Magnicidios y memoria histórica

“¡Democracia, bendita seas, aunque así nos mates!”, exclamó alguna vez el poeta Guillermo Valencia luego del asesinato del político liberal Rafael Uribe Uribe en 1914. Nuevamente resuenan estas palabras luego del intento de asesinato al precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay el pasado sábado 7 de junio. Incluso hace casi un año, un 13 de julio del 2024 se había presentado el intento de asesinato del candidato a la presidencia de EEUU por el Partido Republicano, Donald Trump.

Hay que llamar a las cosas por su nombre. Lo que ocurrió en ambos casos es lo que en ciencias sociales se conoce como un intento de magnicidio. Podemos o no estar de acuerdo ideológica o personalmente con los candidatos, pero lo que ocurrió fue el intento de asesinato de una figura pública muy relevante dentro de una esfera social en específico, en este caso la política.

En una columna anterior publicada aquí en Razón Pública hace casi un año titulada Una teoría política de los magnicidios[1], explicábamos que existían distintos tipos de magnicidios: magnicidios políticos, magnicidios ejemplarizantes y magnicidios genocidas. Invitamos al lector a remitirse a aquella columna si desea conocer un poco más las categorías y ejemplos históricos en Colombia y en otras partes del mundo.

[1] https://razonpublica.com/una-teoria-politica-los-magnicidios/

El intento de asesinato de Miguel Uribe entraría en el tipo conocido como magnicidio político, el cual se define como el asesinato o intento de asesinato de mandatarios, candidatos a elecciones, dirigentes de partidos o movimientos sociales y demás integrantes de las elites o contraélites políticas.

Este intento de magnicidio debe ser rechazado por toda la sociedad colombiana y debe servir como una alerta temprana sobre los niveles de polarización extrema a los que estamos llegando. Debe ser una oportunidad para que los principales actores políticos, económicos, mediáticos, etc, desescalen los discursos de odio. Esto no quiere decir que se deban suspender los debates sobre los grandes temas que afectan a la sociedad colombiana, claro que se deben deliberar, con argumentos, en profundidad, e incluso de manera intensa y apasionada en ocasiones, pero esto no nos debe llevar a ver al otro como un enemigo existencial y a recurrir a la violencia física o simbólica.

Pero también debe ser una oportunidad para hacer memoria histórica de manera responsable y sin sesgos. Al respecto hay dos temas que en muchos medios de comunicación hicieron carrera durante toda la semana. Importantes analistas, líderes de opinión, periodistas, políticos e incluso académicos, salieron a decir que este intento de magnicidio era distinto a los ocurridos en los 80s e inicios de los 90s, porque en aquella época “se sabía de donde venían las balas, era del narcotráfico. Pero ahora, no se sabe…”

¿Cómo? Es lamentable que se trate de tergiversar la historia de una manera tan burda e irresponsable, máxime por personas a las que uno considera genuinamente inteligentes y demócratas. Parecería un intento descarado por lavarle la cara al Estado, pues muchos de esos magnicidios como los de Jaime Pardo Leal en 1987, Bernardo Jaramillo Ossa o Carlos Pizarro Leongómez en 1990, fueron responsabilidad de alianzas entre agentes del Estado, paramilitares y narcotraficantes, como se ha demostrado judicialmente.

Incluso, además de magnicidios políticos, los de Pardo Leal y Jaramillo Ossa entran en la categoría de magnicidios genocidas, los cuales pueden definirse como el asesinato o intento de asesinato de líderes políticos, económicos o culturales muy relevantes, que ocurren en el contexto de una campaña genocida más amplia en contra de una población o un grupo. Estos asesinatos ocurrieron en el marco del genocidio político o politicidio del que estaba siendo objeto el partido político de la Unión Patriótica (UP).

El segundo tema tiene que ver con el compromiso de todos los actores con reducir la polarización. Una exigencia de muchos líderes de opinión y políticos en medios de comunicación luego de ocurrido el intento de magnicidio de Miguel Uribe, era que el presidente Petro no solo desescalara el lenguaje violento, sino que además invitara a todas las fuerzas políticas a un gran pacto por la convivencia. Y así ocurrió, pues el lunes 9 de junio el Presidente convocó a todos los partidos políticos al Palacio de Nariño para tal fin, pero ¡Oh, sorpresa!» los partidos de la oposición y algunos independientes no asistieron.

Incluso luego de la muerte de Jorge Eliecer Gaitán el 9 de abril de 1948, inmediatamente el presidente conservador Mariano Ospina Pérez convocó a los líderes del Partido Liberal en la oposición al Palacio de Nariño para la mañana siguiente, los cuales a las 10:00 a.m. del respectivo día estaban ahí ante la gravedad de los hechos. Es fácil pedir consensos y acuerdos, pero como que es un poco más difícil comprometerse con ellos.

Tenemos una democracia profundamente violenta, llena de magnicidios, genocidios, masacres, asesinatos selectivos y demás expresiones de violencia letal en nuestra historia. Es responsabilidad de todos, absolutamente todos los actores, el comprometerse con reducir la polarización, lo cual se debe ver reflejado en actos concretos. Por ejemplo, por un lado, el gobierno desistiendo del decreto de consulta popular – sobre el cual parece haber un consenso amplio que le advierte sobre su inconveniencia y posible inconstitucionalidad – y por el otro lado, la oposición en el Congreso debatiendo sin “trampitas” y dilaciones la reforma laboral, además, de acudir a los llamados del gobierno a sentarse a conversar.

En ocasiones parecería que la polarización fuese problema de un solo lado, cuando para polarizar se necesitan mínimo dos. Es tan grave que el presidente de la República tense la cuerda con tácticas constitucionales duras como el decretazo, como que el presidente del Congreso insinúe reuniones con la cúpula militar sin la presencia del presidente de la República. Para des-polarizar se necesitan de los dos polos.