No han servido para protegernos de personas peligrosas ni para rehabilitar a los delincuentes ¿qué hacer entonces?
Hugo Acero Velásquez*
Un sistema que nunca ha servido
Desde su creación, el sistema carcelario y penitenciario en Colombia no ha servido ni para proteger a la sociedad de las personas que han infringido la ley penal y han atentado contra la vida, integridad o propiedad de los ciudadanos, ni como espacio donde se lleven a cabo procesos de readaptación o resocialización de los infractores.
Aunque permanece la idea de que “las cárceles son universidades del delito”, son las condiciones precarias y la negligencia por parte del Estado y la sociedad, las que han hecho que las cárceles sigan sin cumplir con su función.
Desde 1914, cuando se expide la Ley 35 y se crea la Dirección General de Prisiones, el problema carcelario era evidente. En esa época, los delincuentes eran recluidos en casas viejas, inadecuadas y sin servicios públicos de cada municipio, y en el plano nacional solo funcionaba la Penitenciaría de Cundinamarca, que ya a comienzos del siglo XX reportaba un hacinamiento por encima del 300 por ciento.
Esta situación fue presentada en los siguientes documentos públicos y sin embargo sigue sin solucionarse:
- En 1958 Germán Zea Hernández, en su informe ante el Congreso, habló sobre las deplorables condiciones de hacinamiento, seguridad y salubridad de los reclusos; sobre la corrupción en la dirección del sistema carcelario que había arruinado la industria carcelaria y sobre la falta de recursos para la construcción de nuevas obras, la contratación, el salario de los guardianes y el armamento para la vigilancia.
- En 1998, después de seis años de creación del INPEC (1992), el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Andrés Pastrana exponía que el Sistema Penitenciario y Carcelario vivía una crisis permanente. No contaba con la prestación mínima de servicios básicos hacia los reclusos, lo que vulneraba la dignidad de vida de los internos. El cada vez más notorio problema de hacinamiento, la mezcla de sindicados y condenados y la carencia del espacio vital de los sujetos, convertía la vida diaria de los reclusos en un caos.
- En ese mismo año (1998) tras una serie de acciones de tutela, la Corte Constitucional declaró el “estado de cosas inconstitucional” en las prisiones, manifestando que allí se cometían actos sistemáticos de violación a los derechos fundamentales de los internos. Consideró que estas condiciones eran “motivo de vergüenza para un Estado que proclama su respeto por los derechos de las personas y su compromiso con los marginados”.
- En 2011, la Oficina Asesora de Planeación del INPEC determinó que el sistema penitenciario y carcelario presentaba deficiencias en el mantenimiento, mejoramiento y conservación de los centros de reclusión; sobrecupo; deficiencias en el trato al ciudadano y el respeto a los derechos humanos por parte del cuerpo de guardia.
Del mismo modo existían graves problemas de corrupción; deficiencias en la asignación y clasificación de patios y celdas; inexistencia de condiciones mínimas para la resocialización; debilidad en el seguimiento al tratamiento penitenciario para post penados; fallas graves en educación y deficiente atención médica a la población de reclusos.
Sobre la base de este diagnóstico se decidió que el INPEC se dedicaría solamente a garantizar las medidas de seguridad, reclusión y resocialización de los internos e internas y se creó la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC, cuya función sería disponer y operar los bienes, la prestación de servicios y la infraestructura para los reclusos, así como dar apoyo administrativo y logístico para el funcionamiento adecuado de los centros penitenciarios y carcelarios a cargo del INPEC.
Aunque permanece la idea de que “las cárceles son universidades del delito”, son las condiciones precarias y la negligencia por parte del Estado y la sociedad, las que han hecho que las cárceles sigan sin cumplir con su función.
Hoy, seis años después, la situación del Sistema se ha complicado, pues el INPEC tiene 82 sindicatos que lo hacen ingobernable y la USPEC sufre de graves problemas de corrupción e ineficiencia.
Soluciones y alternativas a la crisis
 Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario Foto: INPEC |
Solucionar este grave problema que afecta la aplicación adecuada y estricta de la justicia, en el marco del Estado de derecho, no pasa por pequeñas reformas administrativas o por el aumento del personal de guardia del INPEC. Es preciso planear y ejecutar un cambio estructural dentro del sistema carcelario y penitenciario.
En 2011 el propio INPEC formuló varias alternativas de solución:
- Se suprime y liquida el INPEC y se crea una Unidad Administrativa Especial adscrita al Ministerio de Defensa con personería jurídica y autonomía administrativa y patrimonial.
- Se suprime y liquida el INPEC y se crea una nueva dependencia interna en la estructura orgánica de la Policía Nacional, sin personería jurídica y con autonomía administrativa y financiera.
- La Policía Nacional asume las funciones de custodia, vigilancia y seguridad de las cárceles, independizándolas del proceso misional que implica la operación y ejecución de la política resocializadora del sistema carcelario y penitenciario, que lo ejecutaría el INPEC.
- Se reasigna las funciones del INPEC a una nueva dependencia del Ministerio de Justicia y del Derecho, sin personería jurídica y con autonomía administrativa y financiera, para la formulación, dirección y ejecución de la política criminal y penitenciaria.
Finalmente se tomó la decisión de darle las funciones de seguridad, reclusión y resocialización de los internos e internas al INPEC y se creó la USPEC, como se expuso anteriormente. Esta idea de separar el INPEC y la USPEC tampoco ha funcionado.
Ahora bien, trasladar las funciones del INPEC a la Policía Nacional, podría conllevar la creación de un círculo de corrupción e ineficiencia en las labores de seguridad y justicia por la cercanía entre “policías y ladrones” como ya se ha visto en países centroamericanos, en donde esta institución persigue, detiene y cuida a los reclusos.
Descartadas las dos propuestas anteriores, la única propuesta que quedaría por examinar: la creación de una Unidad Administrativa Especial adscrita al Ministerio de Defensa con personería jurídica y autonomía administrativa y patrimonial.
Solucionar este grave problema no pasa por pequeñas reformas administrativas o por el aumento del personal de guardia del INPEC
Dicha Unidad haría que los empleados contaran con los mismos regímenes laborales que tienen los funcionarios de las entidades adscritas al Ministerio de Defensa, lo que limitaría la proliferación de sindicatos que hoy no dejan funcionar al INPEC.
En esta línea, habría que contar con una nueva guardia carcelaria y penitenciaria, la cual podría salir de los mejores funcionarios del INPEC -previamente evaluados y seleccionados- y de los cuerpos militares que hoy no están siendo utilizados por la desactivación de gran parte del conflicto armado, con previa capacitación y profesionalización como guardias durante un año.
Esto remediaría el problema de la guardia actual que ha sido señalada como corrupta e ineficiente a un bajo costo, pues gran parte de esos recursos los tiene el Ministerio de Defensa. Asimismo, habría que profesionalizar la USPEC, como parte de la Unidad que entraría a funcionar en ese Ministerio.
En ese sentido, el proceso de re-estructuración del Sistema Penitenciario y Carcelario puede ser gradual: con nuevas cárceles y con asignación de recursos por parte del Estado para solventar los cambios paulatinos y la reconversión laboral de los exguardianes y administrativos del INPEC.
Hacia una política criminal integral
Dado que el país no ha contado en su historia con una política criminal integral, este proceso de re-estructuración debería inscribirse en el marco de la elaboración, ejecución y seguimiento a esa política. Tal como se expone en el siguiente esquema:
Una política criminal que se oriente a:
- Fortalecer el capital social con la organización y participación ciudadana y la construcción de una cultura de paz.
- Ejecutar programas que prevengan la violencia y la delincuencia juvenil; disminuyan los riesgos por armas, el consumo de drogas y alcohol, y disuadan la comisión de contravenciones y delitos con presencia y acciones de las autoridades.
- Promover y difundir los mecanismos alternativos de solución de conflictos interpersonales y comunitarios, a través de las inspecciones de policía, las unidades de mediación y conciliación, los Centros de Convivencia y las Casas de Justicia.
- Atender la violencia intrafamiliar y de género a través de las comisarías de familia y de otras instituciones responsables.
- Fortalecer las instituciones de justicia para la aplicación estricta de la ley y para la promoción de leyes acordes a las necesidades de la población.
- Fortalecer los sistemas de privación de la libertad y de sanción a adultos y adolescentes que infringen la ley.
- Promover el cumplimiento de la tarea resocializadora que tiene el Sistema Carcelario y Penitenciario.
Si se quiere solucionar en gran parte los problemas de la justicia, esta es una salida. El nuevo gobierno tiene la palabra.
*Sociólogo de la Universidad Nacional, experto en seguridad ciudadana.
