Preguntarle al pueblo en Colombia: una breve historia

Ante la caída de la reforma laboral en el Congreso -incluso desde antes- el presidente Gustavo Petro propuso convocar una Consulta Popular por las reformas sociales, con el objetivo de preguntarle directamente al pueblo si está a favor o en contra de los principales puntos de la reforma laboral y de algunas otras de sus principales reformas. 

Mas allá de los debates que generó la propuesta – algunos de los cuales abordaremos a profundidad en próximas columnas- en esta columna vamos a realizar un breve recuento de todas las veces que en el siglo XX y lo que va del XXI en Colombia se le ha preguntado cuestiones de interés general al pueblo a escala nacional, mediante algún tipo de mecanismo, llámese plebiscito, referendo, consulta popular o mandato ciudadano. En ese orden de ideas, vamos con los siete (7) momentos de apelación popular, aclarando que contaremos mecanismos tanto vinculantes legalmente como mecanismos ciudadanos informales no vinculantes.    

El recuento inicia con el plebiscito vinculante votado el 1° de diciembre de 1957, en el que se le preguntaba al pueblo si estaban de acuerdo o no con la arquitectura institucional que daría inicio al Frente Nacional. En la que hasta ahora es la participación electoral más alta en la historia de Colombia- proporcionalmente-, de un total de 5.386.981 personas aptas para votar participaron 4.397.090, es decir el 81%. De estos, 4.160.294 (94%) votaron por el Si y solo 206.864 (4%) votaron por el No. Pese a lo bueno, lo malo y lo feo que tenga el Frente Nacional, sin duda este resultado electoral lo dotó de una amplia legitimidad en sus inicios.

Pero tendríamos que esperar casi tres décadas para otro momento de apelación directa al pueblo, cuando el 11 de marzo de 1990 aprovechando las elecciones legislativas que se celebraban ese día, de manera informal y totalmente autogestionada el pueblo se expresó a través de la Séptima Papeleta, depositando en las urnas aproximadamente 2 millones de votos, es decir 2 millones de “séptimas papeletas”, con las que reclamaban la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que cambiara la Constitución de 1886.

Recogiendo este mandato popular el presidente Barco emitió el Decreto para que el 27 de mayo de 1990, día en que se celebraban las elecciones presidenciales, se incluyera otro tarjetón en el que se le preguntara de manera vinculante al pueblo si estaban de acuerdo o no con la convocatoria de una asamblea constituyente. Un total de 5.236.863 votos fueron por el Si y 230.080 por el No, de 13.793.566 personas aptas para votar, es decir aproximadamente un 39% del censo electoral votó en esa ocasión. 

Esa misma década el 26 de octubre de 1997, a través de una papeleta no vinculante anexa a los tarjetones de las elecciones locales que se celebraban ese día, se votó el Mandato Ciudadano por la Paz. Este surgió de una iniciativa de múltiples organizaciones de la sociedad civil y tenía como propósito mandar un mensaje de apoyo masivo a los diálogos de paz que se establecieran con grupos armados, votando aproximadamente 10 millones de personas en esa ocasión.

Posteriormente el 25 de octubre del 2003 el pueblo votó en el Referendo vinculante convocado por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, en el que se preguntaba por medidas para mejorar la eficiencia en la gestión pública, reducir el gasto público y luchar contra la corrupción. Si bien en las 15 preguntas del referendo ganó el Sí, solo una superó el umbral mínimo del 25% del censo para su aprobación. De un total de 25.069.773 aptas para votar participaron 6.673.050, es decir un 26% del censo electoral. 

El otro momento de apelación popular vendría el 2 de octubre de 2016, cuando el presidente Juan Manuel Santos sometió el Acuerdo de Paz negociado hasta ese momento con las FARC-EP a un plebiscito vinculante, para que el pueblo votara si estaba a favor o en contra de lo negociado. De 34.899.945 personas aptas para votar sufragaron 13.066.047, de las cuales 6.377.464 votaron por el Si (49,79%) y 6.431.372 por el No (50,21%). La victoria del No trajo como principal consecuencia que el Acuerdo tuviese que renegociarse con las FARC-EP teniendo en cuenta algunas propuestas de los promotores del No. 

El último momento de refrendación popular vinculante se realizó el 26 de agosto de 2018 cuando se convocó la consulta popular anticorrupción liderada -entre otros- por la senadora Claudia López. De los 36.421.026 ciudadanos aptos para votar solo lo hicieron 11.671.420 (32%). Si bien en cada una de las siete preguntas ganó el Si de manera abrumadora, la consulta no superó el umbral del 33.33% de aprobación, es decir 12.140.342 votos. 

La consulta popular que desea convocar el presidente Gustavo Petro inicia informalmente la campaña electoral del 2026, con los pros y contras para el gobierno que eso podría tener. Si el Congreso niega la realización de la Consulta, el gobierno puede reconfirma ante la opinión pública su tesis del bloqueo institucional; por otro lado, si obtiene un buen resultado en las urnas reafirma un mandato popular y presiona al Congreso a retomar el debate de las reformas; pero, si tiene un resultado electoral muy bajo, puede demostrar lo debilitado que esta el gobierno. 

Otra lectura interesante es que podría verse como una tercera oportunidad para los sectores progresistas y alternativos, que perdieron el plebiscito por la paz del 2016 y la consulta anticorrupción de 2018, y seguramente no quisieran un tercer strike. Mas allá del contenido de la consulta, el mecanismo también podría convertirse inevitablemente en una evaluación sobre la gestión del gobierno.