Natalidad: oportunidad para pensar el país que seremos

¿Hay que alarmarse por la caída de la natalidad en Colombia que el DANE ha revelado (una caída del 12% en los nacimientos de 2024 respecto a 2023)? La reacción inmediata de muchos analistas ha sido advertir principalmente sobre las tensiones que esto podría generar en el sistema pensional. Es una preocupación legítima, pero limitada. La disminución en los nacimientos no es un hecho aislado: es la señal de una transición demográfica mayor que obliga a repensar el sistema productivo, las políticas sociales y el papel del Estado frente a una población que envejece.

Colombia ya ha vivido transformaciones demográficas derivadas de mejoras en salud, nutrición y anticoncepción. En los años sesenta, la llegada de la píldora redujo la natalidad y desató un debate centrado en si las mujeres debían controlar su reproducción en una sociedad que veía la maternidad como mandato. Esa transición, que generó alarma moral pero era imparable, abrió paso a mayor participación laboral femenina y a la expansión de derechos. Fue más un debate del “qué dirán” que una reflexión sobre sus implicaciones socioeconómicas.

Hoy atravesamos una transición demográfica estructural mientras persisten brechas sociales no resueltas, lo que genera dudas sobre la capacidad del país para cerrarlas o sobre si la baja natalidad intensificará los desafíos económicos. Son preocupaciones legítimas, pero insuficientes. Este debate no puede limitarse a un llamado a “parir” para conjurar eventuales problemas.

La reducción de la natalidad no es una moda generacional ni una señal de egoísmo, sino un fenómeno complejo. No todas las mujeres o parejas que desean tener hijos lo logran, ya sea por los costos de los tratamientos de fertilidad o por sus condiciones económicas. Para otras, la decisión de no tenerlos responde a condiciones materiales o a proyectos que no incluyen la crianza. Ignorar estas realidades es reducir el fenómeno a un juicio moral del tipo: “las mujeres no entienden su rol para la estabilidad de la sociedad”.

A esto se suma el señalamiento pro-vida que insiste en atribuir la baja natalidad a los derechos sexuales y reproductivos. No es así. Muchas defensoras de esos derechos también somos madres. Los derechos no eliminan la maternidad: la garantizan como decisión, no como imposición. No hay evidencia que permita atribuir la caída de la natalidad a estos avances; la disminución responde a factores económicos, sociales y culturales mucho más profundos. Los derechos no “apagan” la natalidad: permiten que quienes deciden tener hijos lo hagan en condiciones más dignas y seguras.

Por eso, los retos actuales no pasan por “animar a parir”, sino por construir condiciones reales para quienes desean tener hijos: programas de fertilidad accesibles, sistemas de cuidado robustos, y salud, educación, empleo y vivienda posibles. También exige reconocer que la transición demográfica en marcha no se revertirá por decreto ni por señalamientos morales. Podrá mitigarse a largo plazo, pero no cambiará el hecho de que Colombia será, en las próximas décadas, un país con más adultos mayores y menos jóvenes.

Entonces, ¿qué hacer? Pensar y actuar con visión de largo plazo. Del lado de las pensiones, discutir desde ya los ajustes paramétricos y estructurales necesarios para lograr un equilibrio sostenible en un país que envejece. También es fundamental sincerar la conversación sobre los efectos tributarios y las exigencias presupuestales que implica sostener el sistema.

El sistema productivo deberá ajustarse a la estructura poblacional con menos jóvenes y patrones de consumo propios de una sociedad más envejecida. Temas como la migración laboral estratégica o la participación de los adultos mayores en el mercado laboral —con condiciones dignas y actualización en habilidades— deberán abordarse sin tabúes.

No sirve de nada insistir en un discurso que responsabiliza a las mujeres por la caída de la natalidad. Las decisiones reproductivas no ocurren en el vacío: están condicionadas por el entorno político, económico, social y cultural. Pedirles más hijos “para salvar el sistema” es invisibilizar la responsabilidad colectiva del Estado, del mercado laboral, de los hombres y de la sociedad en su conjunto.

Entonces, la caída de la natalidad no debe alarmar sino llamar a la acción para prepararnos a lo que anuncia. El riesgo no está en que nazcan menos niños, sino en que el Estado, el mercado laboral y la sociedad actúen como si nada estuviera cambiando. Anticipar, planear y adaptar las políticas públicas a un país que envejece es el camino que podemos construir.

Al final, no estamos ante una tragedia sino ante una realidad que exige pensar con rigor las razones y el país que seremos. Para los economistas, el desafío es pasar de advertir riesgos a proponer soluciones y políticas acordes con una población que está cambiando.