Pudo parecer un cambio pequeño o incluso benéfico, pero al hablar de “cultivos de uso ilícito” en lugar de “cultivos ilícitos”, el acuerdo de La Habana tendría serias complicaciones lógicas, judiciales y políticas.
Francisco E. Thoumi*
Palabras para el acuerdo
En el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera no hay referencias a las plantaciones de coca como “cultivos ilícitos”, solamente como “cultivos de uso ilícito”, lo cual sugiere que los cultivos no serían ilícitos en sí mismos.
Pero el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 y todas las decisiones de la Corte Constitucional anteriores al Acuerdo se refieren a los cultivos de coca como “cultivos ilícitos”. Parece entonces que en el Acuerdo de paz se está forjando un concepto diferente que no está definido, lo cual hace difícil saber si los cultivos son o no son ilícitos.
En el mundo actual (como ha demostrado Donald Trump) muchas veces para tener éxito en la política hay que apelar a los sentimientos profundos de la ciudadanía, aunque estos vayan en contravía de la razón, de la evidencia empíricamente verificable y aun de la ley. Por eso se habla hoy de “hechos alternativos”, “noticias falsas” y “realidades políticas alternas”.
No hay duda de que el bienestar y buen vivir del campesinado cocalero son temas claves para lograr la paz en las zonas rurales de Colombia y que hablar de “cultivos de uso ilícito” en lugar de “cultivos ilícitos” es una forma de indicarle al campesinado que las políticas de fumigación masiva no continuarán y que el gobierno está dispuesto a ayudarlos, aunque sus acciones violen la ley. A pesar de esto, el uso del término “cultivos de uso ilícito” presenta problemas lógicos y políticos importantes.
Este apelativo ha sido usado en Bolivia, y en menor medida en Perú, países que han tenido cultivos de coca para satisfacer los usos tradicionales de esta planta. Pero en estos casos, aunque los cultivos de coca han sido legales de acuerdo con la legislación de los dos países, han estado en contradicción con los compromisos adquiridos por los gobiernos en las convenciones internacionales de drogas.
Estos cultivos han sido legales en el plano nacional, pero ilegales en la esfera internacional, donde no han sido aceptados los usos tradicionales de la coca. Entonces, “los cultivos de uso ilícito” serían aquellos que cumplen la legislación nacional, pero cuyo producto es desviado hacia el narcotráfico. Sin embargo, hay que recordar que en Bolivia este conflicto con las normas internacionales se resolvió en enero de 2013 cuando Bolivia después de denunciar las convenciones de drogas volvió a acceder a ellas con reservas que permiten tener cultivos para usos tradicionales.
En el caso colombiano la demanda de coca para usos tradicionales ha sido y sigue siendo muy pequeña, de modo que el concepto de “cultivos de uso ilícito” sería aplicable solo a pequeños cultivos en algunas comunidades indígenas, y no a las siembras masivas que se usan para producir cocaína.
El uso del término “cultivos de uso ilícito” para los cultivos que los campesinos saben que serán usados en la producción de cocaína no es política o éticamente neutro y exige hacer juicios de valor importantes sobre la actividad campesina. Implícitamente este uso supone que, aunque los cultivos sean ilegales, son legítimos para los campesinos.
La cadena del narcotráfico
 Campesinos colombianos. Foto: Centro de Memoria |
Sin duda el campesinado y los consumidores, especialmente los adictos y en algunos casos los pequeños micro-traficantes, son los eslabones más débiles en la cadena del narcotráfico y pueden inspirar simpatía. Muchos consideran que ellos son víctimas de una sociedad injusta y de las organizaciones criminales del narcotráfico sin hacer parte de ellas.
Pero los cultivadores, los consumidores y los pequeños traficantes y vendedores de drogas juegan papeles claves en la cadena del narcotráfico. Por eso el término “cultivos de uso ilícito” es una manera de tratar de exculpar o justificar la participación de los cultivadores en la cadena del narcotráfico.
Todos los tratados internacionales sobre las drogas definen estos cultivos como ilícitos. Pero la Asamblea General Especial de las Naciones Unidas sobre las Drogas de 2016, la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito y la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes han insistido en que las políticas de drogas deben respetar los derechos humanos de todos los actores en la cadena del tráfico las drogas.
El concepto de “cultivos de uso ilícito” sería aplicable solo a pequeños cultivos en algunas comunidades indígenas.
Sin embargo, los derechos humanos de un grupo débil pueden oponerse a los de otros grupos semejantes. Por ejemplo, si proteger los derechos humanos del campesinado justifica su participación funcional en las redes del narcotráfico, esto aumenta la oferta de cocaína, contribuye al aumento de la adicción y del micro-tráfico en el mundo y disminuye la protección que los consumidores de drogas reciben de las políticas de prevención, tratamiento, rehabilitación y reinserción social.
De la misma manera, cuando se erradican o se fumigan cosechas para proteger a la niñez y a la juventud de las drogas, con frecuencia se violan los derechos del campesinado y de otros niños y jóvenes. La ironía consiste en que las políticas que pretenden defender a uno de los eslabones más débiles de la cadena del narcotráfico acaban por perjudicar a otros eslabones igualmente débiles.
Infortunadamente, los eslabones más débiles del narcotráfico son los más fáciles de identificar: los cultivos se pueden localizar utilizando satélites, visitas de campo u otros métodos; las “ollas” o lugares de venta y consumo de drogas son conocidos en las ciudades; y los adictos también son fácilmente identificables.
En cambio los lugares de procesamiento de la coca y la producción de cocaína se camuflan de diversas maneras y lo mismo ocurre con los vehículos y depósitos donde la cocaína se transporta y almacena. Y por su parte el lavado de activos utiliza sofisticados métodos financieros diseñados para proteger la identidad de los dueños de los activos.
Además, como el valor de la cocaína aumenta drásticamente al avanzar en la cadena del narcotráfico, los contrabandistas internacionales disponen de grandes sumas para sobornar y para crear redes de apoyo que les permitan operar sus negocios. En efecto, los eslabones más débiles de la red son también los que tienen menos poder para corromper al sector público y de enriquecerse en el negocio ilegal, y esa es otra razón importante para que continúen siendo débiles.
Estas características de la cadena del narcotráfico hacen que haya sido más fácil atacar a los eslabones más débiles, lo cual ha producido un sesgo en las políticas contra las drogas que frecuentemente se han enfocado en esos eslabones.
El nombre sí importa
 Miembros de las FARC. Foto: Presidencia de la República |
Es importante subrayar que las políticas de drogas no han sido diseñadas en concordancia con las teorías modernas sobre formulación y ejecución de políticas públicas. La formulación tradicional de la política ha estado muy influenciada por el temor a las adicciones y por creencias bastante simples y emotivas sobre las razones para que la gente consuma, produzca y trafique con drogas.
Pero las razones para rechazar y hacer ilegal un comportamiento no aplican para hacer lo mismo con otro. Un ejemplo es el de las plantas genéticamente modificadas, cuyo cultivo había sido prohibido en 38 países hasta 2015. Sin embargo 34 de estos países no prohibieron su consumo, y aunque tienen algunas restricciones, importan gran cantidad de alimentos genéticamente modificados.
En estos países no hay problema en consumir productos de lo que en ellos serían “cultivos ilícitos de uso lícito”. Y es de notar que las razones para llegar a esta política se basan en la protección de la salud y del medio ambiente, como en el caso de las drogas psicoactivas ilegales.
El término “cultivos de uso ilícito” es una manera de tratar de exculpar o justificar la participación de los cultivadores en la cadena del narcotráfico.
Adicionalmente, desde hace pocos años en Colombia se ha utilizado el término coca en lugar de cocaína. Así, en periódicos y otros medios frecuentemente se afirma que se incautaron “tantos kilos de coca”, o que en China “capturaron a un colombiano con coca”. Esto no ocurriría en Perú y especialmente en Bolivia, donde el presidente Evo Morales y las organizaciones campesinas han basado sus políticas en la idea de que “coca no es cocaína”, y han defendido sus cultivos y usos tradicionales.
Las FARC han sido uno de los mayores promotores del concepto de “cultivos de uso ilícito” en Colombia. Sin embargo, todas las sociedades que han sido influenciadas por las teorías comunistas son intolerantes con el consumo de drogas psicoactivas (China, Cuba, Rusia) y en algunas de ellas es frecuente aplicar la pena de muerte a los productores, consumidores y pequeños vendedores.
Los miembros de las FARC, como buenos marxistas, han aplicado esta misma política en los territorios que controlaban, inclusive apelando en ocasiones a la pena de muerte por consumo. Pero apoyaban los cultivos de coca y la producción de base de cocaína y se beneficiaban de esas actividades, lo cual se justificaba como una de las formas de lucha contra el capitalismo imperialista.
Sin embargo, una vez esa lucha ha terminado, la justificación para promover el consumo de cocaína en países capitalistas desaparece, especialmente cuando hoy por hoy una parte importante de las muertes violentas en Colombia están asociadas con el micro-tráfico.
Nada de lo anterior desmiente la necesidad de que el gobierno controle el territorio y establezca una presencia real que proteja la vida y proporcione acceso a salud, educación, justicia y otros servicios públicos.
Pero esto exige también establecer las bases de una cultura de la legalidad, la cual requiere transparencia para que haya claridad en las políticas y los programas hacia cada sector. Por eso, eufemismos que esconden el significado real de las políticas deben evitarse, aunque estos hayan sido útiles para negociar acuerdos.
En el caso de “los cultivos de uso ilícito” es importante que los campesinos sepan que son ilícitos, a menos que en el Acuerdo de paz se definan de otra forma.
*Cofundador de Razón Pública. Para ver el perfil del autor, haga clic en este enlace.
