Una solución sencilla para un problema complejo

El Sistema Internacional de Control de Drogas (SICD) busca eliminar el consumo de drogas psicoactivas con propósitos diferentes a los médicos o científicos. En la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961 este objetivo se justificó con argumentos religiosos y morales que lograron imponerse pese a las críticas de algunos países con industrias farmacéuticas importantes.

Las asociaciones de salud pública de países occidentales desarrollados se encargaron de definir cuáles eran los fines médicos o científicos aceptados para las drogas. Las ciencias sociales no participaron en la decisión porque el SICD consideraba que estas solo producían “especulaciones acientíficas”.

De forma implícita, este sistema supone erróneamente que el problema de las drogas adictivas es simple y, por ende, la solución también puede serlo. Su principal objetivo es “corregir” comportamientos pecaminosos o socialmente indeseables.

El SICD tiene rasgos autoritarios, por lo cual no sorprende que sea apoyado por países con tradiciones culturales o gobiernos autoritarios. En las reuniones anuales de la Comisión de Estupefacientes, una mayoría abrumadora de países, liderada por Rusia, China, los países musulmanes, los que han tenido gobiernos comunistas, y otros con influencias budistas o confusionistas, reafirma su apoyo incondicional a la política fundacional de este sistema.

Los únicos países que expresan críticas a las políticas internacionales de drogas son algunos en los que se valora la libertad individual y se tolera la diversidad de comportamientos.

Indefinición de términos y sus consecuencias

Los conceptos más importantes en estas convenciones (usos médicos o científicos, salud y bienestar) no han sido definidos. Lo más probable es que esto haya sido necesario para lograr un consenso. Paradójicamente, esto ha permitido que las agencias de drogas de la ONU modifiquen su interpretación en temas importantes como la regulación del cannabis y la relación entre los derechos humanos y las drogas.

Cannabis: el despacioso avance reformista

La marihuana es una droga que ha ganado aceptación en muchas sociedades y ha sido la droga ilegal de mayor uso en el mundo. Sin embargo, su proceso de legalización ha sido muy lento y no se ha extendido a otras drogas.

• En 1976, los Países Bajos aprobaron la Ley de Opio que, aunque no legalizó la producción ni la venta de marihuana, permitió que los “coffee shops” vendieran pequeñas cantidades de esta planta (cultivada ilegalmente). El resultado fue la aparición de un mercado ilegal de marihuana que trajo consigo un aumento considerable de organizaciones criminales.
• En 1996, California autorizó la producción y venta de marihuana medicinal, lo cual está permitido por el SICD. Esto se convirtió en un gran negocio para los médicos ambiciosos dispuestos a recetar marihuana medicinal a todo el que la “necesitara”. Actualmente hay 16 estados (además del distrito de Washington D.C.) donde el uso recreativo de la marihuana es legal, pero en cada jurisdicción hay sistemas de control diferentes.
• En 2013, Uruguay legalizó el consumo de marihuana con controles estrictos al consumo y a la producción. Sin embargo, la aplicación de esta ley ha sido difícil y lenta, por lo cual la mayor parte de los consumidores aún se abastece en los mercados ilegales. No obstante, es notable que la regulación fuera establecida por el Estado pese a que gran parte de la ciudadanía se oponía. En 2018 Canadá siguió los pasos de Uruguay.

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La silenciosa incorporación de los derechos humanos

Hasta el año 2012, los órganos del SICD sostuvieron que los derechos humanos no debían ser tenidos en cuenta porque no estaban mencionados en las convenciones sobre drogas. Sin embargo, ese año la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) fue renovada, y en 2014 empezó a defender la idea de que las políticas de drogas debían respetar los derechos humanos y responder a la complejidad de los fenómenos de producción, tráfico y consumo.

Actualmente, la JIFE afirma que:

• los derechos humanos de todos los actores en el mercado de drogas ilegales deben ser respetados;
• las políticas deben tener perspectiva de género;
• la pena de muerte no debe ser aplicada a los crímenes de drogas;
• las sanciones deben ser proporcionales a la magnitud de los crímenes;
• las políticas para los usuarios de drogas deben tratar la adicción, y no ser únicamente punitivas.

Las drogas ilegales como un problema complejo

La demanda y la oferta de drogas ilegales dependen, en gran medida, del entorno social donde circulen. Otros fenómenos como la desigualdad, la discriminación, el desempleo, la polarización política y la violencia debilitan el “sistema inmunológico” de una sociedad y facilitan el desarrollo de actividades económicas ilegales. Todos esos fenómenos se relacionan entre sí de diversas formas. Por ejemplo, la corrupción estatal facilita el desarrollo del narcotráfico y, a su vez, este fomenta la corrupción.

En definitiva, el tejido social, económico, político y cultural de las sociedades determina qué tan afectadas se ven por los mercados ilegales. Muchas sociedades apoyan la prohibición porque temen que los costos del consumo sean excesivamente altos.

El problema de las drogas es complejo y, por tanto, es necesario olvidarse de una política simplista única como la prohibición de todo consumo que no tenga propósitos médicos o científicos. Es hora de aceptar que no hay soluciones únicas que funcionen para todos los contextos.

Las consecuencias de la complejidad

Las agencias de drogas de la ONU han avanzado en su narrativa, pero no han asumido las consecuencias de la complejidad de los fenómenos de drogas. Por ejemplo, aceptan que las políticas deben basarse en la evidencia, y así lo hacen, cuando concluyen que la manera menos costosa de disminuir el consumo de cocaína en una tonelada es gastando en prevención del consumo, tratamiento, recuperación y socialización de adictos. No obstante, esta política y otras semejantes, basadas en la evidencia son promovidas para apoyar la prohibición a los usos de las drogas diferentes a los médicos o científicos, que nunca ha sido basada en la evidencia. La JIFE ha justificado esto con el argumento de que los costos sociales de la adicción a las drogas son inconmensurables, o sea que siempre serán mayores a los que podrían generar los mercados de drogas ilegales.

Las políticas del SICD buscan cambiar el comportamiento de las personas, y para eso han usado principalmente el temor a sanciones punitivas, lo cual ha podido ser efectivo a principios del siglo XX, pero hoy el mundo es otro. La gente es mucho más educada y con la globalización y las tecnologías de la información, ha aumentado, más allá de su entorno tradicional, el conocimiento que tiene sobre el mundo.

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Necesidad de políticas innovadoras para solucionar un problema complejo

Las ciencias sociales como la antropología, la psicología, la sociología, la economía, y otras, han desarrollado mecanismos basados en experimentos controlados que ayudan a diseñar soluciones que refuerzan comportamientos acordes con una ética cívica posmoderna. Estas buscan facilitar la convivencia y el desarrollo sostenible dentro de la diversidad y la tolerancia. Desafortunadamente, estas no son soluciones milagrosas ni de corto plazo.

Estos procesos son complejos y en el caso de las drogas requerirían:

1. Involucrar en la formulación e implementación de políticas a todos los afectados: los cultivadores, productores, consumidores, proveedores de insumos, prisioneros por delitos de drogas, funcionarios públicos y otros actores en las redes ilegales. La meta es lograr convertir a conquistadores, siervos, aventureros, comerciantes ventajistas, evasores de impuestos y de la ley, etc., en ciudadanos que se consideren parte del Estado. Para esto es necesario generar confianza y empatía mutua.
2. Entender a los que ostentan poder en la sociedad y convencerlos para que acepten perder privilegios a cambio de obtener seguridad y un crecimiento económico mayor. Esta pérdida de privilegios requiere que desarrollen respeto por los demás, o sea que los acepten como conciudadanos, aunque pertenezcan a otras etnias, razas, religiones, partidos políticos, género, o que residan en viviendas de estrato bajo, etc.

Se trata de un proceso de co-creación para establecer una comunidad nacional en la que todos sientan pertenencia, ciudadanía y esperanza en un futuro seguro en el que puedan desarrollarse.

Los procesos de co-creación son difíciles y muchos dirán que son irrealizables. Sin embargo, en el país hay ejemplos esperanzadores. Mucha gente joven no acepta continuar viviendo como sus padres y abuelos. Otros no tan jóvenes, ya tienen una profunda fatiga de vivir con el drama de la producción, tráfico y consumo de la cocaína. Estas personas han promovido organizaciones que rechazan los comportamientos que han prevalecido y trabajan incansable y admirablemente en la co-creación de una Colombia mejor. Estas organizaciones entienden la interrelación entre los problemas sociales y los peligros de tratar cada problema aisladamente. Hay que apoyar a estas organizaciones de la sociedad civil en su sueño por una Colombia mejor.

Es importante aclarar que nada de esto requiere dejar de hacer esfuerzos policivos y judiciales para que las leyes se cumplan. Pero si requiere que estos se ejecuten respetando los derechos humanos y no tratando a quienes violan la ley como enemigos que deben ser eliminados. Sin embargo, es necesario aceptar que los esfuerzos para acabar con el narcotráfico requieren ir mucho más allá de los primeros auxilios en casos de enfermedad. Ya es hora de atacar las vulnerabilidades estructurales del país, porque la solución “al problema de las drogas” en Colombia no va a venir del exterior.