El Clan del Golfo tiene presencia en todos los municipios de esta subregión. Las próximas elecciones y la incertidumbre sobre la presencia de otros grupos armados atormentan a los pobladores.
Armando José Mercado Vega*
“Gobernanza criminal”
En diciembre pasado la Defensoría del Pueblo lanzó la Alerta Temprana 033 de 2022 donde advertía sobre la presencia del Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) en la subregión de los Montes de María. Dos cosas llaman la atención de esta alerta:
- En las cinco anteriores alertas tempranas sobre Montes de María -la 051 de 2018, la 061 de 2018, la 004 de 2019, la 006 de 2020 y la 009 de 2021- la Defensoría advertía sobre la presencia de las AGC en apenas cuatro de sus municipios (Carmen de Bolívar, San Onofre, Maria La Baja y Ovejas), mientras que en la última alerta la Defensoría señaló que las AGC hacen presencia en los 16 municipios que componen la subregión.
- En esta última alerta la Defensoría recurre a una categoría muy usada en las ciencias sociales: la gobernanza criminal. Se refiere al control social que están ejerciendo las AGC sobre dicho territorio.
Pero ¿qué implica que las AGC estén ejerciendo una gobernanza criminal en esta subregión y como se llegó a esto?
Una historia de violencia y resistencias
Montes de María es una subregión localizada entre los departamentos de Bolívar y Sucre que históricamente ha experimentado conflictos sociales relacionados con la tenencia de la tierra.
Desde los años 60 el movimiento campesino, encabezado por la ANUC, luchó por la reforma agraria a través de tomas de tierras, a lo cual respondieron los terratenientes con la creación de los primeros grupos de autodefensa armada.
Hay que recordar que, aunque un grupo armado no realice constreñimiento electoral directamente, su presencia causa temor tanto para los candidatos, como para las organizaciones que los apoyen y los pobladores que piensen manifestar su apoyo electoral abiertamente.
Durante los 70s y 80s se asentaron en la zona las guerrillas del PRT, el MIR-Patria Libre y el ELN. La llegada de las FARC-EP fue más tardía, a finales de los 80s. Por su parte, los narcotraficantes iniciaron compras masivas de tierras en la misma década, conformando junto con terratenientes y elites locales grupos paramilitares más consolidados en los 90s.
Durante la década de los 90s perduraron tan solo las guerrillas de las FARC-EP, el ELN y el ERP – y brevemente la CRS-; y grupos paramilitares como el Bloque Héroes de los Montes de María (BHMM), perteneciente a las AUC.
Los Montes de María serían pues una de las regiones en Colombia más golpeadas por la violencia en Colombia.
Entre 1996 y 2002 se presentaron 71 masacres que dejaron como víctimas aproximadamente a 491 personas. Asimismo, entre 1996 y el 2004 ocurrieron cerca de 3319 homicidios, y entre 1995 y el 2000 aproximadamente 20677 personas fueron víctimas de desplazamiento forzado.
Durante la primera década de los 2000 disminuyó la intensidad del conflicto armado. En el contexto de la Seguridad Democrática se dieron la desmovilización del BHMM en el 2005; el desmantelamiento de los Frentes 35 y 37 de las FARC-EP que operaban en la zona a raíz de la muerte de su comandante “Martin Caballero” en el 2007; y la desarticulación de frentes del ELN.
Pese a esta disminución, líderes y comunidades criticaron la excesiva militarización del territorio y los abusos cometidos por la Fuerza Pública, que incluían empadronamientos forzados, detenciones arbitrarias, estigmatizaciones y estrategias cívico-militares para cooptar las organizaciones y los líderes del territorio.
Posconflicto con violencia de baja intensidad
Aunque la subregión ha sido considerada en ocasiones como una zona en posconflicto tanto por las autoridades nacionales como por las departamentales y locales, para buena parte de los líderes sociales y organizaciones de derechos humanos la situación no es tan clara.
Si bien reconocen la reducción ostensible en la intensidad del conflicto armado, en comparación con los años comprendidos entre 1996 y 2004, afirman que las amenazas a líderes sociales –como los de restitución de tierras– y defensores de derechos humanos; y la persistencia de grupos armados organizados (GAO) y su relación con el narcotráfico, microtráfico y extorsiones, impiden hablar de un posconflicto en propiedad.
La existencia de municipios de zona costera y plana cercanos al Mar Caribe a través del Golfo de Morrosquillo (San Onofre y Maria La baja), que conectan y sirven de transición a los municipios de la zona montañosa (Carmen de Bolívar, San Jacinto, Colosó, Chalan, San Juan Nepomuceno) que, a su vez, se conectan con los municipios ribereños al Río Magdalena (Córdoba, Zambrano y el Guamo) y su cercanía a los puertos de Cartagena y Barranquilla, convirtieron a esta región en un corredor estratégico muy disputado por los actores armados para la entrada y salida de drogas.
En la subregión no hay disidencias de las FARC-EP ni frentes del ELN, pero desde 2008 persiste la presencia de grupos posdesmovilización de las AUC, siendo en la actualidad el Clan del Golfo el que está presente.
Según un informe de la Fiscalía, citado por El Espectador, el control del Clan del Golfo en los Montes de María está en manos de dos unidades del Bloque Nelson Hurtado. La principal es la Manuel José Gaitán (que tendría unos 195 miembros), comandada por Róger Ariel Grandet Chávez (’el Costeño’), señalado como hombre de confianza de ‘Gavilán’, uno de los principales comandantes de las AGC.
La otra unidad con presencia en la región es la Nicolás Antonio Urango Reyes (con 166 integrantes), que estaba al mando Carlos Fernando Ayala Barrera (‘Emperador’ o ‘Gomelo’), capturado el pasado mes de abril.
La Fiscalía reporta 107 capturas del Bloque Nelson Hurtado entre 2019 y 2023, y expidió órdenes de captura contra 51 integrantes que operan en los Montes de María. Por último, el pasado 23 de mayo fue capturado alias ‘Mateo’ ‘Yepes’ o ‘Catalán’, otro de los presuntos cabecillas de la subestructura Nicolás Antonio Urango Reyes.
¿Hegemonía criminal o competencia armada?
Pese a que a la fecha se tiene plenamente identificada la AGC en el territorio, no existe claridad sobe que otro grupo o tipo de grupos puedan estar haciendo presencia.
Según algunos pobladores, entre el 2019 y el 2020 fue visto un pequeño grupo armado en la zona alta del Carmen de Bolívar, específicamente en las veredas de Las Lajitas, Charquitas y Huamanga, portando indumentaria militar y armas largas, que los identificarían como disidencias de las FARC-EP. Pero ninguna autoridad departamental o municipal ha reconocido ni confirmado la presencia de disidencias de las FARC-EP en los Montes de María.
Mas recientemente circuló a través de redes sociales, el panfleto de un supuesto grupo armado que se hace llamar Autodefensas Conquistadoras de los Montes de María, describiéndose como herederos de los Rastrojos Costeños y enemigos de las AGC.
Aunque hasta este momento solo está confirmada la presencia de las AGC, es preocupante la posible llegada de nuevos grupos armados, puesto que se podría pasar de un escenario de hegemonía criminal a uno de competencia armada, en el cual, como han demostrado estudios comparados sobre conflictos armados internos y guerras criminales, aumenta la probabilidad de que se dispare la violencia letal.
Del control social al riesgo de captura local
En muchos municipios de los Montes de Maria las AGC realizan un control social, aunque esto es más fuerte en las zonas rurales, también tiene influencia en zonas urbanas.
Imponen horarios y toques de queda; autorizan ciertos tipos de actividades; dirimen conflictos; realizan patrullajes; cobran extorciones; controlan el microtráfico; y tratan de apoyar proyectos comunitarios que realizan juntas de acción comunal, juntas de vivienda comunitaria u ONGs locales, con el propósito de ganarse el apoyo de la población.
Las AGC son un actor armado que impone unas reglas del juego en una comunidad, extrae tributos y trata de proveer ciertos bienes públicos con el propósito de ganarse a la población, es decir, ejerce un tipo de gobernanza armada, como lo es la gobernanza criminal.
Aunque hasta este momento solo está confirmada la presencia de las AGC, es preocupante la posible llegada de nuevos grupos armados, puesto que se podría pasar de un escenario de hegemonía criminal a uno de competencia armada, en el cual, como han demostrado estudios comparados sobre conflictos armados internos y guerras criminales, aumenta la probabilidad de que se dispare la violencia letal.
Si bien, hasta ahora, las AGC en distintos panfletos que han circulado en redes sociales han manifestado que no apoyarán a ningún candidato ni interferirán con la campaña electoral de octubre, para los pobladores la situación no es tan clara.
Por ejemplo, para las elecciones de mayo de 2022 de las Curules de Paz, como señalamos junto con la Misión de Observación Electoral (MOE), lideres del territorio manifestaron que las AGC les habían expresado que no interferirían ni apoyarían ninguna campaña, pero, algunos pobladores señalaron que este grupo sí impidió a ciertos candidatos hacer campañas e ingresar en algunos territorios, puesto que las AGC estarían apoyando a otros.
Hay que recordar que, aunque un grupo armado no realice constreñimiento electoral directamente, su presencia causa temor tanto para los candidatos, como para las organizaciones que los apoyen y los pobladores que piensen manifestar su apoyo electoral abiertamente.
Como bien ha señalado la MOE, en años electorales y específicamente en los meses prelectorales la violencia contra líderes sociales aumenta, y en elecciones locales mucho más. Las autoridades nacionales, departamentales y municipales deben estar atentas y prevenir los riesgos electorales que se avecinan.
Esperemos que el control social que por desgracia ya ha consolidado las AGC no lo intenten traducir en un proceso de captura del Estado local a través de las próximas elecciones locales, como en el pasado hicieron los grupos paramilitares en este mismo territorio.
