Francisco Thoumi, autor en Razón Pública
Foto: Agencia Nacional de Tierras

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El presidente Petro avivó la discusión sobre la legalización de las drogas al afirmar que legalizar la cocaína acabaría la guerra en Colombia. Sin embargo, su propuesta ignora realidades complejas, globales y locales.

Francisco E. Thoumi*

El 11 de julio, varios medios informaron que el presidente Petro había encendido la polémica sobre la legalización de las drogas en la Organización de las Naciones Unidas, en Nueva York, cuando afirmó que “Si mañana Naciones Unidas dijera ‘la cocaína es legal’, mañana se acaba la guerra en Colombia”. 

Sin duda, esta es una afirmación desafiante, pero es concordante con la creencia común en Colombia. Por eso, no sorprende que muchos de los periodistas más importantes del país hayan sostenido que el problema de las drogas tiene dos soluciones: o que en los países consumidores se deje de consumir, o que legalicen el consumo.

Para continuar quiero afirmar que no soy ni he sido antipretista. Conocí a Gustavo Petro hace más de veinte años cuando compartí con él un panel sobre las drogas ilegales organizado por Luis Sandoval en la Casa María Cano. Allí, el joven Petro me impresionó como alguien que tenía una visión coherente de los problemas del país, pero con quien no pude tener un diálogo después del panel. Lamentablemente, nunca tuve la oportunidad de volver a interactuar con él.

El mercado de drogas 

El desacuerdo con las afirmaciones de Petro en la ONU se basa en dos hechos demostrados sobre los mercados de drogas, incluyendo el de la cocaína. Primero, que muchos países que podrían cultivar coca y exportar cocaína no lo hacen, y otros que lo hicieron cuando la cocaína era legal, tampoco lo hacen. 

Segundo, que la violencia en los mercados de drogas ilegales alrededor del mundo es mucho menor que la padecida por Colombia y por algunas regiones de México. Además, la violencia durante la prohibición del alcohol en Estados Unidos, magnificada por los periódicos y las películas, también es incomparable con la que Colombia y México han experimentado. En otras palabras, para la mayoría de los países, las enormes ganancias en los mercados de cocaína de los países ricos no han sido irresistibles como en Colombia.

El propósito de la política de drogas debe aceptar que el país debe dejar de producir cocaína y que el argumento de que no hay otro producto que le dé al campesinado cocalero un ingreso similar simplemente no convence a “la comunidad internacional”

Foto: Cancillería

Lo anterior demuestra, primero, que el argumento tradicional exculpatorio y justificativo de que cuando hay demanda hay oferta deja de ser válido cuando se observa que una serie de países en los que se podría cultivar coca y exportar cocaína no lo hacen. Y segundo, que los factores que han determinado el desarrollo de la industria de la cocaína en Colombia son primordialmente internos. 

En otras palabras, que, si bien la geopolítica externa puede ser injusta y difícil de manejar, la interna ha sido igualmente injusta y difícil de manejar. Por eso, el propósito de la política de drogas debe aceptar que el país debe dejar de producir cocaína y que el argumento de que no hay otro producto que le dé al campesinado cocalero un ingreso similar simplemente no convence a “la comunidad internacional”. Esta no se considera culpable y no entiende por qué tendría que compensar a Colombia por los efectos que la industria de la cocaína ha tenido en el país.

La solicitud del presidente

En lo que concierne a la solicitud del presidente a las Naciones Unidas, debo afirmar que esta desconoce tanto la estructura como el papel y el poder de las Naciones Unidas. La ONU no es un gobierno mundial; solamente proporciona mecanismos para discutir conflictos entre países y foros para discutir ideas, además de promover políticas que mejoren la calidad de vida de la gente. La ONU ha sido mucho más efectiva resolviendo algunos conflictos sobre las fronteras de los países que forzando a los países a cambiar tradiciones culturales y patrones de consumo y comportamiento.

La ONU no puede legalizar la cocaína en el mundo como dice Petro. Solamente podría, previo acuerdo con los países parte de las Convenciones de Drogas, sacar la coca y la cocaína de las listas de sustancias controladas por estas últimas. Pero no puede forzar a ningún país a permitir dentro de su territorio la importación y consumo de cocaína o coca.

En otras palabras, si la ONU sacara de las listas de sustancias controladas la cocaína, dejaría abierta a los países la posibilidad de legalizar estas sustancias, pero no podría impedir que los países individualmente la prohíban. Por esta razón, no se acabaría con el negocio ilegal. Esto aplica a cualquier otro artículo o servicio. Por ejemplo, si los porcicultores de Iowa argumentaran que la prohibición al consumo de cerdo en Israel y en el mundo musulmán es una guerra contra la producción y consumo de cerdo, la ONU ni la Organización Mundial del Comercio podrían hacer nada al respecto.

Las agencias de drogas de la ONU están asociadas en su imaginario colectivo con la prohibición, pero durante los últimos 10 años estas han cambiado su narrativa y hoy insisten en que para cumplir con las Convenciones no se necesita tener políticas de “guerra contra las drogas”; que la pena de muerte no se debe aplicar a delitos de producción, mercado o consumo de drogas; y que las políticas de drogas deben respetar los derechos humanos de los productores, consumidores, adictos y encarcelados por delitos relacionados con drogas. Además, que las políticas deben tener en cuenta diversos aspectos, como sus efectos sobre las madres cabeza de familia involucradas en las actividades del narcotráfico.

La prohibición

Sobre el argumento de que la prohibición a las drogas ha sido impuesta, hay que aclarar que ningún gobierno colombiano se opuso a las convenciones de drogas, como sí lo hizo Bolivia, que firmó dos convenciones con reservas para proteger los usos tradicionales de la coca. 

La prohibición per se no es sinónimo de guerra contra las drogas.

Además, en Colombia, las organizaciones religiosas, la mayoría de las asociaciones de padres de familia y los padres de familia mismos apoyan la prohibición. Igualmente ocurre con la mayoría de los miembros del sector salud, que han hecho el juramento hipocrático por el que se comprometen a no recetar o dar a sus pacientes drogas que los coloquen en riesgo de adicciones graves.

Otro punto que se debe mencionar es que la prohibición per se no es sinónimo de guerra contra las drogas. Por ejemplo, Estados Unidos prohibió la importación, mercadeo y consumo de cocaína y heroína en la Ley de Harrison de 1914. El término “guerra contra las drogas” fue resultado de cambios profundos en la sociedad estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial y la década siguiente a ella:

  • Los afro-estadounidenses regresaron de la guerra donde pelearon por la democracia, que les fue negada a su regreso.
  • Las mujeres se incorporaron a la fuerza de trabajo paga, lo que les dio independencia-
  • La guerra en Vietnam despertó a la juventud a una realidad de un país hipócrita, lo que la llevó a rechazar valores tradicionales. 

Esto causó una demanda por lo prohibido y un aumento en el uso de drogas psicoactivas, lo que produjo una reacción muy fuerte dentro del grupo de poder dominante en la sociedad. Como resultado, el presidente Nixon declaró a las drogas “el enemigo público número uno”. Por eso, la “guerra contra las drogas” fue una guerra interna en Estados Unidos.

El problema para Colombia fue que un grupo de colombianos decidió producir y exportar marihuana y luego cocaína al “insaciable” mercado estadounidense. Algunos periodistas, académicos y pensadores consideran estas actividades como una respuesta a un mundo injusto en el que las exportaciones tradicionales del país han padecido bonanzas y fracasos sucesivos. El resto de la sociedad disfrutó de una abundancia de divisas que nunca había tenido. Esto cambió a Colombia como ninguna bonanza lo había hecho.

La necesidad de definición

Como conclusión, debo afirmar que la política de drogas de este y cualquier otro gobierno colombiano debe empezar por definir cuál es el problema de las drogas para Colombia. Colombia tiene varios problemas graves:

  • La gran producción y exportación de drogas ilegales (parecería que el país tiene casi una patente para producir cocaína).
  • Una corrupción y tendencia al enriquecimiento extractivo.
  • Niveles de violencia altos a través de su historia.
  • Es el segundo país en el mundo en el número de organizaciones armadas no gubernamentales que controlan territorios.

Todos estos problemas están interrelacionados y su solución no vendrá del exterior. Durante más de 200 años, el país no ha creado una sociedad pacífica que pueda disfrutar de las bondades de su territorio. La creación de esa sociedad es el principal desafío de cualquier gobierno.

La política de drogas fundamental para Colombia debe empezar reconociendo que Colombia debe aprender a vivir en un mundo en el que la cocaína es ilegal y que seguirá siéndolo en el futuro, a menos que el gobierno colombiano demuestre al mundo que es posible tener un sistema que permita usos regulados de la cocaína diseñados para evitar los temidos problemas de su consumo.

Insistir en que las ganancias en los mercados ilegales son la causa de la violencia en Colombia y en que el mundo debe cambiar porque nosotros somos humanos y no podemos resistir frente a las ganancias de la cocaína, no conduce a nada excepto a hacernos sentir frustrados e inferiores a (¿colonizados por?) los países poderosos.

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Francisco Thoumi

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Francisco Thoumi

*Cofundador de Razón Pública. Para ver el perfil del autor haga clic en este enlac.e.

Foto: Biden v Trump

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El primer debate entre Donald Trump y Joe Biden dejó en evidencia la crítica situación de la política y la democracia estadounidense. Conozca algunas de las consecuencias.

Francisco E. Thoumi*

Un octogenario y otro casi octogenario 

El 27 de junio de 2024 se llevó a cabo el primer debate entre Joe Biden y Donald Trump. Los debates presidenciales son clave en la campaña electoral de Estados Unidos. En pocas palabras, ofrecen a los candidatos la oportunidad de presentar sus propuestas, contrastar sus visiones y enfrentar críticas de rivales y moderadores. Estos eventos, transmitidos por televisión e internet, son seguidos por millones de espectadores y generan gran repercusión mediática y social.

Sin embargo, este debate, previo a las convenciones de los partidos para elegir a sus candidatos, fue atípico en la historia de los debates presidenciales en Estados Unidos. Para varios analistas, tendrá consecuencias significativas para la democracia del país.

Primero, es preocupante la edad de los participantes. Joe Biden, nacido el 20 de noviembre de 1942, y Donald Trump, el 14 de junio de 1946, han enfrentado críticas sobre sus capacidades físicas y mentales. El caso más llamativo es el de Biden, quien proyectó en el debate la imagen de un anciano débil que a veces balbuceaba o no encontraba las palabras adecuadas. Líderes del partido demócrata sostuvieron que el mandatario tenía gripe.

Trump insistió, con cara de matón, en ser fuerte y sano, argumentando que esto lo califica para negociar con Putin y otros gobernantes autoritarios. Así, proyectó fuerza y agresividad, características muy valoradas por muchos estadounidenses. De igual forma, afirmó que jugando golf enviaba la pelota a una distancia que Biden difícilmente podría alcanzar. El presidente respondió desafiando a Trump a un juego de golf en el que ambos cargaran su propia bolsa de palos.

No debe olvidarse que Trump enfrenta varios procesos judiciales e incluso ha sido condenado. Se teme que, si es elegido presidente, tendría que dedicar gran parte de su mandato a responder por dichas acusaciones. Además, de que sea posible que utilice su poder para evitar la justicia, socavar las instituciones y reprimir a sus críticos, lo que aumentaría la polarización en el país.

Si se tiene en cuenta su carácter, el anterior panorama no es del todo risible. De acuerdo con su propia sobrina, Mary Trump, es profundamente narcisista, nunca pide perdón, no acepta errores y actúa sin escrúpulos.

En segundo lugar, se abandonó la tradicional cortesía y respeto entre los candidatos. Cada uno manifestó que al otro era el peor presidente en la historia. Ambos se acusaron de cometer delitos, causar graves problemas económicos y debilitar al país en el ámbito internacional.

Foto: City of Virginia Beach Para la prensa y el público, el debate fue una muestra de la polarización y el deterioro de la democracia en Estados Unidos.

Falsedades e inconsistencias 

En tercer lugar, se utilizaron muchas cifras y hechos cuestionables, especialmente en el caso de Trump. A continuación, algunos ejemplos: 

A) Trump insistió en que le habían robado las elecciones en 2020, aunque nunca ha presentado evidencia al respecto. La única justificación de los republicanos es una falacia: en 2020, Trump recibió 74.2 millones de votos, una cifra mayor al récord anterior de 69.5 de Obama en 2012. Sin embargo, los 74.2 millones de Trump fueron 7.1 menos que los 81.3 de Biden. Trump, incluso, ha atribuido los votos de Biden al voto de inmigrantes indocumentados.
B) El empresario afirmó que Biden abrió la frontera sur para que expresidiarios, violadores y otros criminales entraran al país. La evidencia proporcionada por las agencias del gobierno, que muestra que los inmigrantes cometen menos crímenes que los nacionales, es rechazada por Trump y sus seguidores. Argumentan que esta información proviene del “estado profundo”, dominado por tecnócratas nocivos, especialmente en Washington, D.C., a quienes desean neutralizar.
C) Trump calificó a Biden de incapaz y perdedor, ya que, si él hubiera sido presidente, la salida de las fuerzas estadounidenses de Afganistán no habría sido la mayor deshonra internacional del país, y, además, Rusia no habría invadido Ucrania porque él sí sabe cómo negociar con Putin.
D) De acuerdo con Trump, durante su presidencia, Estados Unidos tuvo los mejores resultados económicos de su historia. Rápidamente, la discusión se centró en los efectos de los inmigrantes: negativos por Trump y positivos para Biden. Varias veces, evadió las preguntas de los moderadores y optó por atacar a su contrincante. Cuando se le preguntó si aceptaría el resultado de la elección de noviembre, ignoró la cuestión antes de finalmente decir que sí, siempre y cuando fueran justas.

Para la prensa y el público, el debate fue una muestra de la polarización y el deterioro de la democracia en Estados Unidos.

Fuertes reacciones 

La reacción de la prensa ha sido rápida y contundente. Muchos periodistas han expresado tristeza, frustración y desilusión, además de grandes temores sobre la estabilidad social y política del país. Para la prensa y el público, el debate fue una muestra de la polarización y el deterioro de la democracia en Estados Unidos.  Algunos comentaristas se mostraron preocupados por el nivel de desinformación y manipulación que caracteriza al discurso de Trump y por la dificultad de los ciudadanos para discernir la verdad de la falsedad. 

Robert Reich citó en su blog una frase de Adolf Hitler: “Las grandes masas del pueblo… caerán más fácilmente víctimas de una gran mentira que de una pequeña”. Luego trajo a colación una línea atribuida a Goebbels: “Si dices una mentira lo suficientemente grande y sigues repitiéndola, la gente eventualmente llegará a creerla. La mentira sólo puede mantenerse mientras el Estado pueda proteger al pueblo de las consecuencias políticas, económicas y/o militares de la mentira. Por tanto, es vital para el Estado usar todos sus poderes para reprimir la disidencia, ya que la verdad es el enemigo mortal de la mentira y, por extensión, la verdad es el mayor enemigo del Estado”.

Estas citas reflejan el temor que muchos pensadores tienen sobre el futuro de Estados Unidos, ya que los ciudadanos aceptan cualquier afirmación como una verdad hecha. En una sociedad saturada con ideas cuestionables que apelan a los sentimientos de las personas, es complejo distinguir lo verdadero de lo falso. Este problema se ha acentuado con el desarrollo de la tecnología de comunicaciones y la inteligencia artificial. La columnista Jennifer Rubin del Washington Post afirmó que las afirmaciones precisas de Biden no podían competir con las mentiras de Trump.

¿Sustituir a Biden?

En esta coyuntura, los demócratas deberían buscar un candidato capaz de unir al partido y enfrentar los desafíos del país, mientras que los republicanos tendrían que replantear su estrategia y discurso.

Como resultado del debate, varias voces han sugerido reemplazar a Biden como el candidato demócrata. De hecho, al día siguiente, comenzaron a surgir peticiones de políticos y periodistas para que se retirara de la contienda electoral, lo cual resolvería el grave problema que, para muchos, representaría una segunda presidencia de Trump. No obstante, existen algunos problemas prácticos que no deben ignorarse: 

  1. A) La renuncia de Biden debería contar con el apoyo de su familia y allegados, además de convencerlo de que esa decisión sería una gran contribución al país y a su legado histórico. Sin este apoyo Biden no renunciaría.
  2. B) Dado que Biden no ha tenido competidores dentro del partido demócrata, ya ha acumulado suficientes delegados para ser elegido. El desafío radica en cómo se gestionarían nuevas candidaturas y cómo se redistribuirían los delegados de Biden entre otros posibles candidatos. Dada la actual conflictividad política, este proceso podría ser complejo y perjudicar el éxito del nuevo candidato.
  3. C) La financiación de la campaña del nuevo candidato. La campaña de Biden ha recibido recursos de ciudadanos, empresas, sindicatos, etc. No es claro si esos fondos podrían ser transferidos a un nuevo candidato, dado que las donaciones se hicieron específicamente a su campaña y no al partido en general. 
  4. D) No es claro si la vicepresidenta podría seguir recibiendo fondos de dicha campaña. Para solucionar este problema, se requeriría de un amplio acuerdo dentro del partido. Estos asuntos podrían llevar tiempo, lo cual reduciría las posibilidades de éxito debido a la proximidad de las elecciones.

La renuncia de Biden no solo sería un hecho sin precedentes, que cambiaría por completo el panorama político de Estados Unidos, sino también una decisión difícil y arriesgada con implicaciones políticas, legales y financieras para él, su partido y el país. Aunque podría estar motivada por razones de salud o personales, no está claro si beneficiaría al electorado demócrata o republicano.

En esta coyuntura, los demócratas deberían buscar un candidato capaz de unir al partido y enfrentar los desafíos del país, mientras que los republicanos tendrían que replantear su estrategia y discurso.

Finalmente, no hay que olvidar el papel de la vicepresidenta Kamala Harris desde ahora hasta el final del periodo presidencial. Si hay un consenso dentro del partido sobre la incapacidad de Biden, no debería continuar hasta el final de su mandato. En tal caso, Harris debería asumir la presidencia tener un rol protagónico y demostrar su liderazgo y capacidad para gobernar. Si el partido demócrata no le permite perdería muchos votos de los afro-estadounidenses que por mucho tiempo han apoyado al partido demócrata.  Aunque el debate pretendía ser solo un preludio de la contienda presidencial, fue decisivo en aspectos clave de la campaña.

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Francisco Thoumi

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Francisco Thoumi

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Colombia dio un primer paso ante la ONU. Ahora tendría que ir al fondo y encontrar argumentos capaces de sortear la muralla del prohibicionismo que el mundo ha levantado desde hace mucho tiempo. Esta sería la ruta.

Francisco E. Thoumi*

El primer paso

En mi ensayo de la semana pasada argumenté que la última presentación de Colombia ante la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas (CND) muestra un cambio sustantivo en la posición del país ante el mundo; con una mentalidad de país maduro, Colombia no temió tomar posiciones trascendentes en el campo de las drogas,  aunque pueden resultar incómodas para otros países.  

Este nuevo enfoque abre la posibilidad de participar en la formulación de cambios en la política de drogas de la ONU, pero apenas constituyó un primer paso; por eso importa definir la estrategia para seguir avanzando en la materia.  Para esto es necesario analizar los cambios que podrían ser consistentes con la lógica de los documentos de la ONU y el contexto en el cual estos se originan y se han aplicado a lo largo de su existencia, para después explorar formas de hacerlos posibles y realmente ejecutables. 

Puede Leer: ¿Qué está pasando con los cultivos de coca bajo el gobierno Petro?

Razones de los prohibicionistas 

En primer lugar, no se debe olvidar que la prohibición es la política preferida en las sociedades con culturas y/o gobiernos autoritarios, así como por la mayoría de las personas en el sector de la salud, quienes en su juramento hipocrático se han comprometido a no permitir el uso de ninguna droga que haga daño al cuerpo humano. 

En efecto, para la gran mayoría de los países del mundo, y para la ONU en particular, el principal problema de las drogas es la adicción de sus ciudadanos. Por esta razón existe un gran temor a cualquier uso distinto de los “médicos y científicos”. Es posible que este temor sea exagerado y que no esté justificado por la evidencia. Pero esto no debe sorprender a nadie porque las políticas de drogas, como las de migración y las que regulan comportamientos religiosos, sexuales, étnicos, raciales y otros asociados con la identidad de las personas, dependen siempre de creencias y sentimientos, y muchas veces la lógica y la razón juegan papeles apenas secundarios en su gestación.

Los daños del consumo son inconmensurables  

Por otro lado, los documentos y voceros tradicionales de las agencias de drogas de la ONU afirman a menudo que los costos sociales de la adicción son “inconmensurables”. Esto les ha permitido evadir el examen de la eficacia y la evaluación de la política prohibicionista, porque los costos que generaría la flexibilización de las políticas de drogas para aceptar usos diferentes de los “médicos y científicos” nunca podrían ser menores que los “inconmensurables” de la adicción. Por eso, la prohibición ha sido aceptada como la mejor y única política de drogas, válida en todas las sociedades durante todo el tiempo.

Es posible que este temor sea exagerado y que no esté justificado por la evidencia. Pero esto no debe sorprender a nadie porque las políticas de drogas, como las de migración y las que regulan comportamientos religiosos, sexuales, étnicos, raciales y otros asociados con la identidad de las personas, dependen siempre de creencias y sentimientos, y muchas veces la lógica y la razón juegan papeles apenas secundarios en su gestación.

Lo anterior explica la dificultad para enmendar las convenciones sobre drogas. De hecho, solamente una, la Convención Única Sobre Estupefacientes de 1961, fue enmendada por el protocolo de 1972, pero solo para endurecer la forma de tratar el consumo. Nunca ha habido enmiendas que flexibilicen la política prohibicionista.

Reinterpretar en vez de reformar 

Dado lo anterior, otra vía posible sería concentrarse en reinterpretar las Convenciones, en vez de modificarlas, porque este camino puede ser bastante difícil.  La alternativa de la reinterpretación, por el contrario, puede ser más factible, y está permitida dentro del derecho internacional.  A lo que se suma el hecho de que todas las convenciones de drogas han dejado vacíos legales porque no definen muchos de sus términos más importantes. 

Así, sería posible empezar, por ejemplo, con el discurso de la directora Ejecutiva de la Oficina contra el Delito y las Drogas (UNODC) en la última reunión de la CND, donde afirmó que el propósito del Sistema Internacional de Control de las Drogas (SICD) es promover la salud y el bienestar de la humanidad, algo que continuamente han expresado las agencias de drogas de la ONU, pero que nunca han definido. 

Como la salud está en el corazón del problema de las drogas, es legítimo apelar a la Organización Mundial de la Salud (OMS), cuyos tres primeros principios proclamados en la Constitución de la OMS son, perfectamente aplicables a las políticas de drogas:

  1. “La salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.
  2. El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social. 
  3. La salud de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la seguridad, y depende de la más amplia cooperación de las personas y de los Estados”.

Sobre la base de estos principios es posible desarrollar estrategias integrales, que permitan atacar los diversos ángulos del problema de drogas, incluyendo los problemas sociales– salud social– que se derivan de manera directa o indirecta de la prohibición, así como los costos sociales de la misma. 

La causalidad aceptada hasta ahora por las agencias de drogas de la ONU ha sido en la dirección opuesta: la corrupción, el debilitamiento de la cohesión social y una mayor desorganización social, son responsables de aumentos en el narcotráfico y en el consumo de drogas.  Sin embargo, al analizar las tres dimensiones de la salud de la OMS—física, mental y social—queda sin fundamento la política basada únicamente en el prohibicionismo. 

Adicionalmente, a pesar de que la OMS no define la salud social, sí define los determinantes sociales de la salud (DSS): “las circunstancias en que las personas nacen crecen, trabajan, viven y envejecen, incluido el conjunto más amplio de fuerzas y sistemas que influyen sobre las condiciones de la vida cotidiana. Estas fuerzas y sistemas incluyen políticas y sistemas económicos, programas de desarrollo, normas y políticas sociales y sistemas políticos.” 

También agrega que “Las condiciones anteriores pueden ser altamente diferentes para varios subgrupos de una población y pueden dar lugar a diferencias en los resultados en materia de salud. Es posible que sea inevitable que algunas de estas condiciones sean diferentes, en cual caso se consideran desigualdades, tal como es posible que estas diferencias puedan ser innecesarias y evitables, en cuyo caso se consideran inequidades y, por consiguiente, metas apropiadas para políticas diseñadas para aumentar la equidad”.

Por consiguiente, si la prohibición deteriora los determinantes sociales de la salud, sería probable que, en algunas sociedades, los costos generados a la prohibición sean más altos que los generados por los aumentos en la adicción, que busca prevenir la prohibición. Así, en esos casos sería posible permitir usos regulados de las drogas.

Utilizar la evidencia 

Hasta ahora la UNODC, la CND y la Junta Internacional de Narcóticos (JIFE) han insistido en que las políticas de drogas deben estar basadas en la evidencia. Por ejemplo, la distribución de jeringas y agujas limpias y el establecimiento de centros de inyección para disminuir el daño del consumo son menos costosos que el encarcelamiento. Y la prevención, tratamiento, rehabilitación y resocialización de adictos es menos costosa que la erradicación de cultivos. 

Esos argumentos basados en evidencia han sido utilizados frecuentemente. Sin embargo, la “inconmensurabilidad” de los costos de la adicción, que nunca ha sido probada con evidencia, no ha permitido que las agencias de drogas de la ONU piensen siquiera en la necesidad de evaluar la prohibición misma. 

Más aún, como los efectos negativos de la prohibición sobre los DSS han sido muy fuertes en sociedades pobres con estructuras políticas y económicas frágiles, los efectos de la prohibición son mucho más nocivos en los guetos pobres de las ciudades estadounidenses y en partes de países como Colombia, que en sociedades institucionalmente más sólidas.

Por eso, los efectos de la prohibición no son neutrales con relación a sus efectos sobre diversos grupos sociales de cada país. Por lo tanto, es imperativo exigirle a la ONU en general y a sus agencias de drogas en particular, que apliquen a la prohibición los métodos de evaluación que utilizan para otros fenómenos, aunque esos ejercicios sean complejos y contradigan creencias enraizadas en las agencias de drogas de la ONU.

La ONU no puede legalizar   

Para finalizar, debo desarrollar dos ideas. La primera es que la ONU no es un gobierno mundial. Su función principal es proporcionar foros para resolver conflictos entre países, discutir temas de políticas globales y proporcionar asistencia técnica en casos en los que sea necesaria; pero la ONU tiene muy poca capacidad de operar en los países excepto cuando el Consejo de Seguridad lo decide. 

Por eso, aún si la ONU sacara a la coca y a la cocaína de las listas de drogas controladas, eso no las legalizaría en ninguna parte. La ONU por medio de sus convenciones y tratados puede lograr que los países se comprometan a prohibirlas, pero no puede forzar a ningún país a importar cocaína, y mucho menos a consumirla. 

La prohibición de importaciones existe en todos los países del mundo. Colombia, por ejemplo, tiene una larga lista de artículos y servicios cuya importación está prohibida.  El hecho es que hoy ningún país permite la importación y el consumo libre de cocaína, que han estado prohibidas en muchos países desde mucho antes de la primera convención de drogas, la Convención Única de Estupefacientes de 1961. Estados Unidos la prohibió en la ley Harrison de 1914. 

Por eso, para legalizar el consumo, Colombia debería negociar la exportación de cocaína con cada país, lo cual se debería hacer dentro del marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y no en la ONU. El punto es que tanto un mundo sin drogas como uno con mercados libres de drogas son ficciones inalcanzables y que la política ideal de drogas requiere aprender a vivir con ellas, no es dejarlas libres o prohibirlas.

Colombia: alternativas experimentales

La segunda idea es que Colombia no puede esperar que el mundo deje de consumir o que legalice el consumo de cocaína. Siguiendo a la CND y su compromiso con la importancia de la reducción de daño y su énfasis en la necesidad de tener políticas de drogas basadas en la evidencia, debe tratar de enseñarle al mundo como hacerlo.

los efectos de la prohibición no son neutrales con relación a sus efectos sobre diversos grupos sociales de cada país. Por lo tanto, es imperativo exigirle a la ONU en general y a sus agencias de drogas en particular, que apliquen a la prohibición los métodos de evaluación que utilizan para otros fenómenos, aunque esos ejercicios sean complejos y contradigan creencias enraizadas en las agencias de drogas de la ONU.

Para eso, podría empezar con un “sandbox” o experimento en el que el Estado desarrollara cultivos controlados de coca y refinara cocaína para venderla en el mercado local colombiano, dentro de un sistema semejante al de Uruguay con la marihuana, esto es, requiriendo que cada usuario se registre y pueda comprar mensualmente una cantidad de cocaína para su uso personal, y donde además se fortalezca el apoyo a los usuarios cuyo consumo sea problemático. 

Esto no resolvería el problema de las exportaciones ilegales de cocaína, pero permitiría demostrarle al mundo que es mejor aprender a vivir con sistemas de consumo regulado de cocaína que con guerras contra las drogas. Además, esto forzaría a la sociedad colombiana a definir cuál es su problema real de las drogas.

Un experimento de esta naturaleza posiblemente suscitaría duras críticas dentro de la sociedad colombiana, temerosa de las consecuencias internas de un posible aumento en la adicción y de posibles sanciones internacionales. 

Pero las recientes acciones de la delegación colombiana en Viena muestran que Colombia sí puede actuar como un país adulto e independiente, superando sus temores ancestrales, y puede liderar el cambio en las políticas. Me temo que, si en Colombia este experimento es imposible de llevar a cabo por una gran oposición interna, el país tendría que aceptar que no puede exigirle al mundo que legalice la cocaína o que deje de consumirla.

No pretendo que estas sean las únicas opciones, pero me sentiría muy agradecido si entre los lectores de Razón Pública surgen otras.

Lea en Razón Pública: Drogas: la declaración “revolucionaria” de la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas (I)

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Francisco Thoumi

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Francisco Thoumi

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La Comisión de Estupefacientes de la ONU reconoció que la mano dura no funciona, pero incurrió en contradicciones. ¿Cuál fue el papel de Colombia?

Francisco Thoumi*

Los compromisos

La reunión anual de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas (CND) siempre ha estado dividida en dos segmentos: el de alto nivel durante los dos primeros días y el regular durante los últimos cuatro. En el segmento de alto nivel participan embajadores y ocasionalmente otros altos funcionarios de los gobiernos representados.  

En esta ocasión, participó virtualmente el presidente Petro y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, y Volker Türk, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Estas participaciones sin precedente reflejan el aumento en el interés en los problemas de las políticas de drogas.

En el segmento regular participan expertos y funcionarios de los países participantes y en sesiones al margen organizadas por diversos países y ONGs interesadas en ser escuchadas por las agencias de drogas de la ONU.

Históricamente las reuniones de las CND han sido predecibles y llenas de elogios mutuos que reafirman las metas del sistema internacional de control de drogas (SICD) de limitar los usos de las drogas listadas en las convenciones a los “médicos y científicos” (los cuales nunca se definieron en las convenciones); a afirmar que la meta del SICD es un mundo sin drogas y a dar resultados positivos de confiscaciones de drogas, hectáreas erradicadas, capturas y extradiciones de narcotraficantes, etc. 

En estas reuniones la UNODC prepara de antemano un documento final (outcome document) que siempre ha apoyado las políticas tradicionales. El documento de este año, “Declaración de alto nivel de la Comisión de Estupefacientes sobre el examen de mitad de período de 2024, como seguimiento de la Declaración Ministerial de 2019” repitió las posiciones tradicionales de la ONU.

la embajadora colombiana que empezó afirmando que el país, al igual que muchos otros, estaba cansado de ejecutar políticas contra las drogas que no resolvían los problemas que pretendían solucionar.

Su primera sección se titula “Nuestros compromisos comunes” que empieza: 

Reafirmamos los compromisos asumidos en la Declaración Ministerial de 2019 de acelerar, sobre la base del principio de la responsabilidad común y compartida, […] la Cooperación Internacional en Favor de una Estrategia Integral y Equilibrada para Contrarrestar el Problema Mundial de las Drogas […] y el documento final del período extraordinario de sesiones de la Asamblea General sobre el problema mundial de las drogas celebrado en 2016, con miras a cumplir todos los compromisos, las recomendaciones operacionales y las ambiciosas metas que allí se establecen. […] Reafirmamos además nuestra determinación de abordar y contrarrestar el problema mundial de las drogas y promover activamente una sociedad libre del uso indebido de drogas, a fin de ayudar a garantizar que todas las personas puedan vivir con salud, dignidad, paz, seguridad y prosperidad, y reafirmamos nuestra determinación de afrontar los problemas sociales, de salud pública y de seguridad derivados del uso indebido de drogas.

Reiteramos nuestro compromiso de respetar, proteger y promover todos los derechos humanos, las libertades fundamentales y la dignidad inherente a todas las personas y el estado de derecho al formular y aplicar políticas en materia de drogas. 

Recalcamos que la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes enmendada por el Protocolo de 1972, el Convenio sobre sustancias psicotrópicas de 1971, la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y sustancias psicotrópicas de 1988 y otros instrumentos pertinentes constituyen la piedra angular del sistema de fiscalización internacional de drogas, acogemos con beneplácito los esfuerzos realizados por los Estados partes para asegurar la aplicación efectiva de esos tratados y cumplir lo dispuesto en ellos, e instamos a todos los Estados Miembros que aún no lo hayan hecho a que consideren la posibilidad de adoptar medidas para ratificar esos instrumentos o adherirse a ellos.

Reconocemos que existen retos persistentes, nuevos y cambiantes que deberían afrontarse de conformidad con los tres tratados de fiscalización internacional de drogas, los cuales ofrecen a los Estados Parte suficiente flexibilidad para formular y aplicar políticas nacionales en materia de drogas con arreglo a sus prioridades y necesidades, de conformidad con el principio de la responsabilidad común y compartida y con el derecho internacional aplicable.

Reafirmamos nuestro compromiso de adoptar un enfoque del problema mundial de las drogas equilibrado, integrado, amplio, multidisciplinario y basado en datos científicos, sobre la base del principio de la responsabilidad común y compartida, y reconocemos la importancia de incorporar adecuadamente las perspectivas del género y la edad en los programas y políticas relacionados con las drogas y que debería prestarse la debida atención a las personas, las familias, las comunidades y la sociedad en su conjunto, centrándose en particular en las mujeres, la infancia y la juventud, con miras a promover y proteger la salud, incluido el acceso al tratamiento, la seguridad y el bienestar de toda la humanidad. 

Reafirmamos también el papel principal de la Comisión de Estupefacientes en su calidad de órgano normativo de las Naciones Unidas con responsabilidad primordial en materia de fiscalización de drogas, y nuestro apoyo y reconocimiento por los esfuerzos de las entidades pertinentes de las Naciones Unidas, en particular los de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en su calidad de principal entidad del sistema de las Naciones Unidas encargada de abordar y contrarrestar el problema mundial de las drogas, y reafirmamos además el mandato que corresponde según los tratados a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes y a la Organización Mundial de la salud. 

Reiteramos nuestra determinación de, en el marco de los actuales documentos de políticas, entre otras cosas, prevenir, reducir considerablemente y procurar eliminar el cultivo ilícito y la producción, la fabricación, el tráfico y el uso indebido de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, incluidas las drogas sintéticas y las nuevas sustancias psicoactivas.

Expresamos profunda preocupación por el elevado precio que pagan la sociedad y las personas y sus familias a consecuencia del problema mundial de las drogas, y rendimos un especial homenaje a quienes han sacrificado su vida y a quienes la dedican a abordar y contrarrestar el problema mundial de las drogas. 

Recordamos la resolución de examinar en 2029 los progresos en el cumplimiento de todos nuestros compromisos internacionales sobre políticas en materia de drogas, y resolvemos mejorar y acelerar su cumplimiento en el período comprendido entre 2024 y 2029.

Le recomendamos: Los cultivos de coca bajo Petro: ¿qué está haciendo el gobierno?

Derechos y libertades en tensión

Este documento aparentemente es contradictorio. Por un lado, afirma que las políticas deben respetar, proteger y promover todos los derechos humanos, y por otro promover activamente una sociedad libre del uso indebido de drogas. 

Esto refleja la dificultad que han tenido las Naciones Unidas para definir derechos humanos que puedan ser comunes en las sociedades liberales abiertas donde esos derechos son personales y en las autoritarias con tradiciones diferentes que consideran que los derechos individuales están limitados por los derechos que las comunidades les deben exigir a sus miembros. 

Por ejemplo, en estas sociedades los individuos no tendrían derecho a usos “no médicos o científicos de las drogas”. El enfrentamiento entre sociedades abiertas y autoritarias en el mundo es cada vez más claro.

Sin embargo, el discurso de apertura de la sesión pronunciado por Ghada Fathi Waly, la directora ejecutiva de la UNODC, difiere del documento final elaborado con el punto de vista tradicional. 

Empezó enfatizando la importancia de que todos los países reconocieran la necesidad de trabajar y cooperar para resolver un problema creciente y cada vez más complejo y procedió a reseñar los aumentos en el número y tipos de drogas, los daños que el narcotráfico causa en las sociedades, y a resaltar cinco puntos:

  1. “Quiero hacer hincapié en el derecho de todos a la salud. Las personas con trastornos por consumo de drogas necesitan acceso a un tratamiento eficaz y voluntario, pero solo 1 de cada 5 de ellas está en tratamiento. Las mujeres […] Las personas desplazadas, las personas en contextos humanitarios y las personas en contacto con el sistema de justicia penal se enfrentan a mayores riesgos, así como a mayores obstáculos para la atención. […] Las personas que se inyectan drogas tienen muchas más probabilidades de vivir con VIH o hepatitis C. […] los trastornos por consumo de drogas están estrechamente relacionados con otros trastornos de salud mental, lo que amplifica los daños y los riesgos. […] Debemos cerrar todas las brechas en el tratamiento y la atención. […] Debemos abordar los problemas de salud con tratamiento, no con castigos. […] debemos invertir mucho, mucho más en la prevención, con un enfoque especial en los niños y adolescentes, que tienen más probabilidades de desarrollar trastornos cuanto antes comienzan a consumir drogas. […] En UNODC nos estamos enfocando en las personas, desde nuestros programas de prevención de drogas para niños y padres; a nuestra colaboración con la OMS en el tratamiento y la prevención de sobredosis; a nuestro trabajo en la prevención, el tratamiento y la atención del VIH para las personas que consumen drogas y las personas en las cárceles.”
  2. “Quiero subrayar la creciente y urgente necesidad de ayudar a los agricultores a encontrar medios de vida distintos del cultivo de drogas.”
  3. “Quiero llamar la atención a la necesidad de respuestas ágiles para desorganizar los mercados de drogas. […] Las organizaciones delictivas deben ser atacadas centrándose en sus características comunes, como el afán de lucro y el flujo de dinero, la explotación de la tecnología cibernética y el uso de armas de fuego y violencia. […] Es imprescindible un mayor compromiso con el sector privado, ya sean empresas navieras y de transporte, productores de productos químicos, el sector financiero o empresas tecnológicas. […] Debemos estar preparados para las amenazas y oportunidades de la IA, explorando usos como el monitoreo de la web oscura y el seguimiento de drogas de diseño, al tiempo que evitamos que los traficantes exploten herramientas como el aprendizaje automático.”
  4. “Deseo enfatizar la importancia vital de la ciencia, los datos, la investigación y la evidencia. […] La UNODC ha estado […] brindando apoyo a cientos de laboratorios nacionales y desarrollando herramientas como el “Conjunto de Herramientas de las Naciones Unidas sobre Drogas Sintéticas”. […] Tenemos que seguir el ritmo vertiginoso del tráfico ilícito de drogas. […] Y tenemos que mejorar la recopilación y el uso de datos para informar y evaluar las respuestas.”
  5. “Hay una necesidad urgente de respuestas equilibradas y colectivas […] Ninguna cantidad de vigilancia policial y aplicación de la ley va a acabar con el mercado de drogas ilícitas, mientras haya una enorme demanda. […] Ninguna cantidad de prevención, tratamiento y reducción de daños pondrá fin a la dependencia y los trastornos generalizados, mientras las sustancias peligrosas continúen inundando las comunidades. […] Y ningún país puede asegurar sus fronteras y a sus ciudadanos por sí solo. […] Las convenciones internacionales de fiscalización de drogas tienen un objetivo eterno en su corazón: la salud y el bienestar de la humanidad. […] Las convenciones son marcos flexibles que pueden adaptarse a nuestros tiempos, en la práctica. […] Juntos, podemos promover respuestas efectivas que respeten los derechos y la dignidad de todos, sin entregar la salud y la seguridad de nuestras comunidades a las drogas y los narcotraficantes. […] Y se puede generar la voluntad política e invertir los recursos financieros que se necesitan para enfrentar el problema mundial de las drogas.”

Todo esto representa un cambio considerable en la narrativa de la CND, y en parte, una validación del énfasis en derechos humanos, políticas basadas en evidencia, y en la necesidad de experimentar para aprender a manejar problemas complejos. 

Además, es importante resaltar que en el segmento de alto nivel se hizo énfasis en los derechos de las comunidades indígenas y sus usos tradicionales de algunas drogas. Todos estos temas no han sido nuevos. Los informes anuales de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de los últimos 8 años han insistido en ellos, pero no habían tenido acogida en la CND.  

¿Qué hizo Colombia?

Colombia organizó un grupo de 62 países que apoyaron el discurso de Laura Gil, la embajadora colombiana que empezó afirmando que el país, al igual que muchos otros, estaba cansado de ejecutar políticas contra las drogas que no resolvían los problemas que pretendían solucionar. 

La presentación de la embajadora fue aplaudida espontáneamente por los participantes en la CND. Sin duda, la intervención de Colombia fue proactiva solicitando cambios en la prohibición y en la guerra contra las drogas. 

Esto refleja la dificultad que han tenido las Naciones Unidas para definir derechos humanos que puedan ser comunes en las sociedades liberales abiertas donde esos derechos son personales y en las autoritarias con tradiciones diferentes que consideran que los derechos individuales están limitados por los derechos que las comunidades les deben exigir a sus miembros.

Además, como resaltó Catalina Gil Pinzón “el canciller Murillo, presente en la CND, intervino para leer la declaración conjunta de 62 países, liderada por Colombia (algo impensable años atrás), que demanda una transformación en la visión de la política mundial de drogas. Y tanto el impulso de Colombia como los hitos anteriores son también el resultado del arduo trabajo y la incidencia de diversas organizaciones de la sociedad civil”. 

Estas presentaciones de Colombia reflejan la mentalidad de un país maduro que no le teme a tomar posiciones incómodas para otros países en el campo de las drogas.

¿Qué fue lo que cambió?

Muchas de las plumas periodísticas y forjadoras de opinión más importantes y escuchadas en Colombia han coincidido por largo tiempo en que hay dos soluciones para el problema mundial de las drogas: que los países poderosos importadores de esas drogas legalicen su consumo o que dejen de consumir. Nada de eso se trató en la CND. 

Lo que sí se logró fue el reconocimiento de que las políticas de mano dura para controlar la producción, el tráfico y el consumo de drogas psicoactivas adictivas no han sido efectivas en países que no tengan culturas o gobiernos autoritarios, pero generan consecuencias muy costosas y negativas en países como Colombia, que no han logrado resolver sus debilidades estructurales, ni evitar que sus ciudadanos no consideren irresistibles las enormes ganancias ilegales generadas en los mercados nacionales e internacionales de esas drogas.

Lo anterior podría llevar a una ponencia en la ONU para sacar la hoja de coca de la lista de sustancias controladas por las convenciones de drogas con el fin de satisfacer los usos tradicionales de la coca en las comunidades indígenas que las han usado históricamente, pero no a la cocaína. 

Esto significa que no se ha avanzado en la solución ideal para algunos de los periodistas y políticos reconocidos del país, que los poderosos países consumidores de cocaína legalicen sus usos recreativos.

Lea en Razón Pública: La política mundial de drogas: ¿por fin hay un espacio para el cambio?

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Francisco Thoumi

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Francisco Thoumi

*Cofundador de Razón Pública. Para ver el perfil del autor haga clic en este enlac.e.

Foto: Gobernación de Boyacá

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Más allá del debate entre prohibicionismo y legalización, éstas son las actualizaciones necesarias y posibles en la política de drogas para tener mejores resultados en la lucha contra este problema.

Francisco E. Thoumi*

Un enfoque obsoleto

Las políticas de drogas han cambiado significativamente en las últimas décadas; cada vez más se reconoce la necesidad de un enfoque más equilibrado que incluya consideraciones de salud pública y disminución de daños. Sin embargo, la prohibición sigue siendo su hilo conductor.

La política basada en la prohibición fue diseñada a comienzos del Siglo XX en un contexto completamente distinto del actual y con las herramientas de la época, y por eso responde cada vez menos a las necesidades actuales. Se ha vuelto obsoleta.

Tanto el entorno del mercado de drogas, como la manera de diseñar, formular y ejecutar políticas públicas han cambiado sustancialmente. Por ejemplo, hoy es imposible abordar cualquier tema de política sin atender criterios de derechos humanos, protección del medio ambiente o equidad de género.

La adaptabilidad y la capacidad de aprendizaje son fundamentales para el éxito a largo plazo de cualquier política pública.

Una discusión seria de las políticas de drogas, y del enfoque prohibicionista que la orienta, debe darse por tanto desde una perspectiva que atienda al problema actual y haga uso de las herramientas que tenemos en la actualidad.

Puede leer: La política antidrogas de Petro: un vaso medio lleno

Enfoques alternativos

Hoy por hoy las políticas públicas suelen adoptar varios enfoques, que bien pueden aplicarse a la política de drogas. Estos son los principales:

  • Enfoque basado en evidencia. Se basa en la recopilación y análisis de datos y evidencia sólida para tomar decisiones informadas. Implica usar investigaciones, evaluaciones y datos estadísticos para entender mejor el problema, identificar soluciones efectivas y evaluar el impacto de las distintas políticas. Los documentos recientes de Naciones Unidas han dicho ya que la política de drogas debe basarse en la evidencia —aunque esto no se ha aplicado todavía al prohibicionismo como tal—.
  • Enfoque basado en derechos humanos. Las políticas deben respetar y proteger los derechos fundamentales, como la igualdad, la dignidad y la no discriminación. Este enfoque se aplica especialmente en políticas relacionadas con la justicia social, la igualdad de género y la inclusión de grupos marginados. En el caso de la política de drogas, este enfoque se ha empezado a usar para aplicar medidas como la de reducción del daño. Sin embargo, debe ampliarse a la discusión de las medidas aplicadas al manejo de consumidores y al control de la producción, especialmente en lo que toca a campesinos y mujeres involucradas en el comercio, e incluyendo además a los encarcelados por delitos de drogas.
  • Enfoque de desarrollo sostenible. Se trata de encontrar equilibrios entre el crecimiento económico, la equidad social y la protección del medio ambiente. Este enfoque es crucial en el caso de políticas de drogas, especialmente las que tienen base vegetal, porque implica tener en cuenta el daño ambiental de la aspersión con glifosato, como también el de los mismos cultivos, por ejemplo, el uso de zonas de reserva forestal o del Amazonas para el cultivo de coca.
  • Enfoque basado en resultados. Este enfoque subraya la importancia de establecer metas y medir los resultados de las políticas públicas. Se utilizan indicadores para evaluar el éxito de una política en función de los resultados logrados en vez de limitarse a los insumos o procesos. Aunque ya existen informes sobre los resultados de políticas de drogas, estos se refieren exclusivamente a la erradicación, las confiscaciones, las capturas y sentencias a participantes en el negocio de las drogas ilegales. Es importante medir el impacto de la política sobre el consumo y sobre otras variables que pueden verse afectadas por estas políticas (como los incentivos a la corrupción o el deterioro de la salud social).
  • Enfoque participativo. Implica involucrar a la sociedad civil y a grupos de interés en la toma de decisiones. La participación puede llevarse a cabo mediante consultas públicas, audiencias, grupos de trabajo y otros mecanismos. Como ocurre en otros campos, la participación ciudadana es vital para el éxito de la política de drogas. Un ejemplo interesante es la iniciativa del gobierno colombiano en López de Micay, donde se propone aplicar una política de sustitución de cultivos concertada con los cultivadores.
  • Enfoque de política incremental. En vez de realizar cambios drásticos, este enfoque mejora gradualmente las políticas existentes. Es especialmente útil cuando se enfrentan problemas complejos y se quiere minimizar la resistencia al cambio. La evolución es más efectiva y menos riesgosa que la revolución. Este es el caso de la política de drogas, donde ya existen algunas aplicaciones de este enfoque, entre las cuales pueden citarse las medidas para reducción de daño, así como la legalización de los usos de marihuana recreativa en varios países. Estos laboratorios de política ayudan a entender mejor el problema y a encontrar las soluciones más idóneas.
  • Enfoque de política basada en valores. Se parte de los valores y principios éticos de una sociedad para formular las políticas públicas. Este enfoque suele usarse en políticas relacionadas con la justicia, la igualdad, la libertad y otros valores fundamentales. El tema es importante, por ejemplo, para el caso de usos culturales de algunas drogas. El caso de la hoja de coca en Bolivia ha sido paradigmático.
  • Enfoque de política basada en sistemas. Considera los sistemas interconectados y las relaciones causa-efecto al diseñar políticas públicas. Piensa en cómo ellas pueden tener impactos múltiples y minimiza los efectos secundarios no deseados. En un tema tan complejo como el de drogas, donde hay múltiples actores, este enfoque sería una buena herramienta para balancear las políticas. Hasta ahora se ha dado prioridad a proteger la salud física y mental de los consumidores, sin tener en cuenta los factores sociales, tanto de los consumidores mismos como de los productores. Tampoco se consideran los efectos negativos de aplicar cada medida prohibicionista.
  • Enfoque de política innovadora. Busca soluciones creativas para problemas complejos. Fomenta la experimentación y la adaptación de enfoques nuevos o no convencionales. En el tema de drogas la práctica ha demostrado que cada vez es más necesario pensar más allá de la política actual. Los laboratorios de política, así como los llamados “sandbox” para observar el impacto y efectividad de las regulaciones, pueden ser buenas herramientas.

Importa destacar que los enfoques anteriores no se excluyen mutuamente y que a menudo se combinan en la formulación de políticas públicas. La escogencia del enfoque dependerá del problema a abordar, el contexto político y social, y los objetivos de la política en cuestión.

Foto: Ministerio de Justicia - La participación ciudadana es vital para el éxito de las políticas de drogas.

Guía para el diseño de políticas públicas

La formulación, ejecución y evaluación de políticas públicas es un proceso complejo, que implica múltiples etapas y consideraciones, que se pueden resumir brevemente, en los siguientes pasos.

  1. Identificación del problema. Aunque parece claro que el problema es el daño que produce el consumo de drogas, las agencias de Naciones Unidas suponen que ese daño es inconmensurable o que debe reducirse a cualquier costo; pero no hay evidencia de que esto sea así y ni siquiera se entiende que significa esto realmente. Por tanto, cualquier discusión sobre el tema de drogas debe partir de una definición del problema en el contexto actual y con las herramientas de política moderna.
  2. Análisis de las alternativas. Aunque es cierto existen cada vez más análisis e informes sobre el tema, falta un análisis más profundo de las posibles soluciones desde distintas perspectivas, teniendo en cuenta tanto el consumo como la producción.
  3. Diseño de la política. Más allá de la prohibición misma y del anhelo de erradicar el consumo, la política actual no tiene objetivos y metas específicas. La prohibición es la herramienta y la eliminación total del consumo no “médico o científico” es su meta, a pesar de que las agencias de drogas de Naciones Unidas reconocen que no es realista o alcanzable.
  4. Participación ciudadana. Cada vez es más obvia la necesidad de involucrar la sociedad para el éxito de la política. La aplicación de políticas de drogas sin consultar a la ciudadanía ha sido uno de los principales obstáculos para su exitosa aplicación.
  5. Evaluación de impacto. La política actual no incluye herramientas de evaluación de impacto en sentido moderno; hasta ahora se ha limitado a las cifras de erradicación, incautaciones, narcos capturados o extraditados. No se han evaluado, por ejemplo, los efectos sobre la salud social de estas políticas.
  6. Ejecución. La implementación de las políticas necesita de instituciones adecuadas, que en el caso de las drogas no son sólo la policía y los jueces, sino también los organismos de salud y educativos. Esto implica también la capacidad de supervisar los impactos de cada política.
  7. Monitoreo y evaluación continua. El enfoque prohibicionista no necesita ninguna evaluación distinta de aplicarlo a rajatabla. Las evaluaciones de su eficacia o de la necesidad de ajustes se han hecho tímidamente por actores externos. Y aquí es clave entender que no se trata apenas de evaluar los indicadores, sino de evaluar la política misma.
  8. Comunicación y transparencia. La participación ciudadana es necesaria para formular y para llevar a cabo las políticas. El involucramiento de todos los afectados o destinatarios de la política es la base de su éxito.
  9. Retroalimentación y aprendizaje. La complejidad del tema de las drogas, aunado al cambio constante que experimenta, implica la necesidad de una evaluación constante para responder a los nuevos retos. La política debe adaptarse continuamente para responder a las necesidades que surjan.
  10. Cierre y evaluación final. Suele olvidarse que las políticas deben tener una aplicación temporal. En el caso de las drogas la política fue formulada a comienzos del Siglo XX y sigue aplicándose sin evaluaciones. La prohibición, fundamento de la política, opera como un ancla incontestable.
  11. Rendición de cuentas . Este es un punto completamente ausente en materia de drogas —y es además muy difícil por el carácter global del problema—. Sin embargo, los efectos negativos de las políticas, más algunos excesos de los organismos encargados de aplicarlas hacen necesario encontrar mecanismos para la rendición de cuentas.

Tanto el entorno del mercado de drogas, como la manera de diseñar, formular y ejecutar políticas públicas han cambiado sustancialmente.

Una modernización necesaria

Finalmente, es importante resaltar que la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas es un proceso continuo y dinámico. La adaptabilidad y la capacidad de aprendizaje son fundamentales para el éxito a largo plazo de cualquier política pública. Además, es esencial involucrar a las múltiples partes interesadas y garantizar la transparencia en todas las etapas del proceso.

Lamentablemente las políticas de drogas se basan en creencias y sentimientos enraizados en el inconsciente colectivo que no permiten aplicar los métodos de la política pública contemporánea. El verdadero reto no está en flexibilizar o modernizar las políticas, sino en liberarnos de los temores, creencias e ideologías que impiden cualquier avance.

Lea en Razón Pública: ¿Por qué Estados Unidos no ataca a los capos del narcotráfico en su territorio?

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Francisco Thoumi

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Francisco Thoumi

*Cofundador de Razón Pública. Para ver el perfil del autor haga clic en este enlac.e.

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Casi todo el mundo dice que la solución es crear dos Estados. Pero esto no será posible.

Francisco Thoumi*

Una idea no cumplida

El título de este artículo no es una afirmación basada en el deseo o en otros sentimientos, sino el resultado simple y realista de examinar los eventos que se han dado entre los bandos y el desarrollo de los últimos sucesos.

En 1948, cuando se creó el Estado de Israel, las Naciones Unidas dividieron a Palestina en dos creando el Estado de Israel y uno Palestino. Estos últimos sintieron que los poderes coloniales los habían engañado, declararon y perdieron la primera guerra contra Israel.

Después de 75 años ese sueño de dos Estados no ha avanzado. Cada bando culpa del fracaso al otro bando.

En busca de la tierra prometida

La discriminación y el antisemitismo en Europa dio origen al movimiento sionista, que indujo al pueblo judío a regresar a “su tierra prometida” y a crear un Estado judío.

Los judíos tenían y siguen teniendo una enorme capacidad de organización y de lograr el apoyo de los poderes del mundo —lo que no se puede decir de los palestinos—.

El Holocausto durante la segunda guerra mundial produjo una justificada paranoia judía que reforzó ese movimiento. Además, la necesidad de evitar su repetición hizo que el pueblo judío desarrollara una gran capacidad para obtener el firme apoyo en los países más poderosos, especialmente de Estados Unidos.

Puede leer: ¿Qué está pasando con el conflicto entre Palestina e Israel?

Un pueblo sin Estado

En la década de 1940 los palestinos se encontraban bajo el Mandato Británico, y era un grupo bastante premoderno y dividido, con capacidad muy limitada para organizarse como nación. Al final de la segunda guerra, cuando el documento constitutivo de Naciones Unidas declaró que cada pueblo tendría derecho a su propio Estado, hubo quienes creían que los palestinos eran un grupo de tribus primitivas que no tenían la identidad, cohesión, educación ni organización suficientes para ser un pueblo.

Este fue un argumento del sionismo acogido por los países poderosos, especialmente por Estados Unidos, pero también por los europeos occidentales como la Gran Bretaña

Debo notar aquí que el palestino no es el único pueblo al que se le ha negado el derecho a tener su propio Estado. Por ejemplo, grupos más cohesionados como los kurdos, los uigures, los drusos tampoco han podido tener un Estado.

Una vez creada la Organización para la Liberación Palestina (OLP) Estados Unidos se negó a tener contacto oficial con ella hasta finales de 1973, después de la Guerra del Yom Kippur. Hasta ese momento Estados Unidos vetó cualquier párrafo de los documentos del sistema de Naciones Unidos que incluyera las palabras “Palestina” y “Pueblo”.

Durante el momento de deliberación de la ONU sobre el reconocimiento del Estado de Israel, muchos líderes palestinos, casi todos tribales, bravuconeaban con que “iban a echar al mar a los invasores judíos”. Esto lo afirmaban sin tener cómo hacerlo, pero dejó una marca indeleble entre los judíos que repiten esa frase frecuentemente.

Ni el Estado ni el pueblo de Israel han dicho nunca que va a desaparecer a los palestinos, pero han confiado en la estrategia de los hechos cumplidos, avanzando gradualmente en “colonizar” el territorio ocupado por palestinos, limitando su acceso al agua, aislando sus viejos asentamientos, y arrinconando a los palestinos en un área cada vez menor.

Además, Israel ha creado un estamento militar y policivo extraordinariamente fuerte.  A esto se suma el que la extrema derecha siempre ha soñado con tener todas las tierras que bíblicamente les fueron prometidas por Dios.

Las ventajas del pueblo judío

Muchos argumentan que el enfrentamiento ha sido entre dos pueblos que justamente claman el derecho a la misma tierra. Pero este no ha sido un enfrentamiento entre iguales.

Los judíos tenían y siguen teniendo una enorme capacidad de organización y de lograr el apoyo de los poderes del mundo —lo que no se puede decir de los palestinos—. Los primeros son globalizados, y cosmopolitas, mientras que los segundos pueden tener otras cualidades, pero no las necesarias para manejar la situación de manera exitosa.

Por otro lado, el pueblo judío ha producido más científicos y premios Nobel per cápita que cualquier otro pueblo y su nivel educativo es muy alto. La tradición de pensamiento crítico es muy fuerte entre los judíos. Además, su éxito en el sector financiero es notable, y más importante, tiene un nivel de cohesión muy alto lo que le permite actuar en grupo.  Cada grupo social está definido por su propia historia.

La pesadilla de Gaza

La seguridad definida por Israel ha sido y es un asunto existencial que no puede ser negociado, aunque para eso sea necesario deshumanizar a los palestinos que se encuentran en Gaza y en la Cisjordania.

Durante mucho tiempo Israel ha dominado a la Franja de Gaza, hasta convertirla en una especie de prisión pues el gobierno israelita controla cada ingreso o salida de la franja, su provisión de agua y electricidad, la disponibilidad de medicamentos, la entrada de alimentos y productos de uso común, etc.

Con 2,3 millones de personas viviendo en 365 kilómetros cuadrados, la Franja de Gaza es considerada una de las zonas más densamente pobladas del mundo. Su densidad de población de 6.300 personas por kilómetro cuadrado es de un unas 15 veces más por kilómetro cuadrado que los 423 por kilómetro cuadrado en Israel. Una abrumadora mayoría de la población de Gaza es joven, con una edad media de 18 años, lo que implica que los niños menores de 15 años tienen al menos el 50%. Dieciséis años de bloqueo terrestre, aéreo y marítimo israelí han paralizado su economía y confinado el movimiento de su pueblo dentro y fuera del enclave. Los residentes de Gaza necesitan un permiso especial para cruzar a Israel y Egipto. Por lo general, es para tratamiento médico urgente, pero es muy difícil de obtener. El enclave también tiene una de las tasas de desempleo más altas del mundo, con un 45%.   El acceso a la educación y al tratamiento médico es muy precario, después de años de ataques aéreos contra escuelas y hospitales.

Aún dentro de Israel, los ciudadanos árabes israelitas no tienen los mismos derechos que los judíos: Israel se creó como un Estado judío donde no fuera posible discriminar o expulsar a los judíos, como ocurrió en los países cristianos de Europa. Es claro que Israel se define como una democracia, pero no acepta el pluralismo cultural donde judíos y palestinos sean iguales. Es una democracia entre judíos, en un Estado judío.

Muchos argumentan que Israel ha establecido en Gaza un tipo de apartheid parecido al que existió en África del Sur. La comparación no me parece adecuada. Yo tuve la oportunidad de visitar Soweto, el gran barrio segregado en Johannesburgo en 1981 y —si me viera forzado a escoger entre los dos como sitio para vivir— no hay duda de que habría elegido a Soweto. Allí no había restricciones al movimiento, aunque si represión política. Tenía servicios públicos, transporte, supermercados, y su infraestructura era más pobre que los barrios de blancos, pero no era comparable con Gaza.

El dilema ético

No necesito repetir ni subrayar el horror ante, los 1200 asesinatos de civiles indefensos, los secuestros criminales que ha dejado el ataque de Hamas contra Israel, porque los medios internacionales lo han hecho de manera insistente. Pero estoy de acuerdo con Robert Reich (judío estadounidense, ex ministro de trabajo durante el gobierno de Clinton) cuando afirma el 12 de octubre: “La claridad moral exige que el mundo condene las atrocidades cometidas por los militantes de Hamas como un mal sin paliativos.

Pero esto no hace moralmente justificables los ataques aéreos de represalia contra Gaza que hasta ahora han matado a 1.417 palestinos, incluidos 447 niños, y herido a 6.368, según el Ministerio de Salud de Gaza. O el asedio de una ciudad de 2,1 millones de habitantes que llevan días sin electricidad, agua ni comida.

Foto: Wikimedia Commons - Israel ha creado un estamento militar y policivo extraordinariamente fuerte.

Los desarrollos de los últimos días eliminan cualquier posibilidad de avanzar hacia la meta de tener dos Estados.

Los heridos en Gaza que necesitan cuidados intensivos ahora no tienen camas que puedan albergarlos, y el número de heridos supera la capacidad de los hospitales. El Comité Internacional de la Cruz Roja advierte que «sin electricidad, los hospitales corren el riesgo de convertirse en morgues».

Pero, la reacción de muchos israelitas como el ministro Israel Katz es responder: “nadie tiene derecho de venir a darnos lecciones de moral”.

El 11 de octubre Yonahan Plesner, el presidente del Instituto Israelí de Democracia, en una entrevista para el programa Newshour del PBS, afirmó[1] refiriéndose a la reacción del gobierno israelí: “No hay opción. Esto nos llevó a un juego de suma cero. Son ellos o nosotros”, es decir, hay que forzarlos a irse. No hay posibilidad de una convivencia entre vecinos. Netanyahu declaró que todo miembro de Hamas era un hombre muerto. La reacción de otros miembros del gobierno ha sido igualmente agresiva.

Ninguna posibilidad

Como resultado,  más de 300.000 personas en Gaza quedaron sin hogar durante los primeros tres días de la guerra nueva. Y el 12 de octubre el gobierno israelita ordenó a 1.1 millones de residentes del norte de Gaza que desalojaran sus viviendas y se dirigieran hacia el sur, donde los cruces fronterizos con Israel y Egipto están bloqueados.

Israel ha anunciado un ataque por tierra, mar y aire a la Franja de Gaza. Ojalá que esto ocurra sin mucha destrucción, pero lo más probable será una crisis humanitaria y un éxodo palestino.

Ahora Israel no tolerará la existencia de un estado Palestino y su preferencia comprobada es desplazar a los palestinos hacia lugares como Egipto u otros países que acepten recibirlos.

Los desarrollos de los últimos días eliminan cualquier posibilidad de avanzar hacia la meta de tener dos Estados. Otro tema importante sobre el cual no se escucha mucho es la posible reacción del gobierno israelí hacia el poco más de 2 millones de sus ciudadanos, o sea 21%, que son árabes en los que no podrían confiar. Este asunto presentaría otro dilema ético.

Al final, la vieja tierra Palestina será un Estado judío democrático, para los judíos que irónicamente “echarán al mar” o al desierto externo a los palestinos.

[1]PBS NewsHour | Israeli and Palestinian leaders on escalation of violence | Season 2023 | PBS

Le recomendamos: La guerra en Israel…y lo que dice Colombia

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Francisco Thoumi

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Francisco Thoumi

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Se cree que Estados Unidos deja impunes a los grandes capos del narcotráfico, mientras exige una lucha contra las drogas en países como Colombia. ¿Qué tan cierto es? ¿Hay grandes mafias en ese país?

Francisco Elías Thoumi*

Respuestas erradas

Periodistas, políticos, académicos, activistas y otros colombianos se han hecho esta pregunta durante más de cuatro décadas. Refleja la convicción generalizada de que en los Estados Unidos existen grandes carteles de drogas que operan con gran libertad y que mientras los Estados Unidos “fuerzan” al gobierno colombiano a implementar una política antidrogas muy estricta, estaría dejando en la impunidad a las organizaciones criminales dentro del territorio americano. Mas aun, muchos especialistas colombianos critican los estudios de académicos o de centros de pensamiento en Estados Unidos por evadir el tema en su propio país.

Las explicaciones que se han dado desde la perspectiva colombiana a esta aparente conducta de los Estados Unidos no se han basado en estudios rigurosos.  En general, proyectan la experiencia colombiana como algo que ocurre en todos los países productores y consumidores de drogas.

En algunos casos se trata de afirmaciones con un sesgo ideológico economicista que resalta la codicia del capitalismo estadounidense y las grandes ganancias que generan los mercados de drogas ilegales. De ahí que algunas explicaciones comunes hayan sido simplemente materialistas, tales como que “el narcotráfico enriquece a Estados Unidos y arruina a Colombia”, o que “los bancos de Estados Unidos dependen del lavado de las ganancias del narcotráfico”.

En otros casos, se han basado en el racismo y la xenofobia estadounidense: “allá se habla de los carteles colombianos y mejicanos que exportan a Estados Unidos, pero no se mencionan los estadounidenses”.

Estas explicaciones han servido para alivianar la culpa o el malestar de los colombianos frente al problema de las drogas, ya que al ser algo inherente al capitalismo sería inevitable. En este contexto, Colombia sería una víctima del voraz apetito de las grandes mafias estadounidenses.

Esta argumentación ha servido para obviar cualquier análisis de la realidad americana porque ya se sabe cómo es ese país. Sin embargo, cuando se analiza la estructura del crimen en los Estados Unidos el resultado no parece coincidir con las anteriores explicaciones.

Para que una organización criminal sea viable y tenga éxito necesita tener un nivel alto de cohesión interna. Por eso, las mafias en Estados Unidos, y en otros países, han tendido a estar formadas por individuos pertenecientes a una misma etnia, o “tribu”.

Aparentemente, la existencia de los supuestos “grandes carteles estadounidenses” no es tan cierta. En lo que resta de este artículo explico qué se necesita para que surjan grandes organizaciones criminales y cuáles han sido los obstáculos para que en Estados Unidos se creen esos grandes carteles.

Lea en Razón Pública: Petro versus Barbosa: la política antidrogas

Dos grandes barreras

En Estados Unidos hay dos factores clave que dificultan el desarrollo de grandes organizaciones criminales que cubran todo el territorio:

  • La dificultad de desarrollar cohesión dentro de las organizaciones criminales en un país que valora la libertad individual y está formado por grupos de diversas razas, orígenes étnicos y tradiciones.

La criminalidad es obviamente ilegal. Para organizarse necesita crear sus propias normas con el fin de manejar conflictos internos y sobornar o atemorizar a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, pues no puede apelar a los sistemas estatales para resolverlos.

Para que una organización criminal sea viable y tenga éxito necesita tener un nivel alto de cohesión interna. Por eso, las mafias en Estados Unidos, y en otros países, han tendido a estar formadas por individuos pertenecientes a una misma etnia, o “tribu”.

  • La estructura del gobierno, que tiene algunas características de un federalismo bastante extremo y con estados fuertes a nivel local.

Las organizaciones criminales deben apelar a la amenaza y voluntad de utilizar la violencia para hacer cumplir los pactos en sus transacciones y para evitar ser delatados con las autoridades. Es claro que estos requisitos son menos importantes cuando el Estado es débil, corrupto o inexistente y cuando las instituciones sociales (las normas de control social) son débiles.

Durante el siglo XIX la Revolución Industrial produjo un crecimiento urbano que después de la guerra civil de 1861-1865 incentivó una gran migración de afroestadounidenses sureños liberados hacia los centros industriales del norte del país y una gran inmigración de europeos pobres: italianos, irlandeses, alemanes, judíos, etc., quienes tenían culturas que practicaban el consumo ceremonial y recreativo del alcohol.

En Estados Unidos el éxito de los inmigrantes europeos durante la segunda mitad del siglo XIX y los primeros años del XX creó el mito del “sueño americano”. Mito que generalizó el otro mito de que el país era un crisol (“melting pot”), en el que las diferencias raciales y culturales entre los grupos de ciudadanos se diluían si estos aprovechaban las oportunidades que el mercado estadounidense ofrecía.

Lamentablemente, el resultado fue más un sancocho que una sopa cremosa en la que sus diferentes componentes se mezclarían y perderían sus características particulares. De ahí que el “sueño americano” fuera una sociedad meritocrática idealizada en la que cada cual recibía una compensación justa por su contribución a la sociedad.

Por eso, los pobres lo eran por culpa propia y recetas parecidas a las de “trabajen vagos” legitimaron una enorme desigualdad en ingreso, riqueza y dignidad, oponiéndose a programas “socialistas” que distribuyen ingreso y riqueza.

Los factores mencionados y la prohibición de la producción, mercadeo y consumo de alcohol, que entró en vigor en 1920, cambiaron a la sociedad estadounidense predominantemente rural, en una urbana y mucho más diversa étnica y culturalmente que la tradicional.

Además, facilitaron que grupos de inmigrantes, especialmente italianos, irlandeses y judíos, la mayoría pobres, desarrollaran organizaciones con vínculos nacionales muy fuertes en las que se llevaban a cabo actividades económicas ilegales exitosas.

Una construcción mediática

Hacia principios del siglo XX en Estados Unidos se empezó a hablar de organizaciones criminales. Estas evolucionaron y se diversificaron en actividades relacionadas con contrabando, prostitución, extorsión y arreglos en las carreras de caballos y el boxeo, entre otras.

La prohibición del alcohol en 1920 ofreció nuevas oportunidades a las bandas criminales. La radio, el cine y la prensa popularizaron la idea de bandas criminales asociadas a grupos inmigrantes. Las películas sobre las bandas criminales de inmigrantes fueron muy exitosas y las noticias sobre las mafias muy vendedoras para la prensa.

Se presentó a esas organizaciones como altamente jerarquizadas y dominando algunas ciudades importantes. Las bandas más fuertes operaban en Chicago y Nueva York, pero grupos semejantes surgieron en otras ciudades con industrias importantes. Estos grupos criminales se comunicaban entre sí con el fin primordial de distribuirse los territorios, pero no lograron establecer relaciones de dependencia entre ellas.

La idea de que los sindicatos criminales o mafias eran organizaciones muy jerarquizadas llevó a la media y a los órganos gubernamentales encargados de hacer cumplir las leyes a suponer que la criminalidad tenía organizaciones muy fuertes, o sea que el crimen era organizado.

La verdad según la evidencia

Esta visión del crimen organizado persistió por varias décadas hasta que el trabajo pionero de Peter Reuter “El crimen desorganizado: la economía de la mano visible” (Disorganized crime: The Economics of the Visible Hand, MIT Press, 1983), basado en archivos, entrevistas con criminales y policías, y otras evidencias empíricas, mostró que las organizaciones criminales tendían a ser relativamente pequeñas porque en el entorno de Estados Unidos era muy difícil que un capo mantuviera control sobre muchos subalternos.

Después del trabajo de Reuter se han desarrollado muchos estudios sobre grupos criminales. La mayoría ha encontrado que están poco organizados, debido al interés propio de cada participante. Por lo tanto, se ha encontrado que los grupos delictivos organizados altamente estructurados son poco comunes.

Estudios basados en archivos policiales, entrevistas con informantes y registros confiscados de operaciones ilegales indican que los negocios ilegales son generalmente pequeños; que la entrada en el mercado es fácil y frecuente, lo que genera competencia; y que los esfuerzos para coordinar y fijar precios han fracasado, lo que indica la existencia de una industria ilegal bastante competitiva.

Por lo general, se ha visto que los usureros emplean la violencia y usan préstamos ilegales como trampolines para hacerse cargo de negocios legítimos. Las pruebas, sin embargo, indican que la intimidación y la violencia no son una parte necesaria de la industria criminal en la que la amenaza creíble de violencia es más efectiva que la violencia misma, que genera retaliaciones muy fuertes.

La Constitución y las instituciones

La fragmentación de la criminalidad organizada en Estados Unidos no es resultado solamente de la dificultad para desarrollar solidaridad y cohesión más allá de los grupos de inmigrantes. Esta se debe también en gran parte a la institucionalidad estadounidense. Ese es un país cuya constitución pone la soberanía en cada Estado, no en el gobierno federal.

La Constitución limita el poder del gobierno federal a los llamados “poderes enumerados” que los estados han transferido al gobierno federal en la Constitución. Su interpretación define la línea que separa los poderes del gobierno federal de los de los estados.  Por eso, algunas funciones centrales de estos quedan fuera de la autoridad del gobierno federal.

Las funciones del gobierno federal son i) la defensa y la seguridad, o sea las fuerzas armadas y la seguridad nacional; ii) las finanzas del país, esto es la Banca Central (el FED) y el Departamento del Tesoro (presupuesto del gobierno federal); y iii) la regulación del comercio internacional y el interno (interestatal).

Además, la Constitución garantiza libertades, pero no derechos positivos. Por ejemplo, los derechos al voto, educación, salud, vivienda, transporte y empleo, los cuales están determinados por los gobiernos estatales que tienen una gran autonomía. Lo mismo ocurre con las profesiones que están reguladas estatalmente.

Foto: Pxfuel - En muchos condados y pueblos la policía abusa de su poder y discrimina a las minorías y a otros grupos debido a la debilidad de los poderes del gobierno federal.

Estudios basados en archivos policiales, entrevistas con informantes y registros confiscados de operaciones ilegales indican que los negocios ilegales son generalmente pequeños

El gobierno federal emite pasaportes, pero no puede establecer un sistema de cedulación o pases para conducir vehículos. El gobierno federal tiene un sistema de justicia federal que puede tratar los crímenes que violan las leyes federales y cada Estado tiene otro sistema para tratar los crímenes estatales. Estados Unidos no tiene una policía nacional, cada estado y condado tiene sus propias policías.

El gobierno federal tiene leyes que prohíben la producción, tráfico y consumo de drogas, pero las Cortes han argumentado que los estados no tienen obligación de hacer cumplir muchas leyes federales, inclusive las de la marihuana. Debido a esta estructura para hacer cumplir las leyes federales sobre drogas, el gobierno debe apelar al FBI, la CIA, la Guardia Nacional y el sistema judicial federal.

En casos extremos como en la lucha contra la segregación en los años sesenta, esos órganos del gobierno federal tuvieron que enfrentar a los estatales que se oponían a la integración racial del país. En muchos aspectos los miembros de la Unión Europea están más unidos que los Estados Unidos de América.

Este montaje les da mucho poder a los sistemas estatales de cumplimiento de la ley y hace que los controles a los mercados de drogas ilegales surjan principalmente de los gobiernos locales que tienen intereses parroquiales para hacerlo.

Por eso, en muchos condados y pueblos la debilidad de los poderes del gobierno federal hace que la policía abuse de su poder y discrimine a las minorías raciales y otros grupos sociales considerados indeseables.

Todo lo anterior explica por qué durante la prohibición del alcohol hubo mafias fuertes en ciudades grandes donde había muchos inmigrantes, pero esas mafias no se expandieron a lo largo y ancho del país simplemente porque en cada sitio surgieron mafias autónomas pequeñas. Es interesante que las mafias de Nueva York se expandieron a Cuba.

Esto explica por qué las políticas que buscan descabezar a los grupos criminales no son efectivas simplemente porque los capos son remplazables y si se logra acabar una organización criminal, otras estarían listas a llenar ese vacío.

Hoy lo mas parecido a una mafia nacional es la Mara Salvatrucha, compuesta por inmigrantes centroamericanos, la cual tiene presencia en casi todos los estados, pero no tiene una organización centralizada que ejerza control sobre las organizaciones locales.

Puede leer: Política antidrogas en extinción

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Francisco Thoumi

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Francisco Thoumi

*Cofundador de Razón Pública. Para ver el perfil del autor haga clic en este enlac.e.

Foto: Haiku Deck

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Una vez legalizado el cannabis recreativo, muchos colombianos piensan que llegó la hora de legalizar la cocaína. ¿Qué tan factible es esto? ¿Cuáles países han legalizado alguna droga psicoactiva? ¿Cuáles son las opciones de Colombia?

Francisco E. Thoumi*

Un debate que revive

Los colombianos en general consideran que su país no puede resolver el problema de las drogas, y en especial el de la exportación de cocaína. Por eso afirman que el problema tiene dos soluciones posibles: que los países consumidores dejen de consumir, o que legalicen la importación y consumo de la cocaína.

Por eso hoy por hoy se discute de nuevo la posibilidad de re-negociar las convenciones internacionales, e inclusive la de legalizar el consumo de cocaína recreativa dentro de Colombia.

Es verdad que las políticas prohibicionistas han sido y son una solución simplista a un problema complejo. Tanto las políticas como el sistema internacional de control se formularon y organizaron sin el rigor científico que hoy en día requiere cualquier política pública.

Desde una perspectiva científica, que reconoce la complejidad del problema y aboga por políticas más acordes con el contexto social, la prohibición se percibe como una política fallida. La falta de flexibilidad del sistema para responder a las necesidades cambiantes se ha convertido en una trampa y un obstáculo para aplicar cualquier política distinta de la prohibición.

Bajo tales condiciones, vale la pena explorar qué tan viable sería un cambio en el sistema internacional, y qué tan dispuestos estarían los países para cambiar sus políticas. La respuesta no es tan clara. Veamos cuáles han sido las experiencias en la materia.

Experiencias de legalización

Las políticas de drogas se pueden clasificar en tres grandes grupos: aquellas que van dirigidas al consumo, las que se dirigen a combatir el tráfico y comercio (incluyendo el lavado de activos), y aquellas que se orientan a combatir la producción (tradicionalmente, el opio, la marihuana y la cocaína).

Las políticas tocantes al consumo han avanzado y se han flexibilizado. Pero las otras dos políticas siguen siendo restrictivas, y con contadas excepciones, el comercio y la producción de drogas o insumos se aceptan sólo cuando están a destinados a fines “médicos o científicos”.

En lo que sigue analice y presentare algunas experiencias de legalización con fines diferentes de los usos médicos o científicos.

La Política de drogas en Colombia
Foto: Flickr - En Colombia existe un pesimismo en relación a la capacidad para solucionar el problema de las drogas, especialmente con la exportación de cocaína.

Puede leer: Cómo resolver el problema de las drogas en Colombia

  1. El caso de Bolivia: la legalización de la hoja de coca para el mambeo.

La legalización del uso masticado de la hoja de coca (mambeo) fue promovida por Bolivia, haciendo uso de los mecanismos del derecho internacional. Fue un proceso tortuoso que duró más de tres años.

La Convención Única sobre Estupefacientes  de 1961 había establecido el desmonte gradual de la práctica del mambeo. Esta debería estar totalmente eliminada el 31 de diciembre de 1989. Pero en 1988, cuando se estaba negociando la Convención Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, Bolivia logró que el inciso 2º del artículo 14 de la Convención de 1988 incluyera “los usos tradicionales lícitos, en dónde hay evidencia histórica de tal uso”, invocando la protección de los derechos humanos y la del medio ambiente.

En 2009 Bolivia cambió su Constitución y su artículo 384 le dio poder al gobierno para regular todos los usos tradicionales de la coca. El gobierno procedió entonces a solicitar a Naciones Unidas que eliminara la prohibición del mambeo de la Convención de 1961.

La solicitud de Bolivia fue objetada por 18 países (Norteamérica, y varios países europeos y asiáticos), y fue apoyada por cinco (España y 4 países latinoamericanos). Ante esa votación, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC)  rechazó la enmienda.

Como resultado Bolivia se retiró de la Convención y solicitó nuevamente la adhesión con una reserva. La adhesión fue objetada solamente  por 15 miembros (Norteamérica, 10 países de Europa, Israel y Japón). Para aprobar la nueva adhesión se necesitaba que el número de votos negativos no superara un tercio del total (63 países miembros de un total de 189).

La eventual solicitud de sacar la cocaína de la lista de drogas controladas sería mucho más difícil, y probablemente no tendría éxito. El caso boliviano ha sido el único en los más de sesenta años de la Convención Única, y se refería a un consumo tradicional de una sustancia producida en el país que deseaba legalizar su uso. Esta sustancia tiene un mercado global muy pequeño, que no es relevante en la gran mayoría de países.

  1. La marihuana para usos recreativos.

Durante los últimos treinta años varios países han tolerado o despenalizado el consumo y posesión de marihuana para uso recreativo. Esto se ha hecho a través de leyes nacionales o pronunciamientos judiciales, pero sin acudir al sistema internacional para validar las medidas respectivas.

América es el continente donde más se ha avanzado en despenalizar la marihuana recreativa, aunque con características diferentes en cada país.

  • La sentencia C-221 de la Corte Constitucional de Colombia autorizó el consumo adulto de cannabis a parir de 1994, y no se considera delito la posesión de hasta 20 plantas de marihuana, ya que el Código Penal solo contempla las “plantaciones”. Una plantación se define como “la pluralidad de plantas, en número superior a 20 de las que pueden extraerse drogas que causen dependencia” (Artículo 2 de la Ley 30 de 1986).
  • 16 estados de Estados Unidos han regulado el uso recreativo del cannabis (Alaska, Arizona California, Colorado, Dakota del Sur, Illinois, Massachusetts, Maine, Michigan, Montana, Nevada, Nueva Jersey, Nueva York, Oregón, Vermont, Washington), y el Distrito de Columbia. Sin embargo, la posesión, la compra y la venta siguen siendo ilegales en el plano nacional.
  • Uruguay fue el primer país del mundo en regular mediante ley la producción, distribución y consumo de la marihuana para uso recreativo, Desde 2013 el cannabis se comercializa en farmacias que cuentan con una licencia especial (actualmente existen 25 farmacias).
  • Canadá legalizó en el 2018, mediante ley, la producción y consumo recreativo del cannabis. El suministro, sin embargo, se encuentra regulado de manera distinta en cada una de las varias provincias.
  • En junio del año pasado, la Suprema Corte de México declaró la inconstitucionalidad de los apartes de la Ley General de Salud que prohibían el consumo de cannabis, y el 2 de diciembre concedió un amparo que declaraba inconstitucional la prohibición de la siembra, cultivo y cosecha del cáñamo «con fines distintos a los médicos y científicos». Esa declaratoria obliga a la Secretaría de Salud a expedir permisos a los interesados, pero no modifica las normas penales.

En Holanda y en otros países europeos se permite  el consumo – dosis personal- en una red de establecimientos comerciales (“coffee shops”). Pero se trata más bien de una política de tolerancia de consumo: no se persigue criminalmente por considerar que no hace mayor daño a la sociedad. En realidad, en el ámbito europeo solo dos casos califican como verdaderos intentos de legalizar, aunque sea parcialmente, el cannabis recreativo:

  • En Georgia es legal la posesión y consumo debido a una sentencia del Tribunal Constitucional de 30 de julio de 2018: pero el cultivo y la venta de cannabis a gran escala siguen siendo ilegales.
  • Malta, legalizó parcialmente el cannabis recreativo mediante una ley del 14 de diciembre de 2021. Esta ley autoriza la posesión de un máximo de siete gramos de cannabis y el cultivo de hasta cuatro plantas a cada persona mayor de 18 años.

Actualmente, en Alemania se está discutiendo la posibilidad de legalizar la venta de cannabis para uso recreativo, pero esta iniciativa ha tenido intensen oposición desde distintos sectores, especialmente porque al no incluir la producción, el país seguiría dependiendo del mercado negro.

El único país africano que ha avanzado en este sentido es Sudáfrica, donde el Tribunal Constitucional legalizó en 2018 el consumo y cultivo de cannabis en espacios privados.

Las lecciones

Las iniciativas para regular o despenalizar la marihuana para usos recreativos dejan varias lecciones:

  • Aunque que se han dado varios pasos en este sentido, la mayor parte de ellos han sido fruto de decisiones judiciales y no legislativas. Se exceptúan las leyes de los estados en Estados Unidos, y las de Uruguay, Canadá y Malta.
  • Varias de las medidas protegen el consumo mínimo o la denominada dosis personal. El comercio y el tráfico, especialmente los internacionales, siguen presentando problemas y seguramente requerirán una regulación adicional.
  • Un punto que aún no se ha resuelto es el de la compatibilidad de estas medidas con las Convenciones de las Naciones Unidas.

La posibilidad de aplicar un sistema similar a la legalización de la cocaína sería más complicada, y estaría sujeta a los mismos o inclusive a mayores problemas y obstáculos que los de la marihuana para usos recreativos.

Las opciones de Colombia

Por estos días se discuten en Colombia la posibilidad de negociar con Estados Unidos para legalizar la cocaína, adoptando criterios similares a los de la marihuana recreativa.

Pero en este punto se debe resaltar que la experiencia con la marihuana recreativa en Estados Unidos ha sido de algunos estados, y no del gobierno federal. En el caso hipotético de que el gobierno federal decidiera legalizar la cocaína, no es claro que los estados estuvieran obligados a acoger esta decisión.

El caso del alcohol sirve para ilustrar el punto. Aunque la prohibición federal del consumo fue levantada hace 89 años, aún hoy se tiene que 83 condados (municipios) en nueve estados prohíben el alcohol.

Colombia podría proponer un programa para permitir la producción y consumo interno de cocaína con un sistema estricto de regulación de mercado, controlando la adicción y el desvío hacia los extraordinariamente rentables mercados extranjeros. En otras palabras, sin legalizar la exportación.

Este sería un experimento para que Colombia le mostrara al mundo como legalizar la cocaína sin generar muchos problemas.

Pero aun ese programa hipotético no sería la solución de esos problemas de Colombia atribuidos a  la prohibición de las drogas. El asunto no es tan simple. La relación narcotráfico- violencia- criminalidad- corrupción es circular, y eso hace que las soluciones deban ser integrales. Un problema tan complejo debe ser abordado con políticas comprensivas que ataquen toda la ilegalidad y no apenas un componente, como se ha hecho hasta ahora.

El problema de fondo no es legalizar las drogas sino legalizar a Colombia. Esto no se puede lograr a la fuerza sino como resultado de un proceso dialógico con respeto y empatía mutua entre todos los grupos que durante 212 años han competido por extraer las riquezas naturales del país.

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Francisco Thoumi

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Francisco Thoumi

*Cofundador de Razón Pública. Para ver el perfil del autor haga clic en este enlac.e.

Imagen de Steve Buissinne en Pixabay El problema de las drogas en el mundo

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Francisco Thoumi

Es hora de aceptar la complejidad del fenómeno y apostarle a soluciones realistas e innovadoras.

Francisco Thoumi*

Una solución sencilla para un problema complejo

El Sistema Internacional de Control de Drogas (SICD) busca eliminar el consumo de drogas psicoactivas con propósitos diferentes a los médicos o científicos. En la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961 este objetivo se justificó con argumentos religiosos y morales que lograron imponerse pese a las críticas de algunos países con industrias farmacéuticas importantes.

Las asociaciones de salud pública de países occidentales desarrollados se encargaron de definir cuáles eran los fines médicos o científicos aceptados para las drogas. Las ciencias sociales no participaron en la decisión porque el SICD consideraba que estas solo producían “especulaciones acientíficas”.

De forma implícita, este sistema supone erróneamente que el problema de las drogas adictivas es simple y, por ende, la solución también puede serlo. Su principal objetivo es “corregir” comportamientos pecaminosos o socialmente indeseables.

El SICD tiene rasgos autoritarios, por lo cual no sorprende que sea apoyado por países con tradiciones culturales o gobiernos autoritarios. En las reuniones anuales de la Comisión de Estupefacientes, una mayoría abrumadora de países, liderada por Rusia, China, los países musulmanes, los que han tenido gobiernos comunistas, y otros con influencias budistas o confusionistas, reafirma su apoyo incondicional a la política fundacional de este sistema.

Los únicos países que expresan críticas a las políticas internacionales de drogas son algunos en los que se valora la libertad individual y se tolera la diversidad de comportamientos.

Indefinición de términos y sus consecuencias

Los conceptos más importantes en estas convenciones (usos médicos o científicos, salud y bienestar) no han sido definidos. Lo más probable es que esto haya sido necesario para lograr un consenso. Paradójicamente, esto ha permitido que las agencias de drogas de la ONU modifiquen su interpretación en temas importantes como la regulación del cannabis y la relación entre los derechos humanos y las drogas.

Cannabis: el despacioso avance reformista

La marihuana es una droga que ha ganado aceptación en muchas sociedades y ha sido la droga ilegal de mayor uso en el mundo. Sin embargo, su proceso de legalización ha sido muy lento y no se ha extendido a otras drogas.

  • En 1976, los Países Bajos aprobaron la Ley de Opio que, aunque no legalizó la producción ni la venta de marihuana, permitió que los “coffee shops” vendieran pequeñas cantidades de esta planta (cultivada ilegalmente). El resultado fue la aparición de un mercado ilegal de marihuana que trajo consigo un aumento considerable de organizaciones criminales.
  • En 1996, California autorizó la producción y venta de marihuana medicinal, lo cual está permitido por el SICD. Esto se convirtió en un gran negocio para los médicos ambiciosos dispuestos a recetar marihuana medicinal a todo el que la “necesitara”. Actualmente hay 16 estados (además del distrito de Washington D.C.) donde el uso recreativo de la marihuana es legal, pero en cada jurisdicción hay sistemas de control diferentes.
  • En 2013, Uruguay legalizó el consumo de marihuana con controles estrictos al consumo y a la producción. Sin embargo, la aplicación de esta ley ha sido difícil y lenta, por lo cual la mayor parte de los consumidores aún se abastece en los mercados ilegales. No obstante, es notable que la regulación fuera establecida por el Estado pese a que gran parte de la ciudadanía se oponía. En 2018 Canadá siguió los pasos de Uruguay.
Foto: Pasto Salud ESE El consumo de drogas no es un problema que tenga una solución sencilla ni obvia.

Puede leer: La descertificación: una política obsoleta

La silenciosa incorporación de los derechos humanos

Hasta el año 2012, los órganos del SICD sostuvieron que los derechos humanos no debían ser tenidos en cuenta porque no estaban mencionados en las convenciones sobre drogas. Sin embargo, ese año la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) fue renovada, y en 2014 empezó a defender la idea de que las políticas de drogas debían respetar los derechos humanos y responder a la complejidad de los fenómenos de producción, tráfico y consumo.

El sistema internacional de control de drogas supone erróneamente que el problema de las drogas adictivas es simple y, por ende, la solución también puede serlo.

Actualmente, la JIFE afirma que:

  • los derechos humanos de todos los actores en el mercado de drogas ilegales deben ser respetados;
  • las políticas deben tener perspectiva de género;
  • la pena de muerte no debe ser aplicada a los crímenes de drogas;
  • las sanciones deben ser proporcionales a la magnitud de los crímenes;
  • las políticas para los usuarios de drogas deben tratar la adicción, y no ser únicamente punitivas.

Las drogas ilegales como un problema complejo

La demanda y la oferta de drogas ilegales dependen, en gran medida, del entorno social donde circulen. Otros fenómenos como la desigualdad, la discriminación, el desempleo, la polarización política y la violencia debilitan el “sistema inmunológico” de una sociedad y facilitan el desarrollo de actividades económicas ilegales. Todos esos fenómenos se relacionan entre sí de diversas formas. Por ejemplo, la corrupción estatal facilita el desarrollo del narcotráfico y, a su vez, este fomenta la corrupción.

En definitiva, el tejido social, económico, político y cultural de las sociedades determina qué tan afectadas se ven por los mercados ilegales. Muchas sociedades apoyan la prohibición porque temen que los costos del consumo sean excesivamente altos.

El problema de las drogas es complejo y, por tanto, es necesario olvidarse de una política simplista única como la prohibición de todo consumo que no tenga propósitos médicos o científicos. Es hora de aceptar que no hay soluciones únicas que funcionen para todos los contextos.

Las consecuencias de la complejidad

Las agencias de drogas de la ONU han avanzado en su narrativa, pero no han asumido las consecuencias de la complejidad de los fenómenos de drogas. Por ejemplo, aceptan que las políticas deben basarse en la evidencia, y así lo hacen, cuando concluyen que la manera menos costosa de disminuir el consumo de cocaína en una tonelada es gastando en prevención del consumo, tratamiento, recuperación y socialización de adictos. No obstante, esta política y otras semejantes, basadas en la evidencia son promovidas para apoyar la prohibición a los usos de las drogas diferentes a los médicos o científicos, que nunca ha sido basada en la evidencia. La JIFE ha justificado esto con el argumento de que los costos sociales de la adicción a las drogas son inconmensurables, o sea que siempre serán mayores a los que podrían generar los mercados de drogas ilegales.

El tejido social, económico, político y cultural de las sociedades determina qué tan afectadas se ven por los mercados ilegales

Las políticas del SICD buscan cambiar el comportamiento de las personas, y para eso han usado principalmente el temor a sanciones punitivas, lo cual ha podido ser efectivo a principios del siglo XX, pero hoy el mundo es otro. La gente es mucho más educada y con la globalización y las tecnologías de la información, ha aumentado, más allá de su entorno tradicional, el conocimiento que tiene sobre el mundo.

Le recomendamos: Un camino humanista en las políticas de drogas

Necesidad de políticas innovadoras para solucionar un problema complejo

Las ciencias sociales como la antropología, la psicología, la sociología, la economía, y otras, han desarrollado mecanismos basados en experimentos controlados que ayudan a diseñar soluciones que refuerzan comportamientos acordes con una ética cívica posmoderna. Estas buscan facilitar la convivencia y el desarrollo sostenible dentro de la diversidad y la tolerancia. Desafortunadamente, estas no son soluciones milagrosas ni de corto plazo.

Estos procesos son complejos y en el caso de las drogas requerirían:

  1. Involucrar en la formulación e implementación de políticas a todos los afectados: los cultivadores, productores, consumidores, proveedores de insumos, prisioneros por delitos de drogas, funcionarios públicos y otros actores en las redes ilegales. La meta es lograr convertir a conquistadores, siervos, aventureros, comerciantes ventajistas, evasores de impuestos y de la ley, etc., en ciudadanos que se consideren parte del Estado. Para esto es necesario generar confianza y empatía mutua.
  2. Entender a los que ostentan poder en la sociedad y convencerlos para que acepten perder privilegios a cambio de obtener seguridad y un crecimiento económico mayor. Esta pérdida de privilegios requiere que desarrollen respeto por los demás, o sea que los acepten como conciudadanos, aunque pertenezcan a otras etnias, razas, religiones, partidos políticos, género, o que residan en viviendas de estrato bajo, etc.

Se trata de un proceso de co-creación para establecer una comunidad nacional en la que todos sientan pertenencia, ciudadanía y esperanza en un futuro seguro en el que puedan desarrollarse.

Los procesos de co-creación son difíciles y muchos dirán que son irrealizables. Sin embargo, en el país hay ejemplos esperanzadores. Mucha gente joven no acepta continuar viviendo como sus padres y abuelos. Otros no tan jóvenes, ya tienen una profunda fatiga de vivir con el drama de la producción, tráfico y consumo de la cocaína. Estas personas han promovido organizaciones que rechazan los comportamientos que han prevalecido y trabajan incansable y admirablemente en la co-creación de una Colombia mejor. Estas organizaciones entienden la interrelación entre los problemas sociales y los peligros de tratar cada problema aisladamente. Hay que apoyar a estas organizaciones de la sociedad civil en su sueño por una Colombia mejor.

Es importante aclarar que nada de esto requiere dejar de hacer esfuerzos policivos y judiciales para que las leyes se cumplan. Pero si requiere que estos se ejecuten respetando los derechos humanos y no tratando a quienes violan la ley como enemigos que deben ser eliminados. Sin embargo, es necesario aceptar que los esfuerzos para acabar con el narcotráfico requieren ir mucho más allá de los primeros auxilios en casos de enfermedad. Ya es hora de atacar las vulnerabilidades estructurales del país, porque la solución “al problema de las drogas” en Colombia no va a venir del exterior.

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Francisco Thoumi

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Francisco Thoumi

*Cofundador de Razón Pública. Para ver el perfil del autor haga clic en este enlac.e.

Foto: PxHere - siempre ha existido una tensión entre la sociedad real que acepta grandes niveles de desigualdad entre sus miembros y el ideal de una sociedad que garantice “la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad”.

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Francisco Thoumi

El sistema electoral del país más poderoso del mundo dificulta el voto de muchos ciudadanos, hace que sus votos tengan valores diferentes y facilita la polarización. Es hora de modificarlo.

Francisco Thoumi*

Sociedad ideal vs. sociedad real

La primera frase de la Declaración de Independencia de Estados Unidos proclama que “todos los hombres son creados iguales”. Esta afirmación contradice la realidad de las sociedades humanas, pues los grupos que las conforman siempre han tenido libertades y derechos diferentes.

La sociedad estadounidense no es la excepción: cuando declaró su independencia, reinaban la esclavitud y la discriminación racial. En ese momento, la igualdad de derechos únicamente era válida para los hombres mayores blancos que cumplían requisitos como poseer finca raíz. Solo ellos podían disfrutar de la igualdad y participar de la democracia.

Desde entonces, en Estados Unidos siempre ha existido una tensión entre la sociedad real que acepta grandes niveles de desigualdad entre sus miembros, y la sociedad ideal que garantiza “la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad”, como también promulga la Declaración de Independencia.

Una constitución peculiar

La Constitución estadounidense es un acuerdo que regula las relaciones entre estados soberanos y limita las funciones del gobierno federal a la seguridad y defensa, el control monetario y la regulación del comercio nacional e internacional.

Lo que en Estados Unidos se conoce como la “Carta de Derechos” proclamada en 1889 es, en realidad, una lista de “derechos negativos”, es decir, de acciones que el gobierno no puede llevar a cabo porque restringen las libertades de los ciudadanos. En otras palabras, la Constitución estadounidense es una lista de las cosas que el gobierno no puede hacer, y no de las cosas que debería hacer.

Así pues, la Constitución no establece el derecho al voto, a la educación, a la salud, a la vivienda ni a los servicios públicos, y en la campaña electoral de este año, algunos de estos derechos fueron calificados por una porción del electorado como “socialistas” y “antiamericanos”.

La mala distribución de poder político

En Estados Unidos, las elecciones presidenciales no son directas, sino que están mediadas por el Colegio Electoral, y cada estado tiene un número de compromisarios igual a la suma del número de representantes (435) y senadores (100), más 3 del Distrito Capital. El total es 538, y un candidato tiene que obtener al menos 270 para ganar las elecciones.

Este sistema implica una gran disparidad en el valor de los votos de los ciudadanos de distintos estados, pues en el Senado todos tienen dos representantes independientemente de su población. Por ejemplo, la población de California es 68 veces más grande que la de Wyoming, pero como ambos tienen dos senadores, los senadores de California representan 68 veces más personas que los de Wyoming.

Este arreglo fue necesario para lograr un acuerdo entre los trece estados originales, pero en nuestros días propicia una distribución poco equitativa del poder político que valora mucho más el voto de los ciudadanos de las zonas agrícolas, poco pobladas, y preponderantemente religiosas que el de los residentes en zonas urbanas globalizadas donde imperan las creencias seculares.

Esta disparidad ha hecho que en los estados donde predomina un partido la gente sienta que su influencia para escoger presidente es prácticamente nula, porque se sabe de antemano que el candidato del partido mayoritario en dicho estado va a tener todos los delegados al Colegio Electoral.

Foto: US Embassy in Chile - La independencia de los estados con respecto al sistema electoral tiene otras consecuencias.

Puede leer: Estados Unidos: los enredos del sistema electoral

Los obstáculos para votar

Por otra parte, la Constitución formulada hace 244 años determinó que cada estado decida los requisitos para ejercer el derecho al voto, lo cual implica que en todos hay un sistema diferente, pues cada uno establece el horario para votar y qué personas tienen derecho al voto. Inclusive tienen la potestad de excluir de por vida a quienes han sido sentenciados por delitos mayores (felonies).

Con el paso del tiempo, el gobierno federal ha tratado de extender el derecho al voto, pero varios estados han usado la independencia de sus sistemas electorales para limitar ese derecho. Por ejemplo:
• Después de la guerra civil y de la proclamación de la libertad de los esclavos en 1863, los estados del sur establecieron leyes de segregación racial (conocidas como leyes Jim Crow) que permitieron reducir o eliminar el voto entre las comunidades negras. En varias ocasiones, esas medidas se valieron de la intimidación y la violencia policial y estatal para lograr su cometido;
• Algunos estados han limitado el número de lugares y el horario en el que se puede votar para dificultar el acceso de algunos votantes;
• Varios estados lograron que la ley federal estableciera que las elecciones tuvieran lugar un día no feriado (el primer martes de noviembre), lo cual hace difícil que las personas de bajos ingresos voten dado que, para hacerlo, tendrían que sacrificar un día de trabajo.

El «gerrymandering»

El tamaño de la Cámara de Representantes es fijo y se distribuye según el volumen de la población censada cada 10 años, lo cual significa que el número de votos electorales de cada estado puede cambiar con el paso del tiempo.

Los representantes a la Cámara no representan estados, sino distritos dentro de cada estado, y después de cada censo, las asambleas o “congresos” de ese estado pueden modificar los distritos. Cada estado tiene su propio sistema para efectuar los cambios distritales, y generalmente son definidos por la votación mayoritaria en el congreso respectivo.

El avance de los computadores y de la inteligencia artificial ha permitido que las bancadas mayoritarias manipulen los cambios en los distritos para dominar los gobiernos estatales. Su estrategia es sencilla: como los votos demócratas y republicanos no están distribuidos aleatoriamente en el área de cada estado, el partido que tenga más representantes en el congreso puede cambiar el mapa de los distritos para aumentar el número de representantes que van a la Cámara en Washington.

Pueden lograrlo de dos maneras: cuando hay un distrito con una concentración de votantes del partido contrario, se redistribuyen en varios distritos para que se vuelvan una minoría; o diseñando un distrito que aglomere una mayoría del partido minoritario cuando los votantes están esparcidos en un área grande donde predomina el otro partido. La demarcación geográfica del distrito 02 de Texas es un buen ejemplo (área destacada en color rojo):

Fuente: www.nationalmap.gov
Esta estrategia, conocida como «gerrymadering» o reacomodamiento de los distritos electorales, ha permitido que un partido minoritario logre enviar al congreso en Washington más representantes que el partido mayoritario. Esto facilita que políticos de extrema derecha y extrema izquierda sean escogidos, lo cual exacerba la polarización política. El censo de población que se llevó a cabo este año podrá ser usado por las mayorías en los congresos estatales para la redistribución de distritos validos durante los próximos diez años.

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Financiación, fake news y polarización

En 2019, la Corte Suprema eliminó los límites legales a la financiación de campañas electorales por parte de empresas y organizaciones sin ánimo de lucro (por ejemplo,   sindicatos),  alegando que dichos límites violaban el derecho a la libre expresión protegido por la primera enmienda a la Constitución.

Esta decisión ha permitido que grupos con grandes intereses económicos financien las campañas electorales, lo cual sin duda representa una amenaza para la democracia y hace que el sistema electoral estadounidense se asemeje al de países donde el voto se compra, o al de países autoritarios.

Por otra parte, las redes sociales han facilitado la promoción de “hechos alternativos” y de “fake news” que alteran el comportamiento electoral y favorecen la polarización política.

La polarización y la importancia de las redes sociales han hecho que los costos de las campañas presidenciales aumenten de manera exagerada. Este año, por ejemplo, se espera que el costo de las elecciones llegue a 14.000 millones de dólares.

Es hora de modificar el sistema

El sistema electoral estadounidense es obsoleto, propicia la desigualdad del poder político y representa una amenaza para la democracia. Es inaudito que, en pleno siglo XXI, el país que ha sido el más poderoso del mundo privilegie la astucia política y menosprecie el poder del voto popular.

Esto ha permitido que, en los últimos diez años, el partido republicano haya mantenido la mayoría en el Senado. Además, en los últimos 28 años ha ganado 3 de las siete elecciones presidenciales, pero solamente ha ganado el voto popular en una.   Así mismo, facilitó la conformación de una Corte Suprema conservadora que no refleja la postura de la gran mayoría de ciudadanos.

Probablemente, negociar con un senado de mayoría republicana será el mayor desafío para Joe Biden, el presidente electo que superará a su contrincante por más de 6 millones de votos.

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Francisco Thoumi

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Francisco Thoumi

*Cofundador de Razón Pública. Para ver el perfil del autor haga clic en este enlac.e.

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