Seguridad, Justicia Social y Legalidad: una falsa escogencia - Razón Pública
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Seguridad, Justicia Social y Legalidad: una falsa escogencia

Escrito por Francisco Thoumi

Francisco ThoumiPara lograr seguridad ciudadana y justicia social se necesita un concepto de lo público construido a partir de la legalidad. Lo público supone un "nosotros" y no apenas una suma de "yos" que se disputan los pedazos de la torta.

Francisco E. Thoumi *

Reformas sin resultados

Comienzo por admitir que Colombia se ha considerado desde siempre como una sociedad profundamente injusta. Por ello varias generaciones de políticos han propuesto reformas de todo tipo y han promovido una amplia gama de programas asistenciales encaminados a disminuir esa injusticia.

De modo particular, durante los años treinta se habló de reformas sociales, muchas de las cuales fueron puestas en marcha pese a la oposición de los sectores tradicionales. Sin embargo, a nadie se le ocurriría hoy pensar que muchas de ellas, como la jornada laboral de ocho horas diarias cinco días a la semana, o el establecimiento de un sistema de seguridad social, sean "revolucionarias". También desde por lo menos esa época la lucha del campesinado por el acceso a la tierra ha sido constante y frustrada. Este fue un factor clave en el desarrollo de "la violencia" de los años cuarentas y cincuentas. Más adelante, en los años sesentas se formuló una reforma agraria en respuesta a "la violencia", la cual fue neutralizada por los poderes rurales del país en el famoso Pacto de Chicoral de 1971.

Durante los setentas se adoptó un sin número de reformas fiscales, muchas de las cuales incluyeron sustantivas amnistías tributarias, a pesar de las cuales Colombia no logró resolver sus problemas fiscales.

La Constitución de 1991 fue un triunfo enorme para quienes buscaban la justicia social, ya que consagró deberes para los ciudadanos pero también "garantizó" muchos derechos económico-sociales con mecanismos para su cumplimiento. Sin embargo, estos últimos no resultaron efectivos.

Entre tanto, a partir de los setentas el narcotráfico echó raíces en Colombia y el país concentró la manufactura de cocaína en el mundo. A partir de los ochentas el paramilitarismo creció y se estableció como sistema de protección de la propiedad pero también de consecución de la misma.

Sin duda, durante todo este período el país se ha desarrollado y ha cambiado de manera radical. Hoy la esperanza de vida, los niveles de educación, el acceso a bienes de consumo, a los servicios públicos y a la vivienda, el número de automóviles por persona, y muchos otros indicadores de crecimiento económico son mucho más altos que en el pasado. Sin embargo, los sentimientos de injusticia y las profundas desigualdades perduran. Por eso la izquierda mantiene su agenda de justicia social.

Durante el último gobierno la seguridad de muchos colombianos mejoró, pero la de otros empeoró. En los últimos años el crimen organizado creció sustancialmente y se tomó sectores de muchas ciudades, lo que creó inseguridad. La tasa de homicidios en algunas ciudades repuntó. La seguridad en los empleos disminuyó, y el desempleo de los jóvenes aumentó sustancialmente.

En conclusión, los últimos ochenta años han sido de continua lucha por lograr tanto la seguridad ciudadana como la justicia social. Sin embargo, el individualismo extremo y la anomia de una proporción importante de los colombianos no han permitido lograr ninguna de estas metas.

¿Qué es justicia social?

Es claro que no hay un consenso sobre lo que es justicia o injusticia social. Las definiciones tienen dos enfoques: uno busca garantizar niveles mínimos de consumo y seguridad a cada persona; otro pretende llegar a la igualdad de oportunidades sin querer resultados similares. Esta tensión lleva a algunos a abogar por medidas redistributivas que busquen igualar resultados económicos, y a otros a insistir en la igualdad de oportunidades pero respetando las diferencias en resultados.

Es importante aclarar que la justicia social implica la existencia de la seguridad, especialmente el derecho a la vida, la estabilidad en los empleos y el acceso a la salud, la educación y otros servicios mínimos que permitan una vida digna.

Estos enfoques presentan la justicia y la seguridad como un problema de políticas, sin tener en cuenta los aspectos culturales que determinan la situación que se quiere modificar. Como se mostró anteriormente, la experiencia de muchos años confirma que a pesar de que existan políticas y normas formales que busquen tanto la justicia como la seguridad, éstas no han sido suficientes para obtener resultados satisfactorios.

Las dos vías

La seguridad se puede lograr de dos formas: por consenso social o por garrote. Los esfuerzos de los gobiernos de los últimos doce años se han concentrado en fortalecer el garrote utilizado contra las FARC pero no contra el paramilitarismo y el crimen organizado. Esto generó seguridad para una porción de colombianos pero no para todos, como los campesinos desplazados, las víctimas de falsos positivos y de las "chuzadas" del DAS, los desempleados, algunos grupos indígenas y afro descendientes, y otros ciudadanos.

La justicia social también se puede lograr de dos formas: por medio de un gobierno autoritario pero benévolo, o por un consenso social que permita llegar a la igualdad de oportunidades y a lo menos aminorar las grandes diferencias en resultados. Un gobierno autoritario benévolo tiende a ser paternalista, pero la historia muestra claramente que la benevolencia de esos gobiernos tiende a durar poco y que estos se endurecen y corrompen fácilmente.

Y, respecto del consenso, como ya se anotó, en Colombia el profundo sentimiento de injusticia llevó a que quienes elaboraron la Constitución de 1991 decidieran "garantizar" una serie de derechos individuales a la salud, la educación, la vivienda, el libre desarrollo de la personalidad, etcétera. Sin embargo, después de 19 años sigue siendo evidente la existencia de gran injusticia social: entre otras circunstancias negativas, un número enorme de campesinos ha sido desplazado de sus predios, la desigualdad en el ingreso y la riqueza continúa siendo gigantesca, y la desigualdad en oportunidades es alarmante, como también lo es el nivel de desempleo.

Lo público es primero

El gobierno de los últimos ocho años ha sido paternalista, autoritario, mesiánico y ha convertido los derechos consagrados en la Constitución en mercedes o favores ofrecidos por la magnanimidad del gobernante. Por eso es común oír en algunos discursos de campaña que para asegurar la continuidad de los programas del SISBEN y de Familias en Acción es necesario elegir el candidato más cercano al gobierno actual. En otras palabras, se acepta que los colombianos no son ciudadanos sino siervos, que deben depender del gobernante benévolo.

La única forma de lograr seguridad ciudadana y justicia social estables y duraderas es forjando un consenso social que las promueva. Dicho acuerdo debe caracterizarse por altos niveles de solidaridad, confianza y reciprocidad, que generen un capital social capaz de hacer que a la gente le importe el bienestar general tanto como el propio. En otras palabras, se requiere forjar una sociedad en la que exista un "nosotros" fuerte, que no sea un conjunto de "yos" luchando por repartirse una torta. Sólo así se tendrá un concepto de "lo público", de lo que nos pertenece a todos como grupo del cual somos parte. En una sociedad así, por ejemplo, el espacio público se percibiría como propiedad comunitaria que debe ser protegido, no como algo que no pertenece a nadie y que cada uno de nosotros puede explotar en beneficio propio. Lo mismo ocurre con los presupuestos de las entidades públicas, la construcción de infraestructura, y demás temas afines.

Cuando no hay sentido de lo público, de pertenecía al grupo amplio, los esfuerzos de implantar tanto la seguridad como la justicia social terminan por generar enormes niveles de corrupción, dado que siempre habrá personas que consideran a la vida como una lucha donde hay que sacar ventaja de cualquier manera. Para ellas el fin justifica los medios y, en cuanto no tienen lealtad a Colombia como un todo, piensan que se deben beneficiar lo más posible cuando tengan "su cuarto de hora de poder". La experiencia colombiana reciente es patética: falsos positivos, el nuevo "cartel de los jueces" que se apropia de las transferencias a los municipios débiles, paramilitarismo y desplazamiento, contratos de Transmilenio, yidispolítica, ex militares que entran a ser paramilitares o pandilleros, Agro Ingreso (¿Fraude?) Seguro, etcétera.

El punto es simple: tanto los programas de seguridad democrática como los de justicia social son desarrollados por colombianos que "saben" cómo funcionan las cosas en Colombia. Es cierto que algunos de esos programas han funcionado relativamente bien, pero, en ese caso, se ha ejercido sobre ellos un fuerte control social, bien sea porque las comunidades locales se han fortalecido o porque la veeduría externa, nacional o internacional, ha logrado asegurar su cumplimiento. Estos casos tienden a ser experimentos donde se desarrollan "buenas prácticas", pero por ahora no es claro que se puedan generalizar.

Tres opciones distintas y una sola solución verdadera

La injusticia social se presenta frecuentemente como causa de muchos de los problemas del país, el narcotráfico, el sicariato, la corrupción, la existencia de grupos guerrilleros y paramilitares… La izquierda argumenta que para resolver estos problemas y lograr una paz estable es necesario hacer una serie de reformas que modifiquen el modelo de desarrollo económico y que redistribuyan la riqueza y el ingreso. No hay duda que para generar empleo el país no puede continuar con un modelo de desarrollo extractivo basado en la explotación de los recursos naturales. Pero no es claro que, per se, el cambio de modelo resuelva nuestros grandes problemas.

Los principales candidatos en la campaña presidencial actual han hecho énfasis sobre la seguridad (Santos), la legalidad (Mockus) y la justicia social (Petro). La posición más innovadora, y la más criticada, ha sido la de Mockus, a la que muchos de sus críticos consideran como ingenua e irreal. Desde la derecha se le dice que es necesario establecer primero la seguridad para poder llegar al imperio de la ley, y desde la izquierda que se requiere primero la justicia social.

Las opciones para el país son claras. Podemos continuar buscando la seguridad y la justicia social sin modificar los comportamientos fundamentales de muchos colombianos, en cuyo caso tendremos más seguridad privada, los ricos vivirán en jaulas de oro de las que saldrán con escoltas, los hijos de los pudientes de Bogotá no conocerán la Plaza de Bolívar pero viajarán con frecuencia a Miami, tendremos graves problemas de corrupción, fraudes y robo de elecciones, y  continuaremos en el subdesarrollo, en un mundo donde no podremos competir fácilmente en los sectores legales de la economía. Es decir, repetiremos la historia de los últimos ochenta años.

O por el contrario, podemos intentar cambiar comportamientos y generar una sociedad con sentido de pertenencia a la nación, no "a un equipo de fútbol", un país cuyos ciudadanos se sientan orgullosos de sus instituciones en lugar de sentir orgullo de los colombianos que hacen goles en el exterior. En otras palabras, buscaremos forjar un proyecto de nación donde  quepamos todos los colombianos, donde la sociedad, como un todo, vea a los niños y jóvenes como parte suya y como forjadores de un futuro común, no como competidores en la repartición de la pequeña torta. Para lograr este resultado, es imperativo empezar por fortalecer el imperio de la ley, lo cual exige no sólo hacer cumplir las leyes sino también adelantar un gran esfuerzo para reformarlas, con el fin de hacerlas transparentes y fáciles de cumplir. Mockus explica con frecuencia la importancia de armonizar la ley, la cultura y la moral. Para lograr esa armonía es necesario no sólo acercar la cultura a la ley sino también reformar la ley para que la cultura se pueda acercar más fácilmente a ella. Este, pienso, es el desafío más grande que tiene el país.

 *Miembro fundador de Razón Pública. Para ver el perfil del autor, haga clic aquí. 

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