La cuarta contrarreforma agraria - Razón Pública

La cuarta contrarreforma agraria

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El pasado martes en el Congreso de la República, el senador Iván Cepeda realizó un debate de control político al Ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, con el propósito de demostrar como los recientes nombramientos del gobierno en instituciones relacionadas con el tema agrario, evidenciarían supuestos vínculos del presidente De la Espriella y sus funcionarios con narcotraficantes y procesos de despojos de tierras en distintas partes del país. Señaló además el senador Cepeda que esto configuraría el inicio de una contrarreforma agraria en cabeza del actual gobierno. 

El debate pone sobre la mesa nuevamente no solo el tema de la reforma agraria, sino más precisamente, el de la contrarreforma agraria en Colombia. Pero, alguien podría plantear una duda conceptual y lógica: si existe un consenso relativamente amplio entre los estudiosos de que en Colombia nunca hemos tenido una reforma agraria profundamente redistributiva, es decir, una verdadera reforma agraria, entonces ¿cómo puede haber una contrarreforma agraria si no hemos tenido una reforma agraria? O mejor dicho ¿cómo se puede echar para atrás algo que nunca se hizo o se empezó?

Para aclarar esta cuestión primero tenemos que definir qué es una contrarreforma agraria. Dicho de manera sencilla, la contrarreforma agraria es el proceso mediante el cual se echan para atrás, se detienen o se reduce considerablemente la intensidad, de los procesos masivos -o los intentos – de entrega de tierras y activos relacionados con esta, a campesinos que no tienen tierras. 

Fíjese lector que en la definición hablamos de “los procesos” y de “los intentos”, esto quiere decir que contrarreforma agraria puede haber cuándo: 

  • Se echan para atrás o se detienen “los procesos” de reformas agrarias profundamente redistributivas que estaban en marcha, como, por ejemplo, cuando Pinochet da el golpe de Estado en Chile en 1973 a Allende, o cuando le dan el golpe de Estado a Arbens en Guatemala en 1954.
  • Pero, contrarreforma agraria también puede haber cuando se detienen o se echan para atrás “los intentos” de reforma agraria que un gobierno ha iniciado, así sean más distributivos que redistributivos, o más moderados que radicales. 

En ese orden de ideas, podemos concluir que sí es correcto conceptual y lógicamente hablar de contrarreforma agraria en Colombia, puesto que, si bien no hemos tenido un proceso de reforma agraria profundamente redistributivo, sí hemos tenido intentos genuinos de reforma agraria, los cuales fueron bloqueados por coaliciones contrarreformistas o coaliciones reaccionarias. 

A los intentos de reforma agraria adelantados en el primer gobierno de López Pumarejo (1934-1938) con la Ley 200 de 1936 le vino la contrarreforma agraria iniciada inmediatamente por su sucesor Eduardo Santos (1938-1942) y ratificada con la Ley 100 de 1944, aprobada en la segunda administración del mismo López Pumarejo (1942-1946), hecho que en ocasiones pasa desapercibido. Esta primera ola contrarreformista sería rematada por los masivos procesos de despojos de tierras ocurridos en el marco de la época de La Violencia bipartidista (1946-1958).

La segunda gran contrarreforma vendría como reacción a los intentos de reforma agraria impulsados primero por Alberto Lleras Camargo -Ley 135 de 1961- y posteriormente por Carlos Lleras Restrepo – Decreto 755 de 1967 y Ley 1° de 1968 – en el marco del Frente Nacional. En respuesta a estos intentos, durante el gobierno de Misael Pastrana (1970-1974) y luego del Pacto de Chicoral, la coalición reaccionaria aprobó en el Congreso las leyes 4 y 5 de 1973 y la Ley 6 de 1975 frenando todo el impulso reformista de la normatividad de los Lleras. 

La tercera contrarreforma agraria no fue tanto producto de una reacción normativa -aunque sí tuvo diseños institucionales que la favorecieron- si no más bien el resultados de los masivos procesos de abandono y despojo tierras de los que fueron víctimas millones de campesinos, ocurridos en el marco del conflicto armado desde finales de los 80s, los 90s y mediados de los 2000, producto -principal pero no únicamente- del accionar de narcotraficantes, paramilitares, empresarios y agentes del Estado aliados.

La normatividad relacionada con la reforma agraria expedida en ese momento fue principalmente el artículo 64 de la Constitución de 1991, que hablada del deber del Estado de promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los “trabajadores agrarios” y la Ley 160 de 1994 que daba impulso a las Zonas de Reserva Campesina y las Unidades Agrícolas Familiares. Como respuesta, en la primera década de los 2000 durante la administración de Álvaro Uribe se intentó expedir toda una normatividad que favorecía los procesos de despojo y acaparamiento de tierras ocurridos en el marco del conflicto armado, por ejemplo, la Ley de biocombustibles, el Estatuto forestal y la Ley de saneamiento a la propiedad, frenadas por la Corte Constitucional.  

El cuarto y último intento contrarreformista parece estarlo impulsando el presidente De la Espriella con la coalición reaccionaria que está armando, conformada por los funcionarios que estratégicamente está ubicando en las agencias estatales relacionadas con el tema agrario, junto con las mayorías que logre consolidar en el Congreso. Dicha coalición tendría el propósito de frenar los intentos de reforma agraria impulsados por el gobierno de Petro, relacionados con la compra de tierras a FEDEGAN y la implementación del punto número 1 del Acuerdo de Paz con las FARC-EP del 2016.

En ciencia política existe un rico campo de estudios enfocado en los procesos de democratización, así como en el estudio de su contrario, la desdemocratización, autocratización o erosión democrática; también existen investigaciones de excelente calidad sobre las causas de las guerras y recientemente se ha constituido todo un campo en estudios sobre la paz. En este sentido, así como existen interesantes investigaciones sobre las reformas agrarias, deberían existir también más estudios que analicen en mayor profundidad las contrarreformas agrarias, puesto que son procesos con sus propias lógicas, diseños institucionales, coyunturas críticas y actores, interesados estos últimos no solo en la tierra, sino en ocasiones incluso, en desaparecer hasta la palabra “campesino” del lenguaje.

Acerca del autor

Armando José Mercado
Armandomercado@razonpublica.org.co | + posts

*Politólogo, magister en Conflicto Social y Construcción de Paz, profesor de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Tecnológica de Bolívar (UTB) e investigador en el Grupo Regional de Memoria Histórica (GRMH-UTB) de la misma universidad.

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Armando José Mercado

*Politólogo, magister en Conflicto Social y Construcción de Paz, profesor de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Tecnológica de Bolívar (UTB) e investigador en el Grupo Regional de Memoria Histórica (GRMH-UTB) de la misma universidad.

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