Los medicamentos y servicios de salud son un negocio donde suelen quebrarse los estándares éticos en aras del beneficio económico. Y es muy difícil que los Estados logren controlar esos abusos, como se ve en Colombia y en todo el mundo.
Francisco Thoumi*
Medicina y fallas del mercado
Como expliqué en mi primer artículo sobre este asunto, para que el libre mercado sea socialmente satisfactorio deben cumplirse ciertas condiciones que a su vez requieren de una atinada intervención del Estado. La medicina es un perfecto ejemplo de las actividades donde las fallas del mercado son insuperables sin una estricta regulación estatal.
Los consumidores (los pacientes) acuden a los servicios de salud para que los médicos y otros profesionales les prevengan o curen enfermedades, pero en la mayoría de los casos no saben lo que necesitan: el consumidor le paga a otra persona para que ella le diga qué debe comprar y cuánto debe gastar. Además, cuando un paciente ingresa a un hospital recibe (compra) una serie de servicios y medicamentos cuyos precios no conoce y sobre los cuales no puede regatear.
Así, la asimetría entre la información que tienen el vendedor y el comprador es enorme. Por eso, para que el sistema sea socialmente óptimo se requiere que quienes prestan estos servicios no busquen maximizar sus beneficios sacando ventaja de los pacientes. Tal vez esa sea la razón de que médicos, enfermeras y otros profesionales de la salud tradicionalmente hayan tenido un aura semejante a la del sacerdote, pues son personas de las que se ha esperado que no estén motivadas por la búsqueda de grandes riquezas y que consideren su trabajo como una vocación, y no como un negocio.
Por otra parte, sucede muchas veces que el paciente tiene una necesidad imperiosa del servicio o del medicamento, lo cual lo pone en una gran desventaja con relación a los proveedores. Y estas necesidades no están en relación con la capacidad de pago del paciente: cuando un enfermo necesita un antibiótico costoso no puede optar por una aspirina, como en cambio sí puede alimentarse con una carne barata, aunque le gustaría más una langosta.
La aceptación de la salud como un derecho ha llevado a que en muchas sociedades sea el Estado quien cubre los costos de la atención médica, lo cual conlleva otro problema porque el consumidor (el paciente) que exige los servicios de salud no los paga: esto es un incentivo para utilizar en exceso los servicios y para que haya corrupción en el sector. Bajo este sistema los médicos y las administraciones de los hospitales son los guardianes de los dineros del Estado: pero, ¿quién vigila a los guardianes?
Los precios de los medicamentos
 Atención médica, punto importante de análisis. Foto: Wikimedia Commons |
Los medicamentos son análogos a lo que en economía se llama “bienes públicos” es decir, bienes o servicios cuya producción tiene costos fijos muy altos porque requieren educación avanzada de los profesionales e investigaciones muy sofisticadas y costosas, pero costos marginales muy bajos.
Así, una vez se sabe cómo producir un medicamento, los costos por unidad de producción de una píldora, un jarabe o una inyección son muy bajos. Esto crea un dilema porque si el precio del medicamento es igual a este costo marginal, no se cubrirían los grandes gastos necesarios para la producción del conocimiento y de los equipos que requiere su fabricación. Por eso, para que el sector privado produzca medicamentos nuevos se necesita un gran apoyo estatal a la investigación o una limitación a la competencia en el mercado que permita al productor privado cobrar un precio superior a aquel costo marginal. Las sociedades capitalistas han combinado estos dos mecanismos, pero ha predominado la segunda opción, es decir, la de limitar la competencia.
Para que el sector privado produzca medicamentos nuevos se necesita un gran apoyo estatal a la investigación.
Como aun en los países donde el Estado provee financiación esta no ha sido suficiente para la medicina de punta y por eso se emplea un sistema de patentes: una restricción a la competencia para inducir a los laboratorios privados a producir nuevas drogas. Una vez se patenta una droga, el laboratorio que la ha desarrollado obtiene el monopolio de su producción y mercadeo. Pero esto representa grandes desafíos para la regulación:
- La estimación de los costos de la investigación y el desarrollo de una droga novedosa se hace a partir de la información que suministra el propio laboratorio. Esto supone que los laboratorios sean honestos en sus estimaciones, que de todos modos son muy difíciles de efectuar: los laboratorios, por ejemplo, trabajan al tiempo en varios proyectos de investigación y los costos de su infraestructura física y de sus sistemas de mercadeo, contabilidad, manejo de personal, etc., son compartidos con otros proyectos. Además, los Estados han financiado una parte importante de la educación de muchos investigadores, por lo que algunos se preguntan si parte de los ingresos de la patente no deben ser transferidos al Estado.
- Ninguna patente justificada por los costos de la investigación y desarrollo puede ser eterna. Para determinar por cuánto tiempo debe concederse la patente es necesario estimar los ingresos futuros generados por la droga, es decir, adivinar los precios futuros de los insumos, el mercadeo y otros factores que incidirán sobre los costos futuros. Y esta es otra tarea imposible.
- Los laboratorios, como empresas capitalistas, buscan maximizar sus utilidades y para eso concentran sus investigaciones en las enfermedades que afectan a los sectores más pudientes. Esto significa que no se generen muchas drogas nuevas para atacar enfermedades que prevalecen en países y sectores sociales pobres.
La respuesta ideal
Aunque las sociedades han intentado desarrollar sistemas que permitan satisfacer las necesidades de salud de la población, no lo han hecho de manera óptima. ¿Qué características debe tener un sistema razonable?:
- Limitar las formas en que las empresas farmacéuticas explotan a la sociedad: por ejemplo, lograr que la vida de la patente no se extienda más allá de lo acordado y facilitar la producción de medicamentos genéricos al terminar el período de la patente.
- Evitar la colusión entre empresas, y entre ellas y los proveedores de servicios de salud.
- Limitar la propaganda de drogas que los usuarios cubiertos por los seguros estatales puedan pedirles a los médicos que las recetan.
- Desarrollar nuevas drogas para tratar enfermedades que afecten a la mayoría de la población, y no solamente a quienes tienen más capacidad de pago.
- Proporcionar a los médicos toda la información sobre los medicamentos para que ellos puedan elegir el que sea más adecuado, teniendo en cuenta su costo. Una posibilidad sería que los laboratorios dieran toda la información a un órgano estatal o a una asociación médica con funcionarios altamente calificados, quienes a su vez evaluarían y transmitirían esta información.
- Las drogas que producen adicción requieren un tratamiento especial porque en esos mercados fácilmente el 80 por ciento del gasto lo hace el 15 por ciento de los usuarios. Por consiguiente, es necesario tener políticas que controlen la tentación de las empresas farmacéuticas de crear consumidores adictos. Este es un gran desafío en el caso de la posible legalización de la marihuana medicinal.
- La información que los laboratorios trasmiten tanto al público como al sector de la salud debe ser objetiva y clara.
Prácticas nocivas
 Análisis de las fallas del mercado y producción de medicamentos. Foto: Wikimedia Commons |
Infortunadamente, en la práctica la mayoría de los Estados no han podido adoptar buenos sistemas de regulación, pese a que en muchos casos el costo marginal de hacerlo es muy bajo. Los actores del sector salud tratan de aprovechar en su favor las fallas del mercado, respaldados por el poder político que han ganado o por su capacidad de forjar alianzas fraudulentas para explotar sus mercados.
- Los paseos de la muerte (frecuentes en Colombia), las utilidades exageradas, los desfalcos y los fraudes en muchas empresas del sector son consecuencia de las dificultades de la regulación del mercado de la salud.
- Otra práctica común ha consistido en alterar marginalmente la molécula de los medicamentos para argumentar que se trata de una innovación y conseguir una nueva patente que extienda el monopolio.
- Los monopolios son más rentables cuando el monopolista logra separar a todos los consumidores para cobrar el precio más alto que cada cual pueda pagar. Esta segmentación de mercados es común en los hospitales y en las empresas farmacéuticas. Por eso, los precios de los medicamentos y de los servicios hospitalarios dependen de quién es el cliente y en qué país vive. Y mientras algunos países promueven el “turismo médico”, las empresas farmacéuticas han firmado acuerdos con sus distribuidores que no les permiten satisfacer la demanda fuera de países o regiones específicos.
- Las empresas farmacéuticas también pactan implícitamente con los médicos para explotar a los pacientes y es común que “premien” a los profesionales que formulan más sus medicamentos. Muchas veces estos premios (sobornos) son invitaciones a congresos científicos en centros turísticos atractivos o cupones para restaurantes y almacenes.
La corrupción del otro lado
Pero el comportamiento censurable en el mercado de la salud no es exclusivo de los productores; los abogados y los pacientes con frecuencia actúan de manera semejante. La medicina no es una ciencia certera y cada procedimiento o cada medicamento puede tener consecuencias negativas para el paciente.
Sin duda los pacientes tienen derecho a que los servicios de salud sean lo más seguro posibles, pero no es fácil establecer si hay o no culpabilidad cuando se dan esos resultados desafortunados. Esta dificultad es un incentivo eficaz para desarrollar una industria de litigios que proclama defender a las víctimas de malas prácticas y errores médicos, y de otra industria de seguros contra esos litigios que los médicos deben pagar.
Los laboratorios, concentran sus investigaciones en las enfermedades que afectan a los sectores más pudientes.
La comisión cobrada por los expertos en estos litigios es muy alta (frecuentemente 50 por ciento o más). Estos porcentajes o “costos de transacción” llevan a poner en duda la benevolencia de los litigantes y el beneficio social obtenido por sus acciones, pues estas claramente encarecen los costos de la medicina que todos debemos pagar.
Desarrollo para pocos
La humanidad ha avanzado enormemente en el conocimiento médico y el costo de los servicios y medicamentos ha disminuido de manera sustancial. Pero los comportamientos extractivos aquí descritos hacen que una alta proporción de la humanidad no se beneficie de estos avances, tenga vidas más cortas y padezca una salud más deficiente de la que podrían tener.
Sin embargo, hasta ahora el capitalismo no considera que tolerar o legitimar estos comportamientos sea un problema social grave.
*Cofundador de Razón Pública. Para ver el perfil del autor, haga clic en este enlace.
