Un estudio reciente da claves para reformar la Policía y asegurar que su intervención sea legítima.
Hugo Acero Velásquez*
El estudio
Durante los últimos años, la intervención de la policía en las protestas y movilizaciones sociales en Colombia ha dado pie a debates repetidos sobre el uso legítimo de la fuerza.
Con ocasión de este debate, el Centro de Ginebra para la Gobernanza del Sector de la Seguridad (DCAF) publicó un estudio titulado “Uso de la fuerza policial: un marco para garantizar una buena gobernanza sobre el uso de la fuerza”. El documento expone tres dimensiones que deben tenerse en cuenta para garantizar el uso legítimo de la fuerza: el estado de derecho, los recursos humanos y la rendición de cuentas.
¿Cómo garantizar el estado de derecho?
La primera dimensión, el estado de derecho, hace referencia al marco institucional y legal que sustenta el uso de la fuerza por parte de la policía.
Según el estudio, las instituciones policiales deben “tener una conducta distintivamente civil y estar sujeta a las autoridades de supervisión civil, como el Ministerio del Interior o el Ministerio de Justicia, en lugar de a las autoridades militares”. En el caso de Colombia existen cuatro alternativas sobre este punto:
- Que la policía pertenezca al Ministerio de Defensa, como sucede actualmente. Podría hacerse una pequeña reforma para crear una instancia que maneje los temas de seguridad ciudadana y cambiarse el nombre de la cartera por Ministerio de Seguridad Ciudadana y Defensa.
- Trasladar la policía al Ministerio del interior, con un alto riesgo de politización.
- Pasarla al Ministerio de Justicia, donde habría unidad de materia en términos de política criminal.
- Crear un Ministerio de Seguridad Ciudadana. Esta fue la propuesta del primer gobierno Santos, pero no prosperó.
Al menos por ahora, lo más probable es que la policía permanezca en el Ministerio de Defensa con unos pocos cambios.
Formación y trabajo comunitario
La segunda dimensión tiene que ver con los recursos humanos y, específicamente con la selección, preparación, equipamientos adecuados y bienestar de quienes usarán la fuerza.
El estudio sostiene que “el personal policial debe ser diverso e inclusivo, y debe reflejar la perspectiva de género, así como las comunidades a las que sirve”. Además de la perspectiva género, deben incluirse enfoques diferenciales para reconocer las poblaciones con características particulares debidas a su edad, orientación sexual o condición de discapacidad. Pero no basta con educar al personal en estos enfoques diferenciales; también es necesario que la institución sea diversa en su composición.
El estudio plantea que la capacitación debe extenderse a todo el personal: “tiene que ir más allá de las lecciones sobre cómo ejercer la fuerza y el principio de progresión, debe enfatizar (sic) las alternativas a la fuerza, como la resolución no violenta de conflictos, técnicas de desescalada, habilidades de comunicación e incluir el desarrollo de habilidades críticas y de manejo de emociones y estrés”. Para lograr este fin, la policía debe ser más mediadora y menos sancionadora, más orientada al diálogo y más cercana a los ciudadanos.
Control y supervisión
La tercera y última dimensión es la rendición de cuentas. Esto no solo involucra a la policía, sino a otras instituciones estatales, a los órganos de control y a la sociedad civil.
Como dice el estudio, “los mecanismos internos son fundamentales para investigar y sancionar los usos indebidos del uso de la fuerza, así como para la capacitación y el entrenamiento, la planificación y las decisiones tácticas”. Pero también hay que contar con un organismo externo e independiente capaz de investigar o supervisar las denuncias contra la policía.
Para ser eficaces, estos controles deben contar con los recursos y el poder necesarios y tener la independencia para asegurar el cumplimiento de las normas y la reducción de la impunidad. Como lo plantea el estudio, “un sistema sólido de control y balance interno y externo disuade la conducta indebida y proporciona la base para una cultura que defiende los valores democráticos, incluido el respeto por la vida humana, la protección de los derechos humanos, la integridad y la legitimidad”.
El papel de los gobiernos locales
En estas tres dimensiones, los gobiernos locales pueden contribuir a mejorar la policía para que haga un uso adecuado de la fuerza. Hay que trabajar de manera permanente con las instituciones de justicia, los organismos de control y los ciudadanos, para el seguimiento y el control administrativo y social de la policía.
Los policías necesitan además calificación en derechos humanos y conocer las comunidades o las poblaciones para las cuales trabajan. Un antecedente relevante es la estrategia “Formador de Formadores” de Bogotá, que además de formar en derechos humanos, utilizó el trabajo participativo con distintos enfoques diferenciales.
También hay que contar con más gestores de convivencia: hombres y mujeres diversos que trabajan con las comunidades y median para evitar o resolver problemas y conflictos de manera pacífica. Esto disminuye las tensiones, las posibilidades de confrontación con la policía, y les enseña a los uniformados a usar más la mediación que la sanción y la fuerza.
No menos importante es aumentar la participación de las comunidades y crear capital social. Cuantas más organizaciones sociales y comunidades organizadas existan, tenderemos más seguridad y más control sobre la policía.
Además, se deben diseñar y ejecutar protocolos claros de intervención donde prevalezcan el diálogo, la mediación, el control, y el uso ponderado de la fuerza legítima. Estos protocolos deben ser discutidos y conocidos por todos los ciudadanos. Por último, las órdenes administrativas que impartan los alcaldes y gobernadores deben ser claras, para que el comandante de la policía disponga de las unidades operativas para cumplirla.
En suma, como concluye el estudio, “los marcos legales deben asegurar el cumplimiento de las normas reconocidas internacionalmente, especialmente que la fuerza solo puede usarse para lograr el objetivo legítimo de aplicación de la ley, y que los principios clave de precaución, legalidad, necesidad, proporcionalidad, no discriminación y rendición de cuentas estén claramente definidos en los estatutos”.
Seguramente este estudio y las acciones que desarrollen los gobiernos locales van a enriquecer la discusión sobre los distintos proyectos de reforma de la policía que cursan en el Congreso.
