Violencia electoral en el mundo

Colombia no es el único caso de una democracia que realiza sus elecciones nacionales o locales en el marco de un conflicto armado interno.

Países como Grecia —en 1946/1949—, las distintas insurgencias en los estados de la India —entre 1964 y la actualidad—, Perú —en 1980/1992—, Sri Lanka —en 1989/2008—, Turquía —en 1978/2016—, entre otros, son algunos que han enfrentado esta situación.

Inclusive países que no libran guerras civiles pueden sufrir hechos significativos de violencia electoral, como Ecuador con el magnicidio del candidato presidencial Fernando Villavicencio.

La violencia reciente en Colombia

Este viernes 25 de agosto, Yefer Gamboa Palacios, alcalde de Nuquí, Chocó, tuvo que abandonar el municipio debido a las amenazas de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). Ya son 13 los alcaldes que han sufrido la misma situación.

Según la Misión de Observación Electoral (MOE), si analizamos los nueves meses anteriores a la fecha de las elecciones en los últimos diez años hay un aumento de hechos violentos contra líderes y lideresas.

De la misma manera, la Defensoría del Pueblo Colombiano, en la Alerta Temprana de las Elecciones Regionales N°030-23, identificó un total de 184 conductas vulneradoras contra personas que intervienen en el proceso electoral entre el 1 de enero y el 9 de agosto del presente año. Un aumento sostenido a medida que se acerca la fecha de las elecciones.

Conductas vulneradoras contra personas en el proceso electoral

Fuente: Defensoría del Pueblo (2023).

Estos hechos violentos son, en su mayoría, responsabilidad de grupos armados organizados o grupos criminales organizados. Aunque el aumento en los índices de violencia justo en época electoral y preelectoral por parte de grupos armados no es algo exclusivo de Colombia.

Guillermo Trejo y Sandra Ley han identificado el mismo fenómeno en México desde el 2000 debido a los cárteles que, tras perder la protección estatal que tenían durante el régimen del PRI, se vieron en la necesidad de crear sus propios ejércitos para defenderse, presionar o intimidar a los nuevos gobiernos locales —además de competir con otros cárteles para mantener su gobernanza criminal en los territorios—.

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Gobernanzas rebeldes y criminales

Según la Alerta Temprana de la Defensoría, del 2022 al 2023 los grupos armados aumentaron su presencia en más municipios a lo largo y ancho del territorio colombiano.

Además de expandir su presencia territorial, estos grupos poco a poco han aumentado su control sobre la vida comunitaria de poblaciones urbanas y rurales en muchos municipios, consolidando gobernanzas armadas.

Cantidad de municipios en los que están los grupos armados

Fuente: Fundación Ideas para la Paz (FIP) y Defensoría del Pueblo.

Pero la expansión territorial y el establecimiento de gobernanzas armadas no necesariamente implican un aumento en todos los tipos de violencia.

Según un informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), si se compara el último año del gobierno de Duque con el primero de Petro, los homicidios disminuyeron un 1,5 % a nivel general y un 14 % en las zonas Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

Se redujeron los ataques por parte de los grupos armados a la infraestructura y bienes en un 45 % y contra la Fuerza Pública en 47 %, así como los homicidios de líderes y lideresas sociales en un 13 %. Sin embargo, poco cambiaron los desplazamientos forzados, que disminuyeron un 3 % y las masacres que decrecieron un 2 %.

El mismo informe de la FIP señala que algunas otras formas de violencia han aumentado. Por ejemplo, la extorsión aumentó un 15 % y el secuestro un 77 %. A su vez, la confrontación entre grupos armados aumentó el 85 %.

De hecho, los indicadores de impacto humanitario mantienen niveles preocupantes. Un aumento del confinamiento en un 24 % y el homicidio de excombatientes se mantiene en sus altos niveles.

¿Cómo explicar los cambios en la violencia?

En medio de la propuesta de Paz Total y ceses al fuego, algunos grupos parecen haber disminuido sus ataques contra agentes del Estado, al mismo tiempo que aumentan los choques con otros grupos ilegales por el control hegemónico de territorios y poblaciones.

Una vez logrado cierto control —y dada además la disminución de los ingresos producto de la coca— algunos grupos diversificaron sus fuentes de ingreso más allá del narcotráfico y microtráfico. Por eso el aumento en las extorsiones y secuestros.

Y de aquí a la interferencia armada en la jornada electoral no había más que un paso.  Por ejemplo, las AGC han informado en sus comunicados que respetarán las campañas de todos los candidatos en los territorios que controlan.

Por su parte, parte de las disidencias de las FARC dijeron que no permitirán actividades relacionadas con el clientelismo, compra y venta de votos, y demás actos que corrompan el certamen. Anuncian que aplicarán la llamada Ley 003 de Anticorrupción expedida por las FARC-EP en el 2000.

Hay que insistir en que, aunque un grupo armado no constriña de manera directa al elector, su sola presencia causa temor entre los candidatos, las organizaciones que los apoyen y los pobladores que piensen manifestar su apoyo electoral abiertamente.

Un escenario probable y preocupante sería que los grupos armados pasen de una lógica de control territorial y social a una lógica de captura del Estado en lo local. Eso se haría a través del apoyo o rechazo a ciertas candidaturas locales y con el propósito de cooptar las instancias de representación locales.

¿Suspender elecciones?

Ante esta situación, el registrador nacional sugirió que, en caso necesario, podrían suspender de las elecciones del próximo 29 de octubre en territorios como el Cauca, fuertemente afectados por la violencia.

Esta declaración produjo rechazo por parte del gobierno a través del ministro del Interior, y también fue rechazada por algunos académicos y analistas.

Primero hay que identificar los distintos tipos de respuestas que puede desplegar un gobierno ante una situación que perturbe de manera masiva y sistemática una jornada electoral, como un desastre natural, una crisis humanitaria o sanitaria, o un hecho de violencia colectiva como una guerra.

Tipos de respuesta institucional por parte del estado ante graves situaciones de violencia electoral

En Colombia hemos tenido distintos tipos de respuestas. Durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, en ocasiones se suspendieron las elecciones por motivos relacionados con las guerras civiles que libraron liberales y conservadores.

Así mismo a lo largo del siglo XX fue usual que en zonas de intenso conflicto armado, los presidentes nombraran gobernadores o alcaldes militares, deponiendo a las autoridades civiles locales para afrontar la situación. No obstante, estas opciones son respuestas muy poco democráticas.

Antes de pensar en suspender elecciones, la Registraduría Nacional y todas las instituciones deben hacer el máximo esfuerzo conjunto y coordinado para garantizar los derechos políticos y las libertades civiles de todos los colombianos.

Hay que recordarle al registrador “del siglo XXI” que la propuesta de suspender elecciones parece más una propuesta del siglo XIX.

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