El gobierno comprará las cosechas de coca: hagamos bien las cuentas
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A raíz del anuncio del presidente Petro importa preguntarse qué tan confiables son las estadísticas sobre la producción de coca y cocaína en Colombia. Las cuentas son bastante complicadas.
Un programa costoso
Esta semana el presidente anunció que el gobierno empezará a comprar las cosechas de coca a campesinos del Cauca, y también esta semana el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) informó que en 2023 Colombia había producido 2664 toneladas métricas (TM) de cocaína, lo cual implica un aumento del 53% respecto del 2022. Estos dos hechos significarían que nos estamos embarcando en un programa con buenas intenciones, pero de costos enormes y crecientes.
Por eso importa mirar bien las cifras oficiales sobre cultivos de coca y producción de cocaína. El diablo está en los detalles, y no hay que tragar entero.
100% de pureza
Hace más de treinta años el gobierno de Estados Unidos adoptó una regla no escrita para examinar la evolución del mercado de la cocaína: como la droga que circula tiene muy distintos grados de pureza, se decidió hablar en términos de cocaína pura o del 100% para poder unificar los datos sobre decomisos o productividad de los cultivos. Lo explicaré con un sencillo ejemplo: si se decomisa 1 TM de cocaína con un 40% de pureza y otra TM con un 80% de pureza, no diremos que se han decomisado dos TM de cocaína sino apenas 1,2 TM: (0,4 TM + 0,8 TM).
Cabe aclarar que la información científica sobre la coca (hoja, base y clorhidrato) es hoy tan refinada que se puede establecer no solo su pureza sino además la región donde fue cultivada, el laboratorio y hasta el químico que la procesó.
A información no confiable, resultados no confiables
Para el caso de los cultivos existen series históricas; durante las últimas dos décadas los países andinos realizaron cada año un estudio de campo.
Durante la primera década de este siglo los gobiernos de Colombia y Estados Unidos invirtieron hasta medio millón de dólares anuales en este ejercicio; contrataron consultores, aplicaron una metodología de campo diseñada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y se crearon equipos de campo (máximo dos grupos de dos profesionales cada uno) quienes cubrían tres o cuatro regiones productoras por año.
Estos grupos tomaban y registraban datos de los cultivos: hacían pruebas de cosecha; coleccionaban muestras de hoja para determinar el tipo de suelos, la región, la cultivariedad sembrada y entrevistaban productores. Los datos recolectados permitieron estimar la productividad de los cultivos en cuanto a hoja, base y cocaína; la continuidad de los estudios de campo facilitó la creación de una base de datos de con series históricas por región y complementó la información satelital.
Inicialmente, para mantener datos actualizados se usaron equipos de campo pequeños, bien entrenados en la metodología e introdujeron medios para verificar independientemente la información recopilada. Desde mediados de la década anterior no hay claridad sobre los estudios de campo desafortunadamente la información disponible indica que hoy la UNODC contrata hasta 50 personas para hacer el trabajo de campo sin posibilidad de verificación.
Con estudios similares en Perú y en Bolivia, la información de campo permitió definir el país, la región y en algunos casos hasta los municipios de origen de la cocaína decomisada por las autoridades. Para esto por supuesto se necesitan laboratorios sofisticados y capaces de procesar grandes cantidades de muestras de hoja, base y cocaína.
En Colombia no se ha hecho público si el SIMCI ha contratado uno o varios laboratorios nacionales (Fiscalía, Policía, universidades) para un análisis integral de muestras de campo (hoja y base, así como de la integridad de los insumos usados). Adicionalmente, no existe información sobre el análisis de las muestras de los decomisos de cocaína dicha información también debe ser tomada con muchas reservas, se indica el volumen de la incautación, pero nunca la pureza de la cocaína.
Un ejercicio ilustrativo
Dadas la importancia social del problema y la magnitud de los recursos que Colombia ha dedicado o planea dedicar a los cultivos de coca y la producción de cocaína, es urgente diseñar un sistema totalmente diferente de recopilación y procesamiento de las cifras sobre estas actividades ilícitas.
A continuación, y a título ilustrativo, presento algunas sugerencias y cálculos que ayudan a formarse una idea sobre varias aristas de este asunto de gran complejidad. Me basaré en los datos oficiales del SIMCI, el Ministerio de Defensa y el Observatorio Colombiano de Drogas. Las aristas en cuestión son cuatro:
¿Cuánta hoja se necesita para producir un kilo de coca y cuánto cuesta producirla?
La primera cifra es importante para cualquier gobierno; por ejemplo, antes de comprar las cosechas habría que establecer cuánta hoja se cosecha y cuál es el peso relativo de esta materia prima en la producción de base y /o de cocaína.
Aunque los datos del SIMCI indican que la cantidad de hoja necesaria para producir un kilo de cocaína varía de una a otra región, utilizaré el promedio de 420 kilos de hoja fresca para producir un kilo de base; cabe agregar que de ese kilo saldrá un kilo de clorhidrato de cocaína tipo exportación (entre el 70 y el 80% de pureza). La gráfica 1 indica que el valor de la hoja de coca representa el 40% del precio de la base de coca comercializada en Colombia y alrededor del 21% del precio del clorhidrato de coca:
El cuadro 1 presenta la serie histórica, 2010-2022, del precio medio anual de la hoja necesaria para producir un kilo de base y un kilo de clorhidrato de cocaína así como los precios de mercado de base y clorhidrato en Colombia.
De la gráfica 2 puede inferirse que la relación entre el valor de la base y el del clorhidrato se mantuvo relativamente estable 2010 y 2022 (esto no obstante la alteración del mercado que causó la pandemia).
¿Qué tanto pierden los narcos con las incautaciones?
El éxito de los esfuerzos de interdicción suele medirse sobre tres bases distintas: las incautaciones dentro del país (carreteras, puertos, redadas a laboratorios); las incautaciones fuera de las fronteras (gracias a esfuerzos de inteligencia de la Policía Nacional y otras agencias colombianas) y la evolución de la tasa de cambio.
Pero estas mediciones pueden ser algo engañosas: los organismos de control acostumbran deslumbrarnos con valores de millones de dólares cuando reportan los decomisos. A las organizaciones criminales (OC), sin embargo, no les importa el valor potencial de la cocaína decomisada, sino la cantidad de dinero que hayan invertido hasta el momento del decomiso.
Bajo estas circunstancias, la gráfica 3 y el Cuadro 2 muestran que los esfuerzos de interdicción, aunque son monumentales, dan pocos resultados:
Un negocio millonario.
Lo anterior no significa que las incautaciones no hagan mella en el negocio de los narcotraficantes.
Por el contrario: el Cuadro 3 indica que cada año entre 2010 y 2022 las OC han perdido muchos millones de dólares debido a las incautaciones de cocaína por parte o con la colaboración de las autoridades colombiana; por ejemplo en 2022, perdieron mas o menos que 812 millones de dólares por este concepto, poco más de un billón de pesos):
Los números consignados en el cuadro 4 indican que la industria debe ser mucho más grande de lo que nos ha hecho creer: es difícil pensar que esta industria pueda acumular pérdidas de semejante magnitud sin disminuir sus actividades.
¿Qué pasa con las ganancias de los narcos?
Más todavía: si las cifras anteriores se expresan en dólares, resulta ser que durante los últimos catorce 14 años los costos para las OC han sido cada vez menores.
La gráfica 4 muestra la evolución del precio de hoja, base y clorhidrato en dólares liquidados a la tasa de cambio promedio del Banco de la República para cada año. La devaluación del peso reduce el precio en dólares de la hoja de coca y otros insumos utilizados por los traficantes. Disminuye también el costo de la base por kilo de clorhidrato (antes de 2014, la base costaba alrededor del 60% del clorhidrato y desde entonces equivale a un 50%).
El Cuadro 4 confirma la afirmación anterior:
Mi conclusión provisional
Durante los últimos veinte años han aumentado los decomisos, pero tanto los cultivos de coca como la producción de cocaína se han multiplicado.
Hace diez años el negocio comenzó a mejorar debido a que el Acuerdo de la Habana y los fallos de las cortes dieron carta blanca a cultivadores grandes o pequeños, al mismo tiempo que los activistas/ambientalistas maniataron al Estado.
La prohibición del uso del glifosato no sirve de nada en tanto los cultivadores y OC utilizan agroquímicos y precursores aún más peligrosos y nocivos para el medio ambiente.
Los decomisos por su parte han sido muy cuantiosos, pero son apenas una pequeña fracción de los volúmenes de cocaína producidos cada año.
Estas tres circunstancias no son captadas por las estadísticas oficiales, sino más bien por la proximidad con lo que pasa en el campo: y esto confirma la necesidad de revisar las técnicas para recolectar y procesar información.
Invito a los lectores a explorar los misterios de la información que nos ofrecen las autoridades. Como investigador invito a los especialistas a repensar en serio las metodologías para recolectar y procesar la información sobre esta actividad que tanto pesa en el presente y el futuro de Colombia.
Le recomendamos: Drogas: un camino sensato para Colombia en el mundo
Acerca del autor
Sergio Uribe
*Licenciado en Ciencia Política de la Universidad de los Andes, máster en Economía y Política Internacional de Johns Hopkins University, profesor de la Universidad del Rosario y consultor internacional. @suribe52
5 comentarios
Escrito por:
Sergio Uribe
*Licenciado en Ciencia Política de la Universidad de los Andes, máster en Economía y Política Internacional de Johns Hopkins University, profesor de la Universidad del Rosario y consultor internacional. @suribe52
Lamento que el gobierno no escuche a los científicos sociales como el profesor Uribe y lance propuestas alegres que desconocen tanto las estadísticas serias como el por qué de la preponderancia de los negocios criminales en el país durante medio siglo.
Son dos puntos de vista: 1) la actual política que esgrime el gobierno busca resarcir el apoyo recibido por parte de dichas organizaciones criminales para llegar al poder. 2) el anuncio del ejecutivo sobre la compra o mejor, sobre la comercialización de dicho elemento, va en contra de los lineamientos de la Corte Penal Internacional, y de otras tantas organizaciones no gubernamentales, hecho que poco le importa al actual gobierno, pero que llegando a la realidad el futuro de la juventud queda truncado o mejor destruido, que le vamos a dejar a nuestros nietos?
Quien cultiva coca o marihuana de entrada sabe que esta metiéndose en un negocio ilegal y que este debe tener consecuencias legales, pero este narco-gobierno lo que pretende es financiar de forma soterrada a las guerrillas y demás organizaciones delictivas con el único propósito de pagar su deuda electoral que lo llevó a la presidencia, mientras los campesinos de bien, que cultivan alimentos tienen que regalar o botar literalmente sus cosechas porque el gobierno no los financia ni les compra sus cultivos.
Con las cifras que usted muestra, y usando una producción potencial en 2022 de 1738 toneladas, el gobierno compraría hoja de coca por casi dos billones de pesos, pues la compra se realizaría antes de incautaciones.
Parece factible, viéndolo individualmente, pero incrementa el hueco fiscal y peor que eso, con toda seguridad es una cifra creciente año a año, si no se establece una limitación en la producción a comprar. Al estilo de la política agraria de la Unión Europea.
Eso de comprar la hoja de coca, es la forma más rápida para legalizar. Más bien se le cambia la hoja por productos de pan coger, es decir se les paga con juca ñame y otros productos de pan coger que siembren otros campesinos.