Hay que mejorar la confianza en la Policía
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Ante el posible escenario del posconflicto, la seguridad urbana se convierte en un asunto fundamental. Pero para garantizarla, la Policía tiene que atender y corregir oportunamente las denuncias de corrupción que presenta la ciudadanía.
Ante el posible escenario del posconflicto, la seguridad urbana se convierte en un asunto fundamental. Pero para garantizarla, la Policía tiene que atender y corregir oportunamente las denuncias de corrupción que presenta la ciudadanía.
La corrupción acaba con la confianza
No en pocas oportunidades ha sido la propia Policía, junto con la Fiscalía, quien ha salido a denunciar y a poner a disposición de la justicia a algunos de sus miembros por corrupción y abusos de poder.
Merecen pues aplauso las acciones de la Dirección de la Policía Nacional para enfrentar los hechos de corrupción, violación de los derechos humanos e indisciplina de sus miembros, como fortalecer la Inspección General y del Control Interno, crear las Unidades Móviles de Reacción y poner en funcionamiento la línea 166 donde los ciudadanos pueden denunciar estos hechos.
Se necesitan sin embargo otras medidas para que la institución no se quede sola en la tarea. Los organismos de control, como la Procuraduría y las Personerías municipales, así como los alcaldes, los gobernadores y las comunidades deben sumarse al proceso.
Los ciudadanos deben saber que si no pueden o no quieren hacer las denuncias directas a la Policía, pueden hacerlo en la Procuraduría y en las Personerías municipales. Estas instituciones también pueden abrir líneas de atención para recibir este tipo de denuncias e iniciar las investigaciones correspondientes, garantizando el anonimato de los ciudadanos.
Por compromisos electorales de aumentar el pie de fuerza, se está pasando de una buena selección y formación de policías a la capacitación de grandes grupos con escaso control de calidad.
Y por su parte los alcaldes y gobernadores, que tienen responsabilidades constitucionales y legales en materia de seguridad, deben velar por que el servicio de la Policía se cumpla dentro del marco de la ley, de manera transparente y cercana a las necesidades de los ciudadanos.
Estos funcionarios no pueden confundir sus responsabilidades con las propias de una ONG de veeduría y denuncia ciudadana. En coordinación con la Policía y el gobierno nacional, a estos funcionarios les corresponde resolver los problemas de indisciplina, corrupción y violación de los derechos humanos que cometan los cuerpos de seguridad.
Además de la atención estatal, habría que aumentar la veeduría y los controles comunitarios para que la seguridad y el servicio de policía se presten de modo satisfactorio y transparente.
También se necesita retomar los esfuerzos nacionales y municipales para reactivar los Frentes Locales de Seguridad y las Escuelas de Seguridad para que – a más de policía cercana a los ciudadanos con el Plan de Vigilancia por Cuadrantes- tengamos comunidades organizadas cercanas al quehacer de los policías. Esto reduciría los riesgos de corrupción y de actuaciones ilegítimas.
Para facilitar este control social, habría que hacer que el número que portan los policías en sus chaquetas corresponda a la identificación del agente; de esta manera los ciudadanos pueden identificar al agente y reportar sus acciones ante las autoridades competentes para sancionarlo o para felicitarlo cuando cumpla su labor de manera legal y transparente.
 A pesar de lo que dicen las cifras, los niveles de inseguridad en las ciudades colombianas son altos. Foto: Wolfgang Sterneck |
Menos y mejores policías
Ante la necesidad de seguir elevando el pie de fuerza de la Policía no se puede insistir en el error de relajar los criterios de selección y reducir los períodos de capacitación, pues esto afecta la calidad e integridad de los policías y aumenta el riego de corrupción o uso ilegítimo de la fuerza.
Por compromisos electorales de aumentar el pie de fuerza, se está pasando de una buena selección y formación de policías a la capacitación de grandes grupos con escaso control de calidad.
Para contar con una Policía profesional que garantice la seguridad de los ciudadanos en el marco de la ley, es preferible tener menos policías, pero más profesionales e íntegros.
Algunos argumentarán que “esto ya se está haciendo”, que todo se ha hecho en el pasado o que algunas de estas propuestas pertenecen a otras entidades. Pero sin selección, capacitación adecuada, controles internos estrictos, sin la vigilancia y trabajo en equipo con gobernadores y alcaldes, y sin la participación y control de los ciudadanos y de las comunidades, la corrupción, la indisciplina y la ineficiencia mermarán la credibilidad que hoy tiene la Policía y sera más difícil mejorar la seguridad de los ciudadanos.
Las cifras no son confiables
La mayoría de las cifras de violencia y delincuencia no son confiables y no reflejan lo que realmente está sucediendo en materia de seguridad: mientras las cifras señalan que la seguridad de los ciudadanos está mejorando, los ciudadanos se sienten más inseguros y hay mayor victimización.
De acuerdo con las encuestas de percepción de seguridad y victimización que se realizan en el país, en el caso de la mayoría de los hurtos, siete de cada diez delitos no son reportados por los ciudadanos y no lo hacen predominantemente por desconfianza en las autoridades.
Esto hace que las cifras de la mayoría de delitos de mayor impacto (hurtos a personas, residencias, comercio, lesiones, extorsiones, delitos sexuales, etc.,) que manejan la Policía y el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) sean apenas una muestra de lo que está sucediendo. Este indicador y la baja confianza de los ciudadanos en la probabilidad de sanción, que no supera el diez por ciento, hace que Colombia tenga una alta impunidad.
Cabe anotar que las cifras de delitos como el homicidio y los hurtos de vehículos y de motos son más confiables, en la medida en que el primero es confirmado a través de los servicios forenses de Medicina Legal, y los segundos son denunciados por el valor de los bienes y porque existe el riesgo de que sean utilizados por los delincuentes para cometer otros delitos.
 Miembros de la Policía Nacional reciben instrucción en Tumaco, Nariño. Foto: Policía Nacional de los Colombianos |
Acciones
A pesar del bajo reporte de la mayoría de los delitos y la baja confiabilidad de las cifras, en el país se ha hecho muy poco por mejorar y ampliar la capacidad de recepción de denuncias y para atender de manera adecuada a las víctimas. Frente a esta situación hay que:
· Diversificar los mecanismos de recepción de denuncias en las ciudades.
· Profesionalizar la atención a las víctimas.
· Ampliar a otras autoridades la posibilidad de recibir las denuncias.
· Eliminar la dependencia de quienes reciben las denuncias y quienes son evaluados por los resultados. Por ejemplo, que las oficinas de denuncias no dependan del mando de los comandantes de las estaciones de policía sino del Centro de Investigaciones Criminológicas (CIC).
· Hay que profesionalizar, como lo viene haciendo la Policía, el análisis de las cifras, para tomar mejores decisiones de política en materia de seguridad.
· Hay que avanzar, como se hace en algunos países europeos, en el manejo y análisis de las cifras, formulación de propuestas, evaluación y seguimiento de políticas por parte de instituciones independientes de los organismos de seguridad y justicia. En este campo puede avanzar en los programas Cómo Vamos como lo viene haciendo desde hace algunos años la Veeduría Distrital en Bogotá.
Para tener más y mejores elementos de juicio a la hora de analizar los problemas, definir políticas y hacer seguimiento a las acciones, también se pueden utilizar otros medios, como:
Mientras las cifras señalan que la seguridad de los ciudadanos está mejorando, los ciudadanos se sienten más inseguros y hay mayor victimización.
· La denuncia a través de internet que viene implementando la ciudad de Medellín, lo que ha logrado que los reportes de hurtos, violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria hayan crecido 1.794 por ciento en los últimos cuatro meses.
· La información que se tiene a través de las llamadas al 123, depurándola de las falsas llamadas de emergencia y auxilio.
· A través de procesos de participación ciudadana y bajo el liderazgo de las autoridades municipales, se puede recoger la información que posean los ciudadanos sobre los problemas de violencia y delincuencia y plasmarla en mapas.
Hay que anotar que en muchos territorios urbanos los vecinos saben quiénes roban, venden drogas, extorsionan, lesionan y hasta matan, pero no entregan información a las autoridades porque no les tienen confianza o porque luego no los protegen y los dejan solos. Aquí hay que diseñar una estrategia de confianza y protección hacia los ciudadanos.
· Recolección de información que tienen ciudadanos que conocen las ciudades y territorios, como taxistas, distribuidores de productos y servicios y funcionarios públicos que trabajan con las comunidades.
Todas estas acciones pueden aumentar los reportes de denuncias, pero esto no se debe interpretar como un aumento de la inseguridad. Se debe avanzar en esta dirección para contar con más y mejor información y saber realmente qué está pasando en materia de inseguridad, para diseñar, ejecutar y hacer seguimiento a las acciones y políticas que buscan mejorar la convivencia y la seguridad de los ciudadanos.
*Sociólogo de la Universidad Nacional, experto en seguridad ciudadana.
Acerca del autor
Hugo Acero
*Sociólogo de la Universidad Nacional, asesor presidencial de las Consejerías de Paz y de Seguridad Nacional 1993-1995, Exsubsecretario de seguridad de Bogotá 1995, 2003 y Secretario de Seguridad de Bogotá 2021-2022, experto en temas de seguridad, justicia y manejo de crisis.
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Escrito por:
Hugo Acero
*Sociólogo de la Universidad Nacional, asesor presidencial de las Consejerías de Paz y de Seguridad Nacional 1993-1995, Exsubsecretario de seguridad de Bogotá 1995, 2003 y Secretario de Seguridad de Bogotá 2021-2022, experto en temas de seguridad, justicia y manejo de crisis.
