Paros armados: qué son y algunas reflexiones desde el Caribe

La administración de Abelardo de la Espriella ya se estrenó con su primer paro armado. Luego de que las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) decretaran un paro armado del miércoles 23 hasta el viernes 25 de septiembre en Santa Marta, el Magdalena y la Guajira, por la muerte de José Luis Pérez Villanueva, alias «Cholo», segundo cabecilla de esta organización. Pero qué son los paros armados y cómo ha impactado esta práctica recientemente al Caribe colombiano. 

En un artículo publicado hace un par de años junto con el profesor Orlando Higuera y en una pasada columna aquí en Razón Pública, definimos los paros armados como un repertorio de violencia usado por grupos irregulares, que implica la restricción de actividades económicas, políticas o culturales en una o varias comunidades por un período de tiempo en específico, con el propósito de demostrar control territorial o mandar un mensaje al Estado o a otros actores armados. Por tal motivo, viene precedido de una convocatoria pública por parte del grupo irregular.

Existen distintos tipos de paros armados. El convocado por las ACSN entra en la categoría de paros armados confrontacionales o retaliativos. Estos son convocados en respuesta a la presencia de otro actor armado en la zona o en respuesta a las acciones armadas de otro actor, como la captura o muerte de un cabecilla a manos del Estado. Por ejemplo, en enero de 2012 en el Urabá y parte de la Región Caribe, el Ejército Gaitanista de Colombia -EGC (en ese momento conocidos como AGC) impusieron un paro armado como represalia por la muerte de su comandan­te Juan de Dios Úsuga alias “Giovanni”. Esta misma organización impondría un paro armado en mayo del 2022 nuevamente en buena parte del Caribe colombiano y Antioquia como represalia por la extradición a EE.UU de su máximo jefe, Dairo Antonio Úsuga, alias “Otoniel”.

Pese a que el reciente paro armado convocado por las ACSN tuvo un impacto directo en la vida cotidiana de muchas comunidades del Magdalena y la Guajira, la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, expresó públicamente en medios de comunicación que en Santa Marta “no hay ningún paro armado” además agregó que “Y si hoy nos cierran el comercio y permitimos que nos cierren comercio porque llegan dos pelagatos en una moto, disparan y mandan a cerrar, sencillamente vamos a replegar por ese paro armado”.

Pero este tipo de declaraciones no son extrañas, pues en ocasiones las autoridades niegan la existencia de los paros armados o le restan importancia.  En el 2003 el entonces director de la Policía Nacional, general José Roberto León Riaño, con respecto a un paro armado adelantado por las FARC-EP en el Choco manifestó “es un paro de papel porque solamente a través de panfletos generan intimidación y temor en la ciudadanía” (Observatorio Pacífico y Territorio, 2013). Así mismo en el 2005 en Arauca el entonces gobernador Julio Acosta Bernal, calificaba como “un paro sicológico” lo que estaba ocurriendo en su departamento: “A través de teléfono (las FARC-EP) llaman para intimidar y dar órdenes a las empresas y a la gente. Y lo peor de todo es que les comen cuento a esas amenazas y paralizan las actividades” (Segured, 2005).

Aunque es cierto que en ocasiones los paros armados pueden demostrar un control más aparente que real de los actores ilegales en los territorios donde estos se llevan a cabo, la visión reduccionista de las autoridades civiles, policiales y militares no concuerda con la realidad. Más que demostrar debilidad, este tipo de acciones evidencian cómo los grupos armados, utilizando estrategias simbólicas y acciones armadas de pequeña escala, pueden alterar la vida cotidiana de poblaciones enteras. 

Y es que no debemos confundir “simbólico” con “imaginario”. El actor armado que convoca un paro tiene que tener recursos de poder reales en el territorio y cierta legitimidad en las comunidades, de no ser así, el paro armado no tendría ningún efecto. Esto lo podemos comprobar con lo ocurrido en la ciudad de Cartagena de Indias paralelamente. El miércoles 23 de septiembre a través de redes sociales circuló una supuesta convocatoria de un paro armado en el departamento de Bolívar y la ciudad de Cartagena por 48 horas, iniciando el jueves 24 y finalizando el viernes 25 de septiembre, convocado por un actor que se autodenominaba Estado Mayor CCTG.

En las horas de la tarde, las autoridades civiles y policiales de la ciudad salieron a desmentir la supuesta convocatoria de paro armado, afirmando que el documento presentaba baja credibilidad y que además no se tenía identificada ninguna estructura criminal con la denominación “CCTG”. Efectivamente la convocatoria no tuvo ninguna repercusión en la vida cotidiana de la ciudadanía cartagenera. Nuevamente, poder simbólico no es poder ficticio. Un simple papel que diga paro armado no convoca un paro armado, debe existir un actor armado real con recursos de poder detrás de la convocatoria.

Otro aspecto preocupante desde el punto de vista de políticas de seguridad es que algunos paros armados como los retaliativos o los conmemorativos (cuando el actor armado convoca un paro para conmemorar una fecha importante de su trayectoria bélica), deberían ser relativamente fáciles de anticipar por parte de las autoridades. Por ejemplo, es factible que, ante una fecha importante de su historia política, el ELN convoque un paro conmemorativo, o, es esperable que, ante la captura o muerte de uno de sus cabecillas, un grupo criminal convoque un paro retaliativo. Si existe la posibilidad, las autoridades deberían tener planes de contingencia preparados, pero al parecer esto no es lo que está ocurriendo. 

Los paros armados eran una práctica utilizada en el pasado por las guerrillas. En la actualidad son una práctica usada por los nuevos grupos irregulares que ejercen gobernanzas armadas en porciones importantes del territorio colombiano. Pese al considerable impacto económico y humanitario que sufren muchas comunidades cuando se convoca un paro armado, además del amplio cubrimiento mediático que reciben, todavía siguen siendo una práctica escasamente estudiada en la academia colombiana, y, por lo que parece también, muy subestimada por la autoridades locales y nacionales.