Drogas ilegales: la legalización no es viable - Razón Pública

Drogas ilegales: la legalización no es viable

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Se abren paso en el mundo las políticas más flexibles en relación con el consumo y el tratamiento de los adictos. Pero el problema de Colombia es la producción para exportar, y en este punto el mundo no va a ceder ni un milímetro. ¿Por qué Colombia va en contravía?

Francisco E. Thoumi

El problema colombiano

La insatisfacción con las políticas de drogas ha crecido sustancialmente en el mundo, y se han fortalecido los movimientos hacia su flexibilización. Próximamente habrá dos foros de los cuales se esperan cambios en estas políticas: (1) Las Sesiones Extraordinarias de la Asamblea General de la OEA en septiembre de 2014 en Guatemala, y (2) la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 2016.

Es importante tener claro qué se puede esperar de esos foros, porque una cosa es abrir un debate y otra cosa es acordar cambios en las políticas que afectan a Colombia. Lo segundo es difícil -si no imposible- porque el problema de Colombia con las drogas es muy distinto del de la gran mayoría de países.

La insatisfacción con las políticas de drogas ha crecido sustancialmente en el mundo, y se han fortalecido los movimientos hacia su flexibilización.

La razón es sencilla: esas políticas han sido motivadas por la necesidad de restringir el número de adictos; la mayoría de los países perciben la adicción como un problema social que destruye la dignidad y la vida humanas. Por el contrario, en Colombia el consumo de drogas no se ve como un problema social sino personal o familiar, aunque está tan extendido como en esos   países. Cuando el narcotráfico empezó a crecer en Colombia el problema tampoco fue de producción y los narcos exitosos de los años setentas fueron aceptados por la mayoría de los ciudadanos: eran los “magiosos”.

El problema colombiano surgió debido a que la marihuana y la cocaína eran casi exclusivamente para el consumo de usuarios y adictos de otros países, especialmente de Estados Unidos. Esto dio pie a presiones que llevaron al tratado de extradición y a la violencia de los carteles contra el Estado, especialmente del cartel de Medellín.

La nueva agenda internacional

La mayoría de críticas a las políticas de drogas en Estados Unidos y Europa se refieren al modo cómo los gobiernos tratan a los usuarios. En la Comisión de Estupefacientes –hace menos de un mes- se presentó un documento elaborado por científicos que refleja lo que se serían temas de debate futuro y del cual vale resaltar algunos puntos:

· Hay evidencia clara de que los programas de distribución de jeringas limpias y las terapias de sustitución de opioides sirven para reducir el uso compartido de instrumentos de inyección, evitar la transmisión del VIH, reducir la mortalidad, la dependencia de las drogas y la criminalidad.

· En términos económicos, las políticas de reducción de daño son muy eficientes; es bastante más barato lograr resultados con ellas que con el encarcelamiento y otras medidas punitivas.

· La encarcelación, criminalización de usuarios y otras medidas restrictivas aumentan la vulnerabilidad al VIH y a la hepatitis C. 

· Los usuarios de drogas que cometen crímenes  no violentos no deben ir a la cárcel.  

· Se necesitan programas de reducción de daño aptos para las mujeres, especialmente en materia de salud reproductiva.

· La hepatitis C es una causa creciente de muerte prematura entre quienes se inyectan drogas; su tratamiento debe integrarse a los servicios de prevención de daño.


Kit de jeringas para el consumo saludable de drogas
fuertes.
Fotos: Todd Huffman

La posición de Estados Unidos

El pasado 31 de marzo el ex embajador en Colombia William Brownfield -actual director de la oficina de drogas del Departamento de Estado- reconoció la existencia de un amplio debate sobre políticas de drogas y explicó las cuatro bases de la política internacional de su gobierno:

1. Defender la integridad de las convenciones, porque no es conveniente eliminarlas o reformarlas. Las convenciones tienen más de 50 años y es virtualmente imposible lograr acuerdos entre más de los 180 países que hoy son parte de ellas.  Curiosamente, uno de los obstáculos que señaló Brownfield  sería lograr que el Congreso estadounidense ratificara una nueva convención, pues éste, como se sabe, está muy polarizado.

2. La interpretación de las Convenciones es flexible, sin embargo. Su objetivo es  reducir el consumo de drogas y la adicción, pero la Constitución de cada país puede condicionar la manera de lograrlo; por eso, aunque los estados de Colorado y Washington legalizaron la marihuana, el gobierno federal está cumpliendo con las convenciones. Estamos en 2014 y debemos adaptarnos a la nueva realidad.

3. Las Convenciones toleran una diversidad de políticas y estrategias nacionales según sean las instituciones, condiciones y cultura de los países.

4. Hay que combatir y ojala eliminar las organizaciones criminales transnacionales involucradas en el narcotráfico.

Colombia se enfrenta a realidades externas que contradicen sus expectativas internas. 

De lo anterior se siguen tres hechos claves para el debate:

(1)   El “problema de las drogas” en el mundo es primordialmente su consumo y adicción;

(2)   No existe ningún movimiento o apoyo para legalizar la producción de las drogas ilegales, con excepción de la marihuana, y

(3)   El narcotráfico internacional seguirá siendo prohibido y combatido.

Ilusión equivocada 

Colombia se enfrenta a realidades externas que contradicen sus expectativas internas.

Los cambios factibles en la gran mayoría de países tienen que ver casi exclusivamente con el manejo de la adicción, y buscan mejorar resultados y reducir los costos de las políticas punitivas subrayando la prevención y la rehabilitación. La flexibilización que se está proponiendo permitiría que los países experimentaran medidas para tratar los problemas de consumo y adicción internos, como lo está haciendo Uruguay. Hasta ahora el problema de Colombia ha tenido muy poco que ver con el consumo interno y se concentra en la exportación, más que todo de cocaína.

En principio, Colombia podría legalizar el consumo de marihuana siempre y cuando estableciera un sistema de control efectivo sobre la producción y el mercadeo que previniera las exportaciones.  En un caso extremo podría denunciar la Convención Única de 1961 y adherirse otra vez con reservas que permitieran la producción y el consumo domésticos.


Cocaína incautada en el pacífico colombiano.
Foto: Official U. S. Navy Page

La falacia colombiana

Muchos colombianos sienten que el país ha sido víctima de las políticas erradas, o peor, malignas de otros países, especialmente de Estados Unidos que no puede controlar su insaciable demanda cocaína. ¿Si Estados Unidos no controlar su consumo, por qué Colombia debe controlar su producción? Es una inferencia común que no solo justifica la producción sino la exportación de cocaína. Pero una posición que sencillamente resulta inaceptable no solo para Estados Unidos, sino para la enorme mayoría de países. 

Como indicó el exembajador Brownfield, la posición estadounidense es bastante flexible con relación al consumo, pero no al narcotráfico internacional. En Colombia sin embargo no se sabe que la posición de Estados Unidos sobre el consumo es mucho más tolerante que la de los países que hoy lideran el apoyo a las políticas más punitivas: Rusia, China, Japón, Suecia, Cuba, todo el mundo islámico, la mayoría de los países de la Europa Oriental, toda África, etc.

En Colombia suele decirse que el país concentró la producción de cocaína por las injusticias sociales (desigualdad, trato indigno, pobreza…), por factores externos (colapso de precios mundiales del café, crisis financiera, competencia de productores de confecciones y textiles con costos más bajo…), por conspiraciones de la DEA, o por otras razones exculpatorias.

Pero en Colombia no se enfrenta el hecho que quien produce y vende cocaína sabe que es un producto peligroso que produce adicción y esclaviza al usuario. Esto se minimiza arguyendo que el alcohol y el tabaco son legales y que los gringos tienen doble moral. Pero para que el argumento sea válido habría que explicar por qué si en Estados Unidos hay quienes se enriquecen explotando las debilidades de la sociedad o de los adictos, nosotros tenemos derecho a hacer lo mismo.

La raíz del problema

Como indicó el exembajador Brownfield, la posición estadounidense es bastante flexible con relación al consumo, pero no al narcotráfico internacional.​

El problema real es otro. Las sociedades pueden catalogarse entre aquellas donde predominan las personas “socio-céntricas” (para quienes  la responsabilidad hacia su sociedad es muy fuerte) y aquellas otras donde la mayoría es “individuo-céntrica” (cree que el beneficio de sí mismo prima sobre el de los demás).

Actitudes frente a la sociedad

 

Hay sociedades que educan en el socio-centrismo y hay otras donde prevalecen las libertades sobre las responsabilidades individuales. Me atrevo a postular que por razones históricas, geográficas, y por choques culturales entre conquistadores e indígenas -más la importación de esclavos- en Colombia ha sido extraordinariamente difícil crear cohesión social, de modo que a la gente le importen los demás y esté dispuesta a sacrificar algo por ellos. Esto nos ha hecho una sociedad excepcionalmente individuo-céntrica que promueve un Estado débil y capturado por intereses particulares.

Por eso, los argumentos del resto del mundo sobre el consumo de drogas no tienen eco en Colombia, donde el problema más visible ha sido la violencia inter-mafias, dentro de las mafias (que tampoco han logrado cohesión interna) y entre ellas y el Estado. Y a la inversa: los argumentos de Colombia sobre violencia y corrupción del narcotráfico tampoco resuenan en países donde el problema se percibe como uno de consumo y adicción.

Es importante reconocer que Estados Unidos también es muy individuo-céntrico, en tanto existe gran desconfianza en el Estado y la meta nacional es buscar la felicidad por medio de las libertades. Sin embargo, instituciones como la religión, la familia, los clubes o las asociaciones de padres de familia realizan un control social que no existe en Colombia (pese a esto, el énfasis cultural sobre las libertades ha sido clave en los movimientos a favor de la marihuana medicinal y la recreativa).

Muchos países que hoy lideran el prohibicionismo han tenido gobiernos autoritarios por mucho tiempo, y el Estado coarta las libertades para exigir comportamientos que consideran benéficos para la sociedad. Dada la historia del zarismo y el comunismo en Rusia no sorprende su dura posición contra el consumo de drogas. Lo mismo ocurre donde el partido comunista mantiene el poder, aunque sus políticas económicas sean las de mercado, como China.

En conclusión, el debate internacional sobre drogas ilegales se está abriendo y en los próximos dos años las discusiones serán muy agitadas. Sin embargo, estas se centrarán en el trato a los adictos y usuarios y en el respeto de los derechos humanos de ellos y de los presos, incluyendo la proporcionalidad de las sentencias. Las discusiones sobre el tema de los cultivos ilícitos subrayarán también en los derechos humanos de los cultivadores, pero la “comunidad internacional” no financiará muchos recursos para resolver los problemas del campesinado cocalero.  

Los debates sobre drogas cambiarán y mejorarán las políticas de drogas psicoactivas en el mundo, pero no resolverán el problema de Colombia.

 

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