Reformismo y golpismo

El mes de julio inició con las revelaciones de un supuesto plan de golpe de Estado orquestado por el excanciller del gobierno actual Álvaro Leyva. En los audios revelados se describe no solo la intención, también se menciona los nombres de actores políticos, económicos, internacionales y armados a los cuales Leyva pensaba convocar para ejecutar el plan. Luego el excanciller dio una entrevista en la que en lugar de desmentir o retractarse con claridad, terminaba ¿sin querer? confirmando y ratificando lo mismo, pero, con otras palabras. 

Hay que reconocer que hubo medios de comunicación que le dieron un amplio cubrimiento al tema, por la importancia y gravedad que ameritaba. Pero también hay que decir que algunos periodistas y líderes de opinión de manera sesgada y mezquina le quitaron relevancia al asunto, afirmando que eran cosas de un viejito octogenario o exageraciones de Petro.

Lo revelado en los audios es gravísimo -rayando con lo ilegal- y debe ser rechazado por todos los actores políticos, económicos, judiciales y culturales que se definan como demócratas en una sociedad, puesto que lo que revelan es la planeación de un golpe de Estado. Como ya hemos definido en anteriores columnas, el golpe de Estado lo podemos entender como la acción o el intento de desplazar a un mandatario de sus funciones, mediante mecanismo no constitucionales y/o mediante la amenaza o el uso de la fuerza. De hecho, el plan de Leyva combinaba precisamente tanto actores civiles como armados, con su mención al ELN y el Clan de Golfo.

Los momentos reformistas como el que estamos viviendo, no son ajenos a las situaciones golpistas. Para iniciar sus reformas a la Constitución de 1886 Rafael Reyes recurrió a un autogolpe de Estado en 1905; el hombre de la Revolución en Marcha, Alfonso López Pumarejo, sufrió un cuartelazo militar en 1944, y al inició del Frente Nacional en 1958 hubo también ruido de sables. Si vamos a la historia de América Latina también encontramos golpes de Estado a gobiernos reformistas, como al de Jacobo Árbenz en Guatemala en 1954 o Salvador Allende en Chile en 1973.

Pero más que el reformismo en sí es la polarización extrema la que se correlaciona fuertemente con las situaciones golpistas. Por ejemplo, el momento constituyente de 1991 fue profundamente reformista, pero no implicó situaciones golpistas, pero, en 1994 durante el gobierno de Ernesto Samper, si bien su gobierno impulsó algunas reformas importantes como el Sisbén, el ruido de sables vino más por el escándalo del proceso 8000, que polarizó fuertemente a los actores sociales entre si Samper debía o no seguir en la presidencia.

El gobierno de Petro ha enfrentado situaciones golpistas desde antes de su llegada.  Cuando era candidato y punteaba en las encuestas, el entonces comandante del Ejército Nacional, Eduardo Zapateiro, opinaba abiertamente en contra del candidato, cuando la Constitución le obligaba a ser no deliberante. Recientemente el presidente del Congreso Efraín Cepeda insinuó una posible reunión con la cúpula militar sin la presencia del presidente de la República, y la cereza del pastel la corona Leyva con el plan revelado en los recientes audios. 

Nuestra historia política siempre ha sido convulsa, pero la primera administración abiertamente de izquierda en llegar a la presidencia de la República en Colombia, está implicando un gran reto para nuestra democracia. Un reto para el mismo gobierno, quien para sacar adelante su agenda reformista no debería caer en pulsiones autoritarias, excesos populistas, tácticas constitucionales duras o en deslegitimar de antemano a las mismas instituciones que lo llevaron al poder. Pero también un reto para la oposición y los medios de comunicación, quienes deberían hacer un control político leal en el marco de la constitución, sin recurrir a tácticas obstruccionistas reiteradas, replicar fakenews, o participar en intentonas golpistas o militaristas.

Entre tantas noticias en ocasiones no caemos en cuenta de la magnitud de los acontecimientos. Iniciamos el año preelectoral con un intento de magnicidio y un intento de golpe de Estado, todo con menos de un mes de diferencia. Nuevamente el llamado insistente es a que todos los actores políticos, económicos, judiciales, culturales y mediáticos se comprometan a bajarle al discurso estigmatizador y a respetar las reglas del juego democrático.