
DE LAS VERDADES Y LAS MENTIRAS EN EL FANGO DE LA POLÍTICA
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No me siento autorizado para evaluar el sistema de salud, ni es el objetivo de esta columna entrar en el debate sobre las reformas propuestas por el gobierno actual. Se trata solamente de defender la objetividad, la veracidad, la profesionalidad de los investigadores y la responsabilidad de los funcionarios con capacidad para influir en la opinión pública. Un senador de la República no puede ir por ahí tocando temas tan delicados, como si de tararear una melodía de salsa se tratara.
No cabe en este escrito un análisis exhaustivo de la cifras, pero basta con examinar, en términos generales, el comportamiento de la mortalidad en la historia reciente de Colombia, en este caso, lo transcurrido del siglo XXI. Colombia se encuentra entre los países americanos con mejor desempeño en materia de aumento de la expectativa de vida. Ésta, entre el año de 2000 y el 2021 aumentó para América Latina y el Caribe, al pasar de 71.2 años, a 75.1 en el final del período citado. Colombia, en el mismo periodo, se destacó al pasar de 71 años a 76.8, es decir, por encima del promedio regional*. Este dato indica que el sistema de salud funcionó mejor que en cualquier otro periodo de la historia nacional. Si la cifra del senador fuera, forzando mucho la “gracia de discusión”, una cifra cierta, lo pasado sería peor.
Debe aclararse que la disminución de muertes violentas en la segunda mitad del periodo, no alcanza a afectar, de manera significativa, los logros de la salud pública. Independientemente de si se necesita o no reforma, lo construido en los últimos 30 años, es lo mejor que hemos tenido los colombianos. Desde luego es perfectible, pero las comparaciones internacionales lo ponen por encima de muchos países con niveles de riqueza y desarrollo social más elevados. La reforma propuesta que se debatirá de nuevo en el Congreso, es, en su primera versión un verdadero disparate. El modelo de gestión propuesto para el servicio lo, haría no sólo menos eficiente, sino muchísimo más costoso y más propenso a la corrupción.
En el período de las 1.427.240 muertes que es el caballo de batalla de la exministra, contados los dos años de los extremos del periodo 1998-2021, hubo en total 2.671.170. Pretender que más de la mitad de esos decesos son responsabilidad de las EPS, más que una exageración es maledicencia y engaño con fines que sólo pueden ser despreciables. Son formulaciones que asustan: el mundo de la política es un campo de batalla donde se usan armas prohibidas. Al ritmo de los dedos en el celular, se lava el cerebro de las masas, el de los más vulnerables a la mentira y a las teorías conspirativas que tranquilizan las ansias de saber de los menos enterados.
La reflexión que plantea el uso de información falsa en el trámite político, es ominosa. La historia del siglo XX muestra como los gobiernos autocráticos, totalitarios o no, pero dictaduras en su mayor parte (las democracias, aunque en menor cuantía, también han caído en el pecado) han llevado el uso de la mentira hasta escalas inimaginables. Goebbels acuñó aquello de “mentir en grande” porque cuanto más lo sea el embuste, mayor será la credibilidad. En nuestro solar está vivo todavía el “calumniar, calumniar que de la calumnia algo queda” utilizado por un dirigente de ingrata recordación. Más atrás están las leyendas bíblicas que validan el engaño: Jacob engaña a su padre para “colarse” en la fila, Raquel engaña a Labán, su padre, para ocultar el robo de los diosecillos del hogar, José engaña a Jacob cuando le cruza los brazos para que puestas en las cabezas de los nietos, la bendición de la derecha caiga sobre el no destinado a recibirla y Tamar engaña a Judá para que cumpla la ley mosaica. Si así son las vainas en el libro sagrado ¿quién podrá defendernos en la política pétrea de nuestro azotado país?
*Los datos de mortalidad fueron tomados de: Castañeda Orjuela, Carlos, et.al., “Monitor Estratégico”, Bogotá, Superintendencia de Salud, julio-diciembre de 2014.
Acerca del autor
Armando Borrero
Cofundador de Razón Pública.
Sociólogo, Especialista en Derecho Constitucional, Magíster en Defensa y Seguridad Nacional. Se ha desempeñado como Consejero Presidencial para la Defensa y Seguridad Nacional. Profesor de la Universidad Nacional de Colombia.
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