De mercenarios y paramilitares

El pasado miércoles 29 de octubre en la ciudad de El Fasher en Darfur del Norte (Sudán) fueron asesinados aproximadamente 460 civiles en un hospital, por parte del grupo armado denominado Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF, por sus siglas en inglés). Este hecho se da en el marco de la guerra civil que estalló en Sudan desde abril del 2023 en la que se enfrentan el RSF bajo el mando de Mohamed Hamdan Dagalo y el Ejército de Sudan al mando del general Abdelfatá al Burhan.

Antes de hablar del tema central de esta columna – la presencia de mercenarios colombianos en esa guerra – es necesario hacer una precisión muy importante. La mayoría de los medios de comunicación se refieren a las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) como “paramilitares”. Es claro que los medios en ocasiones lo que hacen es replicar notas de prensa de otras fuentes, lo que implica que, si existe un error conceptual, este se repita una y otra y otra y otra y otra vez. Uno esperaría que en los medios haya asesores en temas políticos, jurídicos, económicos, internacionales etc, precisamente para evitar estas cosas. 

Para aclarar: si el RSF está luchando contra del gobierno de Sudan y lleva dos años en guerra contra este, esto quiere decir que NO es un grupo paramilitar. Los grupos paramilitares son grupos armados que funcionan de manera paralela a la fuerza pública del Estado, luchando a favor de este, o, a favor de las elites de poder nacionales o locales. No luchan contra el Estado, luchan a favor de este. Por ende, el RSF no es un grupo paramilitar. Puede haber tenido un origen paramilitar, pero en este momento decirles así es conceptualmente erróneo. Son un grupo rebelde o insurgente, es decir un grupo armado con motivaciones políticas que lucha en contra del Estado y sus fuerzas armadas. 

Ahora sí, pasemos al tema. Desde el inicio de la guerra en varios medios se ha reportado la presencia de mercenarios de origen colombiano participando en este conflicto, asunto que el mismo Estado de Sudan ha denunciado incluso en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Estos mercenarios colombianos al parecer estarían siendo contratados y llevados a Sudan por Emiratos Árabes a través de la empresa Global Security Services Group, con sede en ese país. 

La figura del mercenario es casi tan antigua como la de los mismos ejércitos. Son soldados a sueldo sin reino y sin patria, que venden su trabajo al mejor postor. Charles Tilly contaba que en la edad media existían pequeños reinos cuyo principal producto de exportación eran los mercenarios. En la actualidad los mercenarios están conformados por exmilitares que venden sus conocimientos y habilidades en el ejercicio de la violencia a empresas de seguridad internacionales, como las desaparecidas Blackwater o Academi, o las actuales Constellis Holdings o la mencionada Global Security Services Group. 

Estas empresas de mercenarios han estado relacionadas con escándalos y crímenes en guerras civiles en África y medio oriente. Por ejemplo, en 2015 integrantes de Blackwater fueron condenados en EEUU por la masacre de 14 civiles ocurrida en la plaza Nisour de Bagdad en 2007, pero en el 2020 todos los condenados fueron indultados por el presidente Donald Trump.

Pero más allá del caso de Sudan, la participación de mercenarios colombianos en recientes guerras y hechos de violencia en el extranjero por desgracia no son algo nuevo. Se ha documentado la presencia de mercenarios colombianos en la guerra en Ucrania, y no se nos puede olvidar que fue un grupo de exmilitares colombianos los que el 7 de julio del 2021 asesinaron al primer ministro de Haití, Jovenel Moïse. 

Lastimosamente un conflicto armado interno tan prolongado como el nuestro, nos ha dejado un legado abundante de especialistas en el ejercicio de la violencia, tanto legales como ilegales. La existencia de estos guerreros y su reciclaje son uno de los elementos claves que explica por qué nos ha sido tan difícil cerrar nuestros ciclos de violencia, puesto que es relativamente fácil para cualquier señor de la guerra bien financiado, conformar verdaderos ejércitos privados en los campos colombianos. Pero también, la sobreoferta de especialistas en la violencia -en este caso exmilitares – nos ha convertido en uno de los principales exportadores de mercenarios. 

Urge una reglamentación internacional que regule y sancione a los estados e individuos que promuevan cierto tipo de prácticas relacionadas con el mercenarismo, que atenten contra los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Penal Internacional. Así como el Estado colombiano debe tener una voz autorizada en el mundo para proponer alternativas al problema de las drogas ilícitas -pues lo sufrimos-, también deberíamos tener un papel protagónico a la hora de proponer las reformas internacionales necesarias para afrontar el problema del mercenarismo, del cual como vimos nos hemos vuelto por desgracia corresponsables.