Declaración de Cartagena: ¿Vino viejo en vasijas nuevas?
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La Declaración sobre las drogas que acaban de suscribir los presidentes insiste en los errores del pasado y pierde la oportunidad de revisar a fondo las políticas en la próxima Asamblea de Naciones Unidas, como se había acordado hace diez años. Así lo explica el reconocido experto internacional en la materia.
Francisco Thoumi*
El primero de agosto los presidentes o cancilleres de los países centroamericanos y del Caribe, además de Colombia, México y Venezuela, proclamaron la "Declaración de Cartagena" resultado de la "Cumbre Regional sobre el Problema Mundial de las Drogas".
Hace 10 años tuvo lugar la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas (SEAGNU 98) sobre drogas, donde se establecieron las metas que debían lograse en los 10 años siguientes y se adoptaron pautas de política. En SEAGNU hubo un compromiso de evaluar los resultados en 2008. En la Comisión de Estupefacientes (CE) de marzo pasado se acordó que este año fuera de reflexión y estudio, con miras a contar con elementos para un debate más profundo en la CE de 2009, fecha en la cual se cumple el primer centenario de la Comisión de Shanghai, el primer esfuerzo de establecer una normatividad internacional sobre drogas que alteran la mente.
La Declaración de Cartagena puede considerarse como parte del proceso de reflexión propuesto por la CE. La declaración es un documento de seis páginas, tres de las cuales están dedicadas al reconocimiento de los esfuerzos hechos y la necesidad de fortalecerlos, la reafirmación de la preocupación con el poco avance en la solución del problema y el apoyo a Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), y su Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM).
La declaración misma tiene 15 cortos puntos, que dicen muy poco nuevo sobre el tema. Algunos repiten posiciones comúnmente aceptadas, como éstas:
- "La lucha contra el Problema Mundial de las Drogas es una responsabilidad común y compartida que debe encararse de manera coordinada en todos los eslabones de la cadena: demanda, producción, tráfico, distribución, desvío de precursores químicos y otras sustancias utilizadas en la producción de drogas ilícitas, lavado de activos y demás delitos conexos".
- La necesidad de un equilibrio entre la reducción de la demanda y el control de la oferta dentro del marco SEAGNU 98.
- "El fortalecimiento de la cooperación regional en este ámbito, debe continuar fundado en el pleno respeto a los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, el Derecho Internacional y la legislación interna de los Estados".
- La cooperación judicial y policial debe fortalecerse respetando los principios anteriores.
- Es importante avanzar en el control de los mercados de armas de fuego para evitar que la delincuencia tenga acceso a ellas.
- La importancia de fortalecer los mecanismos de control de insumos químicos utilizados en la producción de drogas, bajo los patrones formulados por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE).
En otros puntos los gobiernos se comprometen a diversas acciones:
- "A impulsar la creación o el fortalecimiento de observatorios nacionales de drogas en los países de la región" y colaborar "con el Observatorio Interamericano de Drogas de la CICAD u otras instancias de cooperación bilateral o multilateral… con el propósito de desarrollar sistemas de información y estadísticas que apoyen la toma de decisiones y definición de políticas nacionales".
- "A compartir las experiencias aprendidas y las mejores prácticas, que han desarrollado nuestros países".
- A "fortalecer los mecanismos de coordinación e intercambio de experiencias…. para lograr la reducción de cultivos ilícitos y la producción de drogas ilícitas, y promover acciones para la recuperación y consolidación de los ecosistemas frágiles…..mediante el apoyo de la cooperación internacional".
Otros puntos resaltan la importancia de los esfuerzos para reducir la demanda fortaleciendo la prevención, educación, tratamiento, rehabilitación y reinserción social y la necesidad de mayores recursos; "un llamado urgente a los Gobiernos donantes así como a los organismos multilaterales, instituciones financieras internacionales y regionales, para que incrementen la asistencia financiera, técnica y de capacitación otorgada a nuestros países de conformidad con el principio de responsabilidad común y compartida." Esta necesidad se subraya en el caso de los países pequeños de tránsito: "la necesidad de una cooperación adicional a los países que sin ser productores ni consumidores significativos de drogas, realizan grandes y costosos esfuerzos para combatir el tráfico".
Los últimos puntos son típicos de las declaraciones internacionales: reiteran "la voluntad de trabajar en el proceso de revisión de los compromisos adoptados en….SEAGNU… y participar activamente en los trabajos previos y en el segmento de alto nivel que tendrá lugar en el marco de la 52 Comisión de Estupefacientes, a celebrarse en marzo de 2009" y afirman el compromiso de cumplir con lo acordado en la declaración.
Respecto de las posiciones comúnmente aceptadas, hay que resaltar que la responsabilidad común y compartida ha sido aceptada en muchos documentos bilaterales, multilaterales, de las Naciones Unidas y de la OEA. La aceptación de las políticas de control de oferta y demanda dentro el marco de SEAGNU 98 reafirma el enfoque prohibicionista en las políticas contra las drogas. El compromiso con el "pleno respeto a los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, el Derecho Internacional y la legislación interna de los Estados" es casi un saludo a la bandera, puesto que las convenciones sobre derechos humanos tienen mayor jerarquía que las de drogas y deben ser respetadas. La legislación de los estados debe estar formulada de conformidad con los tratados internacionales; si aquella los contradice, la Convención sobre los Tratados de 1968 exige que estos predominen sobre la legislación nacional.
Es interesante que en el punto sobre el control de armas se haga referencia a la delincuencia organizada pero no a grupos subversivos o contrasubversivos. Pareciera que las diferencias entre Venezuela y Nicaragua, por un lado, y Colombia y otros países por el otro, no permitieron aludir a dichos grupos.
Respecto de los compromisos adoptados, es claro que implícitamente se reconoce que la información sobre la producción, tráfico y consumo de drogas que alteran la mente es deficiente y debe mejorarse.
Es también claro que nadie puede oponerse a compartir y aplicar "mejores prácticas". Sin embargo, muchas veces no hay acuerdos sobre lo que constituye "mejores prácticas" y algunas políticas presentan contradicciones importantes. Los programas de desarrollo alternativo son un ejemplo de esto. La exitosa experiencia de Tailandia muestra que si la erradicación es una condición para que el campesino se beneficie de los programas de desarrollo alternativo, la probabilidad de éxito de estos disminuye sustancialmente. ¿Qué se puede hacer cuando los programas financiados por los gobiernos de Colombia y los Estados Unidos tienen esa exigencia para minimizar la posibilidad de financiamiento de la subversión? ¿Cuál es la "mejor práctica" en este caso?
En relación con los otros puntos, la referencia a los países pequeños de tránsito está escrita de manera que estos no reconocen que puedan tener altos niveles de consumo. Solamente se afirma que no son "consumidores significativos" dentro del contexto mundial.
La declaración afirma la necesidad de respetar la soberanía. Pero este es hoy un punto de intenso desacuerdo y en rápida evolución. En un mundo globalizado no tiene sentido apelar al concepto tradicional de soberanía. ¿A qué soberanía se refiere la declaración, a la de Chávez, a la de Ortega o a la de Uribe? Como siempre ocurre en estos casos para que gobiernos con posiciones e ideologías diversas firmen un documento, partes de este deben permitir interpretaciones diferentes.
Es interesante que en la Declaración no se considere ninguna opción que permitiría que los países firmantes llevaran a la Comisión de Estupefacientes 2009 una posición nueva, independiente y creativa. La normatividad internacional está basada en un paradigma que no permite usos para la coca, cocaína, heroína, opio, marihuana y muchas otras sustancias, diferentes a los médicos y de investigación científica. En otras palabras, todo uso experimental o recreativo debe ser criminalizado, aunque no necesariamente penalizado. La declaración no toca este tema.
En CE 2009 varios países europeos llevarán propuestas que permitan flexibilizar el tratamiento al consumo con el fin de "reducir el daño". La reducción de daño ha sido anatema en los debates oficiales sobre drogas. Por ejemplo, en los Estados Unidos algunos "zares" de las drogas han alegado que la "reducción de daño" es maximización de daño. Sin embargo, en el discurso de apertura de la CE 2008, el Director de la Oficina de Drogas de Naciones Unidas abrió una pequeña ventana al reconocer que las políticas deben tener en cuenta los daños y "las consecuencias no deseadas" y afirmó que la "reducción del daño" era parte de la política de la ONUDD puesto lo que este organismo hace es precisamente "reducción de daño". La Declaración de Cartagena no hace ninguna referencia a posibles políticas de "reducción de daño" en producción o tráfico, las cuales se podrían explorar en América Latina y el Caribe.
De manera semejante, Bolivia ha tratado de promover un cambio en la clasificación de la hoja de coca, de manera que se pueda tener usos no médicos o científicos para ella. La Declaración también es muda al respecto.
La Declaración hace referencia a la necesidad de respetar todos los acuerdos internacionales, pero no explota este punto. No hace referencia a los posibles conflictos entre las convenciones sobre el control de drogas y las de derechos humanos, las cuales podrían invocarse para tratar de flexibilizar las convenciones sobre drogas.
Tal vez lo más preocupante de la Declaración es la reafirmación del prohibicionismo y de las políticas represivas. Como este documento pretende sentar las bases de lo que sería una posición regional en la CE 2009, es posible pronosticar que los países de la región desperdiciarán la oportunidad de abrir el debate sobre el paradigma de la normatividad actual y de buscar la flexibilización de algunas políticas que permitan manejar la producción, tráfico y consumo de manera menos genere menos costos sociales
En las Naciones Unidas se debaten muchos temas importantes. Por eso existe un ciclo informal para tratar un tema de manera periódica. La próxima CE 2009 es el momento para tener los debates sobre las políticas contra las drogas. Si esto no se hace, habrá que esperar otros 10 años. La declaración de Cartagena no avanza en ese aspecto. Lo más probable será que los países que la han firmado desperdiciarán la oportunidad que se tiene el año entrante. Por eso, la declaración es simplemente vino viejo en vasijas nuevas.
*Miembro fundador de Razón Pública y Economista de la Universidad de los Andes. Para ver el perfil del autor, haga clic aquí.
Acerca del autor
Francisco Thoumi
*Cofundador de Razón Pública. Para ver el perfil del autor haga clic en este enlac.e.
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