Drogas: un camino sensato para Colombia en el mundo
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Drogas: un camino sensato para Colombia en el mundo

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Colombia dio un primer paso ante la ONU. Ahora tendría que ir al fondo y encontrar argumentos capaces de sortear la muralla del prohibicionismo que el mundo ha levantado desde hace mucho tiempo. Esta sería la ruta.

Francisco E. Thoumi*

El primer paso

En mi ensayo de la semana pasada argumenté que la última presentación de Colombia ante la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas (CND) muestra un cambio sustantivo en la posición del país ante el mundo; con una mentalidad de país maduro, Colombia no temió tomar posiciones trascendentes en el campo de las drogas,  aunque pueden resultar incómodas para otros países.  

Este nuevo enfoque abre la posibilidad de participar en la formulación de cambios en la política de drogas de la ONU, pero apenas constituyó un primer paso; por eso importa definir la estrategia para seguir avanzando en la materia.  Para esto es necesario analizar los cambios que podrían ser consistentes con la lógica de los documentos de la ONU y el contexto en el cual estos se originan y se han aplicado a lo largo de su existencia, para después explorar formas de hacerlos posibles y realmente ejecutables. 

Puede Leer: ¿Qué está pasando con los cultivos de coca bajo el gobierno Petro?

Razones de los prohibicionistas 

En primer lugar, no se debe olvidar que la prohibición es la política preferida en las sociedades con culturas y/o gobiernos autoritarios, así como por la mayoría de las personas en el sector de la salud, quienes en su juramento hipocrático se han comprometido a no permitir el uso de ninguna droga que haga daño al cuerpo humano. 

En efecto, para la gran mayoría de los países del mundo, y para la ONU en particular, el principal problema de las drogas es la adicción de sus ciudadanos. Por esta razón existe un gran temor a cualquier uso distinto de los “médicos y científicos”. Es posible que este temor sea exagerado y que no esté justificado por la evidencia. Pero esto no debe sorprender a nadie porque las políticas de drogas, como las de migración y las que regulan comportamientos religiosos, sexuales, étnicos, raciales y otros asociados con la identidad de las personas, dependen siempre de creencias y sentimientos, y muchas veces la lógica y la razón juegan papeles apenas secundarios en su gestación.

Los daños del consumo son inconmensurables  

Por otro lado, los documentos y voceros tradicionales de las agencias de drogas de la ONU afirman a menudo que los costos sociales de la adicción son “inconmensurables”. Esto les ha permitido evadir el examen de la eficacia y la evaluación de la política prohibicionista, porque los costos que generaría la flexibilización de las políticas de drogas para aceptar usos diferentes de los “médicos y científicos” nunca podrían ser menores que los “inconmensurables” de la adicción. Por eso, la prohibición ha sido aceptada como la mejor y única política de drogas, válida en todas las sociedades durante todo el tiempo.

Es posible que este temor sea exagerado y que no esté justificado por la evidencia. Pero esto no debe sorprender a nadie porque las políticas de drogas, como las de migración y las que regulan comportamientos religiosos, sexuales, étnicos, raciales y otros asociados con la identidad de las personas, dependen siempre de creencias y sentimientos, y muchas veces la lógica y la razón juegan papeles apenas secundarios en su gestación.

Lo anterior explica la dificultad para enmendar las convenciones sobre drogas. De hecho, solamente una, la Convención Única Sobre Estupefacientes de 1961, fue enmendada por el protocolo de 1972, pero solo para endurecer la forma de tratar el consumo. Nunca ha habido enmiendas que flexibilicen la política prohibicionista.

Reinterpretar en vez de reformar 

Dado lo anterior, otra vía posible sería concentrarse en reinterpretar las Convenciones, en vez de modificarlas, porque este camino puede ser bastante difícil.  La alternativa de la reinterpretación, por el contrario, puede ser más factible, y está permitida dentro del derecho internacional.  A lo que se suma el hecho de que todas las convenciones de drogas han dejado vacíos legales porque no definen muchos de sus términos más importantes. 

Así, sería posible empezar, por ejemplo, con el discurso de la directora Ejecutiva de la Oficina contra el Delito y las Drogas (UNODC) en la última reunión de la CND, donde afirmó que el propósito del Sistema Internacional de Control de las Drogas (SICD) es promover la salud y el bienestar de la humanidad, algo que continuamente han expresado las agencias de drogas de la ONU, pero que nunca han definido. 

Como la salud está en el corazón del problema de las drogas, es legítimo apelar a la Organización Mundial de la Salud (OMS), cuyos tres primeros principios proclamados en la Constitución de la OMS son, perfectamente aplicables a las políticas de drogas:

  1. “La salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.
  2. El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social. 
  3. La salud de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la seguridad, y depende de la más amplia cooperación de las personas y de los Estados”.

Sobre la base de estos principios es posible desarrollar estrategias integrales, que permitan atacar los diversos ángulos del problema de drogas, incluyendo los problemas sociales– salud social– que se derivan de manera directa o indirecta de la prohibición, así como los costos sociales de la misma. 

La causalidad aceptada hasta ahora por las agencias de drogas de la ONU ha sido en la dirección opuesta: la corrupción, el debilitamiento de la cohesión social y una mayor desorganización social, son responsables de aumentos en el narcotráfico y en el consumo de drogas.  Sin embargo, al analizar las tres dimensiones de la salud de la OMS—física, mental y social—queda sin fundamento la política basada únicamente en el prohibicionismo. 

Adicionalmente, a pesar de que la OMS no define la salud social, sí define los determinantes sociales de la salud (DSS): “las circunstancias en que las personas nacen crecen, trabajan, viven y envejecen, incluido el conjunto más amplio de fuerzas y sistemas que influyen sobre las condiciones de la vida cotidiana. Estas fuerzas y sistemas incluyen políticas y sistemas económicos, programas de desarrollo, normas y políticas sociales y sistemas políticos.” 

También agrega que “Las condiciones anteriores pueden ser altamente diferentes para varios subgrupos de una población y pueden dar lugar a diferencias en los resultados en materia de salud. Es posible que sea inevitable que algunas de estas condiciones sean diferentes, en cual caso se consideran desigualdades, tal como es posible que estas diferencias puedan ser innecesarias y evitables, en cuyo caso se consideran inequidades y, por consiguiente, metas apropiadas para políticas diseñadas para aumentar la equidad”.

Por consiguiente, si la prohibición deteriora los determinantes sociales de la salud, sería probable que, en algunas sociedades, los costos generados a la prohibición sean más altos que los generados por los aumentos en la adicción, que busca prevenir la prohibición. Así, en esos casos sería posible permitir usos regulados de las drogas.

Utilizar la evidencia 

Hasta ahora la UNODC, la CND y la Junta Internacional de Narcóticos (JIFE) han insistido en que las políticas de drogas deben estar basadas en la evidencia. Por ejemplo, la distribución de jeringas y agujas limpias y el establecimiento de centros de inyección para disminuir el daño del consumo son menos costosos que el encarcelamiento. Y la prevención, tratamiento, rehabilitación y resocialización de adictos es menos costosa que la erradicación de cultivos. 

Esos argumentos basados en evidencia han sido utilizados frecuentemente. Sin embargo, la “inconmensurabilidad” de los costos de la adicción, que nunca ha sido probada con evidencia, no ha permitido que las agencias de drogas de la ONU piensen siquiera en la necesidad de evaluar la prohibición misma. 

Más aún, como los efectos negativos de la prohibición sobre los DSS han sido muy fuertes en sociedades pobres con estructuras políticas y económicas frágiles, los efectos de la prohibición son mucho más nocivos en los guetos pobres de las ciudades estadounidenses y en partes de países como Colombia, que en sociedades institucionalmente más sólidas.

Por eso, los efectos de la prohibición no son neutrales con relación a sus efectos sobre diversos grupos sociales de cada país. Por lo tanto, es imperativo exigirle a la ONU en general y a sus agencias de drogas en particular, que apliquen a la prohibición los métodos de evaluación que utilizan para otros fenómenos, aunque esos ejercicios sean complejos y contradigan creencias enraizadas en las agencias de drogas de la ONU.

La ONU no puede legalizar   

Para finalizar, debo desarrollar dos ideas. La primera es que la ONU no es un gobierno mundial. Su función principal es proporcionar foros para resolver conflictos entre países, discutir temas de políticas globales y proporcionar asistencia técnica en casos en los que sea necesaria; pero la ONU tiene muy poca capacidad de operar en los países excepto cuando el Consejo de Seguridad lo decide. 

Por eso, aún si la ONU sacara a la coca y a la cocaína de las listas de drogas controladas, eso no las legalizaría en ninguna parte. La ONU por medio de sus convenciones y tratados puede lograr que los países se comprometan a prohibirlas, pero no puede forzar a ningún país a importar cocaína, y mucho menos a consumirla. 

La prohibición de importaciones existe en todos los países del mundo. Colombia, por ejemplo, tiene una larga lista de artículos y servicios cuya importación está prohibida.  El hecho es que hoy ningún país permite la importación y el consumo libre de cocaína, que han estado prohibidas en muchos países desde mucho antes de la primera convención de drogas, la Convención Única de Estupefacientes de 1961. Estados Unidos la prohibió en la ley Harrison de 1914. 

Por eso, para legalizar el consumo, Colombia debería negociar la exportación de cocaína con cada país, lo cual se debería hacer dentro del marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y no en la ONU. El punto es que tanto un mundo sin drogas como uno con mercados libres de drogas son ficciones inalcanzables y que la política ideal de drogas requiere aprender a vivir con ellas, no es dejarlas libres o prohibirlas.

Colombia: alternativas experimentales

La segunda idea es que Colombia no puede esperar que el mundo deje de consumir o que legalice el consumo de cocaína. Siguiendo a la CND y su compromiso con la importancia de la reducción de daño y su énfasis en la necesidad de tener políticas de drogas basadas en la evidencia, debe tratar de enseñarle al mundo como hacerlo.

los efectos de la prohibición no son neutrales con relación a sus efectos sobre diversos grupos sociales de cada país. Por lo tanto, es imperativo exigirle a la ONU en general y a sus agencias de drogas en particular, que apliquen a la prohibición los métodos de evaluación que utilizan para otros fenómenos, aunque esos ejercicios sean complejos y contradigan creencias enraizadas en las agencias de drogas de la ONU.

Para eso, podría empezar con un “sandbox” o experimento en el que el Estado desarrollara cultivos controlados de coca y refinara cocaína para venderla en el mercado local colombiano, dentro de un sistema semejante al de Uruguay con la marihuana, esto es, requiriendo que cada usuario se registre y pueda comprar mensualmente una cantidad de cocaína para su uso personal, y donde además se fortalezca el apoyo a los usuarios cuyo consumo sea problemático. 

Esto no resolvería el problema de las exportaciones ilegales de cocaína, pero permitiría demostrarle al mundo que es mejor aprender a vivir con sistemas de consumo regulado de cocaína que con guerras contra las drogas. Además, esto forzaría a la sociedad colombiana a definir cuál es su problema real de las drogas.

Un experimento de esta naturaleza posiblemente suscitaría duras críticas dentro de la sociedad colombiana, temerosa de las consecuencias internas de un posible aumento en la adicción y de posibles sanciones internacionales. 

Pero las recientes acciones de la delegación colombiana en Viena muestran que Colombia sí puede actuar como un país adulto e independiente, superando sus temores ancestrales, y puede liderar el cambio en las políticas. Me temo que, si en Colombia este experimento es imposible de llevar a cabo por una gran oposición interna, el país tendría que aceptar que no puede exigirle al mundo que legalice la cocaína o que deje de consumirla.

No pretendo que estas sean las únicas opciones, pero me sentiría muy agradecido si entre los lectores de Razón Pública surgen otras.

Lea en Razón Pública: Drogas: la declaración “revolucionaria” de la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas (I)

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Francisco Thoumi

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Francisco Thoumi

*Cofundador de Razón Pública. Para ver el perfil del autor haga clic en este enlac.e.

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