La OMS y la hoja de coca: ciencia sin sociedad

La OMS confirmó que la hoja de coca tiene poco riesgo, pero decidió mantenerla en la Lista I de sustancias prohibidas. Esta es la historia —y el costo— de una clasificación que nació mal y nunca se revisó.

Decisión que contradice la evidencia

En octubre de 2025, la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó el esperado informe del Comité de Expertos en Farmacodependencia (ECDD) sobre la hoja de coca. El documento, basado en una revisión exhaustiva de su composición, sus efectos fisiológicos y su uso tradicional, concluye que la hoja tiene baja toxicidad, un potencial adictivo mínimo y una larga historia de consumo seguro en las sociedades andinas. 

Sin embargo, pese a estas conclusiones, la OMS decidió no recomendar cambios en su estatus en la Lista I de la Convención Única de 1961. La decisión fue oficializada la semana pasada.

La decisión sorprendió a gobiernos, académicos y organizaciones indígenas, pero también reabrió un debate histórico: la clasificación de la hoja de coca nunca se basó en evidencia científica sólida, y las instituciones globales llevan más de siete décadas operando sobre supuestos erróneos y evaluaciones incompletas.

1950: la misión que confundió pobreza con toxicidad

Esta no es una discusión nueva. Comenzó en 1948, poco después de la creación de las Naciones Unidas, cuando el presidente del Perú José Luis Bustamante solicitó a la recién creada ONU una misión técnica que evaluara in situ el consumo de hoja de coca en la sierra andina, preocupado por la percepción —extendida entre las élites urbanas— de que el hábito del mambeo o acullico era “nocivo” o “atrasado”.

En respuesta, en 1950 la ONU envió la Comisión de Estudio del Problema de la Hoja de Coca, que realizó encuestas, observaciones de campo y entrevistas, pero no estudió directamente los efectos fisiológicos o psicológicos del consumo en los usuarios ni realizó evaluaciones clínicas o longitudinales. Aun así, concluyó que el masticado de coca no calificaba como adicción, pero era “nocivo” porque reducía el hambre y permitía a campesinos y mineros trabajar jornadas más largas en condiciones extremas.

Es decir, el problema no era la hoja de coca, sino la pobreza estructural, la explotación laboral y la desnutrición, elementos que la misión confundió con “efectos nocivos” de la planta. Este informe sentó las bases para que, una década más tarde, la Convención de 1961 la incluyera en la Lista I, junto con sustancias como la heroína, pese a que no existía evidencia de daños comparables.

1988: Bolivia defiende su cultura

Décadas después, Bolivia enfrentó el mismo dilema. En 1988, durante la negociación de la Convención Contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Estupefacientes y Sicotrópicas, Bolivia revivió el tema y firmó el tratado con reservas explícitas, argumentando que la hoja de coca no es cocaína, que el uso tradicional no constituye abuso ni dependencia, y que su prohibición criminaliza prácticas culturales protegidas por el derecho internacional.

Aunque la reserva no alteró el régimen global, sí anticipó un debate que hoy cobra nueva fuerza: la diferencia entre plantas tradicionales y estupefacientes derivados mediante procesos químicos industriales.

1994: la JIFE pide un estudio que nunca llegó

Tras los debates de la Asamblea General de 1993, el Informe de la JIFE de 1994 se centró en la “eficacia de los tratados internacionales de fiscalización de drogas” y concluyó que solo eran necesarios ajustes menores para mejorar su funcionamiento. Uno de los posibles ajustes fue respecto a la coca. El párrafo 21, inciso c, es claro:

“Debe resolverse el conflicto entre las disposiciones del Convenio de 1961 y las opiniones y la legislación de los países en los que el uso de la hoja de coca es legal. Es necesario realizar una revisión científica para evaluar el hábito de mascar coca y el consumo de té de coca.”

La JIFE reconocía que el marco jurídico era confuso y solicitó formalmente a la OMS un estudio científico sobre las consecuencias del consumo de hoja de coca. Ese estudio habría permitido, por primera vez, evaluar el impacto real de la hoja desde la perspectiva de la salud pública. Pero nunca se realizó.

2025: farmacología, pero no ciencia social

Durante tres décadas, la OMS no produjo ese análisis, ni convocó a un grupo interdisciplinario para estudiar los usos tradicionales, los efectos fisiológicos o los impactos sociales de la prohibición. En 2025, cuando finalmente revisó la evidencia existente, su informe técnico fue sólido en farmacología, pero ignoró los efectos sociales de las políticas sobre las drogas.

El informe OMS 2025 sintetiza investigaciones recientes y confirma lo que estudios de la Universidad de Harvard, la UNODC, la OPS y centros andinos habían demostrado:

• baja toxicidad,
• dependencia mínima,
• ausencia de muertes atribuibles al consumo tradicional,
• alto valor nutricional de la hoja,
• posibles beneficios en la aclimatación a la altura y el metabolismo,
• y un rol cultural esencial.

Pese a esto, la OMS recomendó mantenerla en la Lista I bajo el argumento de que su convertibilidad en cocaína facilita la producción ilícita.

Esto se explica porque el Comité de Expertos que evaluó la hoja está compuesto casi exclusivamente por toxicólogos, farmacólogos, psiquiatras y médicos. Todos altamente calificados para analizar los efectos de sustancias químicas en el cuerpo humano, pero no para diagnosticar las enfermedades de las sociedades. El resultado es un análisis técnicamente impecable, pero incompleto.

2025: la mitad que se ignoró 

La OMS afirma que la salud tiene tres dimensiones: física, mental y social. Y define los determinantes sociales de la salud (DSS) como “las circunstancias en que las personas nacen, crecen, trabajan, viven y envejecen, incluyendo el conjunto más amplio de fuerzas y sistemas que influyen en las condiciones de la vida cotidiana”.

Estas fuerzas incluyen políticas y sistemas económicos, programas de desarrollo, normas sociales y sistemas políticos. Pueden variar entre subgrupos y producir diferencias en los resultados de salud.

Por eso los DSS abarcan una lista larguísima: desigualdades, pobreza, desempleo, educación deficiente, carencia de vivienda, desnutrición, violencia, desplazamiento, corrupción, exclusión política, entre muchos otros.

Sin embargo, el informe del ECDD no evalúa ninguno de estos factores. Su mirada es estrictamente biomédica: ¿qué hacen los alcaloides en el cuerpo? ¿existe dependencia? ¿hay toxicidad? Con base en ello mantiene una clasificación que tiene consecuencias devastadoras en las tres dimensiones de la salud: física, mental y social.

Hasta ahora, ni el informe de 1950, ni la reserva boliviana de 1988, ni el llamado de la JIFE en 1994 lograron que las instituciones internacionales integraran un análisis sociocultural y económico del fenómeno.

El costo de la omisión

Los efectos sociales de la prohibición varían entre sociedades. En contextos con alta gobernanza, mercados laborales robustos y fuerte cohesión social, la prohibición puede aplicarse sin generar mercados violentos.

Pero en sociedades vulnerables, la ilegalidad se convierte en incentivo económico; los grupos criminales capturan territorios; las comunidades campesinas quedan atrapadas entre la pobreza y la criminalización; y la violencia asociada al narcotráfico se vuelve un factor negativo para la salud pública.

Colombia conoce esta realidad mejor que nadie: la hoja de coca se produce en regiones rurales abandonadas, donde el Estado ha llegado más con erradicadores que con escuelas o centros de salud.

La ausencia sigue pesando

Si la OMS hubiera realizado en los noventa el estudio solicitado por la JIFE, hoy tendría:

• evidencia longitudinal sobre salud física y mental de usuarios,
• análisis social y económico del consumo,
• datos comparativos entre comunidades,
• estudios sobre efectos de políticas públicas,
• bases científicas para reevaluar la clasificación internacional.

Pero esa ausencia pesa. Cuando la OMS finalmente regresó al tema en 2025, lo hizo sin haber construido el marco interdisciplinario necesario.

Esto explica por qué el informe reconoce que la hoja tiene bajo riesgo… pero mantiene intacto el edificio jurídico que la criminaliza.

La prohibición de la hoja de coca no nació de la ciencia, sino de una misión en 1950 que interpretó mal lo que vio, de un régimen que no entendió la diferencia entre una planta y un estupefaciente, y de un sistema que nunca incorporó la salud social como criterio.

Hoy la OMS tuvo la oportunidad de corregir ese error histórico. Su informe técnico lo permitía: la evidencia científica es clara. Pero decidió no cuestionar las bases políticas del régimen.

Al final, la hoja de coca permanece en la Lista I no por lo que es, sino por lo que el sistema internacional decidió que debía ser. Mientras la OMS siga analizando moléculas sin analizar sociedades, la salud social seguirá ausente de sus decisiones. Y los países productores seguirán pagando el costo de una política global que nació con errores, no se revisó a tiempo y que hoy —en pleno siglo XXI— continúa dictando el destino de millones de personas.

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