De la Paz Total a la Paz Patriota

Despejando dudas exageradas y malintencionadas sobre supuestos quiebres institucionales que estaría planeando el gobierno saliente para aferrarse al poder, se dio la transición de gobierno entre Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella. Ya el nuevo presidente y sus ministros han anunciado algunas de las nuevas políticas y reformas que presentarán en próximos días. Pero ¿qué se ha dicho en materia de política de paz y seguridad?

A grandes rasgos el nuevo presidente anunció el fin de la política de Paz Total y las respectivas negociaciones en curso, así como el desmonte de buena parte de la arquitectura institucional relacionada con la paz. A los pocos días de electo, su ministro de justicia Iván Cancino salió a desmentir una de las promesas de campaña más mediáticas en este aspecto, el desmonte de la JEP, aclarando que eso ni constitucional ni legalmente se podía hacer. Internacionalmente en apoyo al nuevo gobierno, desde EE.UU se anunció un Plan Patriota 2.0. Por su parte en lo nacional, al gobierno entrante le tocará hacer una nueva actualización de la Ley de Orden Público y presentar una Ley de sometimiento a la justicia de organizaciones criminales.    

Más allá del cambio en el lenguaje -ya no se hablará tanto de paz sino de seguridad- o los debates relacionados con los nuevos diseños institucionales y políticas relacionadas con la seguridad, quisiera plantear dos interrogantes ¿qué hará con las negociaciones vigentes? y ¿qué hará con los grupos con los que no se negocie? Aunque parezcan obvias las respuestas si nos atenemos a las promesas de campaña, la realidad es un poco más compleja. 

Con respecto a la primera, pese a que De la Espriella se hizo elegir con la bandera de acabar la política de Paz Total, eso no significa necesariamente que todas las mesas de conversaciones finalicen. De la Espriella es alguien que tiene vasos comunicantes históricos con exparamilitares, pues fue asesor jurídico de algunos de ellos en las mesas de conversaciones de Santa Fe de Ralito en 2003, en su ejercicio profesional como abogado. Esto le da cierto conocimiento y experiencia en lo que se refiere a los incentivos penales que se le pueden ofrecer a las estructuras criminales y sus mandos, con el propósito que se desmovilicen y se entreguen a la justicia. 

En este orden de ideas, tal vez las mesas de conversaciones sociojurídicas que se están desarrollando con grupos armados que surgieron postdesmovilización de las AUC, como el Ejército Gaitanista de Colombia -EGC (Clan del Golfo) y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada – ACSN, grupos que tienen vasos comunicantes históricos con el viejo paramilitarismo (aunque no son lo mismo), tal vez continúen. De hecho, ambos grupos enviaron comunicados al presidente electo manifestando su intención de continuar en conversaciones con el Estado. Por el contrario, las mesas de conversaciones con grupos armados con alguna identificación de izquierda radical, como el ELN y las múltiples disidencias de las antiguas FARC-EP, son las mesas que seguramente no seguirán. 

Pero si las negociaciones con el EGC o las ACSN continúan en el nuevo gobierno, lo más probable es que no tengan un despliegue mediático amplio ni anuncios rimbombantes en prensa. Y es que De la Espriella debe mantener un equilibrio muy complicado en este tema, pues, por un lado, debe responderle a las bases electorales que votaron por él, con la idea de que la Paz Total y la política de mesas de negociación fueron un total fracaso que empoderó a los grupos criminales, y, por el otro lado, existe la posibilidad real de que a través de mesas de conversaciones pueda desmovilizar algunas de las estructuras criminales más poderosas del país, como el EGC, lo cual también sería un logró histórico para él desde el punto de vista de seguridad ciudadana.      

Con respecto a la segunda pregunta ¿qué pasará con los otros grupos armados? sinceramente aquí es donde veo uno de los escenarios más riesgosos. Los principales estudios sobre guerras criminales como los de Benjamín Lessing, Guillermo Trejo y Sandra Ley, explican que cuando un gobierno inicia una campaña de ataques militares de manera masiva e indiscriminada contra todos los grupos ilegales al mismo tiempo, lo que se viene es una escalada del conflicto armado y la violencia criminal mucho peor de la que ya se estaba viviendo, pues, ante la amenaza -y teniendo economías licitas e ilícitas que explotar- los grupos criminales armarán mucho mejor a sus ejércitos privados, y empezarán a atacar agentes del Estado y población civil para demostrar su capacidad de respuesta ante el gobierno. Es decir, una respuesta militar brutal por parte del Estado, puede hacer que los grupos se militaricen de una manera brutal.

Por eso, estos autores concluyen que embestidas militares indiscriminadas por parte del Estado pueden ser contraproducentes. Ante esto, sugieren que políticas de seguridad y militares selectivas (no indiscriminadas) y diferenciadas, pueden obtener mejores resultados en lo que se refiere a desmovilización y/o derrota de grupos criminales, así como en reducción de niveles de violencia. Esto se traduciría de manera concreta en que, por ejemplo, con algunos grupos puede haber combate militarizado fuerte, con otros grupos funcionarán mejor estrategias más policivas de inteligencia y desmonte de rentas, y con otros grupos puede haber conversaciones, con metodologías y protocolos claros de negociación, verificación e implementación de acuerdos o avances parciales. 

Pero, si lo que se viene con la Paz Patriota es pasar de la “paz total al plomo total” de manera masiva e indiscriminada contra todos los grupos ilegales por igual, lo que se puede venir son cuatro años de una guerra criminal más intensa y brutal, donde las comunidades rurales, barrios urbanos marginales y población civil, serán los más victimizados.