¿El Banco de la República y los límites de la democracia?

¿El Banco de la República y los límites de la democracia?

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El pasado martes 31 de marzo se desató una polémica en el país político y económico, por la decisión del Ministro de Hacienda de no asistir más a la Junta Directiva del Banco de República, como rechazo a la decisión de la banca central de subir las tasas de interés 100 puntos básicos, como una manera de afrontar según los argumentos del emisor las consecuencias del aumento del salario mínimo y la inflación. Decisión que el gobierno del presidente Gustavo Petro no comparte y de ahí la decisión de su Ministro de Hacienda.

En esta columna no abordaremos los aspectos técnicos de esta decisión del Banco de la República, ni diremos si estamos a favor o en contra puesto que no somos expertos en la materia. Aprovecharemos la oportunidad para plantear un debate más de fondo que está en el corazón de la situación, un debate de filosofía política y diseño institucional, un debate que algunos han sintetizado como decisiones técnicas vs decisiones populares. Y es que ¿existen en una sociedad democrática decisiones de carácter colectivo y vinculante que no deberían ser tomadas de acuerdo con la voluntad popular mayoritaria? Como veremos a continuación, no hay ni un consenso absoluto en la respuesta a esta pregunta, ni mucho menos el debate es tan simple como parece. 

Por ejemplo ¿está usted de acuerdo con que un acuerdo de paz sea sometido a refrendación popular? ¿está de acuerdo con que los derechos de la población LGTBIQ+ (adopción, matrimonio, etc.) deban ser sometidos a refrendación popular? ¿está de acuerdo con que un plan de vacunación sea sometido a refrendación popular? ¿está de acuerdo con que las políticas migratorias sean sometidas a refrendación popular? ¿está de acuerdo con que un tratado de libre comercio sea sometido a refrendación popular? ¿está de acuerdo con que una política macroeconómica sea sometida a refrendación popular? etc, etc, etc. Si respondió que no a una o varias de estas preguntas- así no sepa muy bien porqué- entonces usted considera que existen ciertas decisiones de carácter colectivo que no deberían ser sometidas simplemente al apoyo popular mayoritario, no importa el mecanismo que se use para lograr esa expresión popular.

Pero ¿cuáles son esos principios o criterios para decidir cuales decisiones sí y cuales no? Un buen punto de partida lo dan Ferrajoli, Bobbio y Garzón Valdés, cuando señalan que en las sociedades democráticas debe haber una esfera de lo indecidible, un terreno inviolable, o un coto vedado, ese conjunto básico de valores, derechos, deberes o garantías, es decir, un conjunto de temas, sobre los que se ha logrado un cierto nivel de consenso amplio (nunca universal, eso no existe en las sociedades), y que, por extensión, no deberían estarse sometiendo a consultas o refrendaciones populares, puesto que esas “mayorías populares” que existen en un momento dado, podrían ser más coyunturales que el producto de un cambio gradual en los modelos mentales. Por ejemplo, el derecho a la vida, la libertad de expresión, derecho a la educación, salud, etc, son algunos ejemplos de esas cosas que entrarían en ese coto vedado, puesto que se supone que existe un cierto consenso sobre ellas, por ende, no deberían hacerse referendos o plebiscitos para suspender o restringir esos derechos o garantías. 

Pero fíjese que incluso en esos temas, donde al parecer existe un cierto consenso amplio, no están exentos de debate: el aborto, la eutanasia o la pena de muerte para ciertos delitos, son temas que aparecen en el debate sobre el derecho a la vida; o, si la educación y la salud deben ser provistos por el Estado o por actores privados en un Estado ultramínimo, son debates profundos y vigentes de teorías de la justicia. 

Pero la decisión del Banco de la República no entra tanto en las teorías del coto vedado sino más bien en lo que se conoce en filosofía política y jurídica como las teorías contramayoritarias. Estas teorías plantean que en las sociedades democráticas deberían existir ciertas instituciones -no necesariamente elegidas de manera popular- que en ocasiones deben tomar decisiones contramayoritarias, es decir, decisiones que no le van a gustar a la mayoría. Es ahí donde entrarían los Bancos Centrales, las Cortes Constitucionales o los Institutos de Salud Pública, por ejemplo. 

A partir de esto, podríamos inferir tres criterios tentativos:

  1. Criterio derechos fundamentales: garantías básicas universales en las que se hayan logrado consensos muy amplios, no deberían estarse sometiendo a consulta popular. Por ejemplo, un referendo sobre suspender la libertad de culto.
  2. Criterio derechos de minorías: garantías conquistadas por minorías étnicas, religiosas o sexo género diversas que históricamente fueron oprimidas o excluidas, no deberían estarse sometiendo a consulta popular. Por ejemplo, un referendo para decidir si todas las personas en un país deben hablar una misma lengua por obligación.
  3. Criterio decisiones técnico/científicas: decisiones colectivas que impliquen un conocimiento muy técnico o científico, no deberían estarse sometiendo a consulta popular. Por ejemplo, al parecer aquí entrarían las decisiones de los bancos centrales autónomos, que en ocasiones son contramayoritarias.  

Aunque pareciera que las decisiones del Banco de la República estarían blindadas por este tercer criterio contramayoritario, esto no es tan claro. Si bien la economía es una de las ciencias sociales más avanzadas, no es una ciencia exacta, ni tiene leyes universales que expliquen el comportamiento de los grupos humanos de manera infalible, como la ley de la gravedad y las leyes de la termodinámica en la física.

Incluso dentro de la misma economía hay escuelas que defienden la idea de una banca central más autónoma, como otras que defienden posturas de una banca central más alineada con los intereses del ejecutivo, así como otras que defienden la idea de una banca central con una mayor diversidad y pluralidad en sus juntas directivas. Así que, aunque las decisiones económicas son técnicas y científicas, eso no las aleja del debate democrático y la deliberación pública informada¹

Adenda: no estoy de acuerdo con que el Ministro de Hacienda se haya levantado de la Junta Directiva del Banco de la República, así como tampoco estuve de acuerdo cuando algunos gremios se levantaron de la mesa de concertación del salario mínimo en diciembre pasado. Ambas posturas son síntoma de polarización extrema. Si hay debates y discrepancias, para eso son esos diseños institucionales, para tramitarlos y afrontarlos ahí, no para levantarse de la mesa cuando no nos gusta una decisión

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¹ Quien desee tener una mirada más amplia de este debate desde una perspectiva muy interesante, lo invito a revisar: Bustillo, Gabriela (2023) Límites de la democracia: Reflexiones en torno al principio mayoritario en decisiones de carácter colectivo. Trabajo de Grado para optar al título de Politóloga. Universidad Tecnológica de Bolívar. https://repositorio.utb.edu.co/entities/publication/5609b2bd-f18d-44b8-9150-97b84951f3f4

Acerca del autor

Armando José Mercado
Armandomercado@razonpublica.org.co |  + posts

*Politólogo, magister en Conflicto Social y Construcción de Paz, profesor de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Tecnológica de Bolívar (UTB) e investigador en el Grupo Regional de Memoria Histórica (GRMH-UTB) de la misma universidad.

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Armando José Mercado

*Politólogo, magister en Conflicto Social y Construcción de Paz, profesor de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Tecnológica de Bolívar (UTB) e investigador en el Grupo Regional de Memoria Histórica (GRMH-UTB) de la misma universidad.

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