El caso Mattos

El escándalo por los beneficios carcelarios irregulares al empresario Carlos Mattos, quien estaba recluido en la cárcel La Picota, se suma a una larga lista de eventos similares.

Tras la destitución del director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y del director de la cárcel La Picota, se ha abierto nuevamente el debate sobre la corrupción en las cárceles.

Mientras algunos candidatos venían hablando de construir más cárceles, de aumentar las penas o de privatizar esas instituciones, otros ahora proponen eliminar el INPEC, sin considerar la corrupción en la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelario (USPEC). Pero ¿Qué dicen las cifras sobre los costos y las consecuencias de cada “carcelazo” para la sociedad y para las personas recluidas?

Costos legales e ilegales

Puede afirmarse que las cárceles en Colombia cargan con dos tipos de costos. Por un lado, los costos legales, lo que vale construir una cárcel, ponerla en funcionamiento y cumplir los requerimientos de sanción y respeto de los derechos humanos de los privados de la libertad.

Por otro lado, están los costos ilegales y de corrupción que tienen que pagar los detenidos en su diario vivir en las cárceles. Esta corrupción se facilita en el contexto de una mala administración que reduce las posibilidades de solución del hacinamiento, resocialización, bienestar y cumplimiento de la pena en condiciones dignas de los internos e internas. Los organismos de control, en especial la Contraloría, han hecho evidente esta corrupción administrativa en muchas ocasiones.

Los costos legales

A finales del siglo pasado comenzó en Bogotá el proceso de reconstrucción de la Cárcel Distrital. Desde el concurso de méritos de los diseños, hasta la adjudicación y terminación de la obra en el año 2002, primaron la trasparencia y el profesionalismo. El costo total de esta cárcel, con especificaciones de construcción de mediana y alta seguridad, para 1082 internos, fue de 17 mil millones de pesos.

En esos mismos años, el gobierno nacional construyó La Tramacúa, una cárcel de mediana y alta seguridad en Valledupar con capacidad para 1.600 internos, por un valor de 25 mil millones de pesos.

Hoy, veinte años después, la Cárcel Distrital sigue siendo la mejor del país, certificada por la Asociación Americana de Correccionales, mientras que La Tramacúa por problemas sanitarios y de infraestructura, antes de cumplir diez años, ya se estaba considerando su cierre. Dos ejemplos que deben servir para tomar decisiones en la construcción y funcionamiento de nuevas cárceles.

A partir de la experiencia de construcción de la Cárcel Distrital se ha estimado que un nuevo establecimiento para 2000 internos puede costar cerca de 250 mil millones de pesos. Sin embargo, según la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) podría costar más de 400 mil millones de pesos.

Pero no basta con levantar muros, la construcción de una cárcel implica diseñar con cuidado las garantías de seguridad interna y externa, el control y disciplina de los reclusos, el modelo de resocialización, el capital humano de administración y guardia y los protocolos de funcionamiento.

Los costos operativos y de funcionamiento, para un establecimiento de 2000 internos, superan los 45 mil millones de pesos anuales, como se puede ver en el siguiente cuadro:

De acuerdo con estas cifras, sin tener en cuenta los de construcción de la cárcel, un interno tiene un costo mensual de cerca de dos millones de pesos.

Esto debe ser tenido en cuenta por parte de la Nación, los municipios y departamentos que quieran construir nuevos establecimientos carcelarios, que deben cumplir con los estándares mínimos de garantía de los derechos de las personas privadas de la libertad, así como garantizar la seguridad de los ciudadanos en general.

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Los costos ilegales

Para nadie es un secreto que la corrupción es uno de los problemas más serios del sistema carcelario y penitenciario colombiano. En la mayoría de las cárceles “por todo se cobra”, y si se quiere vivir con cierta dignidad hay que contar con buenos recursos.

En 2019,  El Tiempo publicó un especial que recoge testimonios de guardianes e internos sobre la corrupción en las cárceles La Picota, La Modelo, Bellavista y El Bosque de Barranquilla. Como confirma Elkin Cárdenas, quien lleva más de veinte años como guardia del INPEC, “en los centros carcelarios existe corrupción entre presos y funcionarios”.

Según un ciudadano que estuvo preso en La Modelo en 2010: “Lo que valía más eran las celdas, eso lo ofrecían con el tiempo. Si te querías ubicar en una plancha media o alta, es decir el sitio donde duermes, que es como un camarote, o en una celda un poquito mejor, tenías que pagar. Había planchas de entre 400.000 y 700.000, todo dependía de si estaban pintadas, tenían luz, y así. Si ya querías una celda completa entre un millón y hasta tres millones de pesos. Esto era en el patio 5, en el que estuve, pero por ejemplo en el patio 3, que era de los extranjeros era mucho mejor, la plancha podía valer desde 4 millones, inclusive trasladar a una persona de un patio a otro también tenía un costo, eso era con los guardias y por pasarte de patio cobraban entre 3 y 5 millones de pesos, dependiendo de cómo te veían, si tenías comodidades”.

En otro reporte de El Heraldo de Barranquilla en 2021, se cuenta lo siguiente sobre la Cárcel Tramacúa de Valledupar: “En 2020 algunos guardias concretaron comprar un dron con el que comenzaron a ingresar comidas rápidas por las que cobraban una tarifa; por ejemplo, para entrar una hamburguesa cobraban $250.000 y por una caja de arroz chino entre $400.000 y $500.000, por un litro de licor un $1.000.000, por una libra de marihuana $1.500.000 y por un paquete de sim card $2.000.000”.

La corrupción no tiene límites. Hasta facilitar una fuga puede constar entre 100 y 3000 millones de pesos. Los costos de la corrupción se han ajustado con los años.

Sobre la base de los testimonios recogidos por la prensa y otras fuentes y entrevistas, podría decirse que para vivir más a menos cómodamente en algunas cárceles se necesitan cerca de diez millones de pesos mensuales, como se puede ver en el siguiente cuadro:

Las entidades comprometidas en la corrupción

La corrupción no se limita al INPEC, que tiene bajo su responsabilidad el funcionamiento y control de las cárceles, sino que se extiende a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelario (USPEC), creada en 2011 para el suministro de bienes y prestación de servicios, la infraestructura y el apoyo logístico y administrativo para los servicios penitenciarios y carcelarios a cargo del INPEC.

En 2016, la Contraloría hizo tres auditorías a la USPEC, que sumaron en total 138 hallazgos, por lo que la calificación al organismo fue “desfavorable”. Ese mismo año, el ministro de Justicia, Yesid Reyes, advirtió a la Fiscalía General de la Nación de posibles malos manejos de contratación en la Unidad, tras conocer una serie de correos electrónicos que probarían el pago de sobornos a cambio de adjudicaciones.

En 2017, la Contraloría estableció que la USPEC pagó $2.152 millones por brazaletes electrónicos que no fueron utilizados. A finales de ese año, la directora María Cristina Palau fue declara insubsistente y en 2019 fue capturada por corrupción. En 2021, el actual ministro de justicia, Wilson Ruíz, entregó a la Procuraduría y la Fiscalía denuncias en contra de la USPEC sobre posible cobro de coimas o sobornos a los contratistas e irregularidades en obras como la cárcel de Roldanillo, Valle, la cual no se concluyó.

Los problemas de corrupción de esta entidad incluyen, entre otros, los contratos de los brazaletes, los inhibidores de señal de celular para evitar las llamadas extorsivas desde la carcel, los contratos de alimentos, la celebración de contratos de construcción sin diseños definitivos, la entrega de anticipos sin respaldos, y los pagos totales de obras inconclusas con millonarios sobrecostos.

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No hay remedios a la vista

Este entramado de corrupción se expresa en las pesimas condiciones que tienen que vivir los privados de la libertad en la mayoría de las cárceles, las estaciones de policía y las Unidades de Reacción Inmediata (URI), que se convierten en espacios de reproducción intensa de violencia y delincuencia.

En el corto plazo no se vislumbran soluciones de fondo para afrontar estos problemas que afectan de manera grave la seguridad de los ciudadanos y los recursos del Estado. Ojalá el próximo gobierno tenga la voluntad para iniciar un proceso de transformación del sistema carcelario y penitenciario. Un proceso que seguro se extenderá a los gobiernos subsiguientes.

Lejos de cumplir sus objetivos, el sistema carcelario que tenemos aumenta la corrupción, la violencia y la delincuencia en las calles y en los propios establecimeintos carcelarios.