América Latina es cada vez más insegura. ¿A qué se debe el problema? ¿El continente necesita políticas como las de Bukele en El Salvador? ¿En Colombia también necesitamos mano dura?
Hugo Acero Velásquez*
Latinoamérica insegura
En muchos países de América Latina, los hechos de violencia y delincuencia han aumentado durante los últimos años. Sus ciudadanos se sienten más inseguros en las calles y regiones enteras demandan acciones contundentes de los gobiernos.
Países que se consideraban seguros hoy asisten al aumento de la violencia homicida. Costa Rica pasó de 6 homicidios por cada 100.000 habitantes a comienzos de siglo a 12,2 en 2022, Ecuador pasó de 10 a 25,9, Uruguay de 4,4 a 11,2, Venezuela de 15,2 a 40,4, Chile de 2,7 a 4,6 y México 17,8 a 25,2.
Además de los homicidios ha aumentado la frecuencia de delitos como los hurtos violentos, el comercio y consumo de drogas, la extorsión, las amenazas, la trata de personas o el comercio de armas ilegales.
Sin embargo, el continente se encuentra ante organizaciones criminales cada vez mejor estructuradas. Algunas de ellas son mafias trasnacionales ligadas al narcotráfico, el contrabando, la trata de personas, el comercio de armas y otras rentas criminales.
La opción por la mano dura
Muchos ciudadanos y funcionarios echan la culpa del aumento de delitos
- A las migraciones masivas que atraviesan la región,
- A la presencia de grupos trasnacionales de delincuencia, como el Tren de Aragua que viene desde Venezuela, y
- A la falta de medidas de corte represivo y de limitación de derechos, como las que ha puesto en marcha el presidente Nayib Bukele de El Salvador.
Bukele goza de gran popularidad en su país y en toda la región, especialmente por parte de quienes creen que para enfrentar la inseguridad se necesita tan solo de medidas represivas.
Hay que reconocer que hoy la región no vive la violencia y delincuencia de finales del siglo pasado, que se podía enfrentar con más policías en las calles; ni está ante delitos de oportunidad o que se cometen por necesidades insatisfechas de la población.
Sin embargo, el continente se encuentra ante organizaciones criminales cada vez mejor estructuradas. Algunas de ellas son mafias trasnacionales ligadas al narcotráfico, el contrabando, la trata de personas, el comercio de armas y otras rentas criminales.
La droga no estaba de paso
Ante el éxito de la interdicción aérea del narcotráfico —que hizo más peligroso y costoso el envío directo de cocaína a Estados Unidos y Europa—, los narcotraficantes colombianos y peruanos buscaron alternativas entre los países de la región, utilizando sus puertos y sus flujos aéreos: primero en México y Centroamérica, después en Venezuela, Brasil, Ecuador, Argentina y Chile, entre otros.
Algunas autoridades de estos países creyeron, erróneamente, que “la droga estaba de paso” y por eso no tendrían problemas graves de inseguridad. Muy tarde se dieron cuenta que esas drogas alimentaron a los grupos criminales locales que proveen el transporte y la seguridad de la mercancía y reciben una parte del pago con droga por estos servicios, que la distribuyen en sus propios países.
Con el aumento en el ingreso de drogas también aumentaron el consumo de drogas, las extorsiones, el sicariato, los secuestros, el comercio de armas, la trata de personas, las amenazas e inclusive los atentados con explosivos.
Bukele no es la salida, ni el Tren de Aragua el problema.
La salida de esta situación no es el “modelo Bukele”, porque este necesita mandatarios que pongan en entredicho el Estado de Derecho y estén dispuestos, eventualmente, a ser juzgados y condenados en tribunales nacionales e internacionales por violación sistemática de los derechos humanos. Este modelo no puede ejecutarse en otros países sin un Bukele local.
El problema tampoco es el Tren de Aragua. Esta es una banda de tercer nivel y los gobiernos no están viendo ni atacando las cabezas que de verdad manejan el narcotráfico, el lavado de activos y las otras rentas criminales, como la trata y el comercio de armas.
Un buen número de gobiernos nacionales y locales están concentrando sus esfuerzos en el Tren de Aragua, como también en “Los Maracuchos”, “Los Meleán” y los de “Yeico Masacre”, como si fueran las verdaderas mafias, cuando son obreros de tercer nivel en negocios como el microtrafico, la extorsión, la trata de personas o el sicariato, mientras sus jefes controlan las grandes rentas sin que los Estados los estén persiguiendo y quitándoles sus fortunas como corresponde.
¿Qué hacer?
Ante esta situación tan complicada, donde se entremezclan el crimen transnacional, bandas locales y problemas tradicionales de seguridad, es necesario encontrar estrategias y fuentes de financiación para enfrentar estos retos.
Los retos de las Américas en materia de seguridad son variados y necesitan distintos niveles de intervención y de cooperación. Necesitamos alianzas entre países del continente para enfrentar las organizaciones del crimen trasnacional y definir estrategias internas que garanticen la seguridad y la convivencia de sus ciudadanos.
El diálogo continental debería ocuparse de los siguientes asuntos:
- Lucha contra las grandes mafias
Los Estados tienen que cooperar en la lucha contra las mafias transnacionales, que hoy se articulan en torno al negocio de las drogas con los grupos criminales en cada uno de los países y participan en la producción, el tránsito, la distribución y el consumo de drogas. Esto reconociendo que, sin la cooperación de Estados Unidos, Canadá y los países europeos, es muy difícil enfrentar a estas mafias. Es importante que la visión, la estrategia y la financiación sea compartida.
En primer lugar, habría que adoptar una estrategia conjunta para combatir las otras mafias que están relacionadas con el tráfico de las drogas, como es el caso del comercio ilegal de armas. Este es un tema donde Estados Unidos debe tener un papel fundamental, ya que produce y comercializa armas en su territorio que a su vez abastecen a los grupos criminales en los países latinoamericanos —a veces con armamentos más sofisticados que los tienen la Policía y los organismos de justicia de estos países—.
En segundo lugar, debe incluirse el consumo de drogas, teniendo en cuenta que este no deja de aumentar en la región y que, además de un problema de salud pública, afecta gravemente la seguridad de los ciudadanos.
Más temprano que tarde, los países de las Américas tendrán que ahondar en las propuestas de 2009 de la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, que se pueden resumir como sigue: descriminalizar la tenencia y consumo de la marihuana, dar un tratamiento de salud pública al consumo, focalizar las estrategias de represión contra el crimen organizado trasnacional y reducir el consumo con campañas innovadoras de información y prevención.
- Combatir las cadenas locales que alimenta a las grandes mafias
La estrategia contra el narcotráfico debe ir más allá de perseguir a los capos y perseguir también a los mandos medios, hasta ahora desconocidos. Es igualmente necesario atender a los jóvenes, niños y niñas de sectores populares que hoy están siendo utilizados por el crimen organizado.
La estrategia constaría de tres componentes:
- Primero, mejorar la inteligencia y la investigación criminal de los países, donde trabajen en equipo las policías, el ministerio público (Fiscalía) y los jueces, para atacar las finanzas e identificar, perseguir y detener a los mandos altos y medios de las organizaciones criminales.
- Segundo, facilitar la salida y reinserción social de los miembros de los grupos criminales que deseen hacerlo y estén dispuestos a apoyar a las autoridades.
- Tercero, programas de convivencia y desarrollo social y territorial para evitar que niños, niñas y jóvenes se vinculen a actividades delincuenciales.
- Seguridad y convivencia ciudadana
Los Estados deben elaborar planes de convivencia y seguridad ciudadana que apunten a la reducción de los riesgos (armas, drogas, alcohol), la atención a grupos vulnerables (jóvenes en riesgo, desplazados por la violencia, migrantes, indigentes, etc.), la prevención y atención de la violencia de género, la resolución pacífica de los conflictos (interpersonales, familiares y comunitarios), y el fortalecimiento de las instituciones de seguridad, justicia, inteligencia e investigación criminal y de las instituciones de privación de la libertad.
Los planes nacionales deben ser ejecutados en los departamentos, estados y municipios, con la participación de los alcaldes, prefectos y gobernadores, de acuerdo con los problemas particulares.
Para avanzar en esta línea, es importante profundizar y multiplicar las acciones que algunos organismos multilaterales y de cooperación han venido ejecutando en algunos países de Latinoamérica.
Los Estados tienen que cooperar en la lucha contra las mafias transnacionales, que hoy se articulan en torno al negocio de las drogas con los grupos criminales en cada uno de los países y participan en la producción, el tránsito, la distribución y el consumo de drogas.
Para el éxito de las acciones anteriores se necesitan recursos de los organismos de cooperación y de los bancos multilaterales destinados, sobre todo, a mejorar los equipamientos de los organismos de seguridad y justicia en términos de profesionalización del recurso humano, instalaciones (policiales, de justicia, cárceles y centros de privación de la libertad), comunicaciones (centrales y equipos de comunicación personal) y movilidad (carros, motos, bicicletas).
De esta manera, las políticas integrales que se pretende desarrollar en cada uno de los países de las Américas contarían con programas y proyectos preventivos y de control y sanción de los delitos, financiados y adecuados a los antiguos y nuevos problemas que imponen a los Estados el crimen común y el crimen organizado transnacional, que llegó a los países de la región con la intención de lucrarse y quedarse.
1 Comentario
La salida es encarcelar a los malnacidos delincuentes, la politica de Bukele funciona y se ven los resultados. Las ONG que viven de la delincuencia y de los derechos humanos de los delincuentes no les gusta, pero es excelente y si se quiere acabar con lacras como los Tigerones, Tren de Aragua, se debe seguir esta politica. El delincuente no tiene derechos humanos, el unico derecho es a estar en la carcel