Un SOS por la Unidad Nacional de Protección

Este fin de semana fue asesinada Ludivia Galindez, reconocida líder social del Caquetá. A pesar de contar con un esquema de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP), sicarios la balearon en la puerta de su casa. Un día después, en la vía que conduce que Popayán a Ibagué, fueron hallados 74 kilos de cocaína en una camioneta de la UNP. En su interior viajaban un protegido junto a sus dos escoltas, los cuales fueron judicializados por las autoridades. Ambas caras, la de la corrupción y la incompetencia, son dos caras de una misma moneda que representa la delicada situación de la entidad creada con el fin de proteger a los colombianos con mayor índice de riesgo: políticos, magistrados, expresidentes, altos funcionarios del estado, defensores de derechos humanos y líderes sociales.

Dado que se trata de la vida de cientos de protegidos y de millonarios recursos públicos destinados a favorecer el crimen organizado, se requiere una SOS, una campaña nacional para recuperar la entidad. La situación es sintomática de un país en el que el crimen organizado ha venido capturando las instituciones que fueron diseñadas para enfrentarlo. Una búsqueda rápida en Google muestra decenas de escándalos en todas las entidades y a todos los niveles; Fiscalía General de la Nación, Policía Nacional, Fuerzas Militares, la judicatura. Decir que todos los funcionarios de estas entidades son corruptos sería una injusticia y una mentira, pero considerarlo un problema aislado de unas cuantas manzanas podridas, no sería otra cosa que ceguera e ingenuidad.

El caso de la UNP alcanzó su mayor nivel de decadencia en diciembre del 2022. A pocos meses de iniciado el gobierno Petro, un vehículo asignado al esquema de protección del entonces subdirector de la entidad, Ronald Rodríguez, fue detenido en Caloto, Cauca con 150 kilos de cocaína. Su conductor, hoy convertido en testigo, ha revelado vínculos entre la UNP y la fuga de alias Matamba de la cárcel la Picota en marzo del 2021. Matamba, antiguo jefe de la organización Cordillera Sur, aliada del Clan del Golfo tenía además probados nexos con miembros de la fuerza pública, que, según el testigo, incluyen la provisión de armas por parte del General Zapateiro, comandante del Ejército Nacional entre el 2019 y el 2022.

La historia se pone más turbia. Según fuentes de la UNP, Ronald Rodríguez, a quien el juez 13 de control de garantías le otorgó medida de reclusión intramural, tendría vínculos con la Oficina de Envigado y con la Terraza.  Desde el antiguo DAS, esta persona imputada por los delitos de concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes y peculado por uso, llego al segundo cargo más importante de la UNP, poniendo la entidad al servicio de la mafia.

A diferencia de otras entidades como del Departamento Nacional de Planeación (DNP) los dilemas frente a la UNP no son sobre el carácter técnico de su direccionamiento, o sobre la idoneidad de los perfiles que ocupan los cargos directivos de la entidad. La de la UNP es una disputa entre quienes están al margen de la ley y quienes, siguiendo las disposiciones del presidente, han intentado sacar las mafias de la entidad.  Un caso clásico de ¿quién nos cuida de quienes nos cuidan?

La labor de su director Augusto Rodríguez, y del equipo que lo acompaña ha sido silenciosa y del más alto riesgo. Silenciosa porque a pesar del esfuerzo y el riesgo que han asumido se ha logrado poco. Limpiar la casa resultó una tarea monumental, riesgosa y frustrante. Silenciosa también porque desde el momento en que asumió el cargo la vida del director y de sus funcionarios más cercanos han estado en peligro. Intentos de atentados, seguimientos, amenazas, retenciones en su propia oficina, de todo contiene la trama al interior de la UNP.

Una parte sustancial de la penosa situación que padece una entidad central para la reducción de la violencia y la construcción de paz es la de los más de diecinueve sindicatos que carcomen la entidad. Según cifras de la entidad, la UNP cuenta con once mil empleados de los cuales cerca de dos mil se encuentran sindicalizados. Lamentablemente varias de estas organizaciones se han aferrado a los esquemas de corrupción interna que pretendían ser desmontados por este gobierno. No es poco el poder y el botín que se juega, con el manejo de más de nueve mil escoltas y cerca de cinco mil vehículos, incluyendo las camionetas blindadas.

Nada bueno puede esperarse de la UNP si su director no recibe el respaldo institucional requerido para poder limpiar la entidad. Las denuncias interpuestas sobre lo que pasa al interior de la entidad, permanecen estancadas en la Fiscalía, y deberá ser una prioridad de la Fiscal General entrante si se quiere que la Unidad pueda llevar cabo la tarea para la que fue creada.