A 35 años de la constituyente de 1991: algunas reflexiones

El pasado 4 de febrero se cumplieron 35 años de la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente que dio origen luego de cinco meses de sesiones a la Constitución de 1991. Aprovechando el aniversario y que el tema de convocar una nueva asamblea constituyente vuelve a rondar, hagamos un repaso internacional y nacional rápido de los antecedentes y el contexto en el que surgió. 

Dependiendo como se hagan las cuentas la Constitución de 1991 es nuestra carta número 16. En nuestra historia hemos tenido tres tipos de textos de carácter constitucional. Las Constituciones con nombre propio, de alcance nacional y con vocación de permanencia, por ejemplo, la Constitución de Cúcuta de 1821, la Constitución de Rio Negro de 1863 o la Constitución de 1886. Luego tenemos lo que en nuestra historia constitucional han llamado Leyes Fundamentales, las cuales eran constituciones con un carácter transitorio y coyuntural, puesto que en su articulado estaba claro que estaban diseñadas para durar pocos años, como la Ley Fundamental de Angostura de 1819 o la Ley Fundamental de la Nueva Granada de 1831. 

Por último, tenemos textos que sin llamarse constitución ni leyes fundaméntales, tuvieron el carácter de texto constitucional, como por ejemplo el Decreto Orgánico de dictadura de Bolívar de 1828, que derogó la Constitución de Cúcuta de 1821 y rigió los destinos de la Gran Colombia hasta 1830, o, el Pacto de la Unión de 1861 redactado cuando los liberales en cabeza de Tomas Ciprinao de Mosquera estaban derrotando al régimen conservador de Mariano Ospina Rodríguez. 

Acercándonos un poco más a los tiempos de la Constitución de 1991, las décadas inmediatamente anteriores de los 70s y 80s fueron el inicio de lo que Samuel Huntington llamó la tercera ola de democratizaciones. Este proceso inició en 1974 en el sur de Europa en Portugal con la Revolución de los Claveles, luego pasó a Grecia con el fin del régimen de los Coroneles y en 1975 iniciaría en España con la muerte de Franco. Paralelo a la tercera ola de democratizaciones que se extendió por todo el mundo, se desarrolló también una ola de constituyentes, pues muchos de los países que estaban haciendo el tránsito de dictaduras a democracias, redactaron nuevas constituciones para dejar atrás los legados autoritarios. En esta ola de nuevas constituciones destacan España en 1978, Perú y Ecuador en 1979, el Salvador en 1983, Guatemala 1985, Nicaragua en 1987, Brasil en 1988 entre otras. Algunas de estas constituciones como la española y la brasilera inspirarían algunos aspectos de la nuestra.

Pero en la década de los 80s el mundo también vivía un auge de reformas descentralizadoras, que se extendieron desde Europa, donde uno de los bastiones históricos del régimen centralista-unitario como lo era Francia iniciaba unas profundas reformas descentralizadoras en 1982, hasta llegar a muchos países de América Latina como Colombia con la elección popular de alcaldes en 1988 o México, el cual, pese a ser en ese momento un sistema autoritario con un régimen de partido hegemónico encabezado por el PRI, la descentralización sería clave como factor democratizador puesto que le permitiría a la oposición poco a poco ir ganando poder local y derrotando al PRI en las elecciones subnacionales. 

El contexto global de la tercera ola de democratización, constituyentes y descentralización que recorría el mundo en los 70s y 80s, se combinó con una serie de factores internos que el país vivía hacia finales de la década de los 80s. La expansión de las guerrillas, el auge del paramilitarismo, la expansión del narcoterrorismo, magnicidios de candidatos presidenciales y otras figuras públicas, los primeros pasos del genocidio político de la UP, entre otros factores, llevaron a que en algún momento la idea de cambiar la Constitución de 1886 por una nueva, mucho mas democrática, participativa y descentralizada, quizás fuese una posible solución a los problemas que estábamos viviendo.

En los años 1990 y 1991 se vivió un proceso de profundo reformismo centrípeto¹, es decir, un momento donde las principales fuerzas políticas tendieron hacia el centro (no ideológico, sino de acuerdos básicos) y en donde, pese a la oposición de algunos actores, el gobierno logró conformar una coalición o un bloque lo suficientemente amplio para convocar y redactar una nueva constitución. Pero incluso ese momento reformista también tuvo sus tensiones. Por ejemplo, las dudas legales que generó en la Registraduría si contar o no los votos de la Séptima Papeleta, o la posibilidad de que la Corte Suprema de Justicia en su Sala Constitucional tumbara el Decreto con el que el presidente Barco preguntaba al pueblo si estaba a favor o no de una asamblea constituyente. Esto no era tan descabellado puesto que la Constitución vigente de 1886 no permitía ese mecanismo para modificar la Constitución, siendo el Congreso el único autorizado para modificarla. Y no se nos pueden olvidar las presiones violentas del narcoterrorismo a los asambleístas para eliminar la extradición.

Aunque soy un defensor de la Constitución de 1991, en ocasiones los sesgos cognitivos afectan nuestra percepción de pasado. Los eventos del pasado que apreciamos mucho tendemos a valorarlos de manera positiva con base en sus resultados, dotándolos de una legitimidad innata: le ganamos la guerra de independencia a España porque “la mayoría” de la población así lo quería; los aliados derrotaron a Hitler en la segunda guerra mundial puesto que “la mayoría” del pueblo europeo así lo quería. Eso es un tipo de sesgo del ganador. Sería interesante preguntarse porqué a ninguno de los principales actores políticos del momento se le ocurrió la propuesta de que, una vez redactada la Constitución de 1991 esta debía ser sometida a refrendación popular, como lo hicieron en España, Perú o Ecuador con sus constituciones, de hecho, era muy usual. Si respondemos rápidamente con un “lo más probable es que hubiese sido aprobada porque en ese momento tenía un amplio apoyo popular” eso tal vez sea cierto, aunque, tengamos presente que quien puede estar hablando es el sesgo. Por ejemplo, si la votación con la que se eligieron a los asambleístas el 9 de diciembre de 1990 fue muy baja, que nos hace pensar que la votación para refrendar la constitución hubiese superado un hipotético umbral, o, que el Si le hubiese ganado al No.     

El debate sobre si es necesario convocar o no una asamblea constituyente no debería estigmatizarse de entrada, puesto que la misma constitución tiene los mecanismos para ello, y si estos se activan, cuentan con las mayorías electorales y cumplen con los criterios de legalidad, sería una expresión legitima del constituyente primario. Sin embargo, no estoy de acuerdo con una asamblea constituyente en estos momentos, pues considero que lo que nos ha faltado es implementar a profundidad la constitución que tenemos, además, existe el riesgo de que la polarización extrema que vivimos se traslade a esa asamblea nacional constituyente, y deshaga algunos de los consensos y conquistas básicas alcanzadas con la Constitución del 91.

¹https://razonpublica.com/reformismo-y-polarizacion/