Catatumbo: el problema es Venezuela

La violencia en el Catatumbo no se explica sin Venezuela: presencia guerrillera, narcotráfico, refugio y complicidad del Estado vecino forman parte esencial del problema.

Una guerra por las rentas criminales

La región del Catatumbo ha sido un escenario recurrente del conflicto armado por el control de las rentas del narcotráfico, la extorsión, el contrabando y el tráfico de migrantes, actividades delictivas facilitadas por la cercanía con Venezuela. 

Su ubicación estratégica frente al país vecino y la existencia de esas rentas atrajeron, a finales de los años setenta, la presencia del Ejército Popular de Liberación (EPL) y del ELN, después de las desaparecidas FARC en los ochenta y, a fines de los noventa, la ofensiva paramilitar contra los grupos guerrilleros que actuaban en la región y contra los pobladores que “supuestamente los apoyaban”.

Desde 2019, en esta región el ELN y las disidencias de Iván Mordisco, el Frente 33, coexistieron sin mayores tensiones, dividiéndose el territorio para explotar diversas rentas, acuerdos que también les permitieron aliarse contra el Clan del Golfo, que en los últimos años intentó asentarse en la zona.

El nuevo conflicto entre guerrillas

Estos acuerdos se rompieron el 15 de enero de este año, tras la masacre de una familia presuntamente vinculada al ELN. El hecho desencadenó una ofensiva violenta de este grupo contra las disidencias de las FARC, que ha cobrado la vida de 107 personas, entre ellas siete firmantes de paz, tres líderes sociales y cuatro menores de edad. 

Además, ha provocado el desplazamiento de 64.000 personas, mientras cerca de 20.000 permanecen confinadas.

La respuesta del gobierno

Esto llevó al gobierno a adoptar cuatro medidas: decretar el estado de excepción (con presencia militar e inversión social), movilizar más de 10.000 soldados a la zona, solicitar apoyo militar al gobierno venezolano para enfrentar estos grupos, y proponer una zona económica especial entre los dos países.

Tres meses después, el gobierno suspendió el estado de excepción y prorrogó la vigencia de once decretos para atender a la población afectada por el enfrentamiento armado. Hasta ahora, el único avance concreto ha sido la presencia de las Fuerzas Armadas, como sucedió en El Plateado (Cauca); el resto ha quedado en anuncios, según lo han advertido las autoridades locales.

La cooperación que no fue

En este contexto, resulta llamativo que se anunciaran acciones conjuntas entre los gobiernos y las fuerzas militares de Colombia y Venezuela para combatir el narcotráfico y los grupos armados ilegales a ambos lados de la frontera. Pero dichas acciones solo se realizaron del lado venezolano.

El 31 de enero de 2025, Nicolás Maduro informó que comenzaba la “Operación Relámpago del Catatumbo” para recuperar ese territorio, tras la solicitud que hizo el presidente Petro a través de su cuenta en X para que otros gobiernos y sus fuerzas armadas ayudaran a combatir al ELN.

Después del anuncio de Maduro, Petro escribió: “Se ha iniciado una operación militar antinarcóticos en la frontera colombo-venezolana. Buscamos la colaboración entre ejércitos en la lucha contra el ELN. Una frontera sin mafias debe ser el objetivo final para tranquilidad de la población, la paz y la soberanía”.

Esta operación militar fue una intervención puntual, ejecutada durante pocos días y sin continuidad. Se desplegó parcialmente en los estados venezolanos de Táchira y Zulia, con algunos resultados que, del lado venezolano, fueron presentados como grandes logros por Maduro y el ministro de Defensa, Vladímir Padrino López, mediante ruedas de prensa, pero sin presentar pruebas verificables sobre erradicación de cultivos ilícitos, destrucción de pistas de aterrizaje ilegales, decomisos de droga o armas, incautación de aeronaves o desmantelamiento de campamentos.

Hasta ahora, el gobierno venezolano no ha vuelto a mencionar la “Operación Relámpago del Catatumbo” ni el gobierno colombiano ha retomado el tema de la cooperación militar entre ambos países.

El problema del Catatumbo pasa por Venezuela

Un informe de InSight Crime del 31 de enero de 2024 —destacado por la Fundación Paz y Reconciliación (PARES) y por Infobae, documentó el respaldo del gobierno venezolano a la presencia del ELN y de las disidencias de las FARC en su territorio, a lo largo de la extensa frontera con Colombia, que incluye Arauca.

Este respaldo no es reciente: comenzó con la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999 y se ha mantenido durante los gobiernos de Nicolás Maduro.

Según el informe:

• El ELN, con hasta 5.000 integrantes, es hoy el actor criminal más poderoso en la frontera colombo-venezolana. Está presente en 19 de los 20 municipios fronterizos de los estados de Zulia, Táchira, Apure y Amazonas, y controla corredores de tráfico de drogas, contrabando y migrantes.
• Con el respaldo implícito del Estado venezolano, el ELN actúa como autoridad local en diversas zonas, prestando servicios médicos, abastecimiento de agua y ayudas económicas a comunidades indígenas.
• Grupos como el ELN y el Frente Acacio Medina de las antiguas FARC manejan la minería en Amazonas y comparten las ganancias ilegales con el Estado.
• El gobierno de Maduro ha permitido que el ELN controle numerosas minas de oro artesanal.
• En el estado Táchira, se ha delegado el control de la seguridad ciudadana al ELN y a colectivos revolucionarios.
• Las llamadas “mega operaciones” contra el narcotráfico, según InSight Crime, están más dirigidas a controlar las rutas que al desmantelamiento del negocio.

Bajo esta alianza entre los gobiernos de Chávez y Maduro con las FARC en su momento, y hoy con el ELN, las disidencias y otros grupos, se ha consolidado el llamado “Cartel de los Soles”. Según expertos de InSight Crime, no se trata de una organización del narcotráfico en sentido estricto, sino de altos funcionarios estatales que cobran por permitir el paso, la seguridad y la salida de droga desde Venezuela. Entre sus miembros se señala a Diosdado Cabello Rondón y a Vladímir Padrino López.

Por eso concluye InSight Crime: “El régimen de Maduro se sostiene en un sistema de gobernanza híbrida, en el que redes criminales comparten rentas ilegales con altos funcionarios del Estado. A cambio, reciben respaldo y protección oficial en sus zonas de influencia”.

Este apoyo del gobierno venezolano al ELN y las disidencias también esta documentado en el capitulo No 19 del Podcast BumBox titulado “Arauca y la frontera porosa”

¿Cuál cooperación militar y judicial es posible?

A la luz de lo anterior —conocido por ambos gobiernos— resulta poco viable cualquier acción conjunta en seguridad y justicia. Para que esa cooperación existiera, el Estado venezolano tendría que:

• Perseguir y entregar a los miembros del ELN y las disidencias presentes en su territorio.
• Expulsar a todos los grupos armados colombianos que operan allí.
• Depurar sus fuerzas de seguridad, justicia y otras instituciones del Estado venezolano, hoy infiltradas por el crimen organizado.
• Garantizar la cooperación judicial, de seguridad y dejar de negar la existencia de organizaciones criminales que delinquen en los dos países, como es el caso del Tren de Aragua. 

Todo esto es inviable con el actual gobierno de Venezuela, y también con el actual gobierno de Colombia, que no está dispuesto a poner en duda la legitimidad del régimen vecino ni a divulgar públicamente el respaldo que los grupos armados colombianos reciben desde territorio venezolano.

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