¿Existe un conflicto armado interno en Ecuador?

El pasado domingo 13 de abril fue reelecto como presidente de Ecuador el candidato-presidente Rafael Novoa con aproximadamente el 56% de la votación frente a la opositora Luisa González quien obtuvo aproximadamente un 44%. Pese a que esta última no reconoce los resultados alegando la existencia de un posible fraude masivo, en esta columna no abordaremos este tema. Vamos a centrarnos en comprender un fenómeno que está a travesando el Ecuador desde hace unos años y que el mismo Novoa hace un año catalogó como un conflicto armado interno.

El 9 de enero de 2024 el presidente Rafael Novoa, ante la grave crisis de seguridad ocasionada por los grupos narcotraficantes, emitió un Decreto en el que formalmente reconoció la existencia de un conflicto armado interno en Ecuador, el cual están librando las Fuerzas Armadas en contra de “grupos del crimen organizado transnacional como organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes” como “las Águilas, ÁguilasKiller, Ak47, Caballeros Oscuros, ChoneKiller, Choneros, Covicheros, Cuartel de las Feas, Cubanos, Fatales, Gánster, Kater Piler, Lagartos, Latin Kings, Lobos, Los p.27, Los Tiburones, Mafia 18, Mafia Trébol, Patrones, R7, Tiguerones”.

Según el Derecho Internacional Humanitario (DIH) en un país existe un conflicto armado interno cuando el Estado a través de sus Fuerzas Armadas (Ejército, Policía, etc) libra combates militares sostenidos y con cierta intensidad, con grupos armados organizados (GAO), o, existen combates militares sostenidos y con cierta intensidad entre estos grupos armados organizados. Para el DIH no cualquier actor armado es un GAO. Para ser llamado así el actor debe tener una estructura de mando responsable y reconocible, una organización con división de funciones y roles, capacidad militar ofensiva/defensiva y cierto grado de control territorial.

Este es un primer punto que llama la atención. No está claro si todos los actores armados que menciona el presidente Novoa en el Decreto y que llama “grupos del crimen organizado transnacional” cumplan con las características que deben tener los GAO según el DIH. Aunque no es necesario que todos las cumplan, pues con que solo uno o algunos lo hagan, ya se configuraría el criterio de la existencia de enfrentamientos militares sostenidos y con cierta intensidad entre el Estado y uno o algunos GAO.

Pero para la aplicación del DIH este punto sí debería ser mucho más preciso. Con el reconocimiento del conflicto armado interno el Gobierno autoriza e invita a las Fuerzas Armadas a combatir a estos grupos con todo su poderío militar. Por tal motivo el Estado ecuatoriano sí debería ser mucho más claro en cuales grupos entran en la categoría de GAO y cuales no, y no simplemente hacer una lista de nombres sin descripción profunda. Existe bastante evidencia en América Latina y el mundo (miremos lo que le pasó a Duterte en Filipinas) sobre los riesgos de la militarización extrema y los abusos en violaciones a los Derechos Humanos en los que se puede incurrir, cuando temas que son de delincuencia común o delincuencia organizada no son afrontados con políticas de seguridad ciudadana e inteligencia policial, sino con militares en las calles y represión indiscriminada.

Un segundo punto que llama la atención es el lenguaje. El DIH habla de Grupos Armados Organizados (GAO), pero en el Decreto el presidente Novoa no llama a los grupos a los está combatiendo de esta manera, sino que los llama de forma algo ambigua como “grupos del crimen organizado transnacional como organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes”. Aunque llamarlos grupos del crimen organizado transnacional lo acerca no tanto al DIH sino más bien a la Convención de Palermo de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional del 2003, donde hablan de Grupos Delictivos Organizados (GDO) y Delincuencia Organizada Transnacional (DOT), en ninguna parte de dicha Convención invitan a la Estados a combatir este fenómeno de manera militar. Pero también el Decreto menciona más adelante en la misma frase “actores no estatales beligerantes” en un lenguaje ahí sí más propio del DIH, pero sin señalarlos directamente como GAO.

Dejando un poco de lado los debates sobre DIH, según los estudios actuales sobre conflictos armados internos en ciencia sociales, lo de Ecuador podría catalogarse como una guerra criminal. A grandes rasgos existen dos tipos de conflictos armados internos o guerras internas. Las separatistas o secesionistas en las que los GAO tratan de separar una porción de territorio estatal y gobernarlo; y las revolucionarias donde los GAO tratan de derrocar al gobierno estatal para iniciar algún tipo de revolución en el país. Pero en la actualidad, en situaciones donde los GAO no buscan fragmentar el Estado ni gobernarlo, sino más bien controlar mercados ilegales o legales, y para hacerlo necesitan en ocasiones enfrentarse militarmente al Estado y establecer a nivel subnacional regímenes de gobernanzas criminales, a este tipo de situaciones se las ha llamado guerras criminales.

El gobierno ecuatoriano debería ser muchos más claro, preciso y transparente en la categorización de su conflicto armado interno y sobre todo definir qué actores reconoce como GAO y cuales no, puesto que esto tiene implicaciones directas en las políticas de seguridad y puede reducir o aumentar los riegos de vulneraciones a los Derechos Humanos. Como demostró Benjamin Lessing en sus estudios sobre el combate a grupos narcotraficantes en contextos de guerras criminales, el uso de la violencia militar por parte del Estado en contra de todos los actores armados de manera indiscriminada, lo que puede traer como consecuencia es una reacción mucho más violenta por parte de los actores armados, con el consecuente escalamiento de la guerra criminal. Aunque lo parezca, la discusión no es solo semántica, es política.