Encuesta de seguridad: análisis de la caída de la favorabilidad ciudadana con relación a las instituciones de seguridad y justicia.
Hugo Acero Velásquez*
Los resultados de las encuestas son una fotografía del momento, de manera que al leerlos tendemos a olvidar que la opinión pública suele cambiar con el paso del tiempo.
Además, las personas o las instituciones a las cuales se refieren las preguntas aceptan los resultados si éstos les son favorables: por eso en estos casos dicen que las encuestas son de buena calidad y muestran la realidad. Pero otras cosas dicen cuando los resultados no les son favorables.
Desde hace más de veinte años, la empresa Invamer Gallup publica una encuesta cada dos o tres meses. Los resultados muestran la opinión de los ciudadanos o acerca del gobierno y los gobernantes nacionales y locales, sobre algunas instituciones del Estado, los personajes de la vida pública y algunos problemas del país.
Cuando salen los resultados de esta encuesta, los medios y la ciudadanía en general, centran la mirada en la opinión favorable o desfavorable que los ciudadanos tienen de los gobernantes y de algunos personajes de la vida pública, sobre todo si se está en medio de una campaña electoral. Sin embargo, muchas veces no se realiza un análisis de la opinión que los ciudadanos tienen sobre las instituciones, lo que es importante porque los resultados permiten conocer la confianza que la ciudadanía tiene en éstas.
En los últimos años la opinión favorable de los ciudadanos respecto de las instituciones de seguridad
(Fuerzas Militares y Policía), de Justicia (Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Fiscalía General de la Nación) y los organismos de Control (Procuraduría General de la Nación y Contraloría General de la República)
disminuyó de manera importante.
Al analizar los resultados de la encuesta de agosto de este año, se puede asegurar que la Policía no es la única institución que debe ser intervenida y que necesita mejorar o reformarse, ya que hay otras instituciones que también tienen una opinión desfavorable por parte de la ciudadanía, como se verá a continuación.
Seguridad: baja la opinión favorable de las FF MM y la Policía
Uno de los primeros resultados que nos muestra la encuesta es que los ciudadanos piensan que la inseguridad está creciendo. Este indicador muestra cómo, pese a los buenos resultados del primer gobierno del presidente Álvaro Uribe en materia de seguridad (2002, 2005), a partir de la mitad de su segundo periodo gran parte de los ciudadanos comenzaron a pensar que la inseguridad estaba empeorando, ya que el porcentaje pasó de 41% en octubre de 2008 a 62% al final de su gobierno.
Además, este indicador creció y al final de los dos periodos del presidente Juan Manuel Santos, llegó a 79%. En agosto de este año el indicador se sitúa en el 96%, como se puede ver en la siguiente gráfica:
La creencia en que la seguridad disminuyó impacta la opinión que las personas tienen sobre las instituciones de seguridad pública. Primero, respecto a las Fuerzas Militares, la opinión favorable de los ciudadanos sobrepasó el 80% en los dos gobiernos de Uribe, estuvo entre el 70% y 60% en los dos periodos de Santos y en parte de la presidencia de Iván Duque, mientras que, de un tiempo para acá, cayó por debajo del 50% y en agosto de este año se situó en el 53%.
Segundo, la opinión favorable de la Policía comenzó a caer en los últimos seis años. Durante los dos periodos de Uribe estuvo por encima del 70%, mientras que desde el primer gobierno de Santos comenzó a situarse por debajo del 50% —a partir de 2016— y hoy se sitúa en el 38%, como se puede ver en la siguiente gráfica.
La justicia también va en caída libre
Las instituciones de seguridad perdieron su favorabilidad, pero esto también le ocurrió a algunas instituciones que componen la Rama Judicial.
De acuerdo con la encuesta, la Corte Constitucional desde finales del siglo pasado hasta comienzos de 2015 gozó de una opinión favorable por encima del 60%. Sin embargo, esta opinión se vio afectada por el caso de corrupción del Magistrado Jorge Ignacio Pretelt en el 2015, quien buscaba favorecer en un fallo de tutela a la compañía Fidupetrol. Finalmente, el exmagistrado fue hallado culpable y condenado en el 2020 a 78 meses de prisión. A partir de ese momento la favorabilidad de la Corte no supera el 40% y en agosto apenas llegó al 31%.
La Corte Suprema de Justicia tuvo un comportamiento similar a la Corte Constitucional hasta comienzos de 2012, año en el que la opinión favorable comenzó a caer hasta llegar al 31% en abril de 2015. Esta situación se agravó con los hechos de corrupción del famoso “Cartel de la Toga”, el cual involucró a varios magistrados. Como consecuencia, en la actualidad la favorabilidad de esta corporación apenas llega al 21%, como se puede ver en la siguiente gráfica:
En el caso de la Fiscalía General de la Nación, la opinión favorable se mantuvo por encima del 50% hasta el último mes del primer gobierno del presidente Santos. Después, en agosto de 2014 cayó al 41% y hoy se sitúa en apenas el 22%.
Pese a lo anterior, es el Sistema Judicial Colombiano el que tiene la opinión favorable más baja. Desde mediados del periodo presidencial de Uribe, cuando llegó a tener una opinión favorable del 58%, empezó a bajar y hoy apenas tiene un 10% de favorabilidad.
Los organismos de control no se salvan
Pasemos ahora a analizar a la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República. Ambas instituciones tienen el mismo comportamiento en términos de favorabilidad. Entre el 2000 y 2010 se mantuvieron por encima del 60%, pero a partir del 2014 su favorabilidad comenzó a caer. En la actualidad, la Procuraduría tiene una favorabilidad del 30% y la Contraloría del 28%, según la siguiente gráfica:
La necesidad de varias reformas
Todas las instituciones de seguridad, de justicia y de control, de las que hemos hablado, han perdido credibilidad ciudadana con el transcurso de los años. Además,
suele suceder que la única institución que pone la cara frente a los resultados de las encuestas es la Policía, mientras que las otras prefieren guardar silencio.
Mientras la Policía Nacional, que hoy tiene una opinión favorable del 38%, está formulando procesos de reforma y ajuste, la Corte Constitucional que tiene un 31%, la Procuraduría un 30%, la Contraloría un 28% la Fiscalía un 22%, la Corte Suprema de Justicia un 21% y el sistema judicial un 10%, no se han pronunciado sobre cómo van a recuperar la confianza y la opinión favorable de los ciudadanos en relación con el trabajo que desarrollan en materia de seguridad y justicia. Esta situación no debería ser así.
Todas las instituciones deberían preocuparse por estos resultados, los cuales ponen en entredicho sus acciones y la confianza y credibilidad que les tienen los ciudadanos.
Esta situación está generando una desconexión entre la sociedad y las instituciones públicas de seguridad y justicia. Lo que pone en riesgo la cohesión social y debilita el contrato social. Frente a estos hechos, cada una de las instituciones de las que hablamos, debería proponer acciones que promuevan la confianza entre los ciudadanos y cumplir sus funciones teniendo presentes las necesidades de las comunidades.
Los resultados de la encuesta reflejan la imagen que tienen los ciudadanos de las instituciones de seguridad, de justicia y de control y, por tanto, deben ser tenidos en cuenta dentro de los planes de mejoramiento institucional. Planes que deben ser conocidos por todos los servidores públicos que trabajan en estas instituciones, pero, en especial, deben ser conocidos y monitoreados por las comunidades a través de veedurías activas.
