Carlos Acero Castellanos, autor en Razón Pública

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La legítima elección de Leopoldo Múnera como rector de la Universidad Nacional me alegra, pero no es suficiente para calmar las aguas en esa institución. Ante afirmaciones imprecisas o falsas de ex directivos de la Universidad y de algunos oportunistas es necesario realizar algunas precisiones:

“Se violó la autonomía universitaria”

La autonomía es un derecho que la Constitución de 1991 le otorgó a las universidades para que sus comunidades puedan gobernarse sin que exista injerencia de algún gobierno. A pesar de ello, el Decreto 1210 de 1993 le otorgó al presidente de la República 3 de 8 puestos del Consejo Superior (CSU) de la Universidad Nacional, su máximo órgano de decisiones.

Desde que existe el derecho a la autonomía universitaria los presidentes de la República siempre han ganado la elección de rector en esa institución, poniendo sus 3 votos en función de ello. Pero nunca hemos escuchado a Ignacio Mantilla, Moisés Wasserman, Ismael Peña, Dolly Montoya y su combo escandalizarse por las victorias presidenciales. Tampoco se pararon en las pestañas cuando en 2012 y 2015 el movimiento universitario exigió el respeto de los resultados de la consulta universitaria que daba como ganadores a dos profesores que no eran de la corriente del gobierno de turno. Claro, su silencio respondía a que eran sus nombres los designados para gobernar a la Universidad a espaldas de la comunidad.

Menos escuchamos a Paloma Valencia o al Centro Democrático defender la autonomía universitaria en el pasado. Una breve búsqueda de esas dos palabras en sus cuentas de redes sociales corrobora que entraron a su léxico apenas en mayo de este año. (Ver hipervínculos).

“Múnera es un alfil de Petro”

Leopoldo Múnera no sería rector sin los votos de las 3 delegadas de Petro en el CSU, no cabe duda. Pero hay que ser muy deshonesto para afirmar que el nuevo rector es un apéndice de Petro. La trayectoria académica e intelectual del profesor Múnera da luces de que será un rector garante de la autonomía universitaria.

Múnera siempre se ha comprometido con las causas del movimiento universitario, es amigo del estudiantado, los sindicatos y la organización profesoral. Nunca se ha inscrito en proyectos político-electorales y no ha ahorrado críticas a procesos de izquierda cuando lo considera pertinente.

Cuando Múnera menciona el concepto de “Constituyente Universitaria” aclara que se trata de un proceso interno de la Universidad, que es anterior al concepto constituyente de Petro y que su resultado debe ser aprobado en el CSU de la institución, no en la transformación de la Constitución Política del país.

El legítimo rector de la UN tampoco es un notario de la política educativa del gobierno. Por el contrario, desde septiembre de 2023 la organización profesoral ‘Bien Común’ -a la que pertenece Múnera- formuló fuertes críticas a la propuesta de Ley Estatutaria de Educación de Petro, advirtiendo que su indefinición conceptual terminaría favorecido las lógicas mercantiles en la educación.

Sobre la legalidad de la elección

Arrancando la semana, el profesor Rodrigo Uprimny compartió las precisiones jurídicas, y también algunas dudas, sobre la legalidad de la elección de Leopoldo Múnera.

Así como Uprimny, considero que hay fundamentos sólidos para justificar la legalidad de la revocatoria de la elección del ilegítimo Ismael Peña. El acto electoral que elegía a Peña nunca se perfeccionó por cuenta de que la Secretaría General de la Universidad -aliada de Peña y su combo- no lo permitió; su posesión autenticada en notaría carecía de todo sustento jurídico y el artículo 41 del Código de Procedimiento Administrativo permite revocar la decisión hasta tanto la misma no se perfeccione.

Sin embargo, no puedo dejar de señalar que existen dudas justificables sobre el procedimiento exprés con el que eligieron a Múnera en vez de haber nombrado un rector encargado mientras se resolvían diversas controversias, algunas en el interior de la Universidad y otras en el Consejo de Estado. Espero que del afán no quede el cansancio, caso en el que nuevamente el gobierno sería responsable por el mal procedimiento.

Ñapa: Petro pesca en río revuelto

Rechazar la hipócrita defensa de la autonomía universitaria por quienes la han tenido secuestrada, exponer el oportunismo de quienes quieren pintar a Múnera como petrista, o respaldar en términos generales la salida jurídica de esta elección no son motivos suficientes para callar sobre el intento de Petro por usar al movimiento universitario para sus fines políticos.

El gobierno no abordó la elección de rector de la Nacional con rigor, abrió la puerta a la crisis, usó la peligrosa ley de inspección y vigilancia y ha querido absorber el proceso constituyente universitario en la transformación de la Constitución de 1991. Y la tapa: abrió la puerta para que el derecho fundamental a la educación se convierta en la peor contrarreforma educativa de la historia.

Estas son algunas precisiones necesarias para insistir en la defensa de la autonomía y democracia en las universidades colombianas.

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Carlos Acero Castellanos

*Abogado y Magister en Derecho Internacional de la Universidad de los Andes. Twitter: @CarlosAceroC

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Petro pasa por serias dificultades que son atribuibles a su propia gestión. Decir lo anterior no borra las responsabilidades de gobiernos previos y lo mal que dejaron al país, pero quien gobierna hoy debe asumir sus responsabilidades.

El nuevo modelo de salud para docentes expone la autodestrucción. La necesidad de mejora del régimen especial de salud del magisterio nunca fue la discusión, el tema estaba en el cómo. Lo que definitivamente no se debía hacer fue lo que Petro hizo.

Primero, le entregó la dirección de la administración de entre 12 y 18 billones de pesos del FOMAG a una cuota de los partidos de la U y Conservador: Mauricio Marín. Un personaje turbio, ficha de las parapolíticas Zulema Jattin y Eleonora Pineda e investigado penal y disciplinariamente por presunta corrupción tras su paso por Ferrocarriles de Colombia. Petro puso al ratón a cuidar del queso.

Luego, en contra de la voluntad de FECODE el presidente prorrogó en dos oportunidades los contratos con los operadores de salud antiguos a los que acusaba de corruptos, aunque nunca los denunció en la Fiscalía como indica la lógica. Pero lo más grave es que el 1 de mayo se puso en marcha el nuevo y raquítico modelo de salud sin que existiera planeación, contratación completa de servicios, debida información a los usuarios, mecanismos de auditoría de costos y manuales tarifarios.

Ante la crisis, la reacción del gobierno ha sido tan lamentable como la implementación del modelo. En menos de 20 días el ministro de salud dio un salto mortal triple al pasar de decir que éste era el piloto de la reforma a la salud a recular afirmando que el modelo del magisterio en nada se parece al modelo de salud que propone el gobierno para el resto de la población. Mientras tanto, las ministras de Educación y Trabajo y el ministro de Hacienda, que integran la junta directiva del sistema, no aparecen.

La mayor canallada corre por cuenta de Petro. El domingo desde Twitter acusó a FECODE de ser el responsable político de la crisis, aunque ese sindicato no es quien gobierna. No en vano reza el dicho “mal le paga el diablo a quien bien le sirve”.

En el plano económico también se evidencia la autodestrucción. Se avecina una crisis de financiamiento del Estado, lo anterior por cuenta de estimaciones excesivamente optimistas de recaudo de impuestos e ingresos por litigios que realizó este gobierno a principios de su mandato.

Claro está que al mal cálculo se suma la caída en la inversión, que golpea de manera semejante a otros países de la región, y un cuestionado fallo de la Corte Constitucional que impide al gobierno recaudar 6.7 billones de pesos vía prohibición de deducción de regalías para el impuesto de renta de las empresas mineras.

La semana pasada la Corte realizó una audiencia para escuchar al ministro de Hacienda sobre este último tema. Se trataba de la oportunidad de oro para convencer a los magistrados de que implementar de inmediato el fallo implicaba afectar la sostenibilidad fiscal del país, razón por la que debían modificar su decisión y darle un salvavidas al gobierno para ajustar las finanzas públicas. El ministro Bonilla llegó a la cita más importante de su vida y de las finanzas de su gobierno sin haberse preparado. En el pasado, otros ministros hacían lobby por el despacho de cada magistrado, llevaban presentaciones rigurosas y calculadora en mano para convencer a la Corte.

Fue tal la negligencia de la presentación del ministro que algunos de sus funcionarios optaron por abandonar la audiencia para evitar la pena ajena. Naturalmente la Corte ratificó su fallo, apretando el presupuesto nacional.

A la autodestrucción escapaba el poco resistido proyecto de ley estatutaria de educación. Algunos se atrevieron a titular que la educación era el verdadero acuerdo nacional. Desafortunadamente el pésimo manejo que le dio el gobierno a la elección de rector en la Universidad Nacional detuvo el avance del proyecto y tiene en crisis a la universidad pública más importante del país.

El gobierno estaba advertido sobre las trampas que una camarilla iba a utilizar para violar las reglas e imponer a un rector ilegítimo; podría haber evitado que se usara. Además, era claro que Petro no tenía en sus delegadas la mayoría para elegir al rector, motivo por el que debía emprender una campaña activa para lograr un voto adicional.

Ni lo uno ni lo otro. Las delegadas de Petro se dejaron meter una metodología de elección ilegal y no se movieron para garantizar la mayoría.

Al final, docentes, estudiantes y contribuyentes son quienes pierden, porque no ven la materialización del cambio. Vaya uno a saber si los “errores” del gobierno han sido premeditados, pero la autodestrucción encaja perfectamente con el caprichoso deseo de convocar a una constituyente.

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*Abogado y Magister en Derecho Internacional de la Universidad de los Andes. Twitter: @CarlosAceroC

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En Colombia no es sencillo hacer pedagogía sobre el genocidio al que se encuentra sometido el pueblo palestino por parte del Estado de Israel.

Con frecuencia la primera referencia que cualquier persona tiene sobre Israel se remite a la Biblia, se asocia con ideas positivas, gestas y tierras para adorar a Dios. Por lo mismo, es normal que los cuestionamientos al Estado de Israel fácilmente se confundan con alguna especie de crítica a las figuras del catolicismo, aunque esa nunca es la intención.

Esta semana un partido de fútbol, el deporte de referencia global, nos puso nuevamente a hablar del tema. Pero una vez más el preconcepto, sumado a los inconformismos coyunturales con el gobierno que apoya la causa palestina, termina nublando el fondo del asunto: recordar que la causa palestina es una causa de toda la humanidad.

Lo peor es que esas confusiones terminan expresadas en ríos de caracteres de agravios en las redes sociales.

Un muy rápido recuento

El 14 de mayo de 1948 se creó el Estado de Israel por resolución de la ONU. Nadie puede negar, ni dejar de rechazar, el genocidio al que el nazismo sometió al pueblo judío. Tampoco se puede desconocer que dicho pueblo tiene vínculos históricos con el territorio que hoy ocupa Israel. Mucho menos se deben revivir discursos de odio contra su pueblo o su religión.

Sin embargo, la creación del Estado de Israel fue una solución de escritorio de colonialistas occidentales, especialmente Inglaterra, sin importar que la misma afectaría a un territorio habitado por palestinos, creando nuevas catástrofes humanitarias.

Desde entonces el pueblo palestino ha sido víctima de la ocupación de su tierra por vías militares y jurídicas -estas últimas no conformes con el derecho internacional-.

De 1948 a 1967 alrededor de 750 mil palestinas -que equivalen a la actual población de Cúcuta- tuvieron que desplazarse forzadamente en su región, hacia Gaza y Cisjordania. También tuvieron que hacerlo por todo el mundo, encontrando, entre otros, a Chile como un país de alta recepción de migrantes en nuestro continente.

Además, el pueblo palestino ha sido perseguido en su tránsito, ha sufrido la construcción de muros que dividen sus tierras -2002-, ha visto asesinatos sistemáticos de parte del Estado de Israel y no ha tenido el derecho de tener un Estado plenamente reconocido en instancias internacionales.

Toda esta política de naturaleza colonialista ha sido sistemáticamente patrocinada por las grandes potencias occidentales, proveedoras de armas a Israel.

La actualidad

Décadas de colonialismo han dado pie a grupos y conflictos armados en la región, incluyendo actos completamente condenables como la masacre de más de 1.200 civiles de Israel el 7 de octubre de 2023 a manos de Hamás.

Tal como ha sido su costumbre, el Estado de Israel ha respondido con tal desproporción que viola las distintas normas del derecho internacional que buscan prevenir el genocidio y los crímenes de guerra.

La ONU hoy registra que Israel ha asesinado a más de 35 mil personas desde el 8 de octubre, la misma cantidad de vidas que podría colmar el estadio El Campín de Bogotá. 7.797 son niños y niñas.

La ofensiva de Israel en estos meses ha provocado el desplazamiento de más de un millón de habitantes de Gaza -población semejante a la de Barranquilla- hacia campos de refugiados en Rafah.

Como si eso fuera poco, Israel ha bombardeado estos campos desde el 6 de mayo, provocando 450 mil nuevos desplazamientos -más que la población de Manizales-. Su objetivo es la desaparición del pueblo palestino.

El partido como inatajable excusa

La presencia en Colombia de un equipo de fútbol chileno que representa la migración palestina tenía que ponernos a hablar, sí o sí, del genocidio. Seguramente muchas personas podrán preferir no tener que mezclar el momento político con el espectáculo deportivo, pero ello sería pretender pasar por la NQS en día de partido sin ver hinchas entrando al Campín.

Lo realmente importante, más allá del resultado futbolístico o la “incómoda” mezcla de temas, es que nuestra sociedad pueda reflexionar sobre un asunto tan profundo para la existencia misma de la humanidad.

Estas líneas son un aporte para ello y para que quienes legítimamente desconocen del tema puedan aproximarse al mismo con pausa y sensibilidad.

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Con frecuencia olvidamos que muchas garantías laborales y sociales que disfrutamos son resultado de luchas sindicales. Han sido múltiples los liderazgos de trabajadores y trabajadoras que hacen del mundo un lugar mejor.

Aunque el sindicalismo en Colombia no goza de una imagen muy positiva, ha sido opacado por una percepción injusta y muchas veces cargada de lugares comunes, noticias falsas o mitos, la realidad es distinta.

Son múltiples los liderazgos sindicales que trabajan a diario por la lucha contra la corrupción en el sector público, la mejora de las garantías laborales de jóvenes precarizados por nuevas relaciones productivas, el respeto por la independencia sindical frente al gobierno y los patronos, el acceso a la justicia, la seguridad aérea, la creación de conocimiento y ciencia, entre otras.

Todos estos liderazgos son silenciosos ante los grandes reflectores de la coyuntura, o el griterío nacional. La mayoría son de personas que invierten sus recursos económicos, tiempo, salud física o mental para que sean reconocidos y mejoradas las de sus pares. A continuación comparto algunos ejemplos destacables.

En la Fiscalía General de la Nación se encuentra ATRAES -FGN, organización sindical que más que pelear por su bolsillo, ha emprendido una cruzada contra la corrupción. Su causa se enmarca en exigir que más de 17 mil puestos de trabajo de la Fiscalía sean proveídos por concursos de méritos, no por recomendaciones o favores politiqueros.

A la fecha han logrado seis fallos judiciales que ratifican que los últimos tres fiscales han preferido la feria de puestos por encima del mérito y la eficiente prestación del servicio para destrabar la muy esquiva justicia del país.

Por su parte, en el ICBF, la organización Sintrabienestar insiste en la urgencia de fortalecer los equipos multidisciplinarios de las Defensorías de Familia. Abogan mejoras de la institución para poder atender las crecientes denuncias y casos de violencia intrafamiliar en contra de niños, niñas y adolescentes.

Resaltan que las crecientes obligaciones que imponen leyes como la 2126 de 2021 son necesarias para la niñez colombiana, pero que sólo pueden ser atendidas si se fortalece el talento humano. Mientras ello no suceda, no habrá verdadero acceso a la justicia y los y las trabajadoras seguirán explotadas, tanto mental como laboralmente.

En el sector aeronáutico Sintratac y ACAV representan a tripulantes y operarios de servicios conexos al transporte aéreo. Estas organizaciones han liderado un proceso de unidad entre sindicatos, empresas y entidades públicas para crear una ley que prevenga las violencias que sufren por parte de pasajeros disruptivos.

El fenómeno de pasajeros disruptivos incluye conductas de violencia física, sexual y riesgo de la seguridad de la operación de los vuelos, tanto en tierra como en aire y, dada la violencia machista, suele afectar más a las auxiliares de vuelo. La iniciativa claro que protege la integridad de estas trabajadoras, pero también piensa en cómo mejorar las condiciones de seguridad de vuelo para los usuarios.

Finalmente, destaco el compromiso por la justicia y resocialización de las personas que adelanta FECOSPEC, organización que agremia a varios sindicatos del INPEC. Sus dirigentes promueven la dignificación del sistema penitenciario, empezando por las necesidades de quienes trabajan en el mismo.

La emergencia carcelaria decretada por el Ministerio del Interior no ha impedido que grupos delincuenciales sigan asesinando a guardas del INPEC, van 4 este año. Antes que pedir prebendas salariales, FECOSPEC busca incidir en decisiones técnicas, modificaciones legales o el fortalecimiento institucional para reducir la criminalidad que opera en el interior de las cárceles y afecta a la sociedad en general.

Este año Petro, apurado por la masiva movilización del 21 de abril en su contra, decidió asaltar la fecha del 1 de mayo. Aunque algunos sindicatos puedan coincidir plena o parcialmente con el gobierno, enmarcar su agenda política en la fecha histórica e internacional de los y las trabajadoras es, cuando menos, abusivo.

Por lo mismo, varios sindicatos que no fueron afines a los gobiernos anteriores, o que incluso votaron por el actual, decidieron no movilizarse o hacerlo en conmemoración de sus causas, sean o no las del gobierno.

A pesar de las polémicas coyunturales que enmarcaron el pasado 1 de mayo, invito  valorar lo sustancial: que se reconozca la importancia de la labor sindical. Más allá del encuadre gobiernista, hay muchas razones para agradecer a quienes dedican su vida al reconocimiento de derechos de otras personas.

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Carlos Acero Castellanos

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Varias universidades están protagonizando importantes debates sobre su administración y la participación de sus comunidades en la toma de decisiones. Tanto instituciones públicas como privadas pasan por momentos de estrés institucional, reflejando el descontento de estudiantes, docentes, egresados y egresadas, y trabajadores y trabajadoras.

 La Universidad Nacional cumple casi tres semanas en paro producto de la ilegítima e ilegal elección del rector. Decisión en la que el Consejo Superior Universitario -CSU- desconoció la voluntad de la comunidad académica para que el profesor Leopoldo Múnera fuese el encargado de dirigir la universidad. Vale la pena resaltar que la consulta universitaria que aclamó a Múnera registra la más alta participación histórica de docentes, estudiantes y egresados.

La decisión del CSU tiene como agravantes que, por una parte, no hay justificación pública de ese órgano colegiado para desconocer el sentir de la comunidad y, por otra, se utilizaron mecanismos de votación que no se encuentran permitidos en las normas de la universidad para elegir al rector. El inconformismo de la comunidad universitaria es justo.

La Universidad del Rosario también pasa por un momento complicado. El jueves se conoció la decisión de la Consiliatura, máximo órgano de dirección de esa universidad, de despedir al rector Alejandro Cheyne.

Esta afortunada decisión es el desenlace de múltiples y bien fundados cuestionamientos de la comunidad universitaria sobre la estabilidad financiera de la Universidad; las críticas a la expansión inmobiliaria por sobre otros proyectos de mayor relevancia académica; la política de recortes de garantías laborales y del cuerpo docente y administrativo. Igualmente, se cuestionaba la falta de transparencia y de diálogo en la forma de dirigir y resolver los cuestionamientos de la comunidad.

En la Universidad Libre también se viven protestas y la sede de Pereira se encuentra en paro. El inconformismo de estudiantes y docentes sindicalizados en Asproul guarda relación con los anuncios de incremento del valor de las matrículas, la falta de actualización tecnológica, recortes laborales y cierres de programas y sedes.

Lo más escandaloso es que en el marco de los recortes se ha conocido que los directivos de la Universidad pagan semestralmente 220 millones de pesos por la membresía al Club el Nogal. Membresía ajena a las necesidades misionales de la institución que, lógicamente, es de uso exclusivo de los directivos.

Las tres universidades, cada una con sus particularidades, tienen en común el reclamo o necesidad de ampliar la democracia universitaria.

En la Universidad Nacional el fortalecimiento de la democracia pasa por la consolidación de un proceso constituyente universitario, que no se enmarca ni surge por la propuesta constituyente de Petro. Mientras tanto, en el Rosario los y las docentes invitan a que se defina un nuevo modelo de elección de rector que incluya la participación de representantes estudiantiles, profesorales y de egresados. En la Libre también se piden mayores espacios de representación estudiantil en los principales órganos de dirección.

La idea de fortalecer la democracia universitaria no es ajena al derecho constitucional de la autonomía universitaria, por el contrario, es la piedra angular de la misma. Para que las instituciones puedan autodeterminarse sin intromisión de poderes externos deben ser las comunidades quienes deliberen y definan sus propios derroteros académicos, financieros y administrativos. Y por comunidades entiéndase docentes, estudiantes, egresados, trabajadores y no exclusivamente un selecto grupo administrativo.

Tanto en universidades públicas como privadas la promoción de la democracia pisa callos. Esta bandera es contraria al oscurantismo académico y administrativo, se contrapone al manejo a puerta cerrada del derecho fundamental a la educación. También se pisan los callos de más de un negocio que se financia con recursos públicos o con aquellos captados de las esforzadas familias colombianas que hacen milagros para darle un mejor futuro a sus hijas e hijos.

Es urgente que se pisen los callos. En un Estado que se precia de ser social y de derecho, las universidades deben ser catalizadoras de procesos de participación y formación en democracia.

Por lo mismo, la mayor ironía es que en los campus en los que se forman las futuras generaciones de profesionales se promueva la cultura que niega la contraposición de ideas o que brote el autoritarismo de pequeños grupos desconectados de su comunidad o de la sociedad en general. Si no se forma en democracia en las universidades, ¿entonces dónde?

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Lentamente se desangra el presupuesto nacional por cuenta de los acuerdos internacionales de protección de inversiones, la mayoría contenidos en los TLC. De fallo en fallo Colombia está pagando, literalmente, los platos rotos de haber suscrito tratados internacionales de naturaleza neocolonial.

Lo más escandaloso es que como consecuencia de estos malos acuerdos el país pierde con cara y con sello.

Amparado en uno de estos acuerdos, un ciudadano estadounidense reclama más de 1 billón de pesos porque la Fiscalía extinguió el dominio de los predios en las que construía un complejo inmobiliario en Medellín, terrenos adquiridos a narcos de la Oficina de Envigado. Lo que no cuenta el demandante es que hay evidencia de que su demanda está siendo financiada por el mafioso alias “Maracuyá”. Absurdamente lo más probable es que condenen al Estado.

En otro caso, la multinacional minera Red Eagle Exploration Limited demandó al Estado por medio billón de pesos por la prohibición de actividades mineras en el páramo de Santurbán. En un reciente fallo de un Tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial no se encontró culpable a Colombia pero sí nos puso a pagar casi 12 mil millones de pesos por concepto de costas procesales.

Vale la pena recordar que por la misma protección del páramo de Santurbán otra multinacional canadiense, Eco Oro, también demandó y derrotó a Colombia en otro Tribunal del CIADI. A la fecha no se conoce el monto de la indemnización que se deberá pagar, pero esta puede superar los 2 billones de pesos, monto solicitado por la empresa demandante.

Increíblemente en estos últimos dos casos la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado -ANDJE- ha celebrado las costosas decisiones de los tribunales, alegando que no se dio plena validez a los argumentos de las empresas. Colombia: el país del mundo al revés.

Organizaciones como el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y el Comité en Defensa del Páramo de Santurbán cuestionan la visión conformista de la ANDJE. Además, insisten en solicitarle al gobierno de Petro que, en coherencia con su mandato de cambio, se retire del CIADI y denuncie todos los tratados de protección de inversiones.

El camino que proponen estas organizaciones es el que acaba de emprender Honduras. Esta ruta persigue la defensa de la soberanía nacional, las finanzas públicas y preservar el derecho de los Estados a regular múltiples asuntos sin estar sometidos al terror de multimillonarias demandas internacionales.

Decisiones como las sugeridas por las organizaciones de derechos humanos o la de Honduras no son caprichos . Con gran rigor académico, los profesores Prieto-Ríos y Urueña

han aportado a los debates contemporáneos de derecho internacional económico

identificando que:

“El régimen de protección internacional de inversiones extranjeras es probablemente el sistema más cuestionado, ya que se urigen ha sido enmarcado en el más agresivo expansionismo imperialista, mientras que el sistema de solución de disputas inversionista-Estado ha sido sistemáticamente cuestionado como sesgado a favor del inversionista poco transparente en su proceso de toma de decisiones, incoherente e impredecible”.

Desafortunadamente el gobierno no da luces de seguir el ejemplo hondureño, de las exigencias de organizaciones sociales o las recomendaciones académicas. Por el contrario, Petro ha suscrito nuevos mecanismos de solución de controversias inversionista-Estado en dos tratados adicionales, uno con Emiratos Árabes y otro con Venezuela. Además, negocia uno semejante con Catar.

Aunque estos nuevos tratados puedan contener algunas protecciones mayores para el Estado en materia ambiental o que los tribunales no se constituyan en el CIADI del Banco Mundial, que persista la idea de que el modelo a seguir es el de tribunales de arbitraje inversionista-Estado es el gran error.

Los gobiernos de izquierda de Colombia y Venezuela pierden una oportunidad histórica para construir nuevos y verdaderos paradigmas, distintos a los usados por las potencias del norte global, en materia de promoción de cooperación y promoción de inversiones.

A la fecha Colombia tiene activos 15 litigios internacionales de inversión con pretensiones de casi 60 billones de pesos, si el gobierno no denuncia dichos tratados la avalancha de demandas será catastrófica. Más aún si persiste en decisiones como la intervención a Sanitas – Keralty de España- o la suspensión de la licitación de pasaportes -Thomas Greg & Sons de Reino Unido-.

Los tribunales internacionales, impredecibles pero usualmente favorables para las multinacionales, seguirán desangrando las finanzas del país.

Nota: En enero salió de la ANDJE una de las funcionarias que más insistió en ver como victorias las derrotas de Colombia en los tribunales y que defendió la permanencia del país en los modelos de solución de controversias inversionista-Estado. Los medios la presentaron como una gran pérdida para el país. Colombia: el país del mundo al revés.

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Ante cada revés en la agenda del gobierno, Petro acude a la idea del “mandato popular” que en las urnas lo llevó a la presidencia. Según el presidente su gestión de cambio no avanza porque otras instituciones del Estado o poderes privados desconocen el querer del pueblo. 

El mandato popular está expresado en el programa de gobierno presentado por Gustavo Petro y Francia Márquez y se complementa con los compromisos adquiridos en campaña. Sin embargo, el mandato popular no puede ser interpretado al capricho diario del presidente, mucho menos puede ser patente de corso para equivocarse sin asumir consecuencias.

En campaña presidencial Petro reiteró, literalmente hasta el cansancio, que no convocaría a una asamblea nacional constituyente. Es más, cada que respondía a ese cuestionamiento tajantemente concluía: “Nosotros no necesitamos cambiar la Constitución para cambiar al país. Con la Constitución del 91 se puede cambiar al país”. 

Por descartar ideas como la de la constituyente Petro logró el respaldo de buena parte del centro, e incluso de la izquierda, determinantes para derrotar a Rodolfo Hernández. Así, la ruidosa propuesta constituyente representa lo contrario al mandato popular.

Afortunadamente la convocatoria de una constituyente carece de cualquier posibilidad. Para que se convoque al pueblo a decidir realizar o no una constituyente Petro necesitaría que las esquivas mayorías del Congreso le aprueben una ley convocante.

Ahora bien, en el hipotético caso de que se encontraran las mayorías del Congreso para abrirle paso a la constituyente, el presidente necesitaría más de dos millones y medio de votos adicionales a los que lo apoyaron en la segunda vuelta de 2022. No sólo sería difícil conseguir esos votos nuevos sino mantener los 11.3 millones que obtuvo hace casi dos años, defraudados por la mala gestión y los crecientes escándalos de corrupción.

Pero la propuesta de la constituyente no es la única contradicción del gobierno al mandato popular.

Ni una sola persona que votó por Petro quería que la transformación del sistema de salud incluyera regalarle por ley 8 billones de pesos anuales a las nuevas EPS, que ahora tendrán menos responsabilidades en el sistema. Regalo que está redactado en el texto de reforma a la salud tras las negociaciones entre el gobierno con los partidos de la U, Liberal y Conservador.

El mandato popular tampoco avaló continuar con malos tratados comerciales que incluyen someter al país a tribunales de arbitraje internacional. Petro, sin renegociar los TLC como prometió, ya firmó un acuerdo semejante con Emiratos Árabes, otro con Venezuela y negocia uno con Catar. Sindicatos, organizaciones de derechos humanos y academia han cuestionado este incumplimiento al mandato.

El pueblo también votó por el presidente que cambiaría el enfoque de la política de lucha contra las drogas promovida por las potencias del norte. Desafortunadamente, mientras presenta discursos críticos sobre el tema ante la ONU, este gobierno promueve la construcción de una estación guardacostas en Gorgona. Aunque el Partido Comunista Colombiano lo niegue sin sonrojarse, el proyecto militar es completamente funcional a la política antinarcóticos de EEUU, como lo ratifica el embajador de ese país en Colombia.

Y de ninguna manera el mandato popular facultó al presidente Petro a reunirse a escondidas, y con fines que a hoy siguen siendo desconocidos, con la ex Fiscal Martha Mancera, cuestionada por encubrir al narco fiscal Pacho Malo.

Es altamente cuestionable pensar que el mandato popular le concede al presidente realizar acuerdos con las familias Sarmiento o Gilinski, Grupo Aval y Revista Semana, respectivamente. Por lo mismo, no sorprende que Luis Carlos Sarmiento, lejos de actuar como la oposición uribista, conceda que la  reforma “pensional tiene cosas buenas y unas no tan buenas”. 

El mandato también está defraudado ante el olvido y la desidia para financiar la ciencia, tecnología e innovación. El presidente pasó de prometer “financiar robustamente” al Ministerio de Ciencias a asignarle el presupuesto más bajo en 15 años. Peor que Santos y Duque.

Y la lista podría seguir.

La semana pasada el presidente de Chile, Gabriel Boric, le concedió una entrevista a El País. Boric llega a dos reflexiones sobre las que nuestro gobierno debería meditar. Primero, que “la izquierda en América Latina ha tenido la tendencia de no hacerse cargo de sus propios errores”. Segundo, ante las derrotas de la agenda de gobierno “uno tiene que saber adecuarse, ha de tener cintura, manteniendo una coherencia con los principios”.

En vez de tergiversar a su antojo el mandato de cambio, o enquistarse en sus dogmas, a Colombia le haría bien que el primer gobierno de izquierda asumiera sus errores y supiera buscar apoyos en sectores de centro y centro izquierda. Sin regalarse a las maquinarias pero sin exagerar en la inmediata materialización de utopías.

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La fiscal encargada Martha Mancera debe ser reemplazada por un/a fiscal ad hoc en varios de los más graves casos de corrupción y narcotráfico del país. Las revelaciones periodísticas de Daniel Coronell y Revista Raya apuntan a que la hoy fiscal general podría tener múltiples responsabilidades penales en el caso de encubrimiento al ex director del CTI, alias “Pacho Malo”.

Los pecados

Las denuncias periodísticas dan cuenta de que: i) Mancera conoció que dos agentes del CTI habían presentado un informe mediante el que informaban que el Director del CTI Buenaventura era un alto mando de una banda de narcotraficantes del Pacífico; ii) Mancera sabía del hallazgo, pero mantuvo al funcionario durante más de 2 años en el cargo; iii) una funcionaria de la Fiscalía que ha sido pareja sentimental de la fiscal (e) solicitó reasignar esa investigación tras el hallazgo -presuntamente para engavetarla-; iv) el novio de la mano derecha de Mancera presionó a los agentes del CTI para que cambiaran sus versiones que señalaban a “Pacho Malo” y; v) la fiscal ha mentido ante la prensa cuando se la confronta sobre estos casos.

Como si lo anterior fuera poco, a los agentes que identificaron a “Pacho Malo” se les abrió una investigación penal a los cuatro días de haber presentado su informe y se los ha llevado en dos oportunidades a la cárcel, incluso por delitos que el juez sexto municipal de control de garantías de Manizales dijo que están mal imputados.

Y la cereza del pastel. A modo de cortina de humo en febrero de este año la fiscal Mancera, como vocera del caso, anunció con bombos y platillos la captura y encarcelamiento de “Pacho Malo”. Sin embargo, al funcionario delincuente no le imputan delitos relacionados con el narcotráfico, lo que judicialmente puede terminar beneficiando al indiciado que, según la prensa, ha sido protegido por Mancera.

El artículo 56 del Código de Procedimiento Civil señala que, entre otras, son causales de impedimento: i) que la funcionaria judicial o su compañera permanente tenga interés en la actuación procesal; ii) que la funcionaria haya manifestado públicamente su opinión sobre el proceso; iii) que exista amistad íntima o grave enemistad entre la funcionaria y las partes del proceso y; iv) que la funcionaria haya actuado previamente en el proceso. Causales aplicables a la fiscal.

Así, mientras Mancera sea fiscal encargada, ojalá por muy poco tiempo, la Corte Suprema debería nombrar un/a fiscal ad hoc que asuma todos los casos en los que la fiscal en encargo se encuentre impedida.

Ese escenario es posible: el país ya lo vivió en 2019 cuando Néstor Humberto Martínez tuvo que ser apartado de su cargo para investigar la corrupción de Odebrecht – Grupo Aval. En ambos casos, si actuaran con rigor, los fiscales terminarían por encontrarse a ellos mismos.

Claro está, sería mejor que de una vez por todas la Corte eligiera fiscal y no dejara al país sin la posibilidad de que se investiguen los delitos del narcotráfico y corrupción con imparcialidad.

La bendición

El gobierno de EE.UU. ha dado un espaldarazo a la fiscal encargada. En una entrevista reciente con María Jimena Duzán el embajador de ese país dijo: “tenemos la confianza en que [Mancera] es una persona honesta y que siempre ha cumplido con sus deberes.” Además, sin mayores fundamentos, sembró dudas sobre las denuncias periodísticas en contra de Mancera, señalando que pueden tratarse de un ataque político.

La última palabra sobre el rol de Martha Mancera en el caso “narcos – Pacho Malo” la debe tener la justicia. Por ello, celebro que la Congresista Jennifer Pedraza le haya solicitado a la Fiscal (e) declararse impedida. Ahora la Corte Suprema debe tomar cartas en el asunto.

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Carlos Acero Castellanos

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Carlos Acero Castellanos

*Abogado y Magister en Derecho Internacional de la Universidad de los Andes. Twitter: @CarlosAceroC

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Hoy jueves 22 de febrero nuevamente la Corte Suprema de Justicia deberá realizar una nueva ronda de votación para elegir fiscal. Hace quince días tuve la oportunidad de exponer las razones por las que considero que la Corte Suprema debe elegir fiscal ya.

Deseo que la convulsión que ha causado este proceso electoral termine hoy, pero en caso de extenderse, y para la posteridad, vale la pena analizar varios argumentos o posverdades que han hecho carrera por estos días.

“Que la Corte tiene derecho a demorarse y que la demora ha sido costumbre”.

Si bien es cierto que la Corte no tiene un plazo legal para elegir, no es menos relevante que la interpretación en conjunto de normas constitucionales orienta a la Corte a elegir de manera oportuna, como sostiene el jurista Ramiro Bejarano.

A modo de ejemplo, el artículo 2 de la Constitución Política ordena a todos los entes del Estado garantizar la efectividad de los principios constitucionales. Es decir, el pronto funcionamiento de entidades como la Fiscalía debe ser priorizado por la Corte.

El constitucionalista Rodrigo Uprimny hizo un análisis comparativo de los tiempos de elección de los fiscales desde 1992 hasta la actualidad. El resultado es concluyente: salvo en la elección de 2009-2010, atravesada por la atípica reelección presidencial de Uribe, ninguna Corte se había demorado tanto como la actual en elegir fiscal.

“Que hubiese sido indebido nombrar fiscal antes de haber terminado el periodo de Barbosa porque se limitaba su actuar”.

Este argumento raya entre el engaño y la mediocridad retórica. Como las elecciones de múltiples cargos de altos poderes del Estado, esta escogencia ocurre con anterioridad al vencimiento del periodo de quien ejerce la dignidad.

Sería absurdo pensar, por ejemplo, que la elección de Presidencia debería ocurrir con posterioridad al 7 de agosto del 2026 cuando Petro deje su cargo. Lo que sí es lógico, es que durante el término de finalización del periodo el o la nueva funcionaria elegida no debe intervenir ni orientar las funciones que todavía no ejerce.

“Que se cocina un golpe blando en contra de Petro”.

Que a unos poderosos les incomode tener a Petro de presidente y politicen entes judiciales y de control para atacar al gobierno no significa que haya un golpe a la vuelta de la esquina. Ante arbitrariedades de la Procuraduría y la Fiscalía, el presidente tiene todavía múltiples instancias legales, nacionales e internacionales, que impedirían sanciones definitivas.

Además, la historia geopolítica de América Latina sugiere revisar si el tío Sam respalda el golpe, aspecto que por ahora ni se asoma. Mal le fue a la bancada del Centro Democrático en Washington, a donde fue a buscar la bendición del norte para legitimar la inestabilidad institucional en Colombia: volvió con el rabo entre las patas.

Mientras tanto, Petro defiende a capa y espada, y con mucho green wash (lavado de cara con falso ambientalismo), un proyecto militar de Estados Unidos en el Parque Natural Gorgona para continuar con la fracasada lucha militar contra el narcotráfico. Según científicos, los impactos ambientales del proyecto serán nefastos para, entre otras especies, delfines, tortugas y ballenas.

“Que Petro no quería presionar a la Corte sino que fue una marcha ciudadana”.

Falso. Aunque no se puede generalizar y desconocer iniciativas autónomas y espontáneas para exigir pronta elección, la idea de protestar en la Corte surgió del desesperado trino del presidente en la noche del viernes 2 de febrero.

“Que no se puede presionar a la Corte con marchas”.

Nuevamente falso. La protesta social es un derecho fundamental que le permite a cualquier persona discrepar y reclamar ante cualquier entidad pública o privada. Por Constitución este derecho sólo podría ser limitado por una ley estatutaria, pero no existe ley alguna en Colombia que impida protestar ante actos o decisiones de la justicia. Claro, la protesta debe incomodar, pero también debe ser pacífica para ser legal.

Puede ser cuestionable y poco diplomático que un presidente llame a protestar en contra de otro poder, pero ello no es automáticamente ilegal.

“Que los sindicatos -FECODE- no pueden marchar por temas ajenos a su profesión”.

Otra mentira. Lo antes dicho sobre el derecho a la protesta cobija a los sindicatos y nada les impide protestar por lo que quieran. Sería ilegal si declararan una huelga con cesación indefinida de actividades como mecanismo de presión para obligar a la Corte a elegir. Sin embargo, ese no fue el caso.

Estos son apenas unos argumentos que se han escuchado por estos días. Al final, la invitación es a no caer en lugares comunes o acusaciones sensacionalistas que terminan limitando el debate público a desesperados opositores y acríticos defensores.

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Carlos Acero Castellanos

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Carlos Acero Castellanos

*Abogado y Magister en Derecho Internacional de la Universidad de los Andes. Twitter: @CarlosAceroC

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La Corte Suprema de Justicia tiene la gran responsabilidad de elegir fiscal antes de que termine el periodo de Francisco Barbosa el 12 de febrero. La pronta elección de fiscal será una buena noticia para el país en múltiples aspectos, tales como la independencia y despolitización de esta entidad, el fortalecimiento de las instituciones y la eliminación de narrativas —o intentos— golpistas.

Es bien sabido que la Corte no tiene fecha límite que la obligue a elegir fiscal. Pero sería a todas luces inconveniente que, con la excusa del tiempo —producto de un grave error de regulación de este proceso de elección— la Corte aplace indefinidamente su deber. 

Más que un problema de naturaleza legal, la elección de fiscal en la actual coyuntura le asigna un peso de responsabilidad institucional y democrática a los y las magistradas.

Si la Corte cumple pronto con su deber eliminaría el alegato petrista de golpe blando. Por una parte, dejaría sin piso la acusación de que a los intereses partidarios de Barbosa y Margarita Cabello se ha sumado una alta corte. Por otra parte, iniciaría a tiempo una nueva administración en la Fiscalía, exenta de favoritismos políticos contrarios —o favorables— al gobierno y liderada por una mujer que, por el perfil de las ternadas, cuenta con trayectoria y méritos suficientes para ocupar el cargo.

La urgente elección también pondría fin a la manipulación de la Fiscalía con fines políticos y partidarios. Han sido tan claras las actuaciones parcializadas del fiscal Barbosa que se justifica pensar que en cualquier momento podría adoptar alguna decisión infundada para desestabilizar al gobierno. 

Barbosa, compañero de pupitre de Duque, llegó al cargo por amistad y no por experiencia. Sin estudios especializados en derecho penal o trayectoria en política criminal Barbosa se convirtió en un comodín para que el Centro Democrático y Duque hicieran y deshicieran. 

Esta Fiscalía se esforzó por hacer tiempo para que las investigaciones en contra del ex presidente Uribe, por falsos testigos en el marco de la parapolítica, se acerquen al vencimiento de términos. Tampoco investigó con rigor el ingreso de recursos del narcotraficante Ñeñe Hernández a la campaña de Duque, entre otras.

Con la llegada del gobierno de Petro sí apareció el fiscal “riguroso”. Con un rasero distinto, Barbosa investiga con diligencia cada uno de los movimientos del actual gobierno. Y no es que no puedan existir motivos, pues se debe conocer la verdad del caso de la corrupción electoral de Nicolás Petro, de la chuzada a la niñera de Laura Sarabia, o de los dineros sucios que llegaron a la campaña, como dijo Armando Benedetti. Pero el hambre por enjuiciar a como dé lugar al entorno de gobierno desfigura la imparcialidad de la justicia.

Ha sido tan escandaloso el sesgo político del actual fiscal que el país ha olvidado la terrible gestión de su antecesor, Néstor Humberto Martínez. Este último beneficiado por Barbosa, porque la Fiscalía no continuó con los avances del caso Odebrecht dejados por el Fiscal Ad Hoc. muchos que apuntaban a Martínez y al Grupo Aval.

La Corte también debe cerrar la puerta a materializar el deseo de Barbosa de dejar a la vice fiscal general, Martha Mancera, como fiscal interina. Las recientes declaraciones de Mancera en Washington, acompañada de Barbosa, demuestran un indebido y peligroso interés por atornillarla cuanto más sea posible en la dirección de la Fiscalía. Mancera además anunció el respaldo de tal intento de atornillamiento por parte de autoridades extranjeras, lo que socava la soberanía nacional y pone nuestra justicia en función de terceros.

Además de su compromiso con el pésimo legado de Barbosa, aunque muchos dicen que quien realmente ha mandado en la Fiscalía ha sido ella, Mancera tiene graves cuestionamientos en su contra. 

En especial, la vicefiscal no ha podido responder las denuncias de Daniel Coronell y la Revista Raya sobre su omisión de investigar al jefe del CTI de Buenaventura vinculado a una poderosa estructura de narcotráfico. La interinidad de Mancera no es deseable, ni desde lo jurídico ni desde lo institucional.

El tono desmesurado de Petro no contribuye al proceso de elección fiscal, le da visibilidad a la extrema derecha que representa Barbosa y busca esconder las incapacidades, errores y responsabilidades jurídicas del gobierno. Ese tono también opaca el acierto, tal vez el mayor de su gestión, de haber presentado una terna cualificada que a futuro pueda actuar con verdadera independencia.

Todavía no se ha producido ninguna ruptura institucional como se insinúa desde la Casa de Nariño. Aunque pueda existir amenaza de ruptura, la Corte Suprema tiene en sus manos aplacar las tensiones institucionales. Esta semana la Corte tendrá su prueba de fuego. 

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Carlos Acero Castellanos

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Carlos Acero Castellanos

*Abogado y Magister en Derecho Internacional de la Universidad de los Andes. Twitter: @CarlosAceroC

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