Estados Unidos: migraciones e inmigrantes, una visión ecléctica - Razón Pública
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Estados Unidos: migraciones e inmigrantes, una visión ecléctica

Escrito por Francisco Thoumi

Francisco ThoumiUn análisis que obliga a pensar sobre los problemas que crea la migración ilegal para el país receptor y que sin duda provocará controversia.

Francisco E. Thoumi*

El problema central

En estos días se ha agudizado el debate sobre los inmigrantes a Estados Unidos a raíz de la ley adoptada en Arizona que autoriza a los policías a pedir documentos de identificación cuando se cumplan ciertas condiciones como ser sospechoso de un delito. Esto requiere que cada persona que esté en espacios públicos lleve documentos de identificación.

Pero el problema es por supuesto más profundo. En todos los países y las épocas la inmigración se ha visto como un proceso que bajo ciertas circunstancias puede ser benéfico pero que acarrea riesgos para la sociedad receptora, al punto que los Estados imponen sobre ella fuertes restricciones. Colombia, por ejemplo, tiene una legislación muy rigurosa que vincula la residencia con el trabajo. Un extranjero recibe visa de residencia si tiene un contrato de trabajo y apoyo para justificar su contratación. Al quedar desempleado el extranjero tiene 30 días para salir del país. Aunque muchos no lo crean, ¡en Colombia también puede haber quienes se casen para conseguir visa como consorte!

La inmigración legal siempre es y ha sido selectiva. Los criterios para discriminar fueron aceptados sin ningún problema por la gran mayoría, si no por todos los países. A partir de la segunda mitad del siglo XVIII movimientos políticos empezaron a hablar de derechos individuales y se empezó a popularizar la idea de la igualdad entre los seres humanos. Durante el siglo pasado se buscó llegar a un consenso sobre derechos humanos en el ámbito internacional. Sin embargo, las convenciones sobre dichos derechos son vagas, lo que permite diversas interpretaciones.

Dado que el respeto a normas sociales aceptadas es un requisito para que la sociedad funcione razonablemente, recibir inmigrantes de culturas diferentes puede generar costos sociales grandes. Por ejemplo, en un Estado moderno donde sus ciudadanos se sienten parte del Estado, inmigrantes de países en donde no haya un Estado con las mismas características tienden a crear grandes problemas. No en vano en Estados Unidos las mafias de hace un siglo las formaban principalmente inmigrantes o hijos de inmigrantes italianos, irlandeses y judíos.

Cabe preguntarse si elegir en dónde radicarse es un derecho humano fundamental. En otras palabras, si alguien nace en una sociedad pobre, ¿tiene derecho de mudarse a otra en donde pueda tener una mejor vida? Hay algunos grupos religiosos o motivados por consideraciones humanitarias que implícitamente aceptan esta proposición. Para ellos, hablar de inmigrantes ilegales es de mal gusto. Entonces hablan de "indocumentados".

Estados Unidos: país de inmigrantes

Este es un argumento que esgrimen con frecuencia los abogados de los inmigrantes ilegales. El hecho es cierto, pero no es la razón para abrir indiscriminadamente las puertas de la inmigración.

La Declaración de Independencia y la Constitución fueron formuladas por un grupo de terratenientes y citadinos que se habían dado el lujo de estudiar y pensar, quienes firmaron documentos contrarios a sus intereses pero que buscaban crear una nación democrática superior a las europeas. Así, dueños de esclavos no tuvieron problema  al firmar un documento que dice: "Sostenemos como evidentes por sí mismas dichas verdades: que todos los hombres son creados iguales…". Y de ahí en adelante.

El problema del trato a los inmigrantes es un caso clásico del conflicto entre los derechos individuales y los de la sociedad y el Estado. En Estados Unidos, un país formado por personas con una multitud de orígenes diferentes, los conflictos entre las leyes federales y las estatales ha sido una constante.

A pesar del relativo éxito de los inmigrantes en Estados Unidos, el país tuvo y tiene grandes problemas asimilándolos. Primero fueron las minorías negras, esclavizadas primero y luego discriminadas; en el siglo XIX los católicos; desde siempre los nativos americanos, segregados físicamente en "reservaciones" donde en teoría, podían mantener su cultura; también los hispanos residentes en los Estados del oeste que pertenecieron a México y los chinos y japoneses, que llegaron principalmente a California a mediados del siglo XIX, y que fueron asociados con el consumo de opio y frecuentemente discriminados. Frente a esos grupos la política fue no asimilarlos. La política del país siempre ha sido incluyente, pero ha buscado recibir a las personas que justa o injustamente han sido percibidas como las más fáciles de asimilar. Por eso se priorizó la inmigración europea, blanca y cristiana.

Una vez la Corte Suprema declaró ilegal la discriminación racial, religiosa y por origen y las leyes de derechos civiles fueron aprobadas, la política hacia la inmigración se hizo más flexible y permitió el ingreso de grupos más difíciles de asimilar.

Estados Unidos abrió sus puertas a la inmigración europea blanca cuando la revolución industrial generó una fuerte necesidad de mano de obra. El país también ha tenido programas de inmigración temporal. Durante la Segunda Guerra Mundial experimentó escasez de mano de obra. El gobierno instituyó entonces el Programa de Braceros que trajo campesinos mexicanos a cosechar en diversas partes del país. Este programa, que se mantuvo oficialmente hasta 1964, a mediados de los años cincuenta llegó a incluir a más de 400.000 braceros. 

Hasta finales de los años sesenta o principios de los setenta la inmigración fue primordialmente legal. Sin duda había "indocumentados", pero su número era relativamente bajo. En las últimas décadas la inmigración ilegal ha aumentado enormemente. La corriente predominante de la sociedad acepta a los inmigrantes que considera sus pares y les exige que se americanicen. No hay tolerancia para las ideas o comportamientos que consideren antiamericanos (un-American).  En otras palabras, ser americano no es solamente tener pasaporte americano sino aceptar la cultura americana: pensar y actuar como americano.

Dicha corriente, es cierto, ha mostrado alguna flexibilidad. En el siglo XIX los Estados Unidos era un país protestante; con el correr del tiempo pasó a ser cristiano, es decir, aceptó a los católicos cuando se hizo evidente que el Papa no los controlaba; y más recientemente acepta que es un país con una cultura judaico-cristiana, de modo que los musulmanes, budistas y otros grupos semejantes simplemente buscaron pasar desapercibidos. Pero eso cambió para los musulmanes después del ataque del 11 de septiembre de 2001, llevado a cabo por extranjeros con visas legales. Desde entonces han surgido fuertes sentimientos anti musulmanes y rechazo a algunas de las prácticas culturales de este grupo como el del espeso vestido femenino.

Los problemas de la inmigración latinoamericana

Desde la perspectiva latinoamericana esta inmigración es positiva para Estados Unidos; desde la de N.N. o el "John Doe" que tiene que competir con los inmigrantes en el mercado laboral, es claramente negativa. La inmigración latinoamericana presenta problemas muy distintos de los de las inmigraciones del pasado.

  • Primero, una parte importante de los migrantes han sido o son ilegales. Muchos de los que entraron ilegalmente han logrado visas utilizando varios métodos que han tomado largo tiempo. Por ejemplo, se han casado con algún ciudadano o residente legal. Pero la ilegalidad misma socava el imperio de la ley y el estado de derecho. Esto no parece ser importante visto desde las sociedades en las que el imperio de la ley es débil, pero desde la perspectiva americana es peligroso porque lleva a que dentro de algunos grupos se acepte como normal violar las leyes que consideren perjudiciales a sus intereses.
  • Segundo, las inmigraciones de finales del siglo XIX y principios del siglo XX fueron de personas que mantenían vínculos muy débiles con sus países de origen. Hoy, muchos migrantes latinoamericanos van y vienen continuamente, lo cual dificulta su asimilación cultural. La masiva inmigración latinoamericana ha implantado, de facto, el bilingüismo en muchos Estados y ciudades. Estos inmigrantes buscan participar de la sociedad americana pero son reacios a perder su identidad latinoamericana; exigen que los documentos públicos estén disponibles en español; que los empleados públicos hablen este idioma; ven televisión y escuchan radio en español, etcétera. Esta es una revolución cultural muy grande que algunos hispanos justifican con frases como: "los gringos se robaron la mitad de México, ahora la estamos recuperando", pero que no muestran la complejidad de lo que puede definirse como una invasión cultural.
  • Tercero, la necesidad de inmigrantes era amplia y la mayoría podía ser de gente que quisiera trabajar con sus manos dura y disciplinadamente. En la economía actual lo necesario son personas con conocimiento, no mano de obra no calificada. Por eso, cualquier política de inmigración razonable tiene que ser mucho más selectiva que en el pasado para no "importar pobreza".
  • Cuarto, una gran inmigración ilegal implica que el Estado no tenga control sobre la clase de personas que recibe en su territorio. Nadie presenta argumentos en contra de la necesidad que tiene un Estado de controlar la inmigración, aunque algunos defensores de los inmigrantes ilegales la defienden con un argumento simple: "los Estados Unidos es un país capitalista y la inmigración responde a la demanda y la oferta". Pero poner al mercado como el único factor que debe determinar las políticas implica apoyar una ética donde cada individuo busque solamente su propio beneficio, sin tener en cuenta las consecuencias de sus acciones sobre la sociedad.
  • Quinto, una parte importante de la inmigración actual es extractiva y uno de sus fines es transferir recursos desde los Estados Unidos hacia América Latina. Hoy las remesas de trabajadores latinoamericanos representan la principal fuente de divisas en algunos países latinoamericanos y son importantes en muchos otros.

Antecedentes legislativos

Una de las consecuencias más evidentes del 9/11 ha sido el cambio en la orientación de la política migratoria. La migración en general, tanto regular como irregular, ha dejado de suscitar preocupaciones sociales o económicas, para convertirse en un problema de seguridad nacional al que se debe prestar especial atención. 

En Estados Unidos sin embargo, este fenómeno no es nuevo. El fallido atentado a la Torres Gemelas en 1993 tuvo como consecuencia recrudecer el control de los inmigrantes ilegales, el cual desembocó en la expedición de la Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act de 1996 (Pub.L. 104-208, Div. C, 110 Stat. 3009-546), que puso en vigencia varias medidas rigurosas.

Más recientemente la discusión sobre la necesidad de adoptar políticas cada vez más fuertes para el control de los inmigrantes ilegales ha venido acompañada de  una serie de reformas legales:

  • The Basic Pilot Program Extension and Expansion Act (2003). Este programa fue lanzado en 1997 con el objeto de que las empresas verificaran voluntariamente el estatus migratorio de las personas que le solicitaran empleo.
  • The Real ID Act (2005) que hace más restrictiva la regulación para conceder el asilo político, modifica el mecanismo de habeas corpus para los inmigrantes, refuerza los mecanismos para controlar la inmigración, introduce modificaciones a las revisiones judiciales, e impone restricciones federales para la expedición por parte de los Estados de licencias de conducción a los inmigrantes. Esta norma hace parte de los anexos de la "Emergency Supplemental Appropriation for Defense, the Global War on Terror, and Tsunami Relief, 2005" (H.R. 1268, P.L. 109-13).
  • The Border Protection, Antiterrorism, and Illegal Immigration Control Act (2005) prevé la construcción de un cerco de al menos 700 millas (1.100 kilómetros) a lo largo de la frontera mexicano- estadounidense, con el objeto de controlar el flujo masivo de inmigrantes ilegales, y le ordena al gobierno federal custodiar a los extranjeros ilegales detenidos por las autoridades locales.

A estas leyes le han seguido propuestas de reformas que tienen por objeto endurecer las políticas. Bastan dos ejemplos. Primero, en diciembre de 2005, la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley propuesto por la Congresista  Stephanie Herseth (South Dakota) -Ley H.R. 4437, The Border Protection, Antiterrorism, and Illegal Immigration Control Act– con el objeto de eliminar el sistema de lotería de visas[1]. No obstante, el Senado no aprobó la ley. Y, segundo: en el 2007 la representante Dana Rohrabacher presentó el proyecto H.R. 736 –No Social Security for Illegal Immigrants Act of 2007– este proyecto tiene por objeto excluir los beneficios de los salarios recibidos por trabajadores ilegales, especialmente en lo que concierne a la Seguridad Social. 

A las propuestas federales se han unido también las iniciativas estatales. En el 2006 en el Estado de Georgia el Gobernador aprobó una ley de inmigración que tiene por objeto combatir a los migrantes ilegales. Esta ley niega beneficios del Estado a los mayores de edad que se encuentren de manera ilegal en Estados Unidos y obliga a los empleadores a verificar la situación legal de los nuevos trabajadores. Así mismo prevé la obligación de que la policía averigüe la situación migratoria de las personas que arreste.  En Arizona, el 1 de enero del 2008 entró en vigor una nueva ley estatal que penaliza a las empresas que contraten a inmigrantes indocumentados. La ley fue aprobada el 2 de julio de 2007 y establece la suspensión temporal o total de la licencia a las empresas que contraten a un trabajador sin documentos. No obstante, esta ley ha sido bastante criticada y se ha calificado como inconstitucional por algunos sectores, argumentando que de acuerdo con la Constitución de Estados Unidos el poder para dictar leyes de inmigración corresponde exclusivamente al Congreso Federal -Artículo I, Sección 8, Cláusula 4. Otros argumentan que se trata simplemente de dar cumplimiento a las leyes federales que prevén tal verificación.

La nueva ley de Arizona

La legislación sobre inmigración y la formulación y ejecución de las políticas al respecto son responsabilidad del gobierno federal pero los efectos de la inmigración ilegal son muy distintos en diferentes Estados, y en Arizona son especialmente graves. La ley ha generado una reacción muy fuerte por parte de muchos hispanos en los Estados Unidos . Pero muchas de las afirmaciones que se hacen al respecto, son incorrectas.

Para empezar, no es cierto que la ley cree nuevos delitos. Lo que dice es que "ninguna agencia del Estado, condado, ciudad u otra subdivisión de este Estado puede adoptar una política que limite o restrinja la aplicación de las leyes federales de inmigración en los términos permitidos por la ley federal". En su versión originalmente aprobada, la ley afirma, "En cualquier contacto legal efectuado por un oficial o agencia del Estado, condado, ciudad u otra subdivisión de este Estado en la que haya sospecha justificable de que la persona es un extranjero que está ilegalmente en Estados Unidos, siempre y cuando sea práctico, se hará un intento razonable para determinar su estatus migratorio. El estatus migratorio de la persona se verificará con el Gobierno Federal, de acuerdo con el Código 8 de los Estados Unidos sección 1373 (c)". Además, "Una agencia encargada de hacer cumplir la ley transportará de manera segura al extranjero bajo su custodia presente de manera ilegal en Estados Unidos a una instalación de este Estado u otro lugar en donde se transfiera la custodia al Gobierno Federal". En respuesta las protestas contra la ley, hace un par de días ésta se modificó requiriendo que se aplique solamente cuando el policía tiene sospechas de que la persona ha cometido un delito.

La ley tampoco introduce nuevas políticas respecto de la detención y deportación. No sanciona a seis meses de cárcel a los inmigrantes legales que no lleven sus documentos. Simplemente, al hacer cumplir las leyes federales, hace que los ilegales sean detenidos y en aplicación del pronunciamiento de la Corte Suprema de 2005, se deporten en un plazo máximo de seis meses. Esto tiene por objeto evitar que los inmigrantes ilegales permanezcan en detención indefinida. Esta detención no es una medida de carácter penal, sino parte de un proceso administrativo. Esta puede llevarse a cabo en un lugar de reclusión privado o en una cárcel oficial con la que la Oficina de Seguridad Patria (Homestead Security)  tenga contrato.

Esta medida ha sido criticada porque se teme que su aplicación se base en la raza de la persona, lo cual es inconstitucional y equivale a discriminación. Esto es sorprendente dado que aparentemente la mitad de la policía de Arizona es de origen hispano. En la actualidad se estima que 8% de la población de Arizona  está formada por inmigrantes ilegales, la inmensa mayoría de los cuales son hispanos. Por consiguiente, la probabilidad de que la policía estatal le exija identificación a alguien con otro perfil, se alega, que es muy baja. Como la Corte Suprema ha declarado inconstitucional utilizar perfiles ("profiling") en la aplicación de las leyes, se esperan demandas inmediatas de inconstitucionalidad. Otra denuncia de inconstitucionalidad puede surgir del hecho de que el cumplimiento de las leyes de inmigración hasta ahora está dentro de la esfera del gobierno federal. Es decir, el gobierno estatal se estaría abrogando funciones que no le corresponden.

Es realmente interesante el que los hispanos no objeten el tener que demostrar su identidad cada vez que utilizan una tarjeta de crédito pero que reaccionen de manera tan fuerte cuando sea un representante del Estado quien lo exija. Esto implica que los hispanos consideren que la policía es un instrumento de los "blancos discriminadores".

La inmigración ilegal genera beneficios para algunos grupos, generalmente los más pudientes de la sociedad que se benefician de tener mano de obra no calificada barata, pero son muy perjudiciales para quienes tienen que competir laboralmente con los ilegales y tienen que recibir salarios más bajos, es decir, con los más pobres de la sociedad americana. Entre muchos hispanos se cree que los americanos "no harían" los trabajos de bajo estatus que los ilegales están dispuestos a hacer. Esto no es cierto. Sin duda, un nativo no lavaría inodoros por el salario que los lava un ilegal, pero no es que bajo ninguna circunstancia los lavaría. Simplemente habría que pagarle un salario bastante más alto que cumpliera con los estándares laborales. En las condiciones actuales en las que la globalización ha aumentado en  Estados Unidos la brecha entre los salarios de los no calificados y los altamente calificados, la inmigración ilegal aumenta aún más esta brecha.

Algunas consecuencias y comentarios finales

La ley de Arizona se percibe dentro de las comunidades latinas de Estados Unidos como discriminatoria y en el contexto de ese país se puede calificar como muy restrictiva. Sin embargo, la gran mayoría de los países, incluyendo a todos los latinoamericanos, tienen y aplican leyes de inmigración mucho más duras que la que Arizona ha aprobado. En la inmensa mayoría de países modernos se espera que la gente lleve documentos de identificación y los inmigrantes ilegales son considerados como delincuentes.

La sólida reacción de muchos grupos en contra de que un Estado utilice a su policía para hacer cumplir una ley federal, muestra a las claras la débil legitimidad de la legislación federal para esos grupos, al menos en los temas que conciernen a la legislación en cuestión. En otras palabras, para estos grupos las leyes de inmigración no son legitimas, por lo que quienes las violan no son criminales. Esto lleva a hacerse varias preguntas. Quien considera que una ley es injusta ¿está autorizado para violarla? ¿Las personas pueden diferenciar entre leyes "malas" y "buenas" y respetar sólo las "buenas"? ¿Esto no lleva a un debilitamiento del imperio de la ley?

Un efecto importante de la legislación es que ha levantado el tema de la inmigración en la agenda del gobierno federal. Muchos críticos de la ley lo han hecho porque consideran que no es efectivo que cada Estado tenga sus propias leyes de inmigración y que se requiere una reforma en los estatutos federales y en la organización de las agencias del Estado encargadas de hacer cumplir la ley. Ya en el Congreso Nacional se ha empezado a hablar de la reforma necesaria a las leyes de inmigración. Las propuestas de reforma que surgirán en el Congreso nacional serán muy distintas a las que normas que la ley de Arizona busca hacer cumplir. Los debates al respecto serán si se deben buscar formas de que los ilegales se conviertan en legales y puedan llegar a ser ciudadanos; ¿cómo controlar la frontera?; y, por último, ¿cómo formular una política que permita la inmigración de personas que contribuyan a la sociedad en general sin agravar las desigualdades en el ingreso?

No cabe duda que la administración Obama enfrenta un reto enorme.

 *Miembro fundador de Razón Pública. Para ver el perfil del autor, haga clic aquí. 

** Con la colaboración de Marcela Anzola, quien redactó la sección sobre antecedentes legislativos.

 Notas de pie de página


[1] En la actualidad se encuentra vigente con restricciones. Mediante este programa los Estados Unidos otorga visas de residencia permanente a ciudadanos de países que cuentan con  una cantidad muy alta de migrantes en EEUU. El nombre oficial es Lotería de Visas de Diversidad y su objetivo es fomentar la diversidad étnica. No pueden participar en este programa los ciudadanos de Canadá, China, Colombia, República Dominicana, El Salvador, Haití, India, Jamaica, México, Paquistán, Filipinas, Polonia, Rusia, Corea Del Sur, Reino Unido (excepto Irlanda del Norte) y sus territorios dependientes, y Vietnam. La lotería se encuentra regulada en la Sección 203(c) del Immigration and Nationality Act (INA), con las reformas introducidas por la Sección 131 del Immigration Act of 1990 (Pub. L. 101-649), que creó las visas de diversidad.

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