Sergio Uribe, autor en Razón Pública
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La política de drogas del gobierno no es política de drogas. En qué consiste esta política, como se está aplicando y cuáles son sus posibilidades de éxito.

Sergio Uribe*

Una supuesta política de Estado

A finales del 2023 el gobierno nacional publicó el documento ‘Sembrando Vidas, Desterrando el Narcotráfico’, que contiene las bases de su política antinarcóticos. El documento supone que será obligatorio para próximos gobiernos y por eso proyecta que se aplicará entre 2023 y 2033. 

El documento es el resultado de reuniones con comunidades cultivadoras, procesadoras y consumidoras de drogas en todo el territorio nacional, con participación de diversas organizaciones sociales o comunidades étnicas. 

Pero para adoptar una política de Estado sería necesario tener el apoyo inequívoco de todas las fuerzas políticas, o por lo menos tener la aprobación del Congreso, que es quien hace las leyes.  

En este caso será todo lo contrario. Es muy probable que el documento y la política de Petro sean ignorados o rechazados por futuros gobiernos lo que seguramente llevará a las comunidades campesinas, negritudes e indígenas a revelarse/quejarse por el incumplimiento de las promesas de este gobierno—. 

Le recomendamos: La política antidrogas de Petro: un vaso medio lleno

La política en acción

El 19 de febrero se hizo pública la primera ‘misión territorial de la política de drogas’ que se concentrará en zonas de Tumaco.

Se le instruyo a la “misión” que seleccionara, de ser posible, zonas sin presencia de los grupos armados. Estas zonas son las más afectadas por la sobreoferta de hoja de coca que se está presentando gracias al aumento descontrolado de los cultivos; además, se estima que durante 2023 siguieron aumentando los cultivos de coca, hoy superan las 230.000 hectáreas. 

La política es predominantemente rural, lo que margina a la población urbana (más del 75 % del país). De hecho, el consumo es gran parte del problema de las drogas y se concentra en zonas urbanas.

Foto: Ministerio de Justicia - El gobierno invertirá $280.000 millones en la Misión Territorial para Tumaco pero se desconoce el número de cultivadores, las zonas específicas y las hectáreas de coca a erradicar.
Las ‘misiones territoriales’ actuarán en sectores donde hay concentración de pequeños cultivadores, cuyas características aún no se han definido. Para efecto de la misión en Tumaco el gobierno Petro invertirá 228.000 millones de pesos en proyectos multisectoriales. 

La mayor dificultad de esta intervención es destinar dineros sin conocer la población objetivo. No se conoce la definición de pequeño cultivador, no hay una persona que coordine y asegure las inversiones de los distintos ministerios y agencias. Lo ideal sería que quien coordine estas inversiones tenga línea directa con el ejecutivo/presidente para asegurar la integralidad de las acciones. 

Se aspira a crear al menos de tres ‘misiones territoriales’ antes de terminar el gobierno Petro y que por lo menos una zona donde actué una misión esté libre de coca.

Desafortunadamente, por el historial de las entidades de este gobierno y, aún más grave, por la ausencia de una cabeza visible para la estrategia antinarcóticos, llegaremos al 2026 sin los resultados esperados.  

Una verdad impopular 

La evolución de los cultivos de coca durante los últimos 24 años demuestra una realidad impopular pero indiscutible: el único gobierno que logró reducir significativamente las siembras de coca fue el de Álvaro Uribe. 

Fue el resultado conjunto de decisiones políticas y circunstancias externas: erradicación forzosa, erradicación voluntaria, el desarrollo alternativo, cambios en el comportamiento de las organizaciones criminales y cambios estructurales de los mercados.  

Las dos fuentes capaces de supervisar la evolución del cultivo de coca son el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) y la Office of National Drug Control Policy (ONDCP) que funciona dentro de la Casa Blanca. Según datos de ambas fuentes consignados en la gráfica 1 tras 7 años de una caída sostenida de los cultivos, en 2014 se inició un aumento sostenido de los cultivos coincidiendo con la firma del primer acuerdo de paz entre la administración Santos y las FARC.

Palabras en vez de hechos

El documento de cien o más páginas que publicó este gobierno no contiene ni un solo cuadro o gráfica sobre la evolución de los cultivos en Colombia. Las estadísticas que presenta se refiere a las tasas de criminalidad, es decir a información del Programa de Naciones Unidas contra la Drogas y el Delito (UNODC) y a los mapas del Observatorio de Drogas de Colombia (ODC). 

Lo anterior seguramente explica el porqué el documento tampoco fija metas para la erradicación voluntaria o manual en el corto plazo y tampoco hace referencia metas globales.

Sin una sola cifra acerca del problema, será imposible hacer el seguimiento o evaluar la ejecución de la política sobre cultivos ilícitos.   

Es muy probable que el documento y la política de Petro sean ignorados o rechazados por futuros gobiernos lo que seguramente llevará a las comunidades campesinas, negritudes e indígenas a revelarse/quejarse por el incumplimiento.

De aquí que el documento en realidad no aborde las cuestiones que debería priorizar.  La grafica 2 muestra el número de veces que se utilizan las palabras claves en materia de drogas, palabras como coca, marihuana, amapola, cocaína, heroína, narcotráfico y violencia. El resultado de un análisis de ‘Sembrando Vidas, Desterrando el Narcotráfico’ muestra que está desconectado de la realidad del país:  
Una política contra las drogas debería referirse a las acciones integrales del Estado para reducir el impacto de las actividades ilegales asociadas con las drogas en la sociedad. El documento de la administración no se ocupa de esto: es evidente que ‘Sembrando Vidas, Desterrando el Narcotráfico’ no es una política antinarcóticos y, por ende, tiene poca posibilidad de éxito.

La suma de desaciertos

    • La política antinarcóticos del gobierno es una política social justificada por la existencia de un problema de drogas.  
    • La política es predominantemente rural, lo que margina a la población urbana (más del 75 % del país).  De hecho, el consumo es gran parte del problema de las drogas y se concentra en zonas urbanas.
    • La ‘misión territorial’ para Tumaco invertirá $280.000 millones en un número desconocido de cultivadores ubicados en zonas desconocidas del municipio para erradicar un numero incierto de hectáreas de coca. 
    • Una política antidrogas se equivoca cuando se basa en datos sobre delincuencia, violencia o crimen organizado no necesariamente asociados con el narcotráfico.  
    • La política prácticamente se reduce al componente de los cultivos de la hoja coca.
    • Según el documento, esos cultivos no son “ilícitos” sino “de uso ilícito”. La legalidad de la hoja de coca se dio en unas circunstancias especiales, al abogar por los derechos de las comunidades indígenas: pero los indígenas de Colombia no necesitas más de 230.000 hectáreas de cultivos de hoja de coca. 
  • El estudio Legalizing Drugs. The key to ending the war —llevado a cabo por Steve Rolles, analista de Transform Drug Policy — concluye que la demanda mundial de hoja de coca, incluyendo la fabricación para uso farmacéutico, mambeo, alimento, gaseosas, fetilizantes, etc., se podría cubrir con 40.000 hectáreas. 
  • El cultivo de amapola escasamente se menciona. Importa recordar que este cultivo no es endémico de las Américas y que en Colombia data apenas de principios de los 90. Los derivados de la amapola o adormidera han sido definidos por la ONU como “esenciales para aliviar el dolor y el sufrimiento humano”.
  • Finalmente, la marihuana no es el problema, lo preocupante es su mal uso.

Puede Leer: ¿Qué está pasando con los cultivos de coca bajo el gobierno Petro?

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Sergio Uribe

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Sergio Uribe

*Licenciado en Ciencia Política de la Universidad de los Andes, máster en Economía y Política Internacional de Johns Hopkins University, profesor de la Universidad del Rosario y consultor internacional. @suribe52

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El gobierno Petro ha construido su política antidrogas a base de ideología y no de evidencia. Olvida que su tiempo es corto y que las necesidades aumentan.

Sergio Uribe*

Ideología vs metodología

Tras 9 meses de la administración Petro, se pone en evidencia la ausencia de una política antidrogas. De hecho, la disponibilidad de información estadística sobre el tema se ha disipado. El Observatorio de Drogas de Colombia, que hace unos años fue considerado un ejemplo para América Latina, se ha descuidado, llevándolo al desprestigio.

Decisiones pasadas que se basaban en evidencias hoy son reemplazadas por ideología. La administración Petro optó por ignorar el cúmulo de información amasada de éxitos y fracasos en la lucha contra las drogas durante las últimas 5 décadas.

Ahora se habla de lanzar una política para la próxima década pero se olvidan que el gobierno Petro tiene una vida finita: el 7 de agosto del 2026. No obstante, el problema de los cultivos, el narcotráfico, el crimen organizado y la corrupción se mantendrán en el tiempo.

Por otra parte, la Oficina Contra las Drogas y el Delito de las ONU (UNODC, siglas en inglés) sucumbió a las presiones del gobierno colombiano y abandonó más de 20 años de una metodología para presentar las estadísticas de drogas en el país.

Lo de UNODC se explica por falta de apoyo financiero del gobierno nacional. Desde la administración Uribe, Colombia transfería más o menos $300 millones de dólares por cuatrienio para garantizar estudios y la existencia del SIMCI.

La contribución desapareció con la llegada de la actual administración, lo que explica la falta de continuidad en los informes. Actualmente, no se encuentran datos útiles sobre la evolución de cultivos.

La administración Petro optó por ignorar el cúmulo de información amasada de éxitos y fracasos en la lucha contra las drogas durante las últimas 5 décadas.

Es más, se cambió la metodología para la presentacion y la publicación de la información afín de asegurar que esta no puedan ser comparada datos históricos.

Adicionalmente, la Casa Blanca está frustrada con la falta de coordinación y cooperación de la administración Petro. Posiblemente dos hechos explican esto: la falta de interés del gobierno en datos/información que contradigan sus intereses y la falta de presencia y/o control de las zonas cultivadoras.

Estos hechos impiden continuar con estudios de campo que durante los últimos 30 años se han ido desarrollando. Se puede decir que la administración Petro carece de interés de estudios que permitan la construcción de políticas basadas en evidencias. Por el contrario, todo lo explica basado en ideología.

El discurso del 20 de julio lo puso en evidencia. La ideologización de la política explica que el presidente cree que un drogadicto va a cambiar un estimulante como la cocaína por un analgésico como el fentanilo.

Ahora es imposible hacer un análisis estadístico de la evolución de los cultivos de coca en el país. Por un lado, el informe publicado por UNODC debió describir la evolución del problema de los cultivos en 2021 pero omitió, borró o desconoció que datos como la productividad por hectárea, la estimación de volumen de hoja emanada de los cultivos, el contenido de alcaloide de la hoja, la densidad de los cultivos por región, las tasas regionales de conversión de hoja a clorhidrato de cocaína y más.

Por otra parte, los datos recopilados por los satélites solo estiman las hectáreas sembradas en coca, amapola y/o marihuana pero sin trabajos de campo es difícil de cuantificar la verdadera magnitud del problema.

La administración actual desfinanció a UNODC y se rumora que los estudios de campo que la Casa Blanca realizaba fueron suspendidos por instrucciones del gobierno Petro. Lo que no se estudia no se sabe y, por tanto, no puede ser usado en contra de la administración.

Foto: Policía - Aunque se habla de grandes decomisos de cocaína, nunca se informa su pureza.

Le recomendamos: La política antidrogas de Petro

Políticas e información

La formulación de política se debe basar en estadísticas confiables que, por lo menos, permita visualizar lo que está ocurriendo en la vida real.

La política actual busca responder a promesas de campaña y no a la realidad. Según los datos de 2020, Colombia producía más de 198.000 toneladas métricas de hoja. No hay forma para que los estimados 100.000 consumidores colombianos requieran de dicha cantidad de hoja en ritos tradicionales o para usos alternativos.

Cabe destacar que Bolivia —18.000 TM de hoja— y Perú —32.000 TM— nos llevan años luz en investigación sobre usos alternativos de la hoja de coca y han sido incapaces de reducir su participación en el mercado ilegal. No hay motivo para pensar que la estrategia que busca imponer el gobierno colombiano pueda tener éxito alguno.

Bolivia y Perú tienen un nexo ancestral con la coca, su cultivo es parte de la cultura que data desde antes de la conquista española.  Aun hoy el mambeo se encuentra en las calles de sus capitales Lima y La Paz.

En esos países se han discutido elementos poco conocidos en Colombia: mambear hoja aumenta la capacidad del consumidor, es decir, aumenta la capacidad de enfrentar la reducción de oxígeno. También su consumo aumenta la capacidad de trabajo y apacigua el hambre, y esta práctica tiene repercusiones sobre la salud de los consumidores.

A la fecha todo indica que nadie ha evaluado el impacto del aumento del contenido de alcaloide de la hoja que se cultiva para el narcotráfico pero se esconde tras el consumo ancestral.

En Colombia, el mambeo desapareció de las ciudades y solo lo practican comunidades aisladas. Hoy existen pequeños núcleos de población que, por motivos culturales, mantienen apego al mambeo.

El consumo de la hoja como infusión llegó recientemente a las ciudades pero puede causar grandes problemas de salud pues la hoja viene contaminada. En las infusiones comercializadas se han encontrado trazos de glifosato, paraquat, y lorsban y otros químicos usados extensamente en los cultivos.

En Colombia el uso cultural de la hoja de coca se limita a unas pocas comunidades y hoy, con certeza, se puede decir que la mayoría de los cultivos de hoja de coca están en manos de campesinos sin tradición alguna.

Quienes hemos visitado y revisitado regiones cultivadoras, hemos sido testigos que la población campesina dedicada a esos cultivos se encuentra enfrascada en un ciclo vicioso de consumismo.

habla de grandes decomisos de cocaína pero nunca informa de su pureza. No es lo mismo incautar una tonelada de coca al 80 % a una con el 50 % de pureza.

Ese ciclo no permite la acumulación de capital. En cambio, sí hemos detectado la destrucción de los valores de las sociedades campesinas, el surgimiento del individualismo y la consolidación de los valores nocivos.

Además, el precio de la hoja de coca en finca tradicionalmente no supera el 5 % del valor final del kilo de cocaína en Miami, Nueva York o Londres. Es evidente que los grupos criminales pueden doblar, triplicar o cuadruplicar lo que pagan sin grandes sacrificios de sus ganancias.

¿Política de drogas en Colombia?

Desafortunadamente, el discurso que maneja la administración Petro está dirigido a fortalecer su base electoral en Colombia pero desconoce el interés nacional y el ambiente internacional. El gobierno confunde política antidrogas con política anti-coca.

El mayor problema para el gobierno es que, ante la incapacidad de manejar el narcotráfico, apela a un discurso sentimental dirigido a la comunidad internacional basado en argumentos socioeconómicos.

Suplica a los sentimientos más no a la razón. Por ejemplo, habla de grandes decomisos de cocaína pero nunca informa de su pureza. No es lo mismo incautar una tonelada de coca al 80 % a una con el 50 % de pureza.

El discurso de los países productores no siempre llega a la opinión pública de los consumidores, no saben comunicar sus posiciones y poco entienden de la problemática del consumidor.

Para concluir, una política antidroga en Colombia debe:

  • Crear una agencia única que estudie, formule y evalúe el impacto socioeconómico de la política constantemente.
  • La formulación de una política requerirá de una base de datos robusta que le permita dimensionar la magnitud del problema.
  • Demostrar que existe un claro entendimiento de las diferencias entre tipos de drogas: estimulantes, sedativos y psicológicas.
  • Una política antinarcóticos debe sopesar los pros y contras de una política permisiva alrededor del consumo de las drogas en general.
  • Evaluar el uso alternativo de productos como la hoja de coca y definir la rentabilidad de esas actividades.
  • Explicar qué se va a hacer con 198.000 toneladas de hoja y cómo se va a asegurar que los cultivadores no comercialicen la hoja con organizaciones criminales.
  • Profundizar en los elementos de un programa antinarcóticos como: rehabilitación de adictos y el papel del sistema de salud, cultivadores, traficantes, organizaciones criminales; no fraccionar la política.
  • Participar en el seno de las UN para la creación de un formato que contribuya a controlar organizaciones criminales transnacionales y crear parámetros aceptables tanto para países productores como cultivadores.
  • Definir la política nacional basada en el interés nacional y no en la ideología del partido gobernante.

Como se puede ver, una política antinarcóticos no es una política anti-coca, estos son solo unos pocos de los elementos que debe integrar una política antinarcóticos.

El gobierno Petro debería escuchar las necesidades del país y dejar de alimentar su ego. Utilizar lo que le queda de gobierno para construir una política de drogas que se mantenga en el tiempo y evitar que la problemática se quede en un limbo perpetuo.

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Puede leer: La cocaína en Colombia: ¿hacia dónde irá el gobierno?

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Sergio Uribe

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Sergio Uribe

*Licenciado en Ciencia Política de la Universidad de los Andes, máster en Economía y Política Internacional de Johns Hopkins University, profesor de la Universidad del Rosario y consultor internacional. @suribe52

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El gobierno se ha empeñado en no estudiar lo que está sucediendo para poder insistir en su discurso ideológico. Esto tiene muy serias consecuencias; ¿qué medidas tomar en materia de drogas y cultivos ilícitos?

Sergio Uribe*

Gobernando a oscuras

Tras seis meses de la administración Petro, todavía no está claro cuál sea o cuál será su política antidrogas.

Además, desde su llegada a la Casa de Nariño, la información estadística sobre el tema se ha vuelto escasa y, para efectos prácticos, el Observatorio de Drogas de Colombia, que hace unos años fue considerado un ejemplo para América Latina, ha sido desmantelado por completo, lo cual llevó a su total desprestigio.

Por eso en el pasado cuando al menos algunas de las decisiones se basaron en evidencias, pero hoy día se estan reemplazando por ideología. La administración Petro, a través de su Ministerio de Justicia, opta por ignorar la gran cantidad de información acumulada durante las últimas cinco décadas de éxitos y fracasos en la lucha contra las drogas. Esto se ha hecho para garantizar un discurso político con poco futuro.

Sin embargo, es importante recordar que el gobierno actual tiene una vida finita, y que, para el 7 de agosto de 2026, el problema de los cultivos, el narcotráfico y la corrupción que los alimentan seguirán existiendo, además no es seguro es que la visión política del problema se mantenga.

Por otra parte, resulta sorprendente que la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), haya cedido a las presiones del gobierno colombiano, abandonando más de 20 años de prácticas bien definidas para la presentación de estadísticas sobre drogas en Colombia. Actualmente, incluso en sus páginas de internet, es difícil encontrar datos útiles sobre la evolución del problema desde el 2021.

Sin embargo, la producción de más de 198,000 toneladas de hoja en 2020 en Colombia excede significativamente la cantidad necesaria para el consumo en ritos tradicionales y/o usos alternativos, incluso si se considera un número generoso de 100,000 consumidores.

Es imposible realizar un análisis estadístico de la evolución de los cultivos de coca en el país, pues la desinformación, tanto social como académica alcanzó grandes niveles durante los últimos años. Por ejemplo, el informe publicado en 2022, que debería haber descrito la evolución del problema de los cultivos en 2021, omitió o desconoció información como la productividad por hectárea, la estimación del volumen de hoja emanada de los cultivos, el contenido de alcaloides de la hoja, la densidad de los cultivos por región, las tasas regionales de conversión de hoja a clorhidrato de cocaína, etc.

Aunque controvertida por muchos en el pasado (me incluyo), toda esta información era de gran importancia para los indicadores de tendencias.

Es probable que en los próximos años tengamos que confiar en los datos obtenidos por los satélites de la DEA, pues tengo entendido que se han suspendido los estudios de campo que, con el beneplácito de la Policía Nacional de Colombia y el Ministerio de Justicia, dicha agencia realizaba anualmente. Esta decisión se tomó por instrucciones del gobierno Petro, para evitar que se recopile información que pudiera usarse en su contra en el futuro.

Foto: Wikimedia Commons - El mambeo en Colombia por motivos culturales es casi inexistente; el 95 % del cultivo de coca se lleva a cabo por campesinos que no tienen como tradición ancestral el consumo de esta planta.

Puede leer: Colombia y la falacia de la Comisión Global de Drogas

Consecuencias del no querer saber

Es importante tener en cuenta que la falta de información detallada sobre el terreno podría tener un efecto negativo en la lucha contra el narcotráfico. La formulación de políticas debe apoyarse en estadísticas confiables o, al menos, en evidencias que reflejen la realidad; pero actualmente esta condición no se cumple.

La falta de trabajos de campo y estadísticas confiables dificultan, por ejemplo, detectar variaciones en los precios de la hoja de coca en finca y realizar estudios de precios. Debo recordar que el precio de la hoja de coca en finca normalmente representa apenas el 5% del valor final del kilo de cocaína en mercados como Miami, Nueva York o Londres.

La incertidumbre sobre cuál será el precio que se le pagará al agricultor por la hoja para usos alternativos y cuánto están dispuestos a pagar los narcos por ella causa dudas sobre la viabilidad de dichos usos. Es posible que los narcos estén dispuestos a pagar precios significativamente mayores sin grandes sacrificios en sus ganancias.

El cuento de los usos alternativos

Esa falta de información puede responder a promesas de campaña, como el uso alternativo de la hoja de coca.

Sin embargo, la producción de más de 198,000 toneladas de hoja en 2020 en Colombia excede significativamente la cantidad necesaria para el consumo en ritos tradicionales y/o usos alternativos, incluso si se considera un número generoso de 100,000 consumidores. Cabe destacar que países como Bolivia y Perú son grandes cultivadores de hoja de coca con 18,000 y 32,000 toneladas métricas respectivamente, están a la vanguardia de la investigación sobre sus usos alternativos pero aun con la oferta de productos alternativos no hay señales que estén derrotando al narcotráfico que ofrece mejore precios por la hoja. Es poco probable que la estrategia del gobierno colombiano tenga éxito.

Bolivia y Perú tienen una larga historia en el cultivo de la hoja de coca, que ha evolucionado como parte de su cultura desde antes de la conquista española. El mambeo de la hoja es un uso común en ambos países, lo que tiene dos efectos pocos discutidos en Colombia:

  1. Por un lado, mambear/masticar la hoja de coca apacigua el hambre, pero tiene efectos negativos en la salud dental de los consumidores.
  2. Por otro lado, su contenido de alcaloides aumenta la resistencia física en esfuerzos demandantes y jornadas extensas en países de complicada geografía.

En Bolivia y Perú, donde una parte de su población vive y trabaja por encima de los 3.000msnm, la hoja de coca se usa para aumentar la capacidad de enfrentar la reducción de oxígeno. En Colombia eso no es necesariamente cierto, su uso para mejorar el rendimiento de los trabajadores podría asociarse con algunos estudios que describen cómo hasta comienzos del siglo XX, se pagaba a los trabajadores con hoja de coca.

Sin embargo, hoy en día el apego a la hoja de coca es limitado y el consumo de la hoja como infusión es reciente. Este uso puede traer problemas de salud, pues la hoja viene contaminada con trazos de químicos usados en los cultivos colombianos, como glifosato, paraquat y lorsban.

En Colombia, el uso cultural de la hoja de coca se limita a unas pocas comunidades, y la mayoría de los cultivos (más del 95 %) está en manos de campesinos que no tienen tradición ancestral en su uso. De hecho, sin el narcotráfico, es probable que estos campesinos cultivaran productos de pancoger, es decir, maíz, frijol, yuca, plátano, entre otros.

Durante un estudio de campo realizado en la década de los 90 en el Guaviare y Catatumbo, un líder campesino me dijo que habían estado sembrando y comercializando la hoja durante diez años, y que eso era una tradición. Pero el uso de la hoja de coca en Colombia para usos alternativos es muy reciente.

Desde los años 90, quienes hemos visitado en múltiples ocasiones las regiones donde se cultiva coca presenciamos cómo la población campesina dedicada a este cultivo se encuentra atrapada en un ciclo de consumo. Este ciclo no permite la acumulación de capital para mejorar la calidad de vida (ya sea legalizando la tenencia de la tierra, mejorando las cercas, caminos, agua, viviendas, sistemas sanitarios, educación, etc.) Pero sí observamos la destrucción de los valores de las sociedades campesinas, el aumento del individualismo y la consolidación de valores nocivos para el problema de género dentro de los hogares.

Diálogo de sordos

Desafortunadamente el discurso de la administración Petro ignora el contexto internacional que enmarca el problema, y parece estar más enfocado en mejorar su base política en Colombia.

Los países que practican el prohibicionismo, como China, Irán, Rusia y Estados Unidos, son potencias políticas y económicas que Bolivia, Colombia y Perú deberán enfrentar en foros internacionales. Sin embargo, la posibilidad de entablar un diálogo constructivo parece muy remota, dado que ambas partes se muestran incapaces de comprenderse mutuamente.

Por otra parte, resulta sorprendente que la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), haya cedido a las presiones del gobierno colombiano, abandonando más de 20 años de prácticas bien definidas para la presentación de estadísticas sobre drogas en Colombia. Actualmente, incluso en sus páginas de internet, es difícil encontrar datos útiles sobre la evolución del problema desde el 2021.

El principal problema del grupo de productores es que su discurso apela a los sentimientos de la comunidad internacional mediante argumentos socioeconómicos, en vez de razonamientos lógicos. Sin embargo, este enfoque solo llega a las bases en Estados Unidos, mientras que en otros países el discurso es bloqueado o simplemente no es importante. Además, en estos países (China, Irán y Rusia) existe una trágica historia de descomposición social causada por el consumo indiscriminado de drogas, especialmente opioides.

Las medidas necesarias

Para concluir, la administración Petro tendría que emprender las siguientes tareas:

  • Evaluar cuidadosamente los pros y contras de una política permisiva en torno al cultivo de hoja de coca, amapola y marihuana.
  • Construir una base de datos sólida para medir la magnitud del problema, a través de estudios de campo, análisis epidemiológicos del consumo de estas sustancias, y la creación de una agencia que produzca políticas basadas en evidencia, no solo en discursos políticos.
  • Explorar el posible uso alternativo de productos como la hoja de coca y definir su rentabilidad, como complemento a una estrategia más amplia que contemple el destino de las 198.000 toneladas de hoja, y cómo evitar su comercialización con organizaciones criminales. Asimismo, abordar el desafío de extraer el ingrediente activo de la cocaína, para desarrollar productos alternativos.
  • Reforzar los elementos clave de una política antinarcóticos, no apenas enfocada en los cultivos, sino en el control de organizaciones criminales, la rehabilitación de adictos por parte del sistema de salud, y la adopción de medidas efectivas para evitar el movimiento de capitales y precursores hacia la industria ilegal.

Estos son algunos elementos mínimos para pensar en un cambio de la política colombiana en materia de narcóticos.

Le recomendamos: Minas antipersonal: ¿cómo vamos?

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Sergio Uribe

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Sergio Uribe

*Licenciado en Ciencia Política de la Universidad de los Andes, máster en Economía y Política Internacional de Johns Hopkins University, profesor de la Universidad del Rosario y consultor internacional. @suribe52

Foto: Alcaldía de Bogotá - La política antinarcóticos del actual gobierno ha sido un fracaso.

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Le contamos cómo acaba Ruta Futuro, el plan para cumplir la política antinarcóticos de Duque.

Sergio Uribe*

Política antinarcóticos

La política antinarcóticos del actual gobierno ha sido un fracaso. La administración Duque presento su política en diciembre de 2018, un año más tarde entregó el Informe Ejecutivo: Plan de Acción de la Política Ruta Futuro 2019-2022, donde estableció las actividades necesarias para cumplir con su política hasta el final de la administración.

El Plan de Acción se diseñó mediante un consenso entre 29 ministerios y entidades estatales que asistieron a unas 90 mesas temáticas, donde se definieron 268 acciones interinstitucionales repartidas entre los cinco pilares sobre los cuales está construida la política antinarcóticos:

  • Pilar 1. Reducir el consumo de sustancias psicoactivas (86 acciones).
  • Pilar 2. Reducir la disponibilidad de drogas ilícitas (58).
  • Pilar 3. Desarticular las organizaciones criminales (22).
  • Pilar 4. Afectar las economías y rentas criminales (25).
  • Pilar 5. Trasversal (77)

Se supone que el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) es la autoridad máxima en la política antinarcóticos y el principal promotor de Ruta Futuro como política de Estado y que una oficina de una dirección de un vice-ministerio del ministerio de Justicia es quien la instrumentaliza.

La administración Duque manifestó que su política antinarcóticos es fruto de un acuerdo al más alto nivel y por eso se convertirá en una Política de Estado que deberán aplicar los próximos gobiernos.

Según el informe, las 268 acciones identificadas serían financiadas con recursos del presupuesto nacional de acuerdo con las proyecciones de las entidades, no se mencionan otras fuentes de financiación.

El presupuesto para la ejecución del Plan de Acción se repartió entre los cinco pilares. El Cuadro 1 muestra dicha división.

Cuadro 1. Distribución de recursos del sector público para los cinco pilares de Ruta Futuro

Pilar 1.

Reducir el consumo de sustancias psicoactivas

Pilar 2.

Reducir la disponibilidad de

drogas ilícitas

Pilar 3.

Desarticular las organizaciones criminales

Pilar 4.

Afectar las economías y rentas criminales

Pilar 5. Transversal
$152.802 millones

3,4 %

$4.216.053 millones (NPS)

95,0 %

$1.000 millones

0,0002 %

$0 millones

0,0 %

$71.389 millones

1,6 %

Fuente: Informe Ejecutivo: Plan de Acción de la Política Ruta Futuro2019-2022

Es claro que hubo un desbalance en la asignación de los recursos. La Ruta Futuro fue en realidad una política estatal contra los cultivos ilícitos, la producción de cocaína y heroína, la incipiente industria de las drogas sintéticas producidas en el país y algunos subproductos de la marihuana.

El desbalance está relacionado con la financiación que recibe el país: en el Plan no se separaron los recursos nacionales de los recursos externos que se reciben para la lucha antinarcóticos (principalmente de Estado Unidos).

La Dirección de Política de Drogas y Actividades Relacionadas del Ministerio de Justicia y del Derecho coordinó las 90 mesas que permitieron definir los recursos a destinar en Ruta Futuro. Es claro que la Dirección del Ministerio de Justicia carece de la capacidad de convocatoria y de personal técnico necesaria para tratar asuntos presupuestales.

El Cuadro 1 refleja únicamente las actividades que los Ministerios y Agencias estatales quisieron identificar como parte de la política Ruta Futuro. Esto se ratifica en el desbalance de recursos asignados a cada pilar: para reducir la disponibilidad de drogas ilícitas se destinaron 4.2 billones de pesos.

Los 4.2 billones se repartirían así: $4.1 billones (el 97,8 %) se destinarían a reducir los cultivos ilícitos (interdicción, erradicación y desarrollo alternativo entre ortos); $48.000 millones (1 %) para reducir las vulnerabilidades (no definidas); $10.100 millones (0,2 %) para controlar las sustancias químicas y las infraestructuras de producción; y $3.450 millones (0,08 %) para reducir las drogas sintéticas y nuevas sustancias psicoactivas. Los otros cuatro pilares parecen insignificantes, escasamente suman $225.000 millones.

Este plan claramente pretende combatir la drogadicción mediante la represión y no como un problema de salud pública. Así ha reacionado el gobierno Duque, como ejemplo como manejo la situación del portal de las Américas en Bogotá, donde la preocupación es la venta callejera de narcóticos y no la prevención.

La política antinarcóticos de este gobierno sigue exhibiendo el sesgo creado hace más de 40 años sobre los cultivadores y exportadores de cocaína. Además ratifica que no hay una entidad que tenga la jerarquía para diseñar, administrar y ejecutar una política adecuada con una visión integral de la producción, la prevención y la atención social del problema.

Si quiere formularse un plan adecuado, habría que considerar también que las organizaciones criminales que exportan la droga se benefician del mayor rendimiento de los cultivos de coca.

Es inoperante hacer responsable al Ministerio de Justicia de la ejecución de la política antidrogas, ya que este carece de la capacidad administrativa para asegurar dicha operación.

Pero esto no es culpa del gobierno actual. Este problema se originó cuando se cerró la Dirección Nacional de Estupefacientes sin considerar la necesidad de mantener un órgano capaz de manejar la política antinarcóticos.

Conviene recordar que desde mediados de los año 90 Colombia es el mayor cultivador y procesador de cocaína del mundo, que también cultiva y procesa amapola para exportar heroína y que desde los 70 cultiva y exporta marihuana.

El Plan de Acción insinuó que cada entidad debería ejecutar su propio presupuesto identificando las partes de la política “Ruta Futuro”. Pero al carecer de una institución con la autoridad, el personal y la capacidad necesaria para reunir las 29 entidades convocadas para ejecutar el Plan, quedan interrogantes sobre la fiabilidad de la información presentada.

El de Plan de Acción no identificó ni cuantificó los montos de las inversiones a realizar para desarticular las organizaciones criminales y afectar las economías y rentas criminales, aun cuando es el propio Ministerio de Justica, dentro de su Dirección de Política Criminal, la institución encargada de coordinar y orientar dichas actividades.

Quedan cuatro meses para el cambio de gobierno y es claro que la lucha contra las drogas y las organizaciones criminales no ha sido una prioridad. Por el contrario, el gobierno se dedicó a adornar la situación con capturas, extradiciones o dar de baja a altos mandos, eso no se traducen en una política eficiente y exitosa.

La política antinarcóticos de Duque
Foto: Te lo cuento news - Aunque supuestamente se hicieron inversiones para reducir la disponibilidad de las drogas, poco ha cambiado, especialmente en el caso de la cocaína.

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Disponibilidad de las drogas ilícitas

Aunque supuestamente se hicieron inversiones para reducir la disponibilidad de las drogas, poco ha cambiado, especialmente en el caso de la cocaína. Según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), a menos hectáreas sembradas de hoja de coca más cocaína se produce en Colombia (Cuadro 2).

Cuadro 2. Datos básicos sobre el cultivo y la producción de cocaína en Colombia 2018-2022

2018 2019 2020 2021*
Área neta con cultivos de coca calculada a 31 de diciembre (redondeado a miles) 169.000 ha 154.000 ha 143.000 ha n.d.
Hectáreas erradicadas anualmente 59.978 ha 94.606 ha 130.147 ha 103.000 ha
Producción potencial de clorhidrato de cocaína (%100 de pureza) 1.120 tm 1.137 tm 1.228 tm n.d.
Incautaciones de cocaína pureza desconocida 413 tm 433 tm 505 tm 669 tm

Fuente: Informes anuales SIMCI

*Los datos del 2021 se recopilan de las declaraciones del Ministro de defensa el 20 de diciembre de 2021.

Si quiere formularse un plan adecuado, habría que considerar también que las organizaciones criminales que exportan la droga se benefician del mayor rendimiento de los cultivos de coca.

Dichos cultivos cayeron un 16 % entre 2018 y 2020 en el país (no hay datos oficiales para el 2021), pero la productividad aumentó un 9,6 %, eso significa que las organizaciones criminales aumentaron sus ganancias.

Algunos aseguran que los decomisos también aumentaron en el mismo periodo un 22,3 % y eso afectaría las ganancias de estos grupos. Pero el dato sobre decomisos carece de importancia, pues no se considera la pureza del producto, antes bien dentro de esa cifra se incluye la base de cocaína y eso pone en duda el efecto de la interdicción sobre las finanzas de las organizaciones criminales.

Es sabido que el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) es financiado por Colombia y operado por la UNODC, cuya oficina en Colombia también es financiada por el gobierno. Esto podría explicar el interés de la oficina de la ONU en entregar información que beneficie al gobierno, obedeciendo a intereses económicos.

Este es apenas un ejemplo de los problemas que aquejan la formulación de una adecuada política antidrogas en Colombia, un reto que deberá afrontar el próximo gobierno.

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Sergio Uribe

Escrito por:

Sergio Uribe

*Licenciado en Ciencia Política de la Universidad de los Andes, máster en Economía y Política Internacional de Johns Hopkins University, profesor de la Universidad del Rosario y consultor internacional. @suribe52

Foto: Wikimedia Commons - Para Colombia el desarrollo de una política antinarcóticos está profundamente arraigada en los acontecimientos de los últimos 40 y más años.

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Cómo y por qué ha cambiado la estrategia de Colombia frente al tráfico de drogas. Por qué no hemos tenido resultados suficientes y qué se puede hacer para cambiar la situación.

Sergio Uribe*

Tres etapas del narcotráfico y las políticas para enfrentarlo

El desarrollo de la política antidrogas en Colombia está amarrado a los acontecimientos de los últimos cuarenta años.

El país comenzó a familiarizarse con el cultivo y el tráfico de “drogas ilícitas” durante la bonanza marimbera de la década del setenta que causó la militarización de la Guajira, ya que allí se concentraron el cultivo y el tráfico.

Desde entonces optamos por una estrategia de represión. La respuesta de los traficantes ha sido sobornar e intimidar a la Policía, el Ejercito, los políticos y los jueces para tratar de mantener su negocio.

La bonanza marimbera pasó a segundo plano hacia comienzos de los años ochenta, cuando se dispararon el procesamiento de base de coca y el tráfico de cocaína que comenzó con la importación de base de coca desde Bolivia y Perú.

Los cultivos de coca en Colombia solían limitarse a las pequeñas parcelas de las comunidades indígenas en la Sierra Nevada de Santa Marta, algunas comunidades asentadas en el departamento del Cauca y algunos núcleos aislados en la Amazonia. No existía una oferta de hoja y base para el tráfico de cocaína.

La situación cambió durante la segunda mitad de los ochenta. Colombia dejó de importar base de coca de Bolivia y Perú y comenzó a producirla, dando comienzo a una tercera etapa en la historia nacional del narcotráfico. Por eso fue necesario adoptar políticas “integrales” es decir, que enfrentaran el cultivo, el procesamiento y el consumo de alucinógenos. La Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), que había surgido como secretaría técnica del Consejo Nacional de Estupefaciente (CNE) impulsó la Ley 30 de 1986 como sustento de la nueva estrategia.

Bandazos entre Pastrana, Uribe y Santos

Las políticas antinarcóticos se adoptaron como respuesta a la evolución de los cultivos ilícitos. La DNE elaboró planes hasta finales de los noventa para garantizar una política integral, coordinada y coherente entre las varias agencias del Estado.

Andrés Pastrana adoptó un Plan Nacional de Lucha contra las Drogas y al mismo tiempo decidió realizar los diálogos en el Caguán. El Estado pretendía dialogar con los alzados en armas, pero no con los narcotraficantes:  por eso se evitó asociar a las FARC con el narcotráfico, aunque los cultivos de coca dentro del Caguán estaban disparados.

El Plan y la DNE perdieron relevancia con el tiempo. Así pues, la administración Uribe le dio un vuelco a la DNE en el 2002:

  • Puso un militar retirado al frente de esta entidad, que por lo mismo dejó de ser un órgano de política y se convirtió en un instrumento para enfrentar a las FARC;
  • dejó de publicar un Plan Nacional; y,
  • al no tener una función política, sus directores decidieron “administrar” más de 75.000 bienes incautados, los cuales no estaban debidamente inventariados. Después de casi diez años nadie sabe con exactitud que sucedió con estos bienes ni cuántos eran en total.

La administración Santos encontró que la DNE estaba llena de funcionarios corruptos y decidió liquidarla. No entendió que el Estado necesitaba una entidad que diseñara y encabezara una política integral antinarcóticos.

El campesinado es el eslabón más visible del narcotráfico y el objeto de las políticas represivas de los gobiernos. Pero es un error enfocar la política sobre los cultivos.

También desconoció que la administración de bienes era una función ajena a la formulación de políticas, y que la DNE tenía un personal especializado en políticas, planes y estrategias antinarcóticos que el país necesitaba. Al igual que Pastrana, Santos entabló una negociación de paz con las FARC. El gobierno entró a negociar con una visión política y sin apoyo técnico sobre el problema del narcotráfico.

Así, las FARC consiguieron que el primer punto del Acuerdo fuese el desarrollo rural y que la conversación pasara de versar sobe “cultivos ilícitos” a versar sobre “cultivos de uso ilícito”, complicando y comprometiendo la adopción de una política antinarcóticos.

Puede leer: Coca y cocaína: ¿ por qué las cifras de Estados Unidos y de la ONU son diferentes?

Tres eslabones de una política coherente

Una buena política antinarcóticos debe atacar el problema de las drogas desde tres lugares.

  1. La pirámide del narcotráfico se basa en los cultivadores. Ellos están indefensos en sus territorios, el Estado les prohíbe cultivar y los grupos armados los amenazan por no hacerlo.

Tradicionalmente, el campesinado es el eslabón más visible del narcotráfico y el objeto de las políticas represivas de los gobiernos. Pero es un error enfocar la política sobre los cultivos: crea resentimiento y margina a un grupo que ha sido rechazado por la sociedad urbana.

Esta represión intenta compensarse con estrategias de desarrollo rural, conocidas como desarrollo alternativo (DA). Este nombre se le da también al desarrollo rural integrado (DRI) en zonas de cultivos ilícitos. Pero tanto el DA como el DRI necesitan años o décadas para consolidarse. La debilidad del DA como política se refleja en la falta de continuidad en el tiempo, la falta de compromiso del Estado y la inexistencia de fondos. Así, los fracasos se repiten y el Estado pierde credibilidad.

Estas estrategias exigen un compromiso del Estado, no del gobierno. Pero los gobernantes insisten en medir el éxito de la política antinarcóticos por el número de hectáreas destruidas y no por los avances en la construcción de una mejor sociedad, acción implícita en una política de desarrollo rural.

Los gobiernos trabajan a corto plazo, por eso la destrucción de hectáreas es importante para ellos, pero los Estados se construyen con acciones a largo plazo, acciones como el desarrollo rural integrado.

  1. El segundo nivel de la pirámide es el del procesamiento. Para este nivel suelen emplearse estrategias como el control o la prohibición de los precursores necesarios para producir drogas. El thinner, el éter o el permanganato de potasio son algunos productos que se regulan. Pero también se controla el ingreso de gasolina y ACPM a las regiones productoras y procesadoras, algo que fomenta la corrupción, el contrabando y el robo de combustible de los oleoductos.

La interdicción exige un análisis más profundo: Colombia registró decomisos por encima de 480 toneladas de cocaína en el 2020, lo cual equivaldría al 40 % de la producción total. Pero la cifra tiene poco valor si no se aclaran la pureza de los decomisos, el efecto sobre los precios y la pureza en los mercados terminales (al por mayor y al consumidor), o el efecto sobre los precios de base en el campo colombiano.

Los miembros del Observatorio Nacional de Drogas, una oficina del Ministerio de Justicia, carecen de la formación especializada necesaria para analizar y evaluar esta información: Por eso sus informes se limitan a repetir los datos de otras entidades.

3. El tráfico ocupa la cima de la pirámide. Una estrategia para frenar el tráfico ha sido perseguir y neutralizar a los cabecillas de las bandas criminales. Pero después de treinta años de persecución, es claro que esta estrategia sirve tan solo para “democratizar” el narcotráfico mediante la fragmentación del negocio entre los subalternos.

la política antidrogas en este 2022
Foto: Policía Nacional de Colombia - Dentro de la violencia política que ha dominado Colombia el narcotráfico se convirtió en un medio para financiar dicha violencia.

Le recomendamos: Aumento de la producción de cocaína en Colombia

Coordinación desde la cumbre

El Ministerio de Justicia se encarga, en teoría, de la coordinación interinstitucional para neutralizar la fragmentación, pero no cumple esta tarea. Por esto es relevante considerar la creación de una Consejería presidencial que formule una política antinarcóticos, elabore los planes de lucha contra las drogas, coordine los esfuerzos de todas las agencias del Estado y realice los estudios necesarios para perfeccionar la política.

Para la coordinación interinstitucional deberá asegurar lo relacionado con los dos primeros niveles de la pirámide y además:

  • Integrar el control de los flujos financieros en las regiones productoras y procesadoras de drogas al análisis (la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pocas veces se ve involucrada en las actividades de interdicción);
  • Establecer un diálogo permanente con gremios y empresas productoras e importadoras de insumos y precursores que permita mapear los mercados, identificando zonas de cultivo y procesamiento con el mercadeo de sus productos;
  • Asegurar la participación de los ministerios de Agricultura y Salud. Es urgente realizar un estudio sobre los agroinsumos usados en los cultivos y los grados de exposición de los cultivadores a esos químicos;
  • Definir el papel del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos dentro de las instituciones colombianas, así como la responsabilidad de su dirección: el gobierno o la ONU;
  • Evaluar el consumo de estupefacientes dentro del país; y
  • Gestionar recursos internacionales para financiar las actividades bajo su responsabilidad.

Estos son algunos ejemplos de los elementos que faltan en la política antinarcóticos en Colombia. La experiencia demuestra que la política debe ser integral: no hay que dejarse llevar por el número de hectáreas destruidas o por la cantidad de droga decomisada.

La falta de una autoridad central encargada de diseñar y coordinar la ejecución de una política integral es la mayor debilidad de Colombia, el mayor cultivador de coca y exportador de cocaína. Conviene recordar que el país también exporta heroína, marihuana y metanfetaminas, y eso diversifica las actividades criminales.

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Sergio Uribe

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Sergio Uribe

*Licenciado en Ciencia Política de la Universidad de los Andes, máster en Economía y Política Internacional de Johns Hopkins University, profesor de la Universidad del Rosario y consultor internacional. @suribe52

Foto: Wikimedia Commons - El SIMCI debería quedar en manos de la Policía Nacional de Colombia.

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Sergio Uribe

El problema no radica en la capacidad técnica del país, sino en la falta de una agencia capaz de coordinar, ordenar y presentar los resultados obtenidos.

Sergio Uribe*

Una propuesta controvertida

El pasado 5 de julio publiqué un artículo en Razón Pública en el que sugerí que el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) debería quedar en manos de la Policía Nacional.

Aunque algunos analistas criticaron mi sugerencia, otros la apoyaron y destacaron que la Policía y el Ministerio de Defensa han luchado contra el narcotráfico durante años, tienen presencia en todo el país y cuentan con las capacidades técnicas necesarias para asumir esta labor. En efecto, la Policía y el Ejército son las entidades que pueden desplazarse con mayor facilidad por el territorio colombiano.

Además de recopilar datos mediante satélites de primera tecnología, el SIMCI se encarga de analizar imágenes y entrevistar a los cultivadores para complementar la información satelital. Los uniformados podrían realizar las primeras labores sin mayor dificultad, pero el trabajo de campo sería un reto para ellos, pues los cultivadores desconfían de la Policía y el Ejército porque saben que ambas instituciones promueven la erradicación total de los cultivos ilícitos.

Una experiencia atípica

Hace unos años, con la ayuda de Estados Unidos, el gobierno colombiano intentó crear un sistema de monitoreo de cultivos ilícitos dirigido por la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional. Para ponerlo a prueba, escogió la región de Tumaco y contrataron un equipo de civiles que les enseñaron a los policías a recolectar y analizar la información.

Valiéndose de las imágenes satelitales, la Policía cuantificó el número de hectáreas sembradas de coca y corroboró las cifras de erradicación manual. Fue así como descubrieron que algunas hectáreas que grupos erradicadores  habían reportado como intervenidas seguían intactas o nunca habían tenido coca, sino bosque o cultivos perenes como la palma africana. Este inesperado descubrimiento molestó a generales del Ministerio de Defensa y propició un enfrentamiento entre técnicos y políticos.

En cualquier caso, el trabajo de la Policía puso en evidencia que la erradicación manual no es la panacea que algunos políticos venden y que los erradicadores no son técnicos ni conocen completamente los terrenos en los que trabajan.

Con el fin de evitar problemas por la incongruencia entre los reportes de los erradicadores y los resultados obtenidos, la Policía optó por hablar de “inventario de coca” y no de monitoreo; dentro de este contexto se obvio la necesidad de hablar de hectáreas erradicadas/intervenidas.

Según algunas fuentes, lo sucedido explica –al menos parcialmente– que exista una diferencia de 104.000 hectáreas entre los datos de la Casa Blanca y los del SIMCI para el año 2020. El principal problema radica en que el SIMCI sustrae las hectáreas reportadas por los equipos de campo, pero no verifica la efectividad de la intervencion.

Esta atípica experiencia puso en evidencia que:

  • Para cuantificar superficies erradicadas es necesario contar con un equipo especializado que permita medir el número de hectáreas con precisión, y que los grupos de campo no cuentan con esta tecnología, por lo cual, suelen reportar datos inexactos o incompletos;
  • Para medir el rendimiento de la hoja de coca y proyectar el potencial de producción de cocaína es fundamental hacer pruebas de campo e identificar la cultivaiedad de los cultivos encontrados y/o erradicados;
  • Existen cultivos que dejan de ser productivos y exigen ser soqueados o erradicados por completo, pero muchos erradicadores desconocen esta información y terminan “haciéndoles un favor” a los cultivadores arrancado o soqueando cultivos en vez de eliminarlos;
  • Como la Policía, el Ejército y el Ministerio de Defensa no cuentan con el personal necesario para hacer trabajo de campo ni con los laboratorios adecuados para analizar muestras, muchas veces usan los datos provistos por los campesinos para realizar sus proyecciones de productividad pese a que dichos datos tienden a ser exagerados.
Foto: Wikimedia Commons - ¿Se puede reemplazar el SIMCI?

Puede leer: ¿Cómo lograr la reducción de cultivos ilícitos?

Posibles aliados

Debido a las limitaciones de la Policía y el Ejército, es importante identificar otras entidades estatales que podrían asumir el control del SIMCI o contribuir a mejorar su labor.

Algunos especialistas han señalado que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) podría realizar el trabajo técnico de sensores remotos, el DANE podría encargarse del trabajo de campo y los laboratorios de la Fiscalía y las universidades podrían ser utilizados para analizar las muestras recogidas.

Actualmente, el IGAC analiza el uso del suelo en Colombia, define los límites de los Parques Nacionales y las zonas de reserva y contribuye a la elaboración del catastro de diversos municipios. Así mismo, trabaja en conjunto con el DANE y el Ministerio de Agricultura para realizar las proyecciones de la producción de cultivos agroindustriales. Su trabajo ha sido premiado dentro y fuera de Colombia. Sin duda, se trata de una entidad altamente calificada en el uso de sensores remotos.

En caso de que asumiera esta tarea, los recursos del SIMCI servirían para fortalecer sus capacidades técnicas. Sería una excelente oportunidad para que aplicara su experiencia a nuevos cultivos.

Por su parte, el DANE cuenta con las herramientas necesarias para obtener muestras representativas de cualquier lugar de Colombia y tiene una amplia experiencia recopilando información en regiones remotas, por lo cual podría apoyar al SIMCI en su importante labor. Al igual que el IGAC, cuenta con una enorme credibilidad dentro y fuera de Colombia.

El verdadero problema

El Consejo Nacional de Estupefacientes CNE y su secretaria técnica, una subdirección del Ministerio de Justicia, carecen de capacidad para orientar estudios, basados en evidencia, sobre la problemática.

Desafortunadamente, la mayor parte del trabajo de campo se desperdicia porque el SIMCI no recoge muestras de campo ni realiza análisis de laboratorio. Se debe definir si el SIMCI es un programa de la ONU o del Gobierno Nacional para así buscar cómo integrar las capacidades de los laboratorios de la Fiscalía y varias universidades del país a esa labor.

En la actualidad, el trabajo de campo es realizado por un selecto grupo de encuestadores quienes usan un cuestionario que se ha venido perfeccionando desde que se desarrollo bajo los auspicios de la Embajada de los EE.UU en 1999 Generalmente, esos datos complementan las proyecciones emanadas de los análisis satelitales  del SIMCI y del gobierno estadounidense.

Lo anterior pone en evidencia que el verdadero problema radica en que no existe la voluntad política para crear una agencia/consejería/dirección capaz de coordinar, integrar y publicar resultados de estudios técnicos dejando la formulación de la política en manos de recomendados políticos quienes carecen de trayectoria en la materia y desconocen que Colombia sí cuenta con la capacidad técnica necesaria para asumir las funciones del SIMCI.

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Sergio Uribe

Escrito por:

Sergio Uribe

*Licenciado en Ciencia Política de la Universidad de los Andes, máster en Economía y Política Internacional de Johns Hopkins University, profesor de la Universidad del Rosario y consultor internacional. @suribe52

Flickr Por más de dos décadas los diferentes gobiernos colombianos han visto como anualmente es necesario reconciliar las cifras que sobre los cultivos de coca publican el sistema SIMCI y la Casa Blanca.

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Sergio Uribe

Aunque todos los años existen discrepancias entre ambos sistemas, esta vez la disparidad fue muy grande. ¿Qué pasó?

Sergio Uribe*

Dos cifras

Según la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas (ONDCP) de la Casa Blanca, en 2020 Colombia llegó a la cifra récord de 254.000 hectáreas de coca, lo que representa un aumento del 19 % respecto del año anterior.

La cifra contrasta con la que presentó semanas antes la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Según esta oficina, los cultivos de coca en Colombia disminuyeron un 7 %, al llegar a 143.000 hectáreas.

Durante más de dos décadas, los gobiernos colombianos se han encontrado ante ese mismo escenario: las cifras de la Casa Blanca no coinciden con las de la ONU. Pero este año la diferencia es particularmente pronunciada ¿Cómo se explica y quién tiene la razón?

El extraño programa de la ONU

Las cifras de la ONU se desprenden del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI). Aunque el SIMCI es operado por la ONU, su financiación corre exclusivamente por cuenta del Estado colombiano.

El programa comenzó con una donación de la Unión Europea y fue confiado a la ONU porque Colombia no estaba en condiciones de operarlo; sin embargo, por tratarse de un programa de cooperación técnica, se estableció al principio que, con el tiempo, pasaría a ser administrado por el propio gobierno colombiano.

Han transcurrido veinte años de operación del programa y todavía no ha sido entregado al gobierno: todo indica que ningún presidente ha querido asumir esa responsabilidad. Sin embargo, más o menos cada cuatro años, la ONU solicita fondos para operar el SIMCI y sus oficinas; para esto se envía una misión de alto nivel que nos visita desde Viena y se reúne con el presidente.

Durante más de dos décadas, los gobiernos colombianos se han encontrado ante ese mismo escenario: las cifras de la Casa Blanca no coinciden con las de la ONU

Estos recursos se usan para adquirir imágenes de satélites comerciales, contratar personal especializado y realizar publicaciones, entre otras cosas. Además de lo cual el SIMCI se beneficia de la capacidad aérea de la Policía para fotografías de ciertas regiones de interés y de oficinas asignadas por el gobierno. Finalmente, una parte de esos recursos son enviados a Viena para la operación de la UNODC.

Para el cuatrienio que termina en 2022, el gobierno de Santos le aprobó 315 millones de dólares a la UNODC. Se sabe que el 7 % o poco más de 22 millones se fueron para Viena y que el resto se dedicó a operaciones en Colombia.

Cabe aclarar que el programa también funciona en Bolivia y Perú, pero las contribuciones de esos países se han reducido y son muy limitadas. Es más, a menudo dichos países vetan las publicaciones del SIMCI por considerarlas contrarias a sus intereses.

Le recomendamos: Aumento de la producción de cocaína en Colombia

El sistema de la Casa Blanca

Por su parte, la cifra de la Casa Blanca ha sido obtenida, desde 1990, mediante satélites especiales y proyecciones estadísticas para medir las hectáreas de coca sembradas.

Además, desde 1999, Estados Unidos ha cooperado con la Policía colombiana para medir la productividad y el contenido de alcaloide de las distintas variedades de coca que se siembran en el país. A mediados de la primera década de este siglo, la financiación estadounidense permitió establecer cultivos experimentales en los que se sembraron las 14 variedades de coca que se encontraron en Colombia.

Los cultivos experimentales también sirvieron para calibrar los satélites, imágenes espectrográficas, evaluación de técnicas y tecnologías de procesamiento de hoja de coca, así como el impacto de labores culturales sobre la producción de hoja y amapola.

Si bien los datos de la Casa Blanca se basan en un análisis parcial de las zonas cultivadoras, también se apoyan en información estadística, complementada con trabajos de campo.

Los datos se complementan

Desde 2003 contamos con cifras de ambas fuentes. Como se ve en la Gráfica 1, ambas agencias han mantenido una tendencia que podría describirse como paralela.

Gráfica 1. Evolución histórica de cultivos de coca según el SIMCI y la ONDCP (hectáreas)

Fuente: Informes de la Casa Blanca y de ONDCP, elaboración propia

Aun cuando tradicionalmente se han presentado discrepancias en los estimativos, los datos se han movido de manera uniforme, con dos excepciones: la del año 2005-2006 y la actual, en 2020.

Desde mediados de la década del 2000 se dio una colaboración entre las dos agencias. La mayoría de los investigadores, incluyéndome, hablamos de rangos en los que la cifra de la Casa Blanca es la superior y la de la ONU la inferior. Intentar formular políticas con un número absoluto es arriesgado y absurdo. Además, la llegar a cero hectáreas de coca es imposible.

Las diferencias

En el informe del 2020 las metodologías no cambiaron, pero los intereses del SIMCI de la ONU sí.

La UNODC necesita refinanciar sus trabajos en Colombia para el próximo cuatrienio. No quiere que se repita lo que ocurrió en Perú, donde se perdió la financiación del gobierno. Quienes hemos visitado la sede de Lima vimos que la UNODC pasó de tener una oficina vibrante a una casona solitaria. Para asegurar que eso no ocurra hay que mantener a los políticos contentos y hay que buscar satisfacer a todos, tanto a la izquierda como a la derecha.

La reducción de hectáreas le está dando munición a la izquierda para rechazar las fumigaciones aéreas. Para la derecha, la cifra es una buena excusa para intentar financiar el presupuesto UNODC antes de las elecciones, con la posible llegada de un gobierno de izquierda para el cual la agencia sobraría.

En cambio, la Casa Blanca no tiene interés en exagerar las cifras, pues la cocaína ya no es la droga predilecta de sus adictos. Hoy, Colombia le compra el glifosato a China; las organizaciones criminales de la región están en Brasil, México y Venezuela, y los colombianos juegan un papel secundario. Además, la Casa Blanca utiliza una metodología comprobada y basada en series estadísticas con treinta años de historia.

Foto: Flickr El SIMCI pertenece al gobierno colombiano cuando sus datos le son favorables pero cuando le son contrarios es parte de la UNODC

Puede leer: ¿Quién tiene la razón en las cifras sobre coca? ¿La ONU o la Casa Blanca?

Los datos sobre producción de cocaína

Un segundo dato relevante es el de la oferta neta de cocaína:

Debo aclarar que ambas agencias utilizan la metodología desarrollada por la UNODC en 2001 para determinar el rendimiento de hoja de coca por hectárea. Esto es relevante porque el volumen de hoja más las cultivariedades de coca estudiada determinan el volumen de base y cocaína que se producirá.

En el informe del 2020 las metodologías no cambiaron, pero los intereses del SIMCI de la ONU sí

La Gráfica 2 muestra el potencial en toneladas métrica de cocaína pura que se puede ofertar con las hectáreas sembradas en el país. Es curioso que, a pesar de aplicar la misma metodología para recopilar la información, el SIMCI siempre registra una mayor oferta potencial de cocaína, incluso cuando hay menos hectáreas de hoja de coca.

Gráfica 2. Potencial de producción clorhidrato según el SIMCI y la ONDCP

Fuente: Informes de la Casa Blanca y de ONDCP, elaboración propia

Esto se puede explicar porque el SIMCI tiene una limitada capacidad de auditoría de su personal, como no hace pruebas de campo ni aprovecha los cultivos experimentales que tiene la Policía colombiana, proyecta el rendimiento con los datos registrados en entrevistas. Cabe agregar que los cultivadores tienden a exagerar sus rendimientos, pensando que por ello la ONU va a traer programas de desarrollo alternativo.

En cambio, los datos recopilados por la Casa Blanca son verificados tanto con un análisis del contenido de alcaloide de hoja, como por los rendimientos proyectados de hoja de coca y la verificación de las tecnologías usadas en la extracción de la base.

Hacia un sistema propio

Aunque las dos agencias usan la misma metodología para presentar sus conclusiones anuales, este año, el SIMCI parece anteponer sus intereses económicos a los técnicos. Las diferencias con las proyecciones de la Casa Banca son tan grandes que el analista y en general los ciudadanos debemos preguntarnos si las mismas son basadas en evidencias o en su propia conveniencia.

Lo verdaderamente insólito es que el gobierno, que carece de personal especializado, esté programando una visita a Washington para discutir estos temas con la Casa Blanca, así como con las agencias que apoyan sus trabajos. Debemos suponer que funcionarios de la ONU acompañarán la misión, pero ellos no son funcionarios del gobierno. Esto no se resuelve con una corta visita: el Estado colombiano necesita de equipos interdisciplinarios, que dispongan de amplios conocimientos sobre el tema.

El SIMCI pertenece al gobierno colombiano cuando sus datos le son favorables, pero pertenece a la ONU cuando le son contarios. Esto es cómodo para el gobierno de turno, pero contraproducente en el momento de formular nuestras políticas.

El problema se puede resolver si se le entrega esta función a la Dirección Antinarcóticos de la Policía, pero los conflictos dentro del ministerio de Defensa no han permitido que esto ocurra. En manos de la Policía, el problema de intereses políticos y económicos se solucionará parcialmente.

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Sergio Uribe

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Sergio Uribe

*Licenciado en Ciencia Política de la Universidad de los Andes, máster en Economía y Política Internacional de Johns Hopkins University, profesor de la Universidad del Rosario y consultor internacional. @suribe52

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Sergio Uribe

¿Cómo afecta la pandemia al negocio del narcotráfico? El caso de las materias primas y las rutas de distribución.

Sergio Uribe*

El caso de la cocaína

La reducción del comercio internacional afecta el movimiento de las mercancías. Entre estas figuran los insumos para procesar drogas como la cocaína, la heroína y otras sustancias prohibidas.

Durante los últimos cuarenta años, los países andinos desarrollaron la capacidad de sustituir algunos elementos dentro del proceso de extracción del alcaloide de la hoja de coca para procesar la pasta básica y producir cocaína.

Para obtener la pasta de coca se usa ácido sulfúrico, un reactivo alcalino como carbonato de sodio. Además, se emplea cal industrial o ceniza vegetal, y a estos se añade gasolina, diésel o queroseno. Todos estos insumos son de fácil acceso en cualquier pueblo de Colombia.

Tras años de experiencia muchos de estos elementos pueden ser sustituidos por productos similares y legales, como el cemento. De hecho, algunas organizaciones criminales optaron por destilar el petróleo crudo hurtado de los oleoductos como repuesta al control de despachos de gasolina de hace años.

Una vez producida la base se realizan procesos químicos más complicados para obtener la pasta de cocaína. Hay que concentrar los sulfatos y eliminar las impurezas, utilizando ácido sulfúrico, carbonato de calcio y permanganato de potasio.

En Colombia, desde la década de 1990, existen laboratorios artesanales que producen permanganato de potasio. Pero si este elemento escasea, siempre es posible calentar la base y extraer las impurezas manualmente, un método dispendioso y poco eficiente.

Finalmente, para obtener el clorhidrato de cocaína, la pasta se diluye en éter etílico o en acetona; también se necesita de ácido clorhídrico y alcohol etílico. Para lograr un abastecimiento de estos, las organizaciones criminales buscan empresas que usan estos insumos y a partir de importaciones legales alimentan sus laboratorios.

Hoy por hoy estas organizaciones manejan sus propios cristalizadores por lo que adquieren directamente la materia prima, en su mayor parte de la industria química asiática, americana o europea.

Opioides y drogas sintéticas

La venta de opioides y anfetaminas es la más afectada por la pandemia, puesto que dependen en mayor medida del comercio internacional.

Para llegar a la base de la morfina se emplean anhídrido acético, acetona, éter etílico y ácido clorhídrico. Todos estos elementos hay que importarlos. Este también es el caso de la transformación de base de morfina en heroína, proceso delicado que exige ingredientes de primera calidad.

Así mismo hay que importar los insumos para producir ATS (anfetaminas, metanfetaminas, MDMA o éxtasis), y sustancias conexas como el LSD, la fenciclidina y la metacualona. Los centros de producción están en México, país que se especializó en su procesamiento y comercialización.

La industria química también ha sufrido de la desaceleración de la economía, dificultando la adquisición de algunos insumos y la producción de las drogas sintéticas. No es una sorpresa que los centros de tratamiento de adicciones tanto en Europa como en Estados Unidos estén más ocupados.

Por falta de algunos compuestos disminuyó la disponibilidad de fentanilo, droga usada como sustituto de la heroína en los mercados ilegales.

El empeño de los narcotraficantes por entregar un producto de calidad exige buenos ingredientes químicos. Para obtenerlos suelen desviarse las importaciones legales o simplemente se recurre al contrabando.

Estos químicos se originan en Asia, Europa y Estados Unidos, por lo que el suministro depende de los flujos de comercio y de los controles gubernamentales. Pero además de las importaciones legales, algunos gobiernos también limitaron sus exportaciones.

Este es el caso de China, India y Taiwán, quienes vigilan a los fabricantes de los químicos, asegurando que la prioridad es la disponibilidad de materia prima para la industria farmacéutica y la fabricación de los componentes para combatir la pandemia, limitando las exportaciones.

El caso de la cocaína

La reducción del comercio internacional afecta el movimiento de las mercancías. Entre estas figuran los insumos para procesar drogas como la cocaína, la heroína y otras sustancias prohibidas.

Durante los últimos cuarenta años, los países andinos desarrollaron la capacidad de sustituir algunos elementos dentro del proceso de extracción del alcaloide de la hoja de coca para procesar la pasta básica y producir cocaína.

Para obtener la pasta de coca se usa ácido sulfúrico, un reactivo alcalino como carbonato de sodio. Además, se emplea cal industrial o ceniza vegetal, y a estos se añade gasolina, diésel o queroseno. Todos estos insumos son de fácil acceso en cualquier pueblo de Colombia.

Tras años de experiencia muchos de estos elementos pueden ser sustituidos por productos similares y legales, como el cemento. De hecho, algunas organizaciones criminales optaron por destilar el petróleo crudo hurtado de los oleoductos como repuesta al control de despachos de gasolina de hace años.

Una vez producida la base se realizan procesos químicos más complicados para obtener la pasta de cocaína. Hay que concentrar los sulfatos y eliminar las impurezas, utilizando ácido sulfúrico, carbonato de calcio y permanganato de potasio.

En Colombia, desde la década de 1990, existen laboratorios artesanales que producen permanganato de potasio. Pero si este elemento escasea, siempre es posible calentar la base y extraer las impurezas manualmente, un método dispendioso y poco eficiente.

Finalmente, para obtener el clorhidrato de cocaína, la pasta se diluye en éter etílico o en acetona; también se necesita de ácido clorhídrico y alcohol etílico. Para lograr un abastecimiento de estos, las organizaciones criminales buscan empresas que usan estos insumos y a partir de importaciones legales alimentan sus laboratorios.

Hoy por hoy estas organizaciones manejan sus propios cristalizadores por lo que adquieren directamente la materia prima, en su mayor parte de la industria química asiática, americana o europea.

Opioides y drogas sintéticas

La venta de opioides y anfetaminas es la más afectada por la pandemia, puesto que dependen en mayor medida del comercio internacional.

Para llegar a la base de la morfina se emplean anhídrido acético, acetona, éter etílico y ácido clorhídrico. Todos estos elementos hay que importarlos. Este también es el caso de la transformación de base de morfina en heroína, proceso delicado que exige ingredientes de primera calidad.

Así mismo hay que importar los insumos para producir ATS (anfetaminas, metanfetaminas, MDMA o éxtasis), y sustancias conexas como el LSD, la fenciclidina y la metacualona. Los centros de producción están en México, país que se especializó en su procesamiento y comercialización.

La industria química también ha sufrido de la desaceleración de la economía, dificultando la adquisición de algunos insumos y la producción de las drogas sintéticas. No es una sorpresa que los centros de tratamiento de adicciones tanto en Europa como en Estados Unidos estén más ocupados.

Por falta de algunos compuestos disminuyó la disponibilidad de fentanilo, droga usada como sustituto de la heroína en los mercados ilegales.

El empeño de los narcotraficantes por entregar un producto de calidad exige buenos ingredientes químicos. Para obtenerlos suelen desviarse las importaciones legales o simplemente se recurre al contrabando.

Estos químicos se originan en Asia, Europa y Estados Unidos, por lo que el suministro depende de los flujos de comercio y de los controles gubernamentales. Pero además de las importaciones legales, algunos gobiernos también limitaron sus exportaciones.

Este es el caso de China, India y Taiwán, quienes vigilan a los fabricantes de los químicos, asegurando que la prioridad es la disponibilidad de materia prima para la industria farmacéutica y la fabricación de los componentes para combatir la pandemia, limitando las exportaciones.

venta drogas sintéticas
Foto: Alcaldía de Bucaramanga - La producción de metanfetaminas y otras drogas sintéticas también ha tenido inconvenientes.

Lea en Razón Pública: La política antinarcóticos necesita más que recomendaciones

Transporte de drogas

El siguiente cuadro, publicado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) describe como se mueven las drogas en el mundo:

transporte drogas por volumen
Las principales fuentes de drogas sintéticas son México, los Países Bajos y Filipinas, cuyos mercados se encuentran en Estados Unidos, Europa y Asia respectivamente. Por esto su principal medio de transporte es el terrestre.

Por otra parte, aunque la marihuana puede sembrarse en cualquier lugar, es una sorpresa que su principal medio de transporte sea marítimo. Tal vez tenga que ver con las grandes cantidades con la ubicación geografica de productores como Jamaica.

Los países andinos son los principales cultivadores, procesadores y comercializadores de cocaína y sus derivados. Como es bien sabido, aquí suele emplearse el transporte marítimo, donde el número de contenedores que pueden moverse dificulta su vigilancia.

Adicionalmente se usan sumergibles y lanchas para desplazar rápidamente las mercancías por el Atlántico y el Pacífico, bien sea para llegar al consumidor final o para llegar a los puntos de acopio en África Occidental, Republica Dominicana y México. También existe la ruta del Rio Amazonas que mueve gran parte de la producción del Putumayo y de la región amazónica del Perú (El Estrecho, Iquitos y otros).

La comercialización de los derivados de la amapola tradicionalmente sigue la ruta de la seda: desde Afganistán, cultivador del 95% de la planta, vía Irán y Turquía hasta llegar a Europa.

Existe otra ruta terrestre que atraviesa Asia central y Rusia. Sin embargo, la cuarentena en los países asiáticos obliga a las organizaciones criminales a usar el transporte marítimo: por el océano Índico, desde Paquistán hasta África y después vía el mediterráneo hasta Europa.

Las drogas y el mercado

El cambio de los mercados está relacionado con los efectos de cada droga. La abstinencia de la heroína produce dolores musculares, convulsiones y problemas psicológicos, pero la abstinencia de la cocaína y las drogas sintéticas no tiene repercusiones físicas claras, pero sí profundas repercusiones, ansiedades o dificultades psicológicas.

La adicción a la cocaína es menor que a la heroína y esto permite a los proveedores reducir la pureza del producto. Debido a la perturbación del mercado que se presentó entre el 2012 y el 2015, los distribuidores saben que la pureza puede reducirse a niveles entre un 40 % y 45 %. En el caso de los opioides, la reducción está entre el 35 % y el 40 %.

El MDMA y muchos ATS pueden simplemente remplazarse con crack. Pero esto puede abrir un mercado más lucrativo y peligroso, dada la dificultad para superar la adicción a esta sustancia.

En países como España hay un aumento del 50 % en la demanda de metadona, farmacéutico utilizado para contrarrestar los efectos de la abstinencia de la heroína. Adicionalmente, Europa reporta una caída de un 25 % en la pureza de la heroína en la calle y un aumento de su precio.

Según Sky News, la dosis que antes se vendía por 10 £ redujo su volumen y pureza y duplicó su precio, ante la falta de nuevos cargamentos. Debido a esto los adictos están comenzando una transición hacia el fentanilo y otros sintéticos.

cultivo de coca
Foto: Policía Nacional de Colombia - Para extraer el alcaloide de la hoja de coca se necesitan varios insumos químicos.

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Mientras que los insumos se encarecen, el desempleo y la caída de los ingresos aumentan. Los traficantes crean nuevas rutas para garantizar la distribución de su producto y las personas buscan un antídoto al desespero y la depresión causada por el encierro.

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Sergio Uribe

Escrito por:

Sergio Uribe

*Licenciado en Ciencia Política de la Universidad de los Andes, máster en Economía y Política Internacional de Johns Hopkins University, profesor de la Universidad del Rosario y consultor internacional. @suribe52

Foto: Ideas para la Paz Es necesario que una entidad centralice y se apropie de la lucha contra las drogas.

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Sergio UribeLa fragmentación institucional y la poca continuidad en los programas impiden desarrollar una verdadera política de lucha contra las drogas. ¿De dónde viene el problema?

Sergio Uribe* Continue reading «La política antinarcóticos necesita más que recomendaciones»

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Sergio Uribe

*Licenciado en Ciencia Política de la Universidad de los Andes, máster en Economía y Política Internacional de Johns Hopkins University, profesor de la Universidad del Rosario y consultor internacional. @suribe52

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Sergio UribeAunque todos tienen los ojos puestos sobre el glifosato, los cultivadores de coca están amenazados por un enemigo menos visible: los químicos que aplican para cuidar la hoja.

Sergio Uribe* Continue reading «El impacto de los agroinsumos en la salud de los cultivadores de coca»

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Sergio Uribe

*Licenciado en Ciencia Política de la Universidad de los Andes, máster en Economía y Política Internacional de Johns Hopkins University, profesor de la Universidad del Rosario y consultor internacional. @suribe52

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