Una propuesta ingenua para regular los mercados de drogas que alteran la mente - Razón Pública
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Una propuesta ingenua para regular los mercados de drogas que alteran la mente

Escrito por Francisco Thoumi
Francisco_Thoumi

Francisco_ThoumiQue los fumadores y bebedores paguen el costo de los daños que el cigarrillo o el alcohol hacen a la sociedad. Si un sistema así funciona, podría explorarse su aplicación a algunas drogas ilegales.   

Francisco Thoumi*

No es necesario afirmar que existe un desencanto con las políticas prohibicionistas contra las drogas. Sin embargo, considerar que estas políticas deben modificarse no implica aceptar que la solución sea tener un mercado no regulado de drogas, en la medida en que no es posible negar  los altos costos sociales que genera la drogadicción.

En efecto, a pesar de que el uso de drogas que alteran la mente ha sido una constante en la historia de la humanidad – estudios antropológicos muestran que tales drogas se han usado en 233 de 237 sociedades estudiadas[1]-, ese uso siempre ha sido controlado. Incluso, en muchas sociedades las drogas se han domesticado, es decir, se ha aceptado su uso con fines recreativos, religiosos, o sociales, pero sujeto a controles sociales. Una forma de control ha sido la ritualización del uso, lo cual ha tenido lugar dentro de la familia, de fiestas comunitarias, de reuniones sociales y dentro de muchas ceremonias religiosas.  En la sociedad occidental el alcohol y la nicotina son dos drogas domesticadas, cuyo consumo está regulado por el Estado y por normas sociales. En algunas sociedades islámicas la nicotina es tolerada pero no así el alcohol. No obstante, la cocaína y la heroína no han sido domesticadas en ninguna sociedad; la marihuana solamente dentro de grupos de algunas sociedades, aunque es posible que se esté avanzando en el proceso de domesticación[2]. La coca lo ha sido en las sociedades nativas andinas.

En la actualidad, sin embargo, el  sistema legal internacional que regula el tema de drogas que alteran la mente[3], establece que las sustancias incluidas en las listas de las convenciones sólo pueden ser usadas con fines médicos o científicos, prohibiendo taxativamente  cualquier otro uso. Una característica de este sistema es que por primera vez en la historia se establece una forma única de control aplicable a todas las sociedades. En otras palabras, impone un sistema universal de control en un campo donde los controles han sido específicos para cada sociedad.

El argumento para implantar un sistema único en este campo es simple: el mercado de dichas drogas es hoy global. Cuando el mercado era local, cada sociedad podía tener sus propias formas de control, pero ahora eso no es posible.

Pero dado que el mercado es global, aún cabe preguntarse ¿Cuál sería el mejor método para controlarlo?

Una forma sería la prohibición total (la situación actual). Esta solución es consistente con una visión del problema inspirada en la prohibición religiosa de los usos de dichas drogas con finalidades diferentes a las  médicas y científicas. Sin embargo, la  prohibición por razones religiosas es inconsistente en la cultura judeo-cristiana, puesto que en ella se tolera el uso del alcohol y de la nicotina, como se vio.[4] En otras palabras, se acepta que la mente se puede alterar con algunas drogas pero no con otras. En esto la religión mormona y el Islam son mucho más consistentes.

Sin embargo la prohibición total es solamente una de muchas posibilidades. Si se acepta que la razón para controlar el mercado no es religiosa, sino el hecho de que el uso de las drogas genera costos diversos a la sociedad – costos sociales-, y que es necesario limitarlos como ocurre en otros campos donde se desarrollan actividades peligrosas o riesgosas, se abre una amplia gama de posibles políticas.

En efecto, a través de la historia todas las sociedades han tenido que desarrollar mecanismos para manejar comportamientos individuales cuando se considera que éstos generan costos sociales. Estos comportamientos no son únicos y varían en el tiempo y el espacio.[5] En la sociedad moderna hay muchas normas para controlar comportamientos que pueden generar costos sociales, como son el conducir automóviles, portar armas, ejercer profesiones riesgosas (medicina, arquitectura, ingeniería, derecho, farmacia, etc.) o disponer de residuos peligrosos.  Muchos otros comportamientos son sujetos a restricciones impuestas tanto por el Estado (leyes, decretos, etc.) como por la sociedad misma.

En lo que concierne a las drogas que alterna la mente, los costos en salud pública son claros. El uso del cigarrillo y el alcohol disminuyen la expectativa de vida de los usuarios; el cigarrillo tiene efectos nocivos sobre los "fumadores pasivos"; las personas bajo la influencia del alcohol pueden volverse violentas, su consumo actúa frecuentemente como un detonador del abuso sexual y familiar,  afecta la productividad en las zonas urbanas y hace que los empleados sean menos confiables; los alcohólicos sufren depresión y otros problemas.

Estas razones han servido para justificar el control del alcohol y de la nicotina. Ambos productos tienen impuestos altos, se han prohibido ciertas formas de publicidad, y varios países han hecho esfuerzos para limitar la propaganda. Sin embargo, los productores han ideado formas de evadir las restricciones. Por ejemplo, la prohibición de publicitar en televisión se evade financiando deportistas que exhiben las marcas de las cervezas o cigarrillos. La contradicción lógica de publicitar licor en el pecho o espalda de deportistas profesionales no parece molestar a la gran mayoría. Los productores de licor y productos de tabaco saben muy bien que sus productos son adictivos y que su demanda depende de esta característica. En estos casos una persona tiene la libertad de probar el producto pero un porcentaje de quienes lo prueban pierde la libertad de dejar de probarlo. Por eso han diseñado productos y propagandas para atraer a sectores específicos, vulnerables, de la población y han modificado sus productos para maximizar la adicción.

En el caso de las drogas ilegales, éstas generan costos sociales pero las políticas represivas también lo hacen. Quienes apoyan el prohibicionismo niegan esto último y atribuyen los costos generados por las políticas a los productores, traficantes y consumidores de drogas ilegales. Su raciocinio es simple: "la ley hay que cumplirla y cualquier esfuerzo para hacerlo es válido. Si estos esfuerzos tienen consecuencias no deseadas, estas son causadas por el mal que estamos combatiendo." En otras palabras, cuando se está luchando contra el mal, las consecuencias no deseadas de esta lucha se deben al mal mismo. Otra vez, esta lógica es consistente con el origen religioso del prohibicionismo, pero no con un enfoque científico.

En este sentido, una política en materia de drogas que alteran la mente orientada en una visión de disminución de los costos sociales permitiría  contemplar diversas opciones, que aunque pueden ser utópicas permiten replantear el enfoque de la problemática al abrir nuevos campos de discusión.

Una Propuesta Ingenua (entre otras posibles)

Los actuales impuestos al tabaco y al alcohol tienen un gran defecto: no se usan para cubrir los costos generados por el consumo de sustancias adictivas. Con frecuencia estos se usan para financiar educación o salud en un esfuerzo de acallar las objeciones a un consumo que claramente causa costos sociales. Después de todo, "el que peca y reza, empata".

El problema social es minimizar la suma de los costos de la adicción más los costos de las políticas de control de las adicciones. Este problema es semejante al que se presenta con el tráfico vehicular cuando se trata de asegurar a la sociedad contra los costos que pueden surgir de accidentes. La adicción se puede tratar de la misma forma. Para eso una solución sencilla (e ingenua) sería establecer un Seguro contra las Adicciones a las Drogas (SAD). Para lograr esto se establecería un impuesto especial a la venta de tabaco y alcohol pagado por cada consumidor, quien recibiría un seguro contra la adicción a ese producto. Estos fondos se utilizarían para financiar programas de prevención, tratamiento y rehabilitación que hoy cubren solamente a una proporción baja de adictos.

El SAD cubriría también a las víctimas de los adictos – daños a terceros-. La forma de implementación del SAD se determinaría en cada sociedad de acuerdo con sus propias instituciones, aunque algunas normas podrían ser aplicadas de manera general. Por ejemplo, personas que ejerzan violencia familiar bajo la influencia del alcohol podrían ser obligados a recibir tratamiento (el SAD proporcionaría los fondos). En el caso del tabaco, el SAD pagaría los costos de los tratamientos para dejar la adicción y los costos de los tratamientos del cáncer de pulmón, enfisema, y otras enfermedades pulmonares.

El SAD  serviría de contrapeso a la decisión de la Corte Constitucional que aprobó la dosis personal con el argumento de proteger el "libre desarrollo de la personalidad", puesto que  sería una forma de lograr que quienes toman decisiones arriesgadas en el ejercicio de tal derecho, paguen los costos que éstas generan al resto de la sociedad. El punto es simple: "Una persona puede decidir usar una droga adictiva, pero si se vuelve adicta, se debe asegurar a la sociedad el pago de los costos de la adicción". Esta es una forma de lograr un equilibrio entre los deberes y los derechos de los ciudadanos. Cuando los intereses individuales se ven afectados por el interés general, éstos deben ser compensados: pero lo opuesto también es cierto. Los ciudadanos no deben trasladar los costos que generan sus actividades individuales a la sociedad sin compensarla.

Una vez el SAD se aplique exitosamente a las drogas legales, se demostraría el compromiso de la sociedad para proteger a las víctimas de las adicciones y para controlar a los grandes intereses asociados con las drogas adictivas legales. Cuando esto se logre,  podrían explorarse formas de aplicar un sistema similar a las drogas que hoy son ilegales y  también se podrá abogar por cambios drásticos en la normatividad internacional, demostrando empíricamente que existen opciones socialmente superiores al prohibicionismo actual.

  *Miembro fundador de Razón Pública y Economista de la Universidad de los Andes. Para ver el perfil del autor, haga clic aquí.

 

Notas de pie de página


[1] Las excepciones son sociedades aisladas en zonas donde no se pueden cultivar plantas que contengan drogas. Sin embargo, cuando estas sociedades han entrado en contacto con el resto del mundo, han usado dichas drogas, muchas veces llegando a ser víctimas de ellas

[2] Algunos gobiernos locales en los Estados Unidos y Europa han aceptado de facto usos recreativos para la marihuana.

[3] Hay vigentes tres convenciones al respecto.

[4] En efecto, el primer milagro atribuido a Jesucristo fue la producción de drogas que alteran la mente, la multiplicación del vino en Canaán.

[5] Muchas sociedades no han tolerado diversidad religiosa o política. Otras no han permitido juegos de azar o ciertas comidas.  Todas han controlado los comportamientos sexuales y en muchas no se ha aceptado la homosexualidad.

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