¿Quién es el rector de la Universidad Nacional?

Dos procesos judiciales mantienen en vilo a la Universidad Nacional. El desenlace puede agravar la inseguridad y la fractura política en el principal claustro del país.

Dos procesos en curso

El Consejo de Estado acaba de expedir el primer fallo sobre la controversia que enfrenta a la Universidad Nacional con su propia gobernanza. El tribunal fue claro en señalar que la elección de Ismael Peña como rector fue legal, pero aclaró que esto no implicaba su regreso al cargo, porque su competencia se limitó al aspecto electoral.

Como explicó la abogada Carolina Restrepo Cañavera, falta todavía la otra mitad del tablero: la demanda que cuestiona la legalidad de la designación de Leopoldo Múnera. A diferencia del caso de Peña, aquí no se trata de revisar una elección, sino de un proceso de nulidad sobre un nombramiento que, según los demandantes, fue hecho por fuera del marco normativo de la Universidad. Si el tribunal acoge esa tesis, Múnera tendría que dejar el cargo.

El panorama, entonces, es el de dos procesos abiertos y superpuestos: uno que ratificó la validez de la elección de Peña y otro que podría anular la designación de Múnera. El resultado, hasta ahora, ha sido un vacío de gobernabilidad y una fractura institucional que la universidad no logra cerrar.

El peso de la legalidad

En medio de la polarización, algunos argumentan que Múnera cuenta con el respaldo de varios sectores estudiantiles y del propio Gobierno. Es cierto. Pero el respaldo político o popular no sustituye la legalidad.

Si el Gobierno y su bancada en el Congreso quieren cambiar las reglas de elección de rector, pueden hacerlo por las vías estatutarias. Lo que no pueden —ni el Gobierno ni nadie— es desconocer una elección válida simplemente porque no les gusta el resultado. 

Esta tensión entre legitimidad política y legalidad jurídica será central en el fallo que aún falta por conocer.

Lo que podría pasar

Si el Consejo de Estado decide en contra de Múnera, los conflictos se multiplicarán. Habrá choques institucionales entre el tribunal y el Gobierno Nacional, que ha respaldado abiertamente a Múnera. Dentro de la universidad también es probable que se produzcan bloqueos, protestas y enfrentamientos para impedir el regreso de Peña.

Esto no es un escenario menor: lo que ocurra en la Nacional repercute en el sistema universitario, en la opinión pública y en la estabilidad de Bogotá, donde el campus más grande ocupa un lugar estratégico.

Un campus en crisis

La Universidad Nacional ya arrastra un historial de inseguridad y conflictividad que va más allá de las pugnas rectorales. Los disturbios con encapuchados externos, las ocupaciones ilegales, la venta de drogas y alcohol, los abusos sexuales, los hurtos, las amenazas contra docentes y la violencia de género han deteriorado gravemente la convivencia.

Tras la pandemia, miembros de las “Primeras Líneas” encontraron en el campus un espacio para enfrentar a la fuerza pública. Mientras en la Universidad Pedagógica fueron rechazados, en la Nacional no tuvieron oposición y desde 2022 han participado en tomas de edificios, bloqueos, pedreas e incluso actos de carácter terrorista, como el intento de incendiar un bus de Transmilenio con pasajeros.

Permisividad y debilidad institucional

La administración de Leopoldo Múnera ha sido señalada por un enfoque permisivo. Decidió no judicializar actos vandálicos sucedidos en julio de 2025, lo cual fue criticado por sectores académicos como incapacidad de restablecer el orden. También ha tolerado actividades como los “jueves de Freud”, rumbas en las que, además del consumo de licor y drogas, se han denunciado agresiones sexuales.

La permisividad se extendió en abril de 2025, cuando más de 10.000 indígenas ingresaron al campus sin control ni protocolos de seguridad. Este hecho fue interpretado como un riesgo tanto para la infraestructura como para los derechos estudiantiles. Al mismo tiempo, un contrato de 100.000 millones de pesos para la seguridad, publicado en vacaciones y con un único oferente, alimentó sospechas de favoritismo y manejo discrecional.

En este clima de debilidad institucional, las normas no se cumplen, la vigilancia es ineficaz y la rectoría parece privilegiar agendas políticas o simbólicas del gobierno nacional, en lugar de garantizar la segridad y la convivencia.

Autonomía no es extraterritorialidad

La autonomía universitaria es un principio esencial, pero no puede confundirse con extraterritorialidad. 

La autonomía garantiza el autogobierno académico y administrativo, pero no significa que las universidades estén por fuera de la Constitución, de las leyes penales o de las normas de policía.

Cuando se interpreta como una especie de zona liberada, se desconoce la obligación de las autoridades de prevenir, investigar y sancionar delitos. Los campus no son espacios ajenos al Estado de Derecho. Reconocerlo no implica militarizar la vida universitaria ni criminalizar la protesta, sino asegurar que los derechos humanos de la comunidad universitaria sean protegidos de manera efectiva.

Lo que debería venir

Si el fallo es adverso a Múnera, el Gobierno y la actual administración universitaria deben facilitar una transición pacífica y civilizada. Evadir la responsabilidad o alentar protestas violentas agravaría la crisis.

De volver al cargo, Peña tendrá el gran reto de abrir un diálogo amplio con estudiantes, profesores, administrativos, padres de familia, autoridades locales, el Ministerio de Educación, la Presidencia, los organismos de seguridad y la sociedad civil. Necesita un diagnóstico claro de los problemas y propuestas concretas de solución.

El país no puede permitirse que la Universidad Nacional, símbolo del mérito, la excelencia académica y el pensamiento crítico, se hunda en la inseguridad y el desgobierno. La Nacional debe volver a ser un espacio de ciencia, academia y libre pensamiento, y no un campo de batalla ideológico ni un territorio sin ley.

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