Un examen atento y completo de los cambios que se han dado en la legislación y de las nuevas propuestas que han surgido en Colombia y en el mundo. ¿Hasta dónde podríamos llegar?
Francisco Thoumi*
Propuestas en el Congreso
Un grupo de congresistas colombianos anunció la formación de una Alianza Interpartidista por la Reforma de la política de Drogas.
Estos legisladores consideran que ha fracasado la política de penalización y restricción del uso de la droga con fines médicos y científicos. En vez de esto proponen una política basada en criterios de salud pública y que respete los derechos humanos.
La estrategia de la Alianza se plasmaría en varios proyectos legislativos, de los cuales ya se han presentado algunos:
- Proyecto de Acto Legislativo 08 de 2019 que modifica el artículo 49 de la Constitución y autoriza al Congreso para legislar sobre el consumo de sustancias sicoactivas.
- Proyecto de Ley 049 de 2019 (Senado), que prohíbe el uso del glifosato.
- Proyecto de Ley 089 de 2019 (Senado), sobre prevención y atención del consumo de sustancias sicoactivas, que crearía un instituto para dirigir y ejecutar las políticas respectivas.
- Proyecto de ley 94 de 2009 (Senado), que establece un marco de regulación y control del cannabis para adultos.
Las grietas que se abren
Comienzo por resaltar la importancia de la iniciativa de repensar la política de drogas, especialmente si se tiene en cuenta que el problema se ha vuelto cada vez más complejo.
La variedad de drogas ha aumentado de manera exponencial, la producción y la comercialización se han sofisticado, los actores del mercado son distintos, y todo esto ha hecho que los problemas asociados con las drogas ilegales sean cada vez más difíciles de atacar con las medidas tradicionales.
Hasta este momento, la legalización de la marihuana para uso recreativo es la política más innovadora, pero también la más polémica.
Hasta este momento, la legalización de la marihuana para uso recreativo es la política más innovadora, pero también la más polémica porque implica una ruptura con el régimen vigente en los tratados internacionales.
Todas o casi todas las otras innovaciones se pueden matizar con argumentos de salud pública, pero esta justificación no es tan clara en el caso de los usos recreativos.
Sin embargo, no se puede negar que estas iniciativas resultan bastante interesantes y pueden servir para explorar alternativas diferentes de la prohibición. Estas podrían considerarse “prototipos experimentales” para el aprendizaje y desarrollo de la política pública en la materia.
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Droga y derechos humanos
En algunos países hay movimientos en favor de la legalización del consumo de marihuana, más exactamente del tetrahidrocannabinol (THC), la sustancia psicoactiva más importante del cannabis. Sin embargo, estos movimientos son menos amplios de lo que se piensa.
Los defensores del consumo libre del THC frecuentemente apelan a los tratados internacionales sobre derechos humanos. Pero estas convenciones se pueden interpretar de una manera distinta en cada país.
Los derechos humanos de primera generación son libertades “negativas” es decir, son derechos individuales que el Estado no puede transgredir. Por ejemplo, las libertades de expresión, de religión, de orientación sexual, de movimiento, de poseer armas…. Los derechos humanos de segunda generación son exigencias que se le hacen al Estado. Por ejemplo, el derecho a la educación, a la vivienda, a la salud, a la alimentación, etc.
Foto: Pixabay |
El peso de los derechos en las sociedades depende de la ideología de sus gobiernos y de la cultura de cada país. Así, en China hay cada vez más derechos de segunda generación, pero muchas libertades están muy restringidas. Y Fidel Castro se burlaba de Estados Unidos afirmando que en ese país los ciudadanos tenían la libertad de morirse de hambre.
Las extrañas maneras de avanzar
En cada sociedad hay disensos sobre los derechos humanos y sobre el manejo de las drogas. Los siguientes ejemplos son claros:
- En Holanda “se sabe que el consumo de marihuana es legal”, y sin embargo los coffee shops no están autorizados para vender marihuana. La legislación tiene un “mico” que le permite al fiscal decidir no aplicar la ley que prohíbe la venta de pequeñas cantidades. Al mismo tiempo, hay leyes que restringen la operación de los coffee shops a zonas específicas, y muchos gobiernos locales los prohíben. Además, en algunos municipios se ha tolerado el cultivo de marihuana, bajo el control de las autoridades locales, para abastecer a los coffee shops y debilitar a las mafias.
- En Uruguay la legalización de la marihuana fue promovida para separar el mercado de drogas “suaves” del de las drogas “duras” y prevenir el contacto de los usuarios de marihuana con vendedores de cocaína, anfetaminas y otras drogas. Sin embargo, la aprobación del uso no medicinal de la marihuana no ha contado con el apoyo de la mayoría y el gobierno ha establecido un sistema de control estricto de su producción, venta y uso.
- En Canadá el gobierno federal legalizó la marihuana para promover la salud y el bienestar; pero los gobiernos estatales y locales tienen el derecho de no aceptarla.
- En Estados Unidos, once estados y el Distrito de Columbia han adoptado leyes que despenalizan el uso recreativo de la marihuana, aunque a nivel federal continúa prohibido. En este caso la constitución limita el poder del gobierno federal. Cada Estado que ha legalizado la marihuana no medicinal tiene sus propias normas para la producción, venta y consumo. Esta situación ha permitido a Estados Unidos argumentar ante la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) que cumple las Convenciones Internacionales de Drogas, a pesar de que las legislaciones de once estados claramente las contravienen.
Los casos anteriores han inspirado proyectos de legislación en Colombia. Sin embargo, es importante aclarar que las libertades siempre están limitadas por el Estado, la religión y la cultura y que estas, en su mayoría, se oponen a la legalización del consumo no médico de la marihuana. Es probable que este sea el caso de Colombia.
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Una puerta para abrir
Según la interpretación tradicional de las Convenciones sobre Drogas, la despenalización del uso no medicinal o científico de la marihuana es, en principio, ilegal. Por eso los desarrollos de la última década en este sentido han sido objeto de serias objeciones.
Es importante diferenciar lo ocurrido en Estados Unidos de las iniciativas de Uruguay y Canadá. En estos dos últimos casos, las leyes de legalización fueron expedidas por los órganos legislativos nacionales, de manera que la contravención de las normas internacionales es más evidente.
Pero, además, en aquellos tres países se ha argumentado que el propósito de la legalización es proteger la salud de los consumidores y disminuir la corrupción asociada con estos mercados. La violencia no ha sido una razón importante en estos países.
Todos los organismos de drogas de Naciones Unidas reconocen que las políticas deben basarse en evidencia científica. Sin embargo, la prohibición de todos los usos no médicos y científicos de las drogas controladas fue formulada sin ninguna evidencia que demostrara su efectividad, es decir no está basada en la ciencia. Esta medida fue un consenso de buena fe entre expertos en salud pública, religiosos, diplomáticos, abogados, químicos y policías (tal vez sin estudios o consultas suficientes con los científicos sociales). Por eso es importante explorar si se puede llegar a una reinterpretación de las Convenciones.
¿Hasta dónde se puede llegar?
Prácticamente todas las iniciativas adoptadas por algún país del mundo se basan en un enfoque regulador más que en un enfoque liberalizador: se trata de regular los mercados para proteger a los consumidores y evitar las prácticas corruptas (en algunos países violentas) que caracterizan a los mercados ilegales.
Esto implica tener reglas precisas sobre las varias facetas del mercado (producción, distribución y consumo) e implica tener instituciones que velen por el cumplimiento de esas reglas. Y estos dos requisitos ponen en tela de juicio la marihuana no medicinal en países donde prevalezca el capitalismo sin regulaciones.
La despenalización del uso no medicinal o científico de la marihuana es, en principio, ilegal.
Tanto la prohibición como la regulación de los mercados de drogas buscan cambiar los comportamientos de los individuos. La represión busca disuadir, y
- quienes proponen las reformas dicen que esa disuasión no funciona, mientras que,
- los opositores de las reformas dicen que ellas no cambiarán los comportamientos de quienes saben que el mejor negocio del mundo es tener un producto que genere adictos.
Foto: Marca país Uruguay |
Aunque hay un consenso cada vez más amplio sobre la necesidad de repensar la política de drogas, las alternativas deben ser consideradas con cautela. Especialmente si se tiene en cuenta que se trata de un conjunto de sustancias químicas cuyos efectos en el consumidor se han estudiado poco o sin el rigor suficiente.
Estas iniciativas deberían ir acompañadas de programas de investigación para entender el comportamiento de todos los actores en las redes de producción, mercadeo y consumo, así como los riesgos sociales de estos productos.
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¿Legalizar la marihuana?
Por ejemplo: la marihuana actual puede tener un porcentaje de THC veinte veces mayor que la de los años sesenta, y estudios de la Organización Mundial de la Salud demuestran que la adicción a la marihuana entre menores de veinticinco años causa efectos permanentes, como la disminución de la capacidad cognitiva y de la atención. Además, puede producir episodios epilépticos y esquizofrénicos.
Solo resta esperar que la iniciativa de la legalización se cristalice en discusiones serias que permitan diseñar una estrategia viable y efectiva para combatir los problemas asociados a las drogas sicoactivas en Colombia.
*Cofundador de Razón Pública. Para ver el perfil del autor haga clic en este enlace.
