La llegada de un general de la Policía a la Vicepresidencia puede ser la ocasión perfecta para que el país se ponga al día en su política de seguridad ciudadana. Aquí las principales tareas pendientes en esta área.
Hugo Acero Velásquez*
El reto del posconflicto
Ahora que llegamos al final de la confrontación armada con las FARC, surge la incertidumbre sobre si la seguridad ciudadana va a mejorar, o sin efecto va a desmejorarse en razón del eventual aumento del pie de fuerza del ELN, de la no desmovilización de algunos miembros de las FARC que persistirá en las economías ilegales (narcotráfico, minería ilegal, explotación de recursos naturales, extorsión) o de la acción de otros grupos criminales.
Pese a esta incertidumbre, hasta ahora el gobierno no ha presentado una estrategia que involucre planes, recursos e instituciones para hacer frente a los problemas de inseguridad que hoy están afectando a la mayoría de las ciudades y a los territorios que dejaron las FARC tras su concentración en las zonas veredales.
La designación del general Óscar Naranjo como nuevo vicepresidente crea una oportunidad para que este asunto sea asumido de la manera integral, informada y rigurosa que requiere y que podría tener bajo su liderazgo. La seguridad ciudadana y del territorio han sido sus preocupaciones centrales, y es indudable que Naranjo es uno de los colombianos que más sabe del tema. Además, tiene independencia, reconocimiento político en todos los partidos, credibilidad y podría proponer y promover, como vicepresidente, las soluciones mas acertadas para garantizar que en el posconflicto de verdad se garanticen la convivencia y la seguridad.
Las tareas pendientes
 Mecanismo de denuncia por delitos. Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá |
Para fortalecer la gestión democrática de la seguridad ciudadana habría que trabajar sobre varias dimensiones o elementos de política que en el país se estancaron o que no se han desarrollado de una manera adecuada.
Responsabilidad institucional. Son varias las instituciones relacionadas con la seguridad de los ciudadanos -como los Ministerios de Defensa, del Interior y de Justicia, la Policía Nacional y el Departamento Nacional de Planeación (DNP)- pero no existen ni un liderazgo claro ni una coordinación efectiva entre ellas. Hoy por hoy no tenemos una institución que elabore, lidere y coordine una política pública en esta materia.
Desde su campaña de 2010 el presidente Santos prometió crear el Ministerio de Seguridad, propuesta que con el tiempo se embolató y hoy no figura en la agenda.
En el Ministerio de Defensa podría avanzarse mediante la creación de un Viceministerio de Seguridad Ciudadana que le dé un manejo integral al problema y que permita diferenciarlo del de la Seguridad de Estado, donde también estamos en mora de elaborar y ejecutar una política pública. Por otro lado, también podría crearse un Viceministerio en el Ministerio del Interior para desarrollar esta tarea.
Desde su campaña de 2010 el presidente Santos prometió crear el Ministerio de Seguridad.
Política pública nacional. Hoy no existe una política pública en materia de convivencia y seguridad ciudadana. Quedó engavetada la Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana de 2011, aunque algunos funcionarios sostienen que está vigente.
Este es otro reto grande, porque Colombia no cuenta con una hoja de ruta integral en este campo, un documento indispensable si se quiere que los alcaldes y gobernadores trabajen al unísono con el gobierno nacional y con las instituciones de seguridad y justicia para mantener y mejorar las condiciones de seguridad y convivencia.
Con la participación del DNP y de las instituciones involucradas en el tema habría que actualizar la Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, para adecuarla a la criminalidad compleja que hoy campea en el país. Esta política debe ser encabezada por el Ministerio o instancia superior que mencioné más arriba.
Denuncia, atención a las víctimas y confiabilidad de las cifras sobre violencia y delincuencia. Es evidente que los datos sobre denuncias de la mayoría de los delitos de mayor impacto -hurtos de residencias, comercio, personas, vehículos, motos y bancos, lesiones personales, abuso sexual, extorsión- que tienen las autoridades no son confiables y no reflejan lo que sucede realmente.
Tenemos un sub-registro de delitos, que en algunos casos supera el 70 por ciento. Esto no se debe solo a la falta de confianza en las autoridades de seguridad y justicia, sino también a las dificultades para hacer efectiva la denuncia (muy pocos sitios de recepción, procesos engorrosos, falta de profesionalismo para atender a las víctimas, demoras en los trámites…). Ante esta situación podrían tomarse dos caminos:
- No utilizar los poco confiables reportes que hoy existen, e insistir en aumentar las denuncias ciudadanas para tener más y mejor información sobre los delitos, y así poder llevar a cabo análisis detallados para definir, ejecutar y hacer seguimiento a las acciones y políticas en esta materia.
En esta línea habría que mejorar la recepción de denuncias con atención profesional y adecuada de las víctimas; aumentar los puntos a través de los cuales los ciudadanos pueden instaurarlas (como medios virtuales), y que las oficinas de denuncias de la Policía no dependan de los comandantes de estación, sino del sistema de información de la entidad. Inclusive podrían involucrarse otras instancias, como las inspecciones de Policía, para que reciban denuncias.
 Seguridad ciudadana, uno de los retos del nuevo Vicepresidente. Foto: Policía Nacional de los Colombianos |
En este caso hay que tener una estrategia de comunicación que además de promover la denuncia ciudadana y de garantizar la buena atención de las víctimas, permita saber a los ciudadanos que va a haber un aumento en el registro de las denuncias y que esto no corresponde a un aumento de la inseguridad.
- Para hacer seguimiento y evaluar los resultados de los planes nacionales y municipales es recomendable que las metas se definan en términos de victimización, percepción de inseguridad en la ciudad, en los municipios y en el barrio, confianza en las instituciones de seguridad y justicia y aumento de la denuncia ciudadana de los delitos de que son víctimas. En esta línea es importante revivir la encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana que hasta aplicó el DANE hasta 2014.
Responsabilidad local. Los municipios son el escenario principal de la seguridad ciudadana y del manejo del territorio. En sus calles, barrios, comunas, veredas, corregimientos y caseríos suceden los hechos de violencia, delincuencia y faltas a la convivencia ciudadana. En estos territorios es donde tienen que aplicarse las políticas que buscan mejorar las condiciones de seguridad y convivencia.
Por esa misma razón, sin la presencia decidida de cada alcalde, de cada gobernador y de sus administraciones va a ser muy difícil – no ya garantizar que la situación de seguridad no desmejore- sino que pueda seguir mejorando.
Tenemos un sub-registro de delitos, que en algunos casos supera el 70 por ciento.
Hay que trabajar con todos los alcaldes y gobernadores, incluidas sus organizaciones (Federación de Municipios y Confederación de Gobernadores) y en especial con los mandatarios locales donde se van a concentrar y desmovilizar los guerrilleros de la FARC. En este campo es importante mirar la experiencia del programa Departamentos y Municipios Seguros (DMS) que maneja la Policía Nacional.
Participación ciudadana. Este es un elemento fundamental en el desarrollo de cualquier política pública, y más aún en temas de convivencia y seguridad ciudadana, ya que sin apoyo ciudadano las autoridades no pueden cumplir sus labores de seguridad y justicia, y que además los ciudadanos deben ser los veedores para que esas autoridades respeten el Estado de Derecho, no incurran en corrupción y rindan cuentas públicas y periódicas sobre sus respectivas gestiones. En esta área, hoy están en segundo plano buenas experiencias como los Frentes Locales de Seguridad y las Escuelas de Seguridad.
Dado el saber indudable del nuevo vicepresidente sobre este tema y sobre el Acuerdo de Paz con las FARC, sin duda es el profesional más indicado para formular la política pública de seguridad y convivencia que necesita hoy Colombia.
* Sociólogo de la Universidad Nacional, experto en seguridad ciudadana.
