Juicio al poder: presidentes frente a la justicia

En semanas pasadas vimos dos situaciones en las que exmandatarios fueron judicializados en Latinoamérica. El viernes 1 de agosto una jueza en primera instancia condenó a 12 años de prisión al expresidente Álvaro Uribe Vélez en Colombia, por fraude procesal y soborno en actuación penal. A los pocos días, el lunes 4 de agosto un juez del Supremo Tribunal Federal en Brasil ordenó arresto domiciliario en contra del expresidente Jair Bolsonaro, por incumplir las medidas cautelares impuestas ante el riesgo de una fuga, en el marco del juicio que se le lleva por haber participado en la posible planeación de un golpe de estado.

Pese a lo defectuoso que pueden ser los aparatados judiciales en América Latina y a que es la primera vez que esto le ocurre a un exmandatario en Colombia, tenemos varios antecedentes en la región de mandatarios o exmandatarios que tuvieron que pasar por los tribunales. Pero no todos los procesos judiciales son iguales, por lo que los podemos clasificar en dos tipos: juicios transicionales y juicios en democracia.

Los juicios transicionales son los procesos judiciales en los que exmandatarios civiles o militares son investigados, juzgados y condenados por crímenes cometidos en el marco del desarrollo de regímenes autoritarios anteriores. Es decir, los juicios que se hacen en las transiciones de dictaduras a democracias. Por el contrario, los juicios en democracia son los procesos judiciales en los que exmandatarios civiles son investigados, juzgados y condenados en algunos casos, por crímenes cometidos en el marco de un régimen democrático vigente.

En los juicios transicionales encontramos los procesos llevados a cabo en contra de la Junta Militar liderada por Videla en Argentina en 1984, aunque estas condenas fueron revocadas posteriormente por la legislación e indultos. También en Bolivia en 1995 el exdictador García Meza y parte de su cúpula ministerial fueron condenados a siete años de cárcel por usurpación del poder durante la dictadura en 1981-82, siendo la primera vez en la historia legal de América Latina que esto ocurría. Posteriormente en Perú al exdictador Alberto Fujimori le impusieron cuatro condenas entre 2007 y 2009 por varios delitos, entro ellos allanamiento ilegal, homicidio calificado, lesiones graves, secuestro agravado en dos masacres, peculado doloso, entre otros, ocurridos durante su régimen autoritario entre 1990 y 2000.

Por su parte, los juicios en democracia los podemos a su vez subdividir en dos grupos, los juicios por corrupción y los juicios por atentar contra la democracia. En los primeros se judicializan mandatarios o exmandatarios que se aprovecharon de su posición de poder para obtener un beneficio económico o judicial para ellos, o, para un tercero. Algunos ejemplos destacados son Carlos Menem en Argentina en 2013 y 2015, Otto Pérez Molina en Guatemala en el 2022, Juan Orlando Hernández en Honduras en el 2022 y nuevamente en Argentina Cristina Fernández de Kirchner en el 2022 y 2025.

En este mismo grupo están los del combo del escándalo de Odebrecht, que involucra a los expresidentes peruanos Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala, en Panamá a Ricardo Martinelli, quien en la actualidad está asilado políticamente en Colombia, o el caso de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, aunque en el 2021 el Tribunal Supremo de Brasil anuló las condenas en su contra por falta de imparcialidad judicial, quedando absuelto y sin condena en firme.

Por último, en los juicios por atentar contra la democracia encontramos los casos de Pedro Castillo en Perú, quien desde diciembre del 2022 luego de un intento de autogolpe, se encuentra detenido por delitos relacionados con rebelión y quebrantar el orden constitucional. También el caso de Jeanine Áñez en Bolivia quien se encuentra detenida desde 2021 y fue condenada posteriormente a 10 años de cárcel, por actuaciones relacionadas cuando ostentó el cargo de presidenta luego del golpe de Estado a Evo Morales en noviembre de 2019. El juicio contra Jair Bolsonaro en Brasil entraría en esta categoría.

Lo interesante es que independientemente el tipo de juicio, sea este transicional, en democracia, por corrupción o por atentar en contra de la democracia, todos generan una fuerte polarización política en sus sociedades. Podría pensar el lector que los juicios hechos a exdictadores o los juicios hechos en contra de exmandatarios civiles que atentaron contra sus democracias, podrían generar algún grado de consenso más fácil y poca polarización, por alguna idea de respeto básico a las reglas del juego democrático que pudiera estar compartida en sus sociedades, pero esto no es así. Solo es observar el grado de apoyo con el que cuenta el fujimorismo en Perú, la figura de Bolsonaro en Brasil o incluso el recuerdo de la Junta Militar en algunos sectores de la sociedad argentina, para que se lleve una sorpresa.

Uno de los pilares fundamentales para el buen funcionamiento de las democracias modernas, es la existencia de un Estado de derecho lo suficientemente fuerte, en donde ningún ciudadano pueda estar por encima de la ley, y eso incluye a los mandatarios y exmandatarios. Con todo y nuestros defectos, nuestros sistemas legales han logrado que algunos exmandatarios respondan por sus crímenes. Estos juicios por su naturaleza no estarán exentos de polémicas, enfrentarán en muchas ocasiones intentos de presiones indebidas, y, obviamente muchas veces generarán polarización. Pero nuestra tarea como sociedad civil en democracia es respetar los fallos, apelarlos a través de las vías institucionales si lo consideramos pertinente y deliberar de la manera más informada, argumentada y crítica -y algunas veces también apasionada- posible, de esta forma podremos seguir aportando a mejorar nuestros Estados de derecho y democráticos en América Latina.