De las pescas milagrosas al control territorial violento

A finales del siglo pasado y comienzos del presente, algunas agencias de seguridad de los EE UU, aseguraban que Colombia estaba al borde del colapso, ad portas de ser un estado fallido por el incremento de la violencia y el poder de los distintos grupos criminales que desafiaban la legalidad y legitimidad del Estado colombiano, como fue el caso de las Farc, los paramilitares y distintos grupos de narcotraficantes que se multiplicaron tras la desarticulación de los carteles de la droga de Medellín y Cali.  

En esa época, las acciones violentas de los paramilitares y de las guerrillas se trasladaron a algunas ciudades principales, el homicidio volvió a crecer, pasó de 23.093 en 1997 a 27.829 en 2002 y el secuestro llegó a su cifra más alta, con 3.572 casos en el 2000.    

La situación de seguridad era tan complicada, que a comienzos de este siglo no se podía transitar libremente por las carreteras de Colombia, porque los ciudadanos estaban expuestos a ser secuestrados en las famosas “pescas milagrosas” que de manera criminal ejecutaban los miembros de las FARC en distintas vías nacionales, donde realizaban “retenes armados” detenían los vehículos, exigían documentos y con información que manejaban, secuestraban algunas personas para posteriormente exigir millonarios rescates.

A pesar de esta grave situación, el presidente Álvaro Uribe recibió en 2002, del presidente Andrés Pastrana, la seguridad con recursos del Plan Colombia y una Fuerza Pública que venía a la ofensiva en contra de las Farc, después del fracaso de los diálogos de paz del Caguán, como lo demuestra la instalación del primer Batallón de Alta Montaña que sacó corriendo a Romaña y su gente de Sumapaz, quien era el líder de las famosas “pescas milagrosas”. Aquí un gran reconocimiento al general Reynaldo Castellanos, comandante de la XII Brigada. 

Esa situación, no es comparable con lo que hoy está sucediendo en el país. Para muchos analistas el próximo gobierno tendrá que asumir una situación más complicada en materia de orden público que la que recibió el presidente Uribe en 2002, por el debilitamiento, desmoralización y baja capacidad de la Fuerza Pública  para enfrentar los problemas de violencia y delincuencia, por los riesgos que generan las diferentes estructuras criminales organizadas que han crecido de manera sustancial en los últimos años y por la falta de recursos para fortalecer las instituciones de seguridad y justicia.

Pasamos de las pescas milagrosas de comienzos de siglo, al control territorial violento y al confinamiento de poblaciones enteras por parte de los distintos grupos armados que se disputan las rentas criminales del narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión, el secuestro, la trata de personas, entre otras actividades ilegales. Estos grupos ya no pretenden tomarse el poder, les interesa la rentabilidad de los negocios ilegales. Verdaderas mafias del crimen transnacional que en los últimos gobiernos han crecido y fortalecido, como lo muestran los estudios de la Fundación Ideas para la Paz -FIP- y se puede ver en el siguiente cuadro:

Como bien lo plantea Gustavo Duncan, si bien estos “grupos abandonaron la toma del poder nacional como premisa revolucionaria, desarrollaron otro tipo de objetivo político”. La implantación de nuevas formas de gobierno local redefiniendo aspectos básicos de la política, como ¿quién detenta el poder en el territorio? y ¿quién influye en la toma de decisiones relevantes para la comunidad? Además, el poder de los ejércitos irregulares está asociado a dos elementos centrales de las funciones estatales: la provisión de protección y justicia, y la organización de los mercados locales”.

Gobernanza criminal territorial y poblacional donde la autoridad y control del Estado brilla por su ausencia, como bien lo plantea Luis Fernando Trejos “Desde el gobierno actual, parece haber una especie de acuerdo ante la falta de una estrategia de seguridad para recuperar en control territorial, de forma pragmática, acepta “el mal menor”, cede y abandona el control de territorios periféricos a cambio de estabilidad política y económica en el centro o los centros regionales (capitales departamentales), los lugares donde se presenta una mayor densidad poblacional y de economías legales o formales”.

Con similar planteamiento Hugo Ardila advierte cómo el Estado colombiano está entrando en un proceso de somalización “Según un informe de inteligencia estratégica reciente, que procesó una simulación de 100,000 iteraciones de Monte Carlo, el Estado colombiano ha entrado en una trayectoria de «Irreversibilidad Sistémica».  La convergencia de una voluntad política debilitada bajo la política de «Paz Total», una explosión de economías ilícitas y una disrupción tecnológica asimétrica, sugieren una probabilidad del 72% de un escenario de «somalización», donde el Estado retiene las capitales, pero pierde la soberanía efectiva sobre el 60% del territorio”

“Bajo modelos de Cadenas de Markov, el control criminal se ha convertido en un «Estado Absorbente»: una vez que un municipio cae bajo el régimen de los grupos armados, la probabilidad de que retorne al control estatal es inferior al 0.05. El Estado tarda diez veces más en recuperar un territorio de lo que tardan los criminales en capturarlo, lo que revela una inercia institucional letal”.

Qué hacer. 

Para recuperar los territorios, hoy controlados por distintos grupos criminales, se requieren varias acciones estatales, una, de seguridad y justicia, dos, desarrollo territorial y tres, trabajo directo con las comunidades organizadas, evitando la intermediación de los grupos criminales como lo ha pretendido, de manera errada, la Paz Total.

En el primer caso, la intervención coordinada de las instituciones de seguridad (Fuerza Pública) y de la justicia, en especial de la Fiscalía y los jueces. En este caso, deben darse cambios profundos en la manera en que hasta ahora se ha pretendido intervenir. Por ejemplo, “Mientras la Fuerza Pública gasta millones de dólares en tecnologías tradicionales como helicópteros y aviones de superioridad estratégica cuyo costo operativo es enorme, y no se está diciendo que no sean necesarios, los Grupos Armados Organizados (GAO) neutralizan estos activos operando en grupos de 3 a 4 personas en vehículos de alta gama, utilizando drones comerciales de entre 500 y 1,500 USD. Esta disparidad ha hecho que la infraestructura militar sea estructuralmente «porosa» ante ataques verticales», es decir, la estrategia y la tecnología deben variar para enfrentar a los distintos grupos criminales. 

Dos, es necesario que el nuevo gobierno nacional, con todos los alcaldes y gobernadores de los territorios a intervenir, junto con las comunidades organizadas, defina, diseñe, ejecute y haga seguimiento a obras de desarrollo de interés social y regional concretos. Todo esto sin la intermediación de los grupos criminales, como lo pretende y en algunos casos lo ejecutó el gobierno nacional actual a través de la Paz Total.      

Tres, no es solo el control territorial en el que se debe empeñar un nuevo gobierno y el Estado en su conjunto, es necesario recuperar la confianza y legitimidad ciudadanas y de las comunidades de los territorios, hoy controlados por los delincuentes. Como bien lo plantea Gustavo Duncan, “los grupos tienen superioridad sobre el Estado en la vigilancia de la población en ciertos territorios”. Las milicias, comandos y pandillas que interactúan con la población de manera cotidiana, sin necesidad de armas largas son, en la práctica, un gobierno de facto. Mientras tanto, al Estado, con sus Fuerzas Armadas, la Policía y los jueces, le cuesta demasiado competir con la relación que los grupos establecen con la población. Es en este campo, donde se necesitan mayores reformas porque incluso en caso de darse un proceso de paz, una condición necesaria para evitar el reciclaje es que el Estado aprenda a gobernar a la población de territorios periféricos”