Civiles militaristas o militares civilistas

El pasado mes de febrero el presidente Gustavo Petro sorprendió al nombrar como nuevo ministro de defensa al general Pedro Arnulfo Sánchez, en remplazo de Iván Velázquez. La decisión del presidente rompió con una tradición de más de 30 años de nombrar civiles al frente del Ministerio de Defensa.

La idea de nombrar civiles y no militares (o exmilitares) en el ministerio es simple pero poderosa: dejar que sean los civiles y no los militares los que tomen las decisiones más importantes en políticas de seguridad y defensa, obviamente con asesoría de los militares, pero estos últimos con menos poder e influencia en las decisiones. El mensaje es claro, incluso en los temas militares o de seguridad, son los civiles o no los militares los que deben tener la última palabra. Es una manera de alejar o ponerle límites a influencias militaristas o pretorianas en la toma de decisiones.

Haciendo un análisis desde un enfoque neoinstitucional, a lo largo de nuestra historia han existido tanto instituciones formales como informales que han buscado limitar la influencia de los militares en la política o separar claramente estas dos esferas. Reglas formales como Ley 72 de 1930 aprobada al inicio de la República Liberal, estableció que la Fuerza Pública debía ser no deliberante y le negó el derecho al voto; o, el Decreto 1814 de 1953, que pasó la Policía Nacional del Ministerio de Gobierno al Ministerio de Guerra, con el argumento que desde el régimen conservador durante la época de la Violencia se había politizado la policía a través del Ministerio de Gobierno, utilizándose para perseguir liberales y comunistas.

Pero también han existido reglas más informales que le apuntaron a esto, como el caso de la Doctrina Lleras. En un famoso discurso en el Teatro Patria el 9 de mayo de 1958 en Bogotá, el primer presidente del Frente Nacional, Alberto Lleras Camargo, invitaba a los militares a hacerse cargo solamente de su esfera de acción en temas de seguridad. Este discurso fue leído por muchos analistas y académicos (y militares) como una regla no escrita, un principio, en el que las elites civiles delegaban buena parte de los asuntos de seguridad nacional en los militares, con la idea de restarles incentivos a estos de intervenir en las decisiones políticas de las elites civiles de gobierno.

Pese a nuestra prolongada historia de violencia política, hemos sido uno de los países de América Latina que menos- quizás el que menos- golpes militares, intentos de golpes, dictaduras militares o cívico-militares ha tenido en dos siglos de vida republicana. El autogolpe de Bolívar en 1826, el golpe de Urdaneta en 1830, el golpe y la dictadura militar de Melo en 1854, el autogolpe de Tomas Cipriano de Mosquera en 1867, el intento de golpe a López Pumarejo en 1944, la dictadura militar de Rojas Pinilla de 1953 a 1957 y la Junta Militar que gobernó precisamente ese último año hasta el inicio del Frente Nacional en 1958, son los ejemplos más destacados de la participación extrema de militares en la política colombiana. Aunque parecieran muchos casos, comparados en cantidad y duración, son muy pocos para la historia latinoamericana.

Pero esto no nos debe confundir. El hecho de que los militares no hayan tenido una participación más directa en la política, no quiere decir que no hayan tenido una gran influencia. En el marco de la Guerra Fría y su doctrina del Enemigo Interno, bajo el amparo formal de los Estados de Sitio e informal de la Doctrina Lleras, los militares tuvieron en Colombia mucha carta blanca para tomar decisiones y cometer excesos en materia de violaciones de Derechos Humanos, con la justificación de estar combatiendo la insurgencia. Además, aún persisten temas muy poco estudiados en la academia colombiana con relación a la gobernanza pretoriana, un ejemplo es la institución de los Alcaldes Militares, los cuales eran nombrados en zonas de difícil orden público. Aunque hoy no lo parezca, esta institución se usó de manera muy frecuente en nuestra historia hasta bien entrado los 2000.

También es cierto que, bajo ministerios de defensa civiles, se han cometido toda clase de barbaridades, como los falsos positivos durante una parte del ministerio de Juan Manuel Santos, o los bombardeos a campamentos guerrilleros donde se conocía de la presencia de menores de edad durante el ministerio Guillermo Botero, o, la violencia letal ejercida por integrantes de la Fuerza Pública contra manifestantes en el marco del paro nacional del 2021 bajo el ministerio de Digo Molano. Así que, un ministro de defensa civil tampoco garantiza necesariamente un ministerio de defensa civilista.

Pero, para que las democracias funcionen necesitan que los actores cumplan un conjunto básico de instituciones formales e informales y se comprometan con ellas. Son tan importantes el cumplimiento de las reglas escritas como de las reglas no escritas. Así haga un buen trabajo el nuevo ministro de defensa- y esperemos que sí lo haga- ya dejó un mal precedente el presidente Petro con su decisión. Las reglas democráticas no son excepciones, son reglas. Cuando en un futuro un gobierno de derecha nombre a un exmilitar como ministro de defensa, poco podrán alegar los sectores de oposición.