro perdurable.

Son visiones impresionistas que no se nutren en observaciones documentadas. Al contrario, lo que sorprende es el grado de organización mantenido en la protesta. Una comparación con el estallido que ha tenido lugar en Sudáfrica por este mismo tiempo muestra que en ese país se impusieron el saqueo, la violencia, el asalto a tiendas y supermercados. No tomó esas formas la indignación en Colombia.

Aún en las cifras del Estado, aquellas presentadas a la CIDH, de los 12.478 eventos de protesta que se presentaron entre el 28 de abril y el 4 de junio, el 89% se desarrolló sin registro alguno de violencia.

Durante el movimiento se aplicaron diversas encuestas. En la realizada por Datexco cuyos resultados se publicaron el 11 de mayo, el 75% de los encuestados apoyaban el Paro. Para la misma fecha la encuesta del Centro Nacional de Memoria registraba un apoyo de un 81% de los jóvenes. Según la Encuesta de la Universidad del Rosario cuyos resultados se publicaron el 30 de mayo el 84% de los jóvenes se sientes representados en el Paro.

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El potencial democratizador de la protesta

Es dable pensar que por sus características de conjunto el Paro Nacional y el estallido social albergan un profundo potencial democratizador. Colombia en el plano político experimentará cambios progresistas. El más importante será el de la ampliación de la participación política que desvanecerá la ficción alimentada por la extrema derecha uribista de que el problema del país es el de la polarización. El atraso político genera algo más grave que es la indiferencia que fomenta el autoritarismo, el uso de la violencia estatal y paramilitar en la reproducción del sistema político.

Si el estallido social que ha vivido Colombia en 2021, no obstante sus peculiaridades, se estudia en relación con los ocho capítulos de la muchedumbre política que ha vivido Colombia desde el motín bogotano de 1893 hasta las masivas manifestaciones de rechazo a las FARC del 4 de febrero de 2008 se puede pensar en un fuerte impacto en la situación política del país. Esas muchedumbres políticas tuvieron consecuencias profundas.

Se registran declaraciones de las primeras líneas en las que se expresa la voluntad de participación “Queremos una participación a nivel local, departamental, nacional. Que nos tengan en cuenta en las leyes, como la educación, toda esa parte en la que se excluyen a los jóvenes”, indicó José Calderón, primera línea Paso del Aguante (Cali). A mediados de Julio se reunieron en Bogotá, representantes de primeras líneas de diferentes ciudades del país y se habló de la organización de un partido político propio. Se dejó el tema para una reunión posterior. El desalojo ordenado por la alcaldesa Claudia López y realizado por el ESMAD del espacio en el que se reunía la Primera Línea del Portal de las Américas impidió que la reunión prevista se llevara a cabo.

Foto:Radio Nacional de Colombia - Colombia experimentará cambios progresistas, el más importante será el de la ampliación de la participación política.

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En Cali las diferentes líneas están más organizadas entre sí. De ello es expresión la Unión de Resistencias Cali. En las asambleas populares continua la discusión sobre las formas de participación política que siguen realizándose en los puntos de resistencia. Aunque en esa ciudad parece haber un ejercicio permanente de asambleas populares en los puntos de resistencia, donde se tratan estos temas, la metodología es incipiente pues no deciden si lo harán como partido o a través de miembros suyos que puedan alcanzar representación en el Congreso.

Si en el corto plazo se presentan obstáculos poderosos para la conformación de formaciones políticas autónomas, entre otras, las condiciones establecidas por el Consejo Nacional Electoral, para nada se puede descartar que a mediano plazo se configuren partidos nuevos nacidos de las experiencias de participación del 28A

Es esperable que suba la participación en los debates electorales de marzo y mayo de 2022. De manera diferenciada reflejarán esos impactos las fuerzas alternativas y las de la derecha. Una constante en el proceso del 28 A fue la indignación manifestada contra Uribe Vélez. El protagonismo del expresidente sufrirá un fuerte impacto. La influencia favorable a las fuerzas electoralmente alternativas guardará relación con la comprensión que ellas muestren de lo que han sido el Paro y el estallido social. No se trata sólo de la atención hacia las reivindicaciones de los jóvenes sino de la asimilación, lejos de toda posición prescriptiva, de la personalidad social, política y cultural que ha tenido la protesta social de 2021.

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Foto: Portal de Noticias Alcaldía de Neiva - Aunque el Paro obedecía a la profunda indignación suscitada por la reforma tributaria los manifestantes no mostraban rostros enfurecidos ni manoscrispadas. Los envolvía un ambiente alegre alimentado por la poderosa percusión de las batucadas y los ritmos de una papayera

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Medofilo Medina

El 28A es producto de la inconformidad de muchos ciudadanos que se venía acumulando desde hace varios años. También podría ser la semilla del cambio político que Colombia necesita.

Medófilo Medina*

Un principio esperanzador

Aunque es imposible realizar un análisis que abarque todo lo sucedido (hasta ahora) en el paro del 28A, la situación exige reflexiones serenas.

Al principio, el paro se proyectó como un evento alegre y lleno de colores. En las pancartas de los sindicatos y los carteles de los manifestantes predominaba una única consigna: “¡No a la reforma tributaria!”. La participación fue masiva y las movilizaciones pacíficas.

Sin embargo, el gobierno nacional y la Alcaldía de Bogotá ya se habían pronunciado contra las manifestaciones, y el 27 de abril la magistrada Nelly Villamizar del Tribunal Superior de Cundinamarca ordenó suspender las marchas hasta que el país alcanzara la inmunidad de rebaño.

Los manifestantes estaban indignados por una reforma totalmente desconectada de la realidad nacional, pero se mostraban alegres. Había risas, batucadas y papayeras. Ese día miles de ciudadanos se reunieron en las calles después de más de un año de confinamientos, prolongados o breves, obligatorios o laxos. Ese día, el 28 de abril, la gente salió a manifestarse en 600 municipios del país. En los manifestantes era visible la satisfacción de recuperar la calle para la protesta.

Foto: Personería Cali - Pero ya en el primer día del paro en Bogotá se dio cuenta de dos personas, víctimas de armas de fuego de la policía. El mismo día se difundieron las denuncias por la muerte de menores en Cali.

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Cosecha de muerte

Tristemente, ese mismo día empezaron las malas noticias: En Bogotá hubo personas agredidas por la policía. En el mismo día se difundieron denuncias por la muerte de dos menores en los barrios Mariano Ramos, Puerto Rellena (renombrado como Puerto Resistencia) y Siloé de Cali. El niño indígena Marcelo Agredo Ichima falleció por el impacto de una bala.

El 29 de abril disminuyó el número de manifestantes, pero el día siguiente volvió a aumentar gracias a que los dirigentes de varias organizaciones indígenas y estudiantiles anunciaron que participarían en las movilizaciones.

El 1 de mayo hubo aún más marchas y plantones pacíficos, pero la represión del ESMAD y de la policía empeoró. Cada día aparecían –y aparecen– nuevas víctimas. El silencio de los medios oficiales hizo que las redes sociales se convirtieran en el sitio predilecto de los ciudadanos para denunciar los abusos de la Fuerza Pública.

El paro ha sido particularmente intenso en Cali y en Pereira. La primera ciudad presenta una de las peores tasas de desempleo y de miseria que cobran toda su agudeza en el Distrito de Agua Blanca y en el populoso barrio de Siloé. Allí los jóvenes no tienen acceso a educación ni a servicios públicos. No tienen futuro. Y la segunda es víctima del empobrecimiento que dejó la irreversible crisis del café. No resulta sorprendente la gran acogida que ha tenido el paro en estas dos ciudades. Los manifestantes están desesperados, y el Estado ha decidido castigarlos brutalmente. De no ser por la presencia de la guardia indígena en Jamundí, los abusos de la policía habrían sido aún peores en Cali.

El silencio de los medios oficiales hizo que las redes sociales se convirtieran en el sitio predilecto de los ciudadanos para denunciar los abusos de la Fuerza Pública.

El 8 de mayo, Human Rights International publicó cifras aterradoras: 43 homicidios (42 verificados y 1 en proceso de verificación), 1330 heridos (1040 civiles y 290 policías) y 105 ciudadanos que continúan como desaparecidos.

El Estado no ha escatimado recursos para reprimir al pueblo: el ESMAD, la policía, el Ejército e incluso la Fuerza Naval han atentado contra los manifestantes. Por primera vez en mucho tiempo, usaron el helicóptero Black Hawk como si se tratara de una guerra, una guerra contra multitudes indefensas y lo más sobrecogedor: una guerra contra los jóvenes.

Antecedentes históricos

El paro del 28A es una especie de continuación del paro del 21N de 2019. Ambos encapsulan un gran número de luchas populares y cuentan con el respaldo de grupos sociales sumamente diversos entre los que se cuentan comunidades indígenas, estudiantes y trabajadores.

Estos paros no habrían sido posibles sin el formidable movimiento estudiantil de 2011 que encontró en la Mesa Amplia Nacional de Estudiantes (MANE) su forma de expresarse políticamente y sin el paro agrario de 2013. Varios movimientos cívicos de Buenaventura reclamaron su derecho a acceder a servicios básicos.

Las mingas indígenas de 2011, 2014, 2017 y 2019 trazaron su propio derrotero. Estas movilizaciones coincidieron con las negociaciones y la firma del Acuerdo de Paz. Si en el movimiento del 28 A han participado múltiples sectores es porque a la gente ya no se le puede confundir con la presentación de cada evento de protesta como el resultado de maquinaciones de las FARC. Es cierto que la derecha y los mandos policiales y militares acuden hoy a las disidencias de las FARC con el mismo propósito. Eso ya no puede ser una manipulación eficaz cuando no existe una estructura insurgente nacional, con jerarquía y unidad de mando.

Desde el Motín bogotano de enero de 1893, en Colombia se ha forjado una tradición importante de muchedumbres políticas. Se trata de explosiones aluviales que liberan tensiones sociales y políticas acumuladas durante años. Sin duda, pueden ser el origen de cambios políticos importantes que se consolidan en las elecciones. Es posible que en las elecciones del año que viene recojamos los frutos del 28A.

El legado del 28A

Es importante distinguir dos vertientes que están imbricadas íntimamente: el paro nacional y el estallido social. La convocatoria al paro fue realizada por el Comité, pero en las marchas han participado organizaciones sociales y ciudadanos que no forman parte de las centrales obreras, de FECODE ni de las organizaciones de pensionados.

Las tasas de pobreza y de pobreza extrema y los altos índices de desigualdad han motivado a marchar a miles de personas. Todo lo anterior agravado por las políticas y medidas puestas en marcha por el gobierno nacional y por autoridades locales en relación con Covid-19 Paradójicamente, los abusos policiales también han motivado a muchos ciudadanos indignados a participar de las manifestaciones. Estas son las causas del estallido social que va más allá del paro.

Desde el Motín bogotano de enero de 1893, en Colombia se ha forjado una tradición importante de muchedumbres políticas. Se trata de explosiones aluviales que liberan tensiones sociales y políticas acumuladas durante años

La brutalidad policial, el desinterés del gobierno y la solidaridad con las víctimas han atraído la atención del mundo entero. Cada vez más entidades internacionales y figuras públicas piden que la masacre se detenga.

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Sin embargo, algunos medios nacionales insisten en estigmatizar la protesta. Por ejemplo, en la edición del 29 de abril de El Tiempo aparecía la imagen de un bus de transporte público en llamas que daba a entender que el paro no era más que vandalismo. Si bien es importante y necesario reconocer la existencia de este fenómeno, es inaceptable reducir las marchas al vandalismo.

Las consecuencias políticas del 28A dependerán del análisis que hagan los partidos, las organizaciones sociales y las fuerzas alternativas sobre el movimiento social. Es importante avanzar en soluciones de corto plazo, pero también en programas de larga duración que permitan confrontar la profunda crisis que vive el país.

El 28A ha abierto la posibilidad de trabajar por la paz y por la democracia. Sin embargo, también ha mostrado que el gobierno no está dispuesto a ceder. Es preciso impedir que se imponga la deriva de un régimen fascista en Colombia.

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Fiscalía General de la Nación Néstor Humberto Martínez en uno de los eventos sobre el Acuerdo con las Farc

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Un examen cuidadoso de los hechos hace evidente el montaje contra el proceso de paz que armaron entre la DEA y el exfiscal Néstor Humberto Martínez.

Medófilo Medina*

Mala memoria

El 27 de noviembre de 2018, el entonces fiscal Néstor Humberto Martínez concluyó su intervención en el Senado diciendo: “colombianos, aquí ha venido su fiscal general para darles cuenta y razón de todo lo que hemos hecho”.

Pero el 9 de noviembre de 2020 El Espectador publicó una entrevista donde Martínez se mostró desconcertando ante las preguntas del periodista Edinson Bolaños.

La entrevista comienza con la pregunta: “¿siendo fiscal general no se enteró de que relacionaban al exvicepresidente Naranjo en la supuesta operación de narcotráfico del caso Santrich?”. Después de un prolongado silencio, Martínez tartamudeo: “No, no, mira, eh…, a mí me sorprende esa información…”. El exfiscal tampoco conocía las 1361 llamadas registradas del teléfono de Iván Márquez y de las cuales se entera con el expediente Santrich.

A la pregunta sobre la entrega controlada de cocaína por parte de la fiscalía en el caso Santrich, Martínez contesta: “Estás partiendo de una base equivocada, la cocaína ni la entregó la Fiscalía, ni se la pasó al fulano, ni al zutano, porque nosotros no estábamos en esa operación”.

¡Flaca es la memoria! Por eso Bolaños debe recordarle a su entrevistado: “Pero usted en su entrevista con Yolanda Ruiz, cuando renunció al cargo de fiscal general textualmente dijo: ‘Lo que yo le puedo decir exactamente es que la Fiscalía no participó en esas reuniones, sin embargo, sí en el suministro de la cocaína y en la entrega que se hizo en una reunión en donde participaron agentes”.

En la entrevista Martínez negó cualquier tipo de colaboración con la DEA en la operación y se declaró sorprendido por las 24.000 grabaciones de audio en el expediente Santrich.

En días recientes el exfiscal indicó que “es de conocimiento público que la fiscalía abrió un expediente por narcotráfico en el año 2019”. El gobierno colombiano y el de Estados Unidos llevaron a cabo un operativo conjunto el 9 de abril de 2018 en el que se capturó a Jesús Santrich con el objetivo de extraditarlo. Luego de contrastar fechas cabe preguntar: ¿Sobre qué fundamentos actuaron la Fiscalía y las autoridades colombianas?

Lea en Razón Pública: Claves para entender el caso Santrich

La alianza DEA-Fiscalía

La entrevista anterior es valiosa para estudiar el informe que Edinson Bolaños publicó en El Espectador el 8 de noviembre, y donde queda clara la confabulación contra la paz entre la extrema derecha colombiana y la Administración de Estados Unidos.

El acuerdo entre el Gobierno y las FARC se firmó en Bogotá el 24 de noviembre de 2016. El 1 de agosto anterior se había posesionado Néstor Humberto Martínez como fiscal general. Un mes después de ocupar el cargo, el funcionario viajó a Estados Unidos para visitar a Loretta Lynch, la fiscal general de ese país. Esta fue su verdadera posesión del cargo.

Para rubricar la reunión, Martínez calificó la eliminación manual de cultivos ilícitos como un fracaso y abogó por la reanudación de las fumigaciones aéreas, desconociendo lo convenido en La Habana.

Desde su perspectiva lo deseable era que las relaciones entre Estados Unidos y Colombia deberían apoyarse en un dispositivo central: la Fiscalía General de la Nación y la DEA. Martínez trabajó por el afianzamiento de este modelo que viola la soberanía nacional e institucional.

Este es el marco para entender todo el montaje del entrampamiento contra el dirigente de las FARC Jesús Santrich en la fabricación de una operación de narcotráfico con la participación del Cartel de Sinaloa, supuestamente representado por dos mexicanos que eran funcionarios de la DEA. Los 24.000 audios del expediente Santrich cubren la creación y el desarrollo de la inventada alianza.

Estos audios estaban en la Corte Suprema de Justicia. Ya el número de grabaciones resulta digno de atención y es escandaloso que la Fiscalía le enviara apenas doce a la JEP, sin acompañarlos de los protocolos que demanda ese tipo de información. Pero no hay que olvidar que el golpe a la Justicia Transicional fue uno de los objetivos centrales de la ofensiva contra la paz.

Foto: Presidencia de la República Néstor Humberto Martínez y Juan Manuel Santos

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Audios y textos

El estudio de los audios permite conocer los métodos y códigos de la DEA en el diseño de sus operaciones y en la construcción del delincuente involucrado como protagonista. En este caso la figura de Marlon Marín, sobrino de Iván Márquez.

Marín era importante debido al acceso a su tío y a Santrich. Desde allí, los agentes de la DEA lo convierten en un pulpo que establece relaciones con criminales para el lavado de activos, que promete abrir restaurantes y bares en Cuba, que ofrece usar instituciones bancarias en varios países y trasladar dineros a Turquía o colocarlos en paraísos fiscales de Europa.

Como puntualiza Edinson Bolaños, al día siguiente de la captura de Santrich, Marlon Marín es trasladado a los Estados Unidos como testigo protegido de la DEA.
No es claro a quién favorece o cuál es la motivación, pero allí se involucraron personajes como el exvicepresidente de la República, general Óscar Naranjo, y en menor medida la exsenadora Piedad Córdoba. El uso de enormes sumas de dólares falsos, puestos en manos de participantes, muestra la diversidad e ilegalidad de los métodos de la DEA.

Además de los audios en la investigación de El Espectador, existe un registro gráfico. Por ejemplo, está profusamente documentada la entrega de cinco kilos de cocaína el 1 de noviembre de 2017 y su salida del país el 7 de diciembre del mismo año.

Existen sobre el particular diversos documentos (resoluciones y oficios de la Fiscalía) firmados por Álvaro Osorio Chacón, delegado contra la criminalidad organizada, y Bertha Cecilia Neira Díaz, fiscal 14 adscrita a la Dirección Especializada Contra el Narcotráfico.

Lo anterior desvirtúa la explicación que Martínez ofreció en la entrevista: “no sé si tu entiendas cómo funciona la fiscalía, una entidad de 25.000 funcionarios, el fiscal general no lleva ningún caso”. Los documentos demuestran sin lugar a dudas que la Fiscalía no es un universo flotante de 25.000 ruedas sueltas.

Es claro que la operación de la DEA y la Fiscalía afectó de manera severa al proceso de paz y llevó una inseguridad profunda a los excombatientes. Para la DEA, la ambición era llevar a Iván Márquez a una bodega con diez toneladas de cocaína para poner en marcha un operativo de captura.

Pero la agencia tuvo que contentarse con la exhibición de las chapuzas de grabación donde aparecía Santrich y que no probaban nada. Sin embargo, el personaje fue capturado y así se consumó el atentado contra el Acuerdo de Paz.

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Más allá del Acuerdo

Los problemas no se limitan al Acuerdo de Paz. La documentación muestra la precariedad e ilegitimidad de diversas instituciones, el menosprecio a la soberanía nacional y la precariedad de Colombia como Estado de Derecho.

Esta historia que comienza en su dimensión documental con 24.000 grabaciones no puede desaparecer de la conciencia del país y de la memoria institucional por el paso del tiempo.

El nuevo presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes, destacó la reiterada negativa de la Fiscalía a las solicitudes de información formuladas una y otra vez por la Sección de Revisión de la JEP.

Igualmente, este organismo se estrelló contra la negativa de Estados Unidos para asistir jurídicamente en el caso Santrich. La intervención de Eduardo Cifuentes señala una nueva vía que brinda información sobre el caso que abrió la investigación del periodista Edinson Bolaños.

En este momento aparece como muy oportuno el debate de control político que se ha anunciado a altos funcionarios del gobierno Duque sobre las revelaciones en el expediente del caso Santrich. Los senadores Gustavo Petro, Roy Barreras, Iván Cepeda y Antonio Sanguino citaron este debate. Pero, sin lugar a dudas, el tema convoca al conjunto de la sociedad civil.

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Medofilo MedinaEste primero de mayo se expresaron los trabajadores de muchos países del mundo, y también los de Colombia. Sus razones, hoy por hoy, son aún más evidentes.

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Desde los tiempos de estudiante de bachillerato quise escribir en algún periódico, incluso con otros dos compañeros fundamos uno y si era de bachilleres cómo se iba a llamar? pués: Avance Juvenil.

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Medofilo MedinaEn el norte del Cauca no se resuelven los conflictos sociales, ni cesan la violencia y la presencia de narcotraficantes, pero el Estado se empeña en resolver todos los problemas con más fuerza militar.

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